Decreto Supremo N° 27241
14 DE NOVIEMBRE DE 2003 .- PROCEDIMIENTOS DE LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS ANTE LA SUPERINTENDENCIA TRIBUTARIA
DECRETO SUPREMO N° 27241
CARLOS D. MESA GISBERT
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA
CONSIDERANDO:
Que el Artículo 132 de la Ley N° 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, crea la Superintendencia Tributaria como parte del Poder Ejecutivo, bajo la tuición del Ministerio de Hacienda, como órgano autárquico de derecho público, con autonomía de gestión administrativa, funcional, técnica y financiera, con jurisdicción y competencia en todo el territorio nacional.
Que dicha institución tiene por objeto, conocer y resolver los recursos de alzada y jerárquico que se interpongan contra los actos definitivos de la Administración Tributaria.
Que el Artículo 146 de la referida Ley, establece que los procedimientos de los Recursos de Alzada y Jerárquico se sujetarán a los plazos, términos, condiciones, requisitos y forma dispuestos por Decreto Supremo.
EN CONSEJO DE GABINETE,
D E C R E T A:
PROCEDIMIENTOS DE LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
ANTE LA SUPERINTENDENCIA TRIBUTARIA
El presente Decreto Supremo tiene por objeto establecer los plazos, términos, condiciones, requisitos y forma de los procedimientos de los Recursos de Alzada y Jerárquico sustanciados ante la Superintendencia Tributaria.
La Superintendencia Tributaria está compuesta por un Superintendente Tributario General con sede en la ciudad de La Paz, cuatro (4) Superintendentes Tributarios Regionales con sede en las capitales de los Departamentos de Chuquisaca, La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, respectivamente, y cinco (5) Intendentes Departamentales, cada uno de ellos con asiento en las capitales de los Departamentos de Pando, Beni, Oruro, Tarija y Potosí.
I. Cada Intendente Departamental tiene competencia sobre el Departamento en cuya capital tiene sede; está a su cargo dirigir la Intendencia Departamental de la que es titular, con las atribuciones y funciones que le otorgan la Ley y el presente Decreto Supremo.
II. Cada Superintendente Tributario Regional tiene competencia sobre el Departamento en cuya capital tiene sede y sobre el o los Departamentos constituidos en Intendencia Departamental, con las atribuciones y funciones que le otorgan la Ley y el presente Decreto Supremo, conforme a lo siguiente:
III. El Superintendente Tributario General tiene competencia en todo el territorio de la República; está a su cargo dirigir y representar la Superintendencia Tributaria General, con las atribuciones y funciones que le otorgan la Ley y el presente Decreto Supremo.
Las resoluciones dictadas en los recursos de alzada y jerárquico por la Superintendencia Tributaria, como órgano resolutivo de última instancia administrativa, contemplan la decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas y constituyen decisiones basadas en hechos sometidos al Derecho y en consecuencia no están sometidas a su revisión por otros órganos del Poder Ejecutivo.
I. Ante la Superintendencia Tributaria son admisibles únicamente los siguientes Recursos Administrativos:
II. El Recurso de Alzada es admisible sólo contra los siguientes actos definitivos de la Administración Tributaria de alcance particular:
Este recurso no es admisible contra medidas internas, preparatorias de decisiones administrativas, incluyendo informes y Vistas de Cargo u otras actuaciones administrativas previas – incluidas las Medidas Precautorias que se adoptaren – a la Ejecución Tributaria ni contra ninguno de los títulos señalados en el Artículo 108 del Código Tributario Boliviano, ni contra los autos que se dicten a consecuencia de las oposiciones previstas en el Parágrafo II del Artículo 109 del citado Código, salvo en los casos en que se deniegue la Compensación opuesta por el deudor.
III. El Recurso Jerárquico solamente es admisible contra la resolución que resuelve el Recurso de Alzada.
I. El Recurso de Alzada debe presentarse ante el Superintendente Tributario Regional, a cuya jurisdicción está sujeta la autoridad administrativa cuyo acto definitivo es objeto de la impugnación, directamente en oficinas de la respectiva Superintendencia Tributaria Regional o a través de la Intendencia Departamental correspondiente.
II. El Recurso Jerárquico debe presentarse ante el Superintendente Tributario Regional que emitió la resolución impugnada, directamente en oficinas de la respectiva Superintendencia Tributaria Regional o a través de la Intendencia Departamental correspondiente. Una vez admitido este Recurso, el expediente será remitido por el Superintendente Tributario Regional actuante al Superintendente Tributario General para su resolución.
III. A solicitud justificada del Superintendente Tributario Regional, el Superintendente Tributario General podrá autorizar el establecimiento de oficinas locales de recepción de los recursos administrativos en las localidades donde el volumen de casos lo haga necesario para facilitar el acceso a estos recursos.
I. Los actos definitivos de alcance particular a que se refieren los Artículos precedentes, deben haber sido emitidos por una entidad pública que cumple funciones de Administración Tributaria relativas a cualquier tributo Nacional, Departamental, Municipal o universitario, sea Impuesto, Tasa, Patente Municipal o Contribución Especial, excepto las de Seguridad Social.
II. No competen a la Superintendencia Tributaria:
a) El control de constitucionalidad.
b) Las cuestiones de índole civil o penal atribuidas por la Ley a la jurisdicción ordinaria.
c) Las cuestiones que, así estén relacionadas con actos de la Administración Tributaria, estén atribuidas por disposición normativa a otras jurisdicciones.
d) Las decisiones sobre cuestiones de competencia entre la Administración Tributaria y las jurisdicciones ordinarias o especiales ni las relativas a conflictos de atribuciones.
e) Conocer la impugnación de las normas administrativas dictadas con carácter general por la Administración Tributaria.
I. Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante memorial o carta simple, debiendo contener:
II. En los recursos de alzada, dentro de los cinco (5) días de presentado el Recurso, el Superintendente Regional o los Intendentes dictarán su admisión y dispondrán su notificación a la autoridad recurrida. Tratándose de recursos jerárquicos, no procede esta notificación al Superintendente Tributario Regional, sino, por disposición de éste o del Intendente respectivo y dentro del mismo plazo, a la autoridad administrativa cuyo acto fue objeto de impugnación en el recurso previo o al recurrente en el recurso de alzada, según corresponda. No será procedente la contestación al Recurso Jerárquico.
III. La omisión de cualquiera de los requisitos señalados en el presente Artículo o si el recurso fuese insuficiente u oscuro determinará que la autoridad actuante, dentro del mismo plazo señalado en el Parágrafo precedente, disponga su subsanación o aclaración en el término improrrogable de cinco (5) días, computables a partir de la notificación con la observación, que se realizará en Secretaría de la Superintendencia General o Regional o Intendencia Departamental respectiva. Si el recurrente no subsanara la omisión u oscuridad dentro de dicho plazo, se declarará el rechazo del Recurso.
Siendo subsanada la omisión u observación, se aplicará lo previsto en el Parágrafo II de este Artículo.
IV. La autoridad actuante deberá rechazar el Recurso cuando se interponga fuera del plazo previsto en el Código Tributario Boliviano, o cuando se refiera a un recurso no admisible o a un acto no impugnable ante la Superintendencia Tributaria conforme a los Artículos 5 y 7 del presente Decreto Supremo.
La interposición del Recurso de Alzada tiene efecto suspensivo respecto al acto administrativo impugnado; la del Recurso Jerárquico tiene efecto suspensivo respecto a la resolución que resuelve el Recurso de Alzada.
La resolución que se dicte resolviendo el Recurso Jerárquico agota la vía administrativa y abre la vía jurisdiccional contenciosa administrativa ante la Corte Suprema de Justicia. La interposición del proceso contencioso administrativo no inhibe la ejecución de la resolución dictada para resolver el Recurso Jerárquico, con la salvedad dispuesta por el Artículo 131 del Código Tributario Boliviano.
Los recursos administrativos responderán, además de los principios descritos en el Artículo 4 de la Ley N° 2341 de 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo, a los siguientes:
Los recursos administrativos se sustanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento establecido en el Título III del Código Tributario Boliviano, en el presente Decreto Supremo y, sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo.
Podrán promover los recursos administrativos objeto del presente Decreto Supremo, las personas naturales o jurídicas cuyos intereses legítimos y directos resulten afectados por el acto administrativo que se recurre.
I. Tienen capacidad para recurrir a los recursos administrativos, las personas que tuvieran capacidad de ejercicio con arreglo a la legislación civil.
II. Los incapaces deberán ser representados conforme a la legislación civil.
I. El recurrente podrá concurrir por sí o mediante apoderado legalmente constituido.
II. Las personas jurídicas legalmente constituidas, así como las corporaciones, entidades autárquicas, autónomas, cooperativas y otras con personalidad jurídica, serán obligatoriamente representadas por quienes acrediten su mandato de acuerdo a la legislación civil, mercantil o normas de derecho público que correspondan.
III. En el caso de las sociedades de hecho, podrán interponer el recurso quienes efectúen operaciones en nombre de la sociedad y en el de las sucesiones indivisas cualquiera de los derecho – habientes.
IV. La autoridad administrativa de la Administración Tributaria deberá presentar su acreditación a tiempo de su apersonamiento.
Toda providencia y actuación, deberá ser notificada a las partes en la Secretaría de la Superintendencia Tributaria General o Regional o de la Intendencia Departamental respectiva, según sea el caso, hasta el tercer día hábil siguiente de haber sido expedida, con excepción del acto administrativo de admisión del Recurso de Alzada y de la Resolución que ponga fin al Recurso Jerárquico, que se notificará a ambas partes en forma personal según lo dispuesto en los Parágrafos II y III del Artículo 84 del Código Tributario Boliviano o alternativamente mediante Cédula, aplicando a este efecto las previsiones del Artículo 85 del mismo Código, cuyas disposiciones acerca del funcionario actuante y de la autoridad de la Administración Tributaria se entenderán referidas al funcionario y autoridad correspondientes de la Superintendencia Tributaria.
A los fines de las notificaciones en Secretaría, las partes deberán concurrir a las oficinas de la Superintendencia Tributaria, ante la que se sustancia el Recurso correspondiente todos los miércoles de cada semana, para notificarse con todas las actuaciones que se hubieran producido; la diligencia de notificación se hará constar en el expediente respectivo. La inconcurrencia de los interesados no impedirá que se practique la diligencia de notificación ni sus efectos.
Los plazos administrativos establecidos en el presente Decreto Supremo son perentorios e improrrogables, se entienden siempre referidos a días hábiles en tanto no excedan a diez (10) días y siendo más extensos se computarán por días corridos. Los plazos correrán a partir del día siguiente hábil a aquél en que tenga lugar la notificación con el acto o resolución a impugnar y, concluyen al final de la última hora hábil del día de su vencimiento; cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá siempre prorrogado hasta el primer día hábil siguiente.
Se entiende por días y horas hábiles administrativos aquellos en los que la Superintendencia Tributaria cumple sus funciones.
Las vacaciones colectivas de los funcionarios de la Superintendencia deberán asegurar la permanencia de personal suficiente para mantener la atención al público, por lo que en estos períodos los plazos establecidos se mantendrán inalterables.
I. No son aplicables en los Recursos de Alzada y Jerárquico, tercerías, excepciones, recusaciones, ni incidente alguno.
II. Los Superintendentes Tributarios General y Regionales deberán excusarse en los siguientes casos:
Decretada la excusa, en el caso de un Superintendente Tributario Regional, éste quedará inhibido definitivamente de conocer el proceso y lo remitirá de inmediato al Superintendente Tributario Regional que corresponda, quedando establecido que cada Superintendente Tributario Regional remitirá sucesivamente sus expedientes según el orden alfabético de la primera letra del nombre de la ciudad capital sede de los demás Superintendentes Tributarios Regionales; tratándose del Superintendente Tributario General, éste será reemplazado por el Intendente General.
Será nulo todo acto o resolución pronunciada después de la excusa.
En lo demás, las excusas se ajustarán a lo previsto para la materia por la Ley de Procedimiento Administrativo.
La omisión de excusa será causal de responsabilidad de acuerdo a la Ley N° 1178 y disposiciones reglamentarias.
En el Recurso de Alzada regulado por este Título, dentro de los quince (15) días de concluido el término de prueba, a criterio del Superintendente Regional se convocará a Audiencia Pública conforme a las siguientes reglas:
La inconcurrencia de las demás personas convocadas no suspenderá la Audiencia.
En el Recurso Jerárquico regulado por este Título, podrá convocarse a Audiencia Pública indistintamente, a criterio del Superintendente Tributario General, en la sede de la Superintendencia Tributaria General, en la de la Superintendencia Tributaria Regional o en la Intendencia Departamental que viera conveniente. La convocatoria y celebración de esta audiencia, a criterio del Superintendente Tributario General, no requerirá de los formalismos previstos para las Audiencias ante los Superintendentes Regionales.
I. El recurrente podrá desistir del Recurso en cualquier estado del proceso, debiendo el Superintendente Tributario General o Regional aceptarlo sin más trámite.
II. Si el recurso se hubiere presentado por dos (2) o más interesados, el desistimiento sólo afectará a aquellos que lo hubieran formulado.
III. Aceptado el desistimiento, el Superintendente Tributario General o Regional, según sea el caso, declarará firme el acto impugnado disponiendo su inmediata ejecución.
Los funcionarios de la Superintendencia Tributaria no podrán, bajo responsabilidad legal, sostener reuniones privadas con los participantes en los Recursos de Alzada y Jerárquico, incluidos los de las Audiencias Públicas que pudieran convocarse, desde el momento de la presentación del Recurso hasta aquel en que se dicte la resolución correspondiente, en las que se trate aspectos relativos a dichos recursos.
I. Los Superintendentes Tributarios tienen amplia facultad para ordenar cualesquiera diligencias relacionadas con los puntos controvertidos.
Asimismo, con conocimiento de la otra parte, pueden pedir a cualquiera de las partes, sus representantes y testigos la exhibición y presentación de documentos y formularles los cuestionarios que estimen conveniente, siempre en relación a las cuestiones debatidas, dentro o no de la Audiencia Pública a que se refiere el Artículo 18 del presente Decreto Supremo.
Los Superintendentes Tributarios también pueden contratar peritos, a costa de la institución, cuando la naturaleza del caso así lo amerite.
II. Durante los primeros veinte (20) días siguientes al vencimiento del período de prueba, las partes podrán presentar, a su criterio, alegatos en conclusiones; para ello, podrán revisar in extenso el expediente únicamente en sede de la Superintendencia Tributaria General o Regional o de la Intendencia Departamental, según corresponda. Los alegatos podrán presentarse en forma escrita o en forma verbal bajo las mismas reglas, en este último caso, establecidas en el Artículo 18 de este Decreto Supremo para el desarrollo de la Audiencia Pública.
III. Los Superintendentes Tributarios dictarán resolución dentro del plazo de cuarenta (40) días siguientes a la conclusión del período de prueba, prorrogables por una sola vez por el mismo término.
IV. Los Superintendentes Tributarios así como el personal técnico y administrativo de la Superintendencia Tributaria que dieran a conocer el contenido del proyecto de resolución a las partes o a terceras personas antes de su aprobación, serán sancionados conforme a Ley.
I. Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, lugar y fecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario que la dicta y la decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas.
II. Las resoluciones precedidas por Audiencias Públicas contendrán en su fundamentación, expresa valoración de los elementos de juicio producidos en las mismas.
III. Las resoluciones deberán sustentarse en los hechos, antecedentes y en el derecho aplicable que justifiquen su dictado; siempre constará en el expediente el correspondiente informe técnico jurídico, emitido por el Intendente Tributario respectivo, pudiendo el Superintendente Tributario basar su resolución en este informe o apartarse fundamentadamente del mismo.
I. Las resoluciones que resuelvan los Recursos de Alzada y Jerárquico, podrán ser:
II. La revocación parcial del acto recurrido solamente alcanza a los puntos expresamente revocados, no afectando de modo alguno el resto de puntos contenidos en dicho acto.
Dentro del plazo fatal de cinco (5) días, a partir de la notificación con la resolución que resuelve el Recurso, las partes podrán solicitar la corrección de cualquier error material, la aclaración de algún concepto oscuro sin alterar lo sustancial o que se supla cualquier omisión en que se hubiera incurrido sobre alguna de las pretensiones deducidas y discutidas.
La rectificación se resolverá dentro de los cinco (5) días siguientes a la presentación de su solicitud.
La solicitud de rectificación y aclaración interrumpirá el plazo para la presentación del Recurso Jerárquico o para la interposición del Proceso Contencioso Administrativo, según sea el caso, hasta la fecha de notificación con el auto que se dicte a consecuencia de la solicitud de rectificación y aclaración.
Las resoluciones dictadas resolviendo los Recursos de Alzada y Jerárquico que constituyan Títulos de Ejecución Tributaria conforme al Artículo 108 del Código Tributario Boliviano, serán ejecutadas, en todos los casos, por la Administración Tributaria. A tal efecto, las Resoluciones que resuelven los Recursos de Alzada serán declaradas firmes de oficio, dentro de las 24 horas siguientes al vencimiento del plazo.
Para que las resoluciones que resuelven los Recursos Jerárquicos adquieran la calidad de Títulos de Ejecución Tributaria, no será necesaria la declaratoria de firmeza.
I. Podrá hacerse uso de todos los medios de prueba admitidos en Derecho, con excepción de la prueba confesoria de autoridad y funcionarios del ente público recurrido.
II. Son aplicables en los Recursos Administrativos todas las disposiciones establecidas en los Artículos 76 al 82 del Código Tributario Boliviano.
I. La prueba testifical sólo servirá de indicio. En la prueba testifical, la declaración de testigos se registrará por escrito.
II. No constituye impedimento para intervenir como testigo la condición de empleado o autoridad pública, a condición de que no pertenezca al ente público que sea parte en el proceso.
Se admitirá como prueba documental:
Dichos documentos harán fe respecto a su contenido, salvo que sean declarados falsos por fallo judicial firme.
El Recurso de Alzada se sustanciará sujetándose al siguiente procedimiento:
a) Dentro del plazo perentorio de quince (15) días desde la notificación con la admisión del Recurso, la Administración deberá responder al mismo, negando o aceptando total o parcialmente los argumentos del recurrente y adjuntando necesariamente los antecedentes del acto impugnado. Si no se contestare dentro de este plazo, se dispondrá de oficio la continuación del proceso, aperturando a partir de ese momento el término de prueba sin necesidad de declaratoria de rebeldía. La Administración Tributaria recurrida podrá incorporarse al proceso, en cualquier momento, en el estado en que se encuentre.
b) Dentro del plazo común de veinte (20) días computables desde la notificación con la contestación de la Administración Tributaria, el recurrente y la Administración Tributaria podrán presentar todas las pruebas para hacer valer sus posiciones, siempre y cuando se sujeten a lo dispuesto en los Artículos 26 al 28 de este Decreto Supremo y Artículo 81 del Código Tributario Boliviano.
c) Para formar debido conocimiento de la causa, cuando así lo considere necesario, el Superintendente Tributario Regional podrá convocar a Audiencia conforme al Artículo 18 del presente Decreto Supremo.
d) Fenecido el término de prueba, el Superintendente Tributario Regional dictará su Resolución conforme a lo que establecen los Artículos 21 al 23 del presente Decreto Supremo.
El Recurso Jerárquico se sustanciará sujetándose al siguiente procedimiento:
a) Dentro del plazo perentorio de tres (3) días desde la fecha de admisión del Recurso, el Superintendente Tributario Regional que emitió la Resolución impugnada deberá elevar al Superintendente Tributario General los antecedentes de dicha Resolución, pudiendo adjuntar las consideraciones que viera convenientes sobre los argumentos del recurrente.
En caso de rechazo del Recurso, el Superintendente Tributario Regional hará conocer su resolución al Superintendente Tributario General, además de la notificación al recurrente, dentro del mismo plazo indicado en el párrafo precedente.
b) En este Recurso sólo podrán presentarse pruebas de reciente obtención a las que se refiere el Artículo 81 del Código Tributario Boliviano dentro de un plazo máximo de 10 días siguientes a la fecha de admisión del recurso.
c) Para formar debido conocimiento de la causa, cuando así lo considere necesario, el Superintendente Tributario General podrá convocar a Audiencia conforme al Artículo 18 del presente Decreto Supremo.
d) Vencido el plazo para presentación de pruebas de reciente obtención, el Superintendente Tributario General dictará su Resolución conforme a lo que establecen los Artículos 21 al 23 del presente Decreto Supremo.
e) Las Administraciones Tributarias podrán hacer uso del Recurso Jerárquico para impugnar resoluciones que pongan fin al Recurso de Alzada que fueran contrarias a otros precedentes pronunciados por las Superintendencias Regionales, por la Superintendencia General o por Autos Supremos dictados bajo la vigencia del Código Tributario Boliviano. El precedente contradictorio deberá invocarse por la Administración Tributaria a tiempo de interponer el Recurso Jerárquico.
A tal efecto, se entenderá que existe contradicción, cuando ante una situación de derecho similar, el sentido jurídico y/o técnico que le asigna la Resolución que resuelve el Recurso Jerárquico no coincida con el del precedente, o por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance.
I. De conformidad al inciso p) del Artículo 139 y el inciso h) del Artículo 140 del Código Tributario Boliviano, en cualquier momento, dentro o fuera de los procesos sujetos a su conocimiento, los Superintendentes Tributarios General y Regionales, así como los Intendentes Departamentales, autorizarán o rechazarán total o parcialmente, la adopción de Medidas Precautorias por parte de la Administración Tributaria, a expresa solicitud de ésta, dentro de las veinticuatro (24) horas de recibida la solicitud. En materia aduanera, la Administración Tributaria podrá ejercer la facultad prevista en el segundo párrafo del Artículo 80 de la Ley N° 1990 de 28 de julio de 1999 – Ley General de Aduanas.
II. La solicitud que al efecto formule la Administración Tributaria deberá, bajo responsabilidad funcionaria de la autoridad solicitante, incluir un informe detallado de los elementos, hechos y datos que la fundamenten, así como, una justificación de la proporcionalidad entre la o las medidas a adoptarse y el riesgo fiscal evidente.
I. La interposición de recursos o solicitudes ante las Superintendencias Tributarias durante el período comprendido entre el 4 de noviembre de 2003 y 2 de enero de 2004, deberán ser presentados por los interesados ante Notarios de Fe Pública, conforme al Artículo 5 de la Ley de Notariado de fecha 5 de marzo de 1858 y el Artículo 97 del Código de Procedimiento Civil, quienes harán constar el cargo correspondiente. Los recursos y solicitudes interpuestos de esa manera, deberán ser presentados ante la Superintendencia Regional o Intendencia Departamental respectiva desde el 5 de enero de 2004 hasta el 9 de enero de 2004.
II. Los recursos administrativos que sean interpuestos conforme al Parágrafo anterior, se tendrán como presentados el día 9 de enero de 2004, corriendo los plazos y actuaciones procesales previstas en el presente Decreto Supremo recién a partir de esa oportunidad. Durante este período no se computarán intereses para el recurrente.
ARTICULO PRIMERO.- Conforme al Parágrafo I del Artículo 106 del Código Tributario Boliviano, para el decomiso preventivo de mercaderías, bienes y medios de transporte en materia aduanera, la Superintendencia Tributaria podrá mediante Resolución Administrativa de carácter general, autorizar a la Aduana Nacional de Bolivia la adopción de estas medidas precautorias, sin perjuicio de las facultades de acción preventiva prevista en el Artículo 186 del Código Tributario Boliviano.
ARTICULO SEGUNDO.- Las Resoluciones Determinativas dictadas conforme a la Ley N° 1340 de 28 de mayo de 1992, que fueran impugnadas ante los Superintendentes Regionales en mérito al Código Tributario Boliviano y, que contuvieran calificación de conducta como delito tributario, deberán ser sustanciadas conforme al Título II del presente Decreto Supremo, absteniéndose los Superintendentes y la Corte Suprema de Justicia en su Sala Social de Minería y Administrativa de emitir pronunciamiento sobre la calificación de la conducta. Concluida la etapa de prejudicialidad penal, el procesamiento penal correspondiente, se efectuará conforme al Título IV del Código Tributario Boliviano.
El Señor Ministro de Estado en el Despacho de Hacienda queda encargado de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil tres.
FDO. CARLOS D. MESA GISBERT, Juan Ignacio Siles del Valle, José Antonio Galindo Neder, Alfonso Ferrufino Valderrama, Gonzalo Arredondo Millán, Javier Gonzalo Cuevas Argote, Jorge Cortés Rodríguez, Xavier Nogales Iturri, Jorge Urquidi Barrau, Alvaro Ríos Roca, Donato Ayma Rojas, Fernando Antezana Aranibar, Luis Fernández Fagalde, Ernesto Muñoz Pereyra Ministro Interino de Asuntos Campesinos y Agropecuarios, Roberto Barbery Anaya, Justo Seoane Parapaino.