20 DE DICIEMBRE DE 2004 .- REGLAMENTO DEL REGIMEN ESPECIAL DE ZONAS FRANCAS COMERCIALES E INDUSTRIALES.
DECRETO SUPREMO N° 27944
CARLOS D. MESA GISBERT
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA
CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto Supremo Nº 22410 de 11 de enero de 1990 se establece el Régimen de Zonas Francas, posteriormente reglamentado por los Decretos Supremos Nº 22526 de 13 de junio de 1990 y Nº 23333 de 24 de noviembre de 1992.
Que el Artículo 17 de la Ley Nº 1489 de 16 de abril de 1993 - Ley de Desarrollo y Tratamiento Impositivo de las Exportaciones, que modifica el Artículo 20 de la Ley N° 1182 de 17 de septiembre de 1990 – Ley de Inversiones, establece que las zonas francas industriales y las zonas francas comerciales, autorizadas por el Poder Ejecutivo, funcionarán bajo el principio de segregación aduanera y fiscal y con exención de imposiciones tributarias y arancelarias de conformidad con la reglamentación correspondiente.
Que mediante Decreto Supremo Nº 23565 de 22 de julio de 1993 se ha reglamentado la Ley de Desarrollo y Tratamiento Impositivo de las Exportaciones en materia de zonas francas.
Que los Artículos 134 al 142 de la Ley Nº 1990 de 28 de julio de 1999 – Ley General de Aduanas establecen las normas generales complementarias del Régimen Especial de Zonas Francas, reglamentados por el Decreto Supremo Nº 25870 de 11 de agosto de 2000 – Reglamento a la Ley General de Aduanas.
Que los Artículos 31 y 32 de la Ley Nº 2064 de 3 de abril de 2000 – Ley de Reactivación Económica establecen la prioridad nacional de las exportaciones, así como el impulso al desarrollo de acciones orientadas a la generación de ventajas competitivas y sostenibles para la producción y exportación nacionales.
Que la Ley N° 2446 de 19 de marzo de 2003 – Ley de Organización del Poder Ejecutivo y su Reglamento establecen la competencia del Ministerio de Desarrollo Económico y del Ministerio de Hacienda en materia de zonas francas.
Que los Artículos 21, 66, 100 y 104 de la Ley N° 2492 de 2 de agosto de 2003 – Código Tributario Boliviano, así como el Decreto Supremo N° 27310 de 9 de enero de 2004 – Reglamento al Código Tributario Boliviano, establecen el ejercicio de las facultades de recaudación, control, verificación, fiscalización e investigación de la Administración Tributaria.
Que el Decreto Supremo N° 27627 del 13 de julio de 2004 modifica los Artículos 65 del Decreto Supremo N° 27310 de 9 de febrero de 2004 y el Artículo 5 del Decreto Supremo N° 27373 del 17 de febrero de 2004, reglamentando la naturaleza del usuario de Zona Franca y la vigencia del certificado de origen en las Zonas Francas.
Que la Disposición Adicional Primera de la Ley Nº 2493 de 4 de agosto de 2003 establece el régimen tributario aplicable a las zonas francas, el mismo que debe ser objeto de reglamentación por parte del Poder Ejecutivo, en cumplimiento de la Disposición Final Primera de la misma Ley.
Que es prioritario establecer la política de Estado en materia de zonas francas, en función de los procesos de integración y regionalización con la finalidad de lograr competitividad, desarrollo económico, logístico y tecnológico del país, generando competencia en la inversión extranjera, debiendo las zonas francas desempeñar un rol dinámico y de avanzada en la construcción de la plataforma productiva, logística y competitiva en el mercado nacional e internacional.
Que se hace necesario ampliar el ámbito de operaciones de las zonas francas comerciales e industriales con el propósito de generar mayor valor agregado e incrementar la producción nacional de acuerdo con las ventajas comparativas y competitivas que tenga o que a futuro genere el país.
Que en el marco de las disposiciones jurídicas que regulan el comercio mundial, los procesos de integración comercial y las políticas en materia de corredores de exportación e integración energética definidas por el Gobierno Nacional, se debe encaminar la construcción de un Régimen Especial de Zonas Francas que se constituya en el instrumento básico y de arranque para el desarrollo económico y social, mediante la logística de la distribución física internacional de las cargas en las zonas francas comerciales, y de fomento industrial, tecnológico y de servicios en las zonas francas industriales.
Que las zonas francas deben ofrecer a sus usuarios las condiciones y facilidades necesarias para el desarrollo de sus operaciones comerciales e industriales, sin perjuicio de las facultades otorgadas a la Administración Tributaria en ejercicio de sus atribuciones.
Que debe fomentarse la producción y exportación de productos con valor agregado nacional, generando fuentes de trabajo y desarrollando actividades conexas dentro y fuera de las zonas francas industriales, así como abastecer el mercado interno con mercancías legalmente importadas al resto del territorio nacional, a través de las zonas francas comerciales.
Que el Régimen Especial de Zonas Francas precisa de un sistema normativo que haga eficiente la administración y funcionamiento de las zonas francas nacionales, por lo que debe reformularse y sistematizarse su reglamentación.
EN CONSEJO DE GABINETE,
D E C R E T A:
REGLAMENTO DEL REGIMEN ESPECIAL DE
ZONAS FRANCAS COMERCIALES E INDUSTRIALES
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTICULO 1. (OBJETO).- El presente Decreto Supremo establece la política, el rol y los objetivos de las zonas francas nacionales, así como la reglamentación relativa a la creación, concesión, control y fiscalización de las zonas francas, el régimen tributario aplicable a las zonas francas, los derechos y obligaciones de concesionarios y usuarios, y las operaciones comerciales e industriales de zonas francas, en el marco de las normas de la Ley N° 1182 de 17 de septiembre de 1990 – Ley de Inversiones, Ley Nº 1489 de 16 de abril de 1993 – Ley de Desarrollo y Tratamiento Impositivo de las Exportaciones, Ley N° 1990 de 28 de julio de 1999 – Ley General de Aduanas, Ley N° 2492 de 2 de agosto de 2003 – Código Tributario Boliviano, Ley N° 2493 de 4 de agosto de 2003 – Modificaciones a la Ley N° 843 y demás disposiciones legales vigentes en la materia.
ARTICULO 2. (AMBITO DE APLICACION).-
I. El presente Reglamento se aplica en el territorio nacional a las operaciones de ingreso, permanencia, traslado y salida de mercancías de zonas francas comerciales e industriales, así como a las operaciones de usuarios y servicios de concesionarios, que se efectúen dentro de las mismas.
II. El Ministerio de Desarrollo Económico, el Ministerio de Hacienda, la Aduana Nacional, el Servicio de Impuestos Nacionales, las empresas concesionarias y usuarias y todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que realicen operaciones relacionadas con las zonas francas, así como las que en ejercicio de su competencia o actividades conozcan aspectos relacionados con el Régimen Especial de Zonas Francas, se sujetarán a las normas del presente Decreto Supremo.
III. Las normas de este Decreto Supremo serán aplicables a la Zona Franca Comercial e Industrial de Cobija, salvo en aquello que sea contrario a su reglamentación específica.
ARTICULO 3. (DEFINICIONES).- A efectos de la interpretación y aplicación de las normas del presente Decreto Supremo, se establecen las siguientes definiciones:
Administración de Aduana.- Es la unidad administrativa, desconcentrada de la Aduana Nacional que asume las funciones de control y fiscalización del ingreso y salida de mercancías, medios de transporte y personas, así como del control periódico de inventarios de mercancías en zonas francas.
Almacén general.- Es aquel sujeto a la administración directa del concesionario donde los usuarios pueden realizar operaciones propias de las zonas francas comerciales.
Almacén particular.- Es aquel sujeto a la administración directa del usuario, bajo supervisión del concesionario, donde puede efectuar todas las operaciones propias de las zonas francas.
Area de zona franca.- Es una parte del territorio nacional, delimitada y sin solución de continuidad, en la que las mercancías que en ella se introduzcan se sujetan por tiempo indefinido al Régimen Especial de Zonas Francas.
Bien intermedio.- Es el producto acabado a ser incorporado en el proceso productivo. Esta definición también comprende a los envases, embalajes y los productos o sustancias que se consumen en el proceso productivo.
Cesión o transferencia de mercancías.- Es aquella actividad comercial que realizan los usuarios autorizados y habilitados dentro de una zona franca nacional, mediante la cual se cambia la titularidad sobre la mercancía, conforme a la legislación nacional aplicable.
Concesionario.- Es la persona jurídica constituida como sociedad anónima, a la cual el Estado, a través del Ministerio de Desarrollo Económico y del Ministerio de Hacienda, otorga en concesión el desarrollo y la administración de una zona franca, en virtud de haber cumplido los requisitos y procedimientos legales establecidos al efecto.
Control aduanero.- Es el conjunto de medidas adoptadas por la Administración Aduanera con el objeto de asegurar el cumplimiento de la legislación aduanera, o de otras disposiciones cuya aplicación o ejecución es de competencia o responsabilidad de la aduana. Este control en ningún momento podrá obstaculizar el normal desarrollo de las operaciones de usuarios o concesionarios.
Desperdicio.- Es el residuo sin valor comercial de materias primas o bienes intermedios admitidos en una zona franca industrial, resultante del proceso productivo, así como de otros procesos que se realizan en zonas francas industriales o comerciales.
Excedente.- Es la materia prima o bienes intermedios que ingresaron a zona franca industrial para ser objeto de un proceso productivo y que finalmente no pudieron someterse a dicho proceso.
Factura comercial.- Es el documento emitido por el usuario y visado por el concesionario, que acredita la cesión o transferencia de mercancías dentro de zona franca.
Fraccionamiento.- Es una operación que se realiza dentro de una zona franca, e implica la división de mercancías en unidades de medidas inferiores y acondicionados en diferentes tipos de embalajes.
Informe de Utilización de Materias Primas y Bienes Intermedios.- Es la cantidad de materias primas y bienes intermedios introducidos a la zona franca industrial, utilizada en la obtención de una unidad del producto final. Este informe constituye una declaración jurada.
Instalaciones industriales.- Son aquellas sujetas a la administración directa de los usuarios, en las que se pueden efectuar todas las operaciones propias de las zonas francas industriales.
Materia prima.- Es toda sustancia, elemento o materia destinada a ser incorporada en el proceso productivo.
Merma.- Es la disminución de cantidad de materias primas o bienes intermedios como consecuencia de su participación en el proceso productivo efectuado dentro de la zona franca o en razón a la naturaleza de las mercancías.
Módulo comercial.- Es la tienda, galería o espacio comercial situado en un área debidamente acondicionada y delimitada dentro de una zona franca para la exposición y ventas al por menor de productos al público en general.
Operaciones SHELTER.- Es el servicio de administración empresarial, que no tiene la calidad de servicio conexo, que puede vender o comprar el concesionario o el usuario, dentro de una zona franca, para la administración de sus recursos.
Parcialización.- Es una operación que se realiza dentro de una zona franca e implica la división de un lote de mercancías manteniendo el tipo de embalaje.
Proceso productivo (perfeccionamiento pasivo).- Es el proceso de transformación, elaboración, reacondicionamiento o ensamblaje de materias primas y bienes intermedios admitidos en una zona franca industrial y provenientes de territorio aduanero extranjero o del resto del territorio nacional, destinados a la obtención de un producto final.
Reexpedición.- Es la operación aduanera que determina la salida de mercancías de una zona franca nacional con destino a otra zona franca nacional o a territorio aduanero extranjero. No se considera reexpedición el traslado de mercancías entre zonas francas situadas dentro de un área de zona franca, ni el traslado de mercancías de zona franca industrial a zona franca comercial o viceversa que formen parte de una misma concesión.
Régimen Especial de Zonas Francas.- Es el tratamiento económico, aduanero y tributario aplicable a las mercancías introducidas en ella, según la naturaleza y objetivos, con el objeto de facilitar procesos productivos y comerciales tendientes a incrementar la producción nacional, las exportaciones, la generación de empleo y el abastecimiento interno.
Reglamento.- Reglamento del Régimen Especial de Zonas Francas Comerciales e Industriales.
Reglamento Interno de Funcionamiento de la Zona Franca.- Es el conjunto de regulaciones emitidas por el concesionario, dentro del marco de la legislación nacional, donde establece las reglas para la realización de las operaciones comerciales e industriales dentro de la zona franca, así como los derechos y obligaciones de concesionario y usuario emergentes de su relación contractual.
Sector de resguardo.- Es el lugar claramente delimitado y señalizado, ubicado dentro de la zona franca, para medios y unidades de transporte de uso comercial con mercancías destinadas a la misma y que se encuentran en espera de su ingreso, previo cumplimiento de las formalidades aduaneras ante la Administración de Aduana.
Segregación aduanera y fiscal.- Es el principio en virtud del cual las operaciones desarrolladas en zonas francas situadas dentro del territorio nacional están sujetas a tratamiento aduanero y tributario especiales, con exención de imposiciones tributarias y arancelarias, dentro del marco de las normas jurídicas aplicables.
Servicio conexo.- Es el servicio prestado en el interior de las zonas francas o en relación con éstas, por personas naturales o jurídicas diferentes al concesionario y al usuario y sus actividades no están sujetas al principio de segregación aduanera y fiscal. Dentro de éstos, se comprende a los servicios prestados por empresas de seguros, bancos, agencias y agentes despachantes de aduana, constructoras, servicios profesionales, servicios de transporte, restaurantes, energía eléctrica, agua potable, y cualesquier otro servicio necesario para el normal funcionamiento de la zona franca. No se considera servicio conexo a los servicios de electricidad, telecomunicaciones, agua potable o distribución de gas, cuando los mismos se generen o se transformen en las zonas francas industriales y se consuman dentro de las zonas francas, ni el transporte interno de mercancías de aeropuerto a zonas francas y viceversa efectuado por el concesionario.
Sobrante.- Es el residuo con valor comercial, establecido por el usuario industrial, de materias primas y/o bienes intermedios admitidos en zonas francas industriales, resultante del proceso productivo.
Tarifario de Zona Franca.- Es el listado de servicios y su respectiva tarifa, por concepto de servicios prestados por los concesionarios a los usuarios y personas que prestan servicios conexos. El Tarifario de Zona Franca deberá reflejar las tarifas máximas e incluir la totalidad de los servicios prestados por el concesionario, señalando en cada caso los servicios integrales que comprende.
Traslado.- Es la movilización física de mercancías de un lugar a otro dentro de una misma área de zona franca o entre zonas francas que sean parte de una misma concesión, sea que exista o no cesión o transferencia de dichas mercancías.
Usuario comercial.- Es la persona natural o jurídica, nacional o extranjera, debidamente autorizada y habilitada por el concesionario de zona franca y la Aduana Nacional, para realizar operaciones de zona franca comercial.
Usuario industrial.- Es la persona natural o jurídica, nacional o extranjera, debidamente autorizada y habilitada por el concesionario de zona franca y la Aduana Nacional, que realiza operaciones industriales y actividades empresariales o de servicios vinculados a procesos productivos.
Usuario.- Es la persona habilitada como usuario comercial o industrial.
Venta al por menor.- Es aquella que implica la transferencia a título definitivo de una mercancía, por parte del usuario a una persona natural o jurídica que no tenga la calidad de usuario ni concesionario de zona franca, con el objeto de destinar dicha mercancía a la importación a consumo o a la reexpedición.
Zona franca de frontera.- Es aquella situada dentro de los veinte (20) kilómetros de la línea de frontera del territorio nacional.
ARTICULO 4. (ORGANIZACION FISICA).-
I. Las zonas francas comerciales e industriales podrán funcionar de manera conjunta dentro de una misma área de zona franca.
II. La organización física de las instalaciones de las zonas francas deberá prever áreas separadas para las oficinas de gestión de la Administración de Aduana, dentro del perímetro de la zona franca, y en el lugar de su ingreso y salida una oficina para el ejercicio de actividades de control aduanero.
III. Como parte delas zonas francas comerciales, podrán establecerse áreas debidamente delimitadas acondicionadas para la exposición y venta de mercancías al por menor.
IV. Dentro de las instalaciones de las zonas francas se prohíbe la construcción y existencia de viviendas.
V. La construcción e instalaciones de las zonas francas deberán sujetarse al Reglamento de Requisitos Básicos para la Infraestructura de las Zonas Francas, establecido mediante resolución biministerial emitida por los Ministros de Desarrollo Económico y de Hacienda.
ARTICULO 5. (LEGISLACION NACIONAL).-
I. La zonas francas se sujetarán a las disposiciones legales aduaneras y tributarias vigentes, así como a las normas del presente Decreto Supremo.
II. La legislación comercial, laboral, de seguridad social, seguridad industrial, ambiental, tributaria y demás disposiciones legales vigentes se aplicarán plenamente en todas las zonas francas nacionales en cuanto a las operaciones comerciales e industriales, la administración de la concesión y las operaciones de las empresas que prestan servicios conexos.
ARTICULO 6. (INCOMPATIBILIDAD).- Las funciones de usuario y concesionario son incompatibles entre sí. El ejercicio simultáneo de dichas funciones dentro de las zonas francas será sancionado con la revocatoria de autorizaciones e inhabilitación para ejercer actividades de zona franca.
CAPITULO II
OBJETIVOS, ROL Y PROMOCION DE LAS ZONAS FRANCAS
ARTICULO 7. (OBJETIVOS GENERALES).-
I. El Régimen Especial de Zonas Francas Comerciales e Industriales responde al principio de segregación aduanera y fiscal, cuyo tratamiento tributario y aduanero especiales, tienen por objetivos generales la generación de empleo sostenible y capacitación permanente, la atracción de inversiones principalmente intensivas en mano de obra, la captación y desarrollo de tecnología, la generación de valor agregado y el desarrollo de una infraestructura comercial, industrial y de servicios vinculados al comercio internacional para la realización de procesos productivos destinados al mercado interno y fundamentalmente a las exportaciones, el abastecimiento de mercancías al mercado interno y la facilitación del comercio.
ARTICULO 8. (CONDICIONES DE INVERSION).- Las inversiones realizadas y aquellas que se destinen a las zonas francas comerciales o industriales, gozan de las garantías establecidas en la legislación nacional, debiendo orientarse a la consecución de los objetivos generales y específicos que para las mismas establece el presente Decreto Supremo, y estableciendo mecanismos que permitan el destino de una mayor inversión al desarrollo de procesos productivos industriales y entre estos a los intensivos en mano de obra, y a los centros de abastecimiento y logísticos, tanto en el caso de concesionarios como de usuarios de zonas francas.
ARTICULO 9. (PROCEDIMIENTOS ESPECIALES).-
I. Las zonas francas comerciales e industriales a objeto de la eficiente realización de las operaciones de concesionarios, usuarios y personas que prestan servicios conexos contarán con procedimientos aduaneros y tributarios especiales y expeditos que disminuyan y eliminen costos y plazos de materialización, y faciliten los encadenamientos productivos al interior y exterior de las zonas francas. La Administración Tributaria aprobará dichos procedimientos, dentro del marco de sus atribuciones.
II. Aquellas operaciones exclusivas de zonas francas realizadas por usuarios que destinen su actividad a integrar el eje principal de la producción y su complementariedad con economías de países limítrofes, se beneficiarán de incentivos especiales no tributarios a ser regulados por el Ministerio de Desarrollo Económico.
ARTICULO 10. (PROMOCION Y ROL DE LAS ZONAS FRANCAS).-
I. El Estado boliviano fomentará el desarrollo del Régimen Especial de Zonas Francas en el país con el objeto de lograr su articulación con las tres Cuencas del Cono Sur (del Pacífico, del Amazonas y del Plata), retroalimentándose con el aparato productivo y comercial nacional, y contribuyendo a la generación de riqueza, logística y empleo en Bolivia.
II. Se declara de interés nacional el desarrollo de las zonas francas comerciales nacionales como centros activos y facilitadores de la redistribución física regional para mercados nacionales e internacionales, a partir del almacenamiento de mercancías apoyados en los corredores de exportación, la logística y el comercio electrónico propendiendo a un crecimiento del comercio exterior y generando eficiencia y competitividad en el sistema de suministros.
III. Se declara de interés nacional el desarrollo de las zonas francas industriales orientadas al fomento industrial y transferencia tecnológica vinculados con su entorno productivo incorporando valor agregado e insumos nacionales, creación de genuinas fuentes de trabajo, utilización y potenciamiento de la mano de obra, para la producción de bienes con destino a mercados externos y nacionales, desarrollando, entre otras, empresas de base tecnológica en energía, biotecnología, informática, telemática y comunicaciones propendiendo a través de todas ellas a una mayor atracción de inversión nacional y extranjera.
ARTICULO 11. (OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LAS ZONAS FRANCAS).-
I. Los objetivos de las zonas francas comerciales son:
Profundizar el proceso de eliminación de factores que distorsionan, retardan o entorpecen las operaciones del comercio exterior en beneficio de los agentes económicos de los sectores productivos y del comercio, así como de las entidades públicas responsables de su control y fiscalización.
Facilitar la aplicación de modalidades de transporte directo o intermodal desde los países de origen, en forma tal que simplifiquen los procesos de intermediación en el tráfico de las mercancías y corrijan situaciones que perjudican a la marina mercante boliviana y a las compañías aéreas que sirven al país.
Constituirse en terminales de carga internacional y centros de distribución física de mercancías, bienes y servicios vinculados a los puertos nacionales y las áreas concedidas a Bolivia en el exterior, de acuerdo a convenios internacionales.
Constituirse en centros de distribución física internacional desarrollando plataformas de servicios logísticos vinculados a los corredores biocéanicos.
Facilitar al sector productivo y al comercio, posibilidades de acceso inmediato a las mercancías y sometidas a un régimen aduanero, aliviando sus costos financieros y facilitando la rápida atención de sus requerimientos y los del abastecimiento del mercado interno y externo.
Apoyar y coadyuvar al ingreso y salida legal de mercancías.
Constituirse en centros de acopio, recepción y redistribución de mercancías de las tres cuencas de influencia del país, el mercado nacional y sus conglomerados.
Estandarizar su funcionamiento operativo en el ámbito aduanero sin limitar su desarrollo tecnológico e informático.
II. Los objetivos de las zonas francas industriales son:
Promover inversiones directas en sectores de alta tecnología, intensivos en capital y mano de obra en función de las ventajas comparativas y competitivas del país.
Promover el desarrollo de complejos o matrices agroindustriales y de manufactura liviana integradas hacia atrás y adelante de la cadena productiva, dentro y hacia afuera de las zonas francas.
Desarrollar procesos industriales de elaboración, ensamblaje, transformación y otras formas de complementación de procesos productivos.
Promover la instalación y el desarrollo de empresas de servicios con agregación de valor tecnológico o telemático.
Generar economías de aglomeración y de vinculación y desarrollo con su entorno productivo.
Promover el desarrollo de operaciones SHELTER y servicios industriales dentro de las zonas francas.
Desarrollar actividades productivas de bienes y servicios con destino a su comercialización en mercados del extranjero o mercados nacionales.
CAPITULO III
CONCESION Y AUTORIZACION DE FUNCIONAMIENTO
DE ZONAS FRANCAS
Sección primera
Creación y concesión de las zonas francas
ARTICULO 12. (CARACTER PUBLICO Y PLAZO DE CONCESION).-
I. Los Ministros de Desarrollo Económico y de Hacienda aprobarán la creación de zonas francas, a solicitud de las empresas interesadas en su desarrollo, explotación y administración.
II. El desarrollo, explotación y administración de las zonas francas tienen por finalidad la prestación de un servicio de carácter colectivo en forma pública.
III. Se prohíbe la creación o existencia de zonas francas destinadas a prestar servicios a un solo usuario o a un conjunto de usuarios económicamente vinculados.
IV. Las zonas francas pueden otorgarse en concesión por el plazo máximo de cuarenta (40) años. La concesión puede ser objeto de prórroga por un plazo menor o igual al inicialmente otorgado, según lo solicite el interesado, cumpliendo los requisitos establecidos en el Artículo 13 del presente Decreto Supremo y otros que establezca la autoridad competente.
ARTICULO 13. (SOLICITUD Y REQUISITOS).- Las empresas interesadas en el desarrollo de zonas francas, solicitarán ante el Ministro de Desarrollo Económico, la creación y concesión de la administración de una zona franca, cumpliendo los requisitos y condiciones que a continuación se indican:
Estar constituida como sociedad anónima por un plazo de vigencia igual o mayor al plazo por el que se solicita la concesión. A efectos de demostrar el cumplimiento de este requisito, deberá presentarse el testimonio original de la escritura pública de constitución, en la que conste dentro de su objeto social la realización de actividades inherentes a la administración de zonas francas.
Presentar original o fotocopia legalizada de la Matrícula del Registro de Comercio y Sociedades por Acciones, emitida por el Servicio Nacional del Registro de Comercio o la entidad legalmente autorizada y del Certificado de Inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes, en ambos casos los documentos deberán estar en vigencia.
Presentar el testimonio original o fotocopia legalizada del poder del representante legal de la empresa solicitante, inscrito en el Registro de Comercio y Sociedades por Acciones.
No tener obligaciones tributarias o aduaneras pendientes de pago,establecidas en resoluciones judiciales ejecutoriadas o en resoluciones administrativas que causen estado. El cumplimiento de este requisito deberá demostrarse con la presentación de los certificados originales del Servicio de Impuestos Nacionales y de la Aduana Nacional, emitidos con una anterioridad no mayor a treinta (30) días a la fecha de su presentación.
Presentar el documento original del Proyecto de Desarrollo Industrial y/o Comercial de la Zona Franca – PDICZOFRA, fundamentado en cuanto a su factibilidad técnica, financiera, económica, social y de mercado, que establezca los aspectos relativos al desarrollo de procesos productivos de exportación y generación de fuentes de trabajo, así como el acceso directo a rutas marítimas, aéreas, férreas y centros urbanos de significativa importancia para la producción y el consumo nacional e internacional. El indicado proyecto, elaborado bajo responsabilidad de la empresa solicitante, deberá ser suscrito por su representante legal.
Presentar el original o fotocopia legalizada de la documentación que acredite el derecho propietario del solicitante respecto al bien o bienes inmuebles destinados a la zona franca, o alternativamente el testimonio emitido por notario de fe pública del documento que faculte a la empresa peticionante a disponer de dicho bien o bienes a la construcción de implementación de una zona franca por el tiempo solicitado.
Presentar los planos de construcción de la zona franca, aprobados por autoridad competente, así como el Cronograma de Construcción e Implementación de la Zona Franca – CCIZOFRA. La construcción de la zona franca no debe exceder el plazo de dos (2) años.
Especificar las características de los servicios de administración y organización interna de la zona franca.
Acreditar suficiencia técnica para la administración de la zona franca en cuanto a la gestión, así como la existencia de medios adecuados para la instalación de servicios básicos, vías de acceso y telecomunicaciones necesarios para su desarrollo.
ARTICULO 14. (EVALUACION DE LA SOLICITUD).-
I. Presentados los documentos a que se refiere el Artículo precedente, el Viceministerio de Industria Comercio y Exportaciones y el Viceministerio de Política Tributaria, a partir del trabajo de la Unidad Técnica de Zonas Francas, dentro de los siguientes treinta (30) días procederá a la evaluación de fondo y de forma de la solicitud estableciendo en cada caso el cumplimiento o incumplimiento del requisito.
II. El resultado de la evaluación de la solicitud, deberá estar contenido en un informe técnico aprobado por los Viceministros de los despachos antes citados. Dicho informe deberá establecer en forma expresa, la procedencia o improcedencia de la solicitud.
ARTICULO 15.- (CREACION Y CONCESION DE LA ZONA FRANCA Y RECHAZO DE LA SOLICITUD).-
I. A base del informe técnico que haya establecido la procedencia de la solicitud, los Ministros de Desarrollo Económico y de Hacienda, mediante resolución biministerial, aprobarán la creación de la zona franca, así como el PDICZOFRA y el CCIZOFRA, y otorgarán en concesión la administración de la zona franca a favor de la empresa solicitante.
II. El incumplimiento de cualesquiera de los requisitos indicados en el Artículo 13 del presente Reglamento, dará lugar a que la solicitud sea declarada improcedente.
III. Dentro del plazo a que se refiere el Parágrafo I del Artículo precedente, a base del informe técnico, mediante comunicación escrita emitida por los Ministros de Desarrollo Económico y de Hacienda se hará conocer el rechazo de la solicitud al representante legal de la empresa solicitante.
ARTICULO 16. (PLAZO DE CONSTRUCCION, AUTORIZACION DE FUNCIONAMIENTO E INICIO DE OPERACIONES).-
I. El inicio de las obras de construcción de la infraestructura de la zona franca deberá efectuarse dentro de los siguientes seis (6) meses siguientes a la fecha de la resolución biministerial a que se refiere el Parágrafo I del Artículo precedente. La construcción de la infraestructura de la zona franca deberá efectuarse conforme al plazo establecido en el cronograma señalado en el inciso g) del Artículo 13 del presente Reglamento, pudiendo prorrogarse por una sola vez hasta por un período igual a un tercio del plazo establecido en el mencionado cronograma.
II. Una vez construida la infraestructura de la zona franca conforme a los planos presentados y en cumplimiento del Reglamento de Requisitos Básicos para la Infraestructura y Sistema Informático de las Zonas Francas, el concesionario deberá solicitar por escrito, ante el Ministro de Desarrollo Económico, la autorización para el funcionamiento de la zona franca, adjuntando el correspondiente Reglamento Interno de Funcionamiento de la Zona Franca, el mismo que debe ser compatible con las disposiciones jurídicas generales y operativas del Régimen Especial de Zonas Francas.
III. Con base en el informe técnico aprobado por el Viceministro de Industria Comercio y Exportaciones, y en el informe de la Aduana Nacional que establezcan el cumplimiento de las especificaciones de la construcción concluida y la organización física de las instalaciones de la zona franca, de acuerdo al Reglamento de Requisitos Básicos para la Infraestructura y Sistema Informático de las Zonas Francas, así como la conformidad del Reglamento Interno de Funcionamiento de la Zona Franca, los Ministros de Desarrollo Económico y de Hacienda, mediante resolución biministerial, autorizarán el funcionamiento de la zona franca.
ARTICULO 17 (INICIO DE OPERACIONES).- Con base en la resolución biministerial que disponga la creación y concesión de la administración de la zona franca y a la resolución biministerial que autorice el funcionamiento de la misma, la Aduana Nacional, mediante resolución de Directorio, creará la administración aduanera y autorizará en forma expresa el inicio de operaciones de la zona franca, y previa presentación por parte del concesionario de la garantía a que se refiere el inciso b) del Parágrafo I del Artículo 19 del presente Decreto Supremo.
ARTICULO 18. (MODIFICACIONES A LA CONCESION).- La solicitud de ampliación o reducción de área de las zonas francas comerciales o industriales, así como cualquier otra modificación a las condiciones iniciales de la concesión, deberá efectuarse ante el Ministerio de Desarrollo Económico, cumpliendo los requisitos aplicables conforme a lo dispuesto en el Artículo 13 del presente Reglamento, y su consideración se sujetará al procedimiento establecido en el presente Capítulo.
Sección segunda
Garantías para la construcción y funcionamiento de las zonas francas
ARTICULO 19 (GARANTIAS).-
I. Los concesionarios de zonas francas, independientemente, de si éstas fueren comerciales o industriales, mediante boleta de garantía bancaria o fianza de seguro, deberán constituir anualmente, las garantías que a continuación se indican:
Garantía de Cumplimiento de Inversión Mínima en Infraestructura, cuyo monto será igual al tres por ciento (3%) del monto total de la inversión mínima en infraestructura, entendiéndose por ésta el valor de la construcción. La boleta de garantía bancaria o la fianza de seguro deberá constituirse a favor del Viceministerio de Industria Comercio y Exportaciones y ser presentada hasta diez (10) días antes del inicio de la construcción.
Garantía de Operaciones, cuyo monto será definido por la Aduana Nacional de Bolivia, mediante resolución de Directorio de la Aduana Nacional de Bolivia, dentro de un rango de diez mil dólares estadounidenses ($us. 10.000) y cincuenta mil dólares estadounidenses ($us. 50.000.-), aplicando para cada zona franca el cero punto uno por ciento (0.1%) sobre el total de los tributos de importación pagados en la gestión anual anterior por las importaciones a consumo efectuadas a través de la misma. Cuando el resultado obtenido alcance a una suma menor a diez mil dólares estadounidenses ($us 10.000.-) o mayor a cincuenta mil dólares estadounidenses ($us. 50.000.-), el monto de la garantía será igual al mínimo o máximo, respectivamente. La boleta de garantía bancaria o la fianza de seguro deberá constituirse a favor de la Aduana Nacional de Bolivia y ser presentada la primera vez antes del inicio de operaciones de la zona franca a que se refiere el Parágrafo IV del Artículo 16 del presente Reglamento.
II. La Aduana Nacional de Bolivia, asumirá las medidas necesarias para viabilizar la sustitución de la boleta de garantía bancaria o la fianza de seguro al cumplimiento del plazo de vigencia de un año, evitando que existan dos garantías en forma simultánea.
III. Las Garantía de Cumplimiento de Inversión Mínima en Infraestructura deberá estar vigente por el plazo de construcción, incluido el plazo de la prórroga cuando éste hubiere sido formalmente autorizado. La Garantía de Funcionamiento deberá estar vigente durante el plazo de la concesión.
ARTICULO 20. (EJECUCION DE LAS GARANTIAS).-
I. El Viceministerio de Industria Comercio y Exportaciones, mediante resolución administrativa expresa, dispondrá la ejecución de la Garantía de Inversión Mínima en Infraestructura, ante el incumplimiento del cronograma de construcción presentado por la empresa concesionaria y aprobado en la resolución biministerial a que se refiere el Parágrafo I del Artículo 15 del presente Reglamento.
II. La Administración Aduanera dispondrá la ejecución de la Garantía de Operaciones en los casos que a continuación se indican:
Incumplimiento por parte del concesionario de las normas del presente Reglamento y otras disposiciones legales que regulan el Régimen Especial de Zonas Francas Comerciales e Industriales, establecido mediante resolución judicial ejecutoriada o resolución administrativa que cause estado.
Cuando el concesionario hubiere incurrido en contravenciones aduaneras o tributarias, dentro del marco de las normas de la Ley General de Aduanas o el Código Tributario Boliviano, establecidas mediante resolución judicial ejecutoriada o resolución administrativa que cause estado.
Incumplimiento en la presentación, por parte del concesionario, del documento que demuestre la actualización o renovación de la Garantía, establecidas mediante resolución judicial ejecutoriada o resolución administrativa que cause estado.
III. Asimismo, la garantía podrá ser objeto de la aplicación de una medida cautelar conforme a las normas del Código de Procedimiento Penal.
ARTICULO 21. (RESPONSABILIDAD DEL CONCESIONARIO Y DEL USUARIO).-
I. El concesionario es responsable del desarrollo y administración de la zona franca ante el Ministerio de Desarrollo Económico, el Ministerio de Hacienda, la Aduana Nacional y el Servicio de Impuestos Nacionales.
II. El concesionario y los usuarios son responsables, ante la Administración Aduanera y otras autoridades competentes, del cumplimiento de las normas y procedimientos que regulan el Régimen Especial de Zonas Francas.
III. La relación contractual entre el usuario y el concesionario, cualesquiera fuere el contenido del contrato, en ningún caso podrá liberar en todo o en parte al concesionario o al usuario de las responsabilidades y obligaciones establecidas en la Ley General de Aduanas, el presente Decreto Supremo y demás disposiciones reglamentarias del Régimen Especial de Zonas Francas. Asimismo, dicha relación contractual no podrá limitar o anular ninguno de los derechos reconocidos en el presente Reglamento y demás disposiciones complementarias.
Sección tercera
Obligaciones y derechos de los concesionarios
ARTICULO 22. (OBLIGACIONES DE LOS CONCESIONARIOS).- Corresponde a los concesionarios el cumplimiento de las obligaciones que a continuación se indican:
Administrar la concesión y el funcionamiento de la zona franca, dentro del marco de las leyes, reglamentos y resoluciones aplicables al Régimen Especial de Zonas Francas Comerciales e Industriales, cumpliendo los objetivos establecidos y aprobados en el Proyecto de Desarrollo Industrial y/o Comercial de la Zona Franca presentado para la creación y concesión de la misma, garantizando los servicios en condiciones de competitividad a favor de los usuarios y personas que presten servicios conexos.
Asumir funciones de control de operaciones de ingreso, permanencia y todas las operaciones de los usuarios definidas en los Artículos 43, 44 y 45 de este Decreto Supremo y salida de mercancías de la zona franca, del ingreso y salida de vehículos y de personas, así como implementar los documentos de control necesarios al efecto.
Cumplir las normas sustantivas, administrativas y procedimentales establecidas por la Administración Tributaria en el ámbito aduanero, de impuestos internos y tributos municipales.
Mantener sus instalaciones, maquinaria y equipo en condiciones adecuadas para su eficiente funcionamiento.
Contratar los servicios de seguro contra todo riesgo, por el monto que garantice efectivamente el valor de la infraestructura de la zona franca y de las mercancías que se encuentren, bajo su custodia, en el interior de la misma.
Asumir la responsabilidad de la custodia y conservación de las mercancías recibidas en almacenes generales, así como ser responsable ante el Estado por las obligaciones de pago en Aduana de las mercancías que sean sustraídas, sustituidas, perdidas o averiadas durante su permanencia en zona franca, salvo lo dispuesto en el Artículo 63 del Código Tributario; y ante el usuario por el valor de las mercancías en caso de sustracción, sustitución, pérdidas o averías de las mismas, sobre su valor CIF – Frontera. Los concesionarios no serán responsables por el contenido de los embalajes o contenedores admitidos en zona franca, mientras los mismos no sean abiertos como efecto de las operaciones autorizadas en el Artículo 43 de este Decreto Supremo.
Adoptar e instalar a su costo, el sistema informático de la Aduana Nacional de Bolivia para el registro y control de los regímenes, procedimientos y operaciones aduaneras, cumpliendo con las especificaciones establecidas por la Aduana Nacional de Bolivia. Cuando la Aduana Nacional de Bolivia, no cuente con el sistema informático oficial, podrá aprobar la utilización de otro presentado por el concesionario, que cumpla lo dispuesto en el inciso h) del presente Artículo. Asimismo, deberán remitir la información de acuerdo a lo establecido por la Aduana Nacional de Bolivia.
El sistema informático de zona franca deberá controlar lo siguiente:
i) Gestión de usuarios de zona franca;
ii) Gestión de usuarios del sistema informático;
iii) Control de ingreso y salida de mercancías y vehículos;
v) Gestión de inventario de mercancías, maquinarias y equipos, sobre la base de los registros declarados por los usuarios;
vi) Emisión de reportes;
vii) Gestión de operaciones internas declaradas por los usuarios.
Aplicar el Tarifario de Zona Franca aprobado por la máxima instancia ejecutiva de la empresa concesionaria y presentado ante el Viceministro de Industria Comercio y Exportaciones.
Llevar registros contables de sus operaciones, en cumplimiento de la normativa contable aplicable y lo establecido en el Artículo 18 de la Ley N° 1489 de 16 de abril de 1993 – Ley de Desarrollo y Tratamiento Impositivo de las Exportaciones.
Remitir anualmente a conocimiento del Ministerio de Desarrollo Económico y al Ministerio de Hacienda, sus estados financieros auditados, memorias e informes anuales. Así como, remitir a dichos Ministerios la información requerida y estandarizada para la evaluación del Régimen.
Presentar ante el Ministerio de Desarrollo Económico, el Ministerio de Hacienda, la Aduana Nacional y el Servicio de Impuestos Nacionales, la información adecuada, oportuna y suficiente exigida en el Código Tributario Boliviano, la Ley General de Aduanas y el presente Decreto Supremo.
Comunicar a la Administración de Aduana las diferencias entre la declaración de mercancías, el manifiesto de carga y las mercancías efectivamente recibidas, reexpedidas o destinadas a otro régimen aduanero.
Informar de manera inmediata a la Administración Aduanera sobre los faltantes y sobrantes de mercancías, que conociere como resultado de su participación en la realización de operaciones a que se refieren los Artículos 43, 44 y 45 del presente Decreto Supremo.
Asumir responsabilidad por los servicios profesionales, técnicos y administrativos prestados por su personal, de acuerdo con las disposiciones jurídicas aplicables.
Prestar servicios permanentes en horarios compatibles con los de la Administración de Aduana para el ingreso y salida de mercancías, así como en los horarios extraordinarios autorizados por dicha Administración a objeto de garantizar el normal desarrollo de las operaciones de los usuarios.
Facilitar a la Administración Tributaria el cumplimiento de sus funciones de control y fiscalización.
Implantar y mantener por períodos de cinco (5) años, un archivo histórico del sistema informático y la documentación de respaldo del ingreso, permanencia, traslado y salida de mercancías de la zona franca, dentro del marco de las normas del Código Tributario Boliviano.
Contar con conexión para el sistema informático, de acuerdo a estándares internacionales y las especificaciones establecidas por la Aduana Nacional de Bolivia, que cubra puntos de red del concesionario, la Administración de Aduana y usuarios de la zona franca.
Contar con comunicación a los servidores del sistema informático de la Aduana Nacional de Bolivia.
Dotar a la Administración de Aduana, sin costo alguno, oficinas adecuadas para la Administración Aduanera, las terminales de computación que sean necesarias para el efectivo ejercicio de sus funciones, así como los servicios de agua potable, y energía eléctrica.
Asumir junto con el usuario, la disposición final adecuada de los residuos sin valor comercial generados dentro de la zona franca, en cumplimiento de la Ley del Medio Ambiente y su respectiva reglamentación.
Aprobar el Reglamento Interno de Funcionamiento de la Zona Franca, dentro del marco de las normas aduaneras y tributarias aplicables al Régimen Especial de Zonas Francas, el mismo que deberá ser presentado a conocimiento del Viceministro de Industria Comercio y Exportaciones.
Facilitar, en coordinación con las Cámaras de Comercio, Industria y Exportaciones, el cumplimiento de lo establecido en el Artículo 261 de la Ley General de Aduanas.
ARTICULO 23. (DERECHOS DE LOS CONCESIONARIOS).- Los concesionarios, entre otros señalados en el presente Decreto Supremo, tendrán los siguientes derechos:
La habilitación de la Administración de Aduana respectiva, cumpliendo los requisitos y condiciones para su funcionamiento.
Percibir ingresos por los servicios prestados a usuarios y personas que prestan servicios conexos, así como por los servicios excepcionalmente requeridos por la autoridad aduanera u órgano jurisdiccional, de acuerdo al Tarifario debidamente presentado ante el Viceministerio de Industria Comercio y Exportaciones.
La instalación del sistema informático aduanero aprobado por la Aduana Nacional.
Habilitarse ante la Aduana Nacional para realizar transporte nacional de mercancías desde zonas francas nacionales a los aeropuertos internacionales y viceversa, previo cumplimiento de los requisitos establecidos por dicha institución.
Efectuar actos de remate de mercancías abandonadas.
Prestar a los usuarios, sin que implique exclusividad, los servicios logísticos necesarios para la realización de las operaciones descritas en los Artículos 43 y 44 del presente Decreto Supremo.
Internar maquinaria, equipo y demás bienes de capital a la zona franca para la prestación de los servicios propios de los concesionarios, siempre que no se produzcan en el país, dentro del marco de lo dispuesto en el inciso c) de la Disposición Final Primera de la Ley N° 2493 de 4 de agosto de 2004.
ARTICULO 24. (INVERSION).- Las inversiones necesarias para la construcción de las instalaciones de las zonas francas y el funcionamiento de las mismas, deben ser realizadas por el concesionario, salvo el caso en que el usuario asuma directamente las mismas conforme al contrato suscrito con el concesionario.
ARTICULO 25. (CONTRATOS ENTRE CONCESIONARIOS Y USUARIOS).- Los concesionarios podrán otorgar a los usuarios los terrenos e instalaciones de la zona franca, en venta, anticresis, usufructo oneroso por un período de tiempo, arrendamiento, arrendamiento con opción de compra, contrato de riesgo compartido (joint venture) o cualquier otra forma de disposición aplicable, conforme a las normas legales pertinentes. La suscripción de dichos contratos no libera al concesionario de ninguna de las obligaciones emergentes de la concesión.
ARTICULO 26. (PROHIBICION DE TRANSFERIR LA CONCESION).- El concesionario no podrá transferir bajo ningún título, total ni parcialmente, el objeto de la concesión, los derechos o las obligaciones emergentes de la misma, bajo nulidad de pleno derecho de dicha transferencia y revocatoria de la concesión.
ARTICULO 27. (PROHIBICION DE SER USUARIO).- El concesionario no podrá ser usuario de la zona franca cuya concesión está a su cargo, ni podrá realizar a nombre propio operaciones comerciales ni industriales, no pudiendo contar con mercancías propias, salvo el caso de transferencias resultantes de la aplicación de lo dispuesto en el inciso e) del Artículo 59 del presente Decreto Supremo o de pago en especie por parte de los usuarios.
ARTICULO 28. (RENUNCIA A LA CONCESION).-
I. Mediante solicitud escrita debidamente fundada y suscrita por su representante legal, la empresa concesionaria podrá renunciar a la concesión. A dicha solicitud deberá adjuntarse el inventario de mercancías registradas en el sistema informático.
II. Dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de presentación de la renuncia, el Ministro de Desarrollo Económico y el Ministro de Hacienda, mediante resolución biministerial, darán curso a la misma con base en el informe técnico favorable aprobado por el Viceministro de Industria, Comercio y Exportaciones y el Viceministro de Política Tributaria, de conformidad con la información emitida por la Aduana Nacional y el Servicio de Impuestos Nacionales sobre la situación tributaria y aduanera de la empresa. Esta revocatoria dará lugar a la extinción de la zona franca.
III. A efectos de no ocasionar perjuicios a los usuarios y operadores de servicios conexos, la revocatoria de la concesión y consiguiente cierre definitivo de la zona franca se hará efectiva ciento ochenta (180) días después de la fecha en que se hubiere notificado al concesionario con la resolución biministerial que disponga la revocatoria por renuncia a la concesión, no pudiendo a partir de esa fecha autorizarse nuevos usuarios y debiendo los ya autorizados efectuar acciones para el cierre de sus operaciones antes del cumplimiento del plazo antes mencionado.
IV. Los daños y perjuicios ocasionados a los usuarios u operadores que presten servicios conexos, serán asumidos por el concesionario, previa calificación de los mismos ante las instancias legalmente establecidas.
Sección cuarta
Supervisión, evaluación y seguimiento a las concesiones de zonas francas
ARTICULO 29. (COMPETENCIA).- El Ministerio de Desarrollo Económico en coordinación con el Ministerio de Hacienda, a través de los Viceministerios de Industria Comercio y Exportaciones y de Política Tributaria, respectivamente, deberán supervisar y evaluar el cumplimiento de los objetivos y funciones de las zonas francas, debiendo al efecto requerir a los concesionarios la información pertinente.
ARTICULO 30. (PROCEDIMIENTO Y SANCIONES).-
I. Los Viceministerios de Industria Comercio y Exportaciones y de Política Tributaria, a partir del trabajo de la Unidad Técnica de Zonas Francas – UTZ, emitirán un informe técnico sobre el estado de desarrollo y administración de cada una de las zonas francas, conforme a su correspondiente Proyecto de Desarrollo Industrial y/o Comercial de la Zona Franca y el respectivo Cronograma de Construcción e Implementación de la Zona Franca.
II. El informe técnico deberá establecer si el concesionario cumple o no los aspectos relativos al correspondiente CCIZOFRA y PDICZOFRA por el que se creo la zona franca y se otorgó en concesión. Cuando se establezcan incumplimientos, el informe técnico además deberá señalar las recomendaciones pertinentes para que el concesionario cumpla el CCIZOFRA y/o el PDICZOFRA, así como los plazos razonables al efecto, dentro del marco de las normas del presente Reglamento y otras disposiciones legales aplicables.
III. A base del informe técnico, el Viceministro de Industria Comercio y Exportaciones y el Viceministro de Política Tributaria, mediante nota oficial dirigida al concesionario, le harán conocer las recomendaciones de la UTZ y el plazo para la ejecución de las mismas con el objetivo de cumplir su CCIZOFRA y/o el PDICZOFRA.
IV. Dentro del término de veinte (20) días calendario, el concesionario podrá solicitar la revisión de las recomendaciones efectuadas, así como de los plazos señalados. Con o sin respuesta del concesionario, dentro de los siguientes veinte (20) días calendario, a base de la información y recomendaciones de los Viceministros de Industria Comercio y Exportaciones y de Política Tributaria, el Ministro de Desarrollo Económico y el Ministro de Hacienda, mediante resolución biministerial, establecerán las medidas que debe asumir el concesionario para el cumplimiento del correspondiente CCIZOFRA y/o del PDICZOFRA señalando los plazos razonables al efecto.
V. Vencidos los plazos fijados en la resolución biministerial a que se refiere el Parágrafo precedente sin que el concesionario hubiere cumplido las acciones exigidas en dicha resolución, a base de la información y recomendaciones de la UTZ y de los Viceministros de Industria Comercio y Exportaciones y de Política Tributaria, el Ministro de Desarrollo Económico y el Ministro de Hacienda, mediante resolución biministerial, establecerán una de las sanciones administrativas que a continuación se indican:
Suspensión de operaciones de la zona franca hasta por un plazo de seis (6) meses, la misma que se aplicará a partir de la fecha señalada en la indicada resolución biministerial, fecha que no podrá ser posterior a los dos (2) meses siguientes al día de emisión de la resolución.
Revocatoria de la concesión a partir de la fecha señalada en la indicada resolución biministerial, fecha que no podrá ser posterior a los seis (6) meses siguientes al día de emisión de la resolución.
VI. Los Viceministros de Industria Comercio y Exportaciones y de Política Tributaria, así como la Aduana Nacional de Bolivia, cuando corresponda, serán responsables de la ejecución y cumplimiento de las sanciones administrativas impuestas al concesionario.
ARTICULO 31. (RESPONSABILIDAD DEL CONCESIONARIO).- El concesionario que hubiere sido sancionado en la forma señalada en el Parágrafo V del Artículo precedente, será responsable por los daños y perjuicios ocasionados, como efecto de la aplicación y ejecución de dichas sanciones, a los usuarios comerciales o industriales u otras personas que realicen operaciones dentro de la zona franca.
CAPITULO IV
USUARIOS DE ZONAS FRANCAS
ARTICULO 32. (AUTORIZACION).-
I. Independientemente de la información y documentos exigidos por el concesionario, las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, para obtener la autorización formal de usuario de zona franca comercial o industrial, deben suscribir contratos con el concesionario presentando a éste los siguientes documentos:
Matrícula de Inscripción en el Registro de Comercio emitida por el Servicio Nacional de Registro de Comercio o la entidad legalmente autorizada, en el caso de personas jurídicas; Tarjeta Empresarial emitida por la entidad legalmente autorizada, o; Cédula de identidad para el caso de personas naturales.
Número de inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes.
Testimonio de poder del representante legal, cuando corresponda.
Detalle de las actividades a desarrollar en la zona franca.
Relación de maquinaria y equipo propio a ser utilizado dentro de la zona franca.
Declaración jurada que establezca:
i) Inversión total comprometida según Proyecto y Plan de Inversiones, señalando el monto de sus inversiones en infraestructura, equipo y capital de operaciones;
ii) Cronograma estimado de inversiones;
iii) Productos o servicios a ser producidos o prestados dentro de la zona franca;
iv) Número de fuentes de trabajo permanentes y/o eventuales a ser generados como resultado de la inversión;
v) Impacto ambiental (ficha de impacto ambiental). Esta declaración será exigible únicamente en el caso de usuarios industriales.
II. El concesionario deberá conservar en sus archivos las fotocopias legalizadas de la documentación señalada en los incisos a) y c) del Parágrafo precedente, así como los originales de la documentación señalada en los inciso d), e) y f) del indicado Parágrafo, la misma que podrá ser requerida por la Administración Tributaria, la Administración Aduanera, el Ministerio de Desarrollo Económico o el Ministro de Hacienda.
III. Suscrito el contrato entre el concesionario y el usuario para que éste último inicie operaciones dentro de la zona franca, el concesionario deberá comunicar a la Aduana Nacional la información necesaria para identificar al usuario, conforme a los requisitos establecidos en el Parágrafo I del presente Artículo.
IV. Con base en la comunicación emitida por el concesionario de la zona franca, y de acuerdo al procedimiento a que se refiere el Parágrafo precedente, la Aduana Nacional habilitará automáticamente al usuario comercial o industrial informando de esta habilitación al concesionario. A partir de la habilitación los usuarios podrán efectuar sus correspondientes operaciones.
ARTICULO 33. (OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS).- Los usuarios de zonas francas tendrán las obligaciones que a continuación se indican:
Desarrollar las actividades comerciales o industriales establecidas en el presente Reglamento, dentro del marco de las normas jurídicas generales, reglamentarias y operativas que regulan el Régimen Especial de Zonas Francas y el comercio internacional, así como el Reglamento Interno de Funcionamiento de la Zona Franca.
Responsabilizarse por la adecuada ejecución del proyecto industrial que ampara su calidad de usuario industrial.
Asumir la responsabilidad por la custodia y conservación de las mercancías que se encuentren en sus almacenes y/o establecimientos industriales, debiendo mantener un seguro contra todo riesgo para sus mercancías y las instalaciones que ocupan al interior de la zona franca.
Adoptar e instalar a su costo, el sistema de la Aduana Nacional de Bolivia para el registro y control de los regímenes, procedimientos y operaciones aduaneras. Cuando la Aduana Nacional de Bolivia, no cuente con el sistema informático oficial, podrá aprobar la utilización de otro presentado por el usuario, cumpliendo con las especificaciones establecidas.
Mantener actualizado el sistema informático autorizado y aprobado por la Aduana Nacional de Bolivia para el registro del movimiento de inventarios de mercancías a disposición de la Aduana Nacional de Bolivia.
Presentar anualmente información estadística ante la Administración Aduanera, el Viceministerio de Industria Comercio y Exportaciones y el concesionario sobre las operaciones realizadas dentro de la zona franca industrial, en la forma que defina cada entidad con carácter general en forma estandarizada y a objeto de evaluar el Régimen de Zonas Francas.
Cumplir el horario de funcionamiento de la zona franca para el ingreso y salida de mercancía establecido por la Administración de Aduana, así como los horarios extraordinarios autorizados por la misma Administración para el normal desarrollo de las operaciones de los usuarios.
Cumplir las disposiciones sobre el transporte de mercancías, tránsito de vehículos y de personas al interior de la zona franca, conforme establezca el Reglamento Interno de la Zona Franca.
Llevar registros contables de sus operaciones, en cumplimiento de la normativa contable aplicable y lo establecido en el Artículo 18 de la Ley N° 1489 de 16 de abril de 1993 – Ley de Desarrollo y Tratamiento Impositivo de las Exportaciones.
Facilitar las funciones de control y fiscalización de la Administración Tributaria, dentro del marco de las normas de la Ley General de Aduanas y del Código Tributario Boliviano.
Asumir la responsabilidad por el contenido de los embalajes o contenedores de las mercancías admitidas en los almacenes sujetos a su administración.
Presentar ante la Administración de Aduana y el concesionario, en forma mensual, el Informe de Utilización de Insumos, en el caso de usuarios industriales.
Facilitar las operaciones de control ejercidos por el concesionario.
ARTICULO 34. (DERECHOS DE LOS USUARIOS).- Además de otros, establecidos en el presente Decreto Supremo, los usuarios de zonas francas tendrán los derechos que a continuación se indican:
Ser habilitado por la Administración Aduanera, previo cumplimiento de lo establecido en el Artículo 31 del presente Decreto Supremo.
Definir en coordinación con el concesionario, los horarios para el desarrollo de sus operaciones al interior de la zona franca, en función de los requerimientos de su actividad comercial o industrial, según corresponda.
Contratar empresas proveedoras o del concesionario, a su elección, los servicios de energía eléctrica, agua potable, telefonía y otros servicios necesarios para el desarrollo de sus operaciones.
Solicitar su baja como usuario, mediante comunicación escrita y suscrita por su representante legal, visada por el concesionario, dirigida a la Administración Aduanera, sin perjuicio de las obligaciones existentes con el concesionario como resultado de su relación contractual.
Prestar a los usuarios, sin que implique exclusividad, los servicios necesarios para la realización de las operaciones descritas en los Artículos 43 y 44 del presente Decreto Supremo.
CAPITULO V
EMPRESAS DE SERVICIOS CONEXOS
ARTICULO 35. (AUTORIZACION).-
I. Las personas naturales o jurídicas que presten servicios conexos deben ser autorizadas por el concesionario de la zona franca, de acuerdo al Reglamento Interno de Funcionamiento de la Zona Franca. La autorización de personas naturales o jurídicas que prestarán servicios conexos deberá comunicarse ante el Viceministerio de Industria Comercio y Exportaciones, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la correspondiente autorización.
II. Terminada la relación contractual entre el concesionario y las personas que prestan servicios conexos, el concesionario deberá informar al respecto ante el Viceministerio de Industria Comercio y Exportaciones, dentro de las siguientes cuarenta y ocho (48) horas.
ARTICULO 36. (OBLIGACIONES).- Las personas naturales o jurídicas que prestan servicios conexos deberán cumplir las normas administrativas, tributarias, aduaneras y demás disposiciones legales aplicables a sus operaciones, así como lo establecido en el Reglamento Interno de Funcionamiento de las Zonas Francas.
CAPITULO VI
REGIMEN TRIBUTARIO DE LAS ZONAS FRANCAS
ARTICULO 37. (REGIMEN ESPECIAL Y EXENCION DE TRIBUTOS).-
I. De conformidad al inciso a) de la Disposición Adicional Primera de la Ley N° 2493 de 04 de agosto de 2003, la internación a zonas francas nacionales de mercancías provenientes de territorio aduanero extranjero, consignadas a usuarios de las mismas, se encuentra bajo régimen especial no sujeta al pago del Gravamen Arancelario, del Impuesto al Valor Agregado, del Impuesto a los Consumos Específicos ni del Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados.
II. Conforme a lo dispuesto en el inciso b) de la Disposición Adicional Primera de la Ley N° 2493 de 04 de agosto de 2003, las operaciones desarrolladas por los usuarios al interior de una zona franca, incluida la cesión, transferencia y reexpedición de mercancías, están exentas del pago del Impuesto al Valor Agregado, del Impuesto a las Transacciones, del Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados, del Impuesto a los Consumos Específicos y del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, excepto la retención por concepto de renta de fuente boliviana remesada a beneficiarios del exterior. Estas exenciones no requieren formalización previa ante la Administración Tributaria, estando vigentes desde el 04 de agosto de 2003.
III. En aplicación de lo dispuesto en los incisos a) y c) de la Disposición Adicional Primera de la Ley N° 2493 de 04 de agosto de 2003, la internación a zonas francas nacionales de maquinaria, equipo y demás bienes de capital, realizada por empresas usuarias o concesionarias de las mismas, con destino a la prestación de servicios y desarrollo de las operaciones propias de zonas francas establecidas en el presente Decreto Supremo, se encuentra bajo régimen especial no sujeta al pago del Gravamen Arancelario, del Impuesto al Valor Agregado, del Impuesto a los Consumos Específicos ni del Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados.
IV. De acuerdo a lo establecido en el inciso c) de la Disposición Adicional Primera de la Ley N° 2493 de 04 de agosto de 2003, los concesionarios de zonas francas, por sus operaciones en cuanto tales, están alcanzados sólo por el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas.
V. La permanencia, utilización y consumo de mercancías internadas en una zona Franca, así como de las producidas en la misma o en otra zona franca nacional, no son objeto de tributo alguno. Esta disposición incluye a las ventas de mercancías o servicios que realicen los usuarios dentro de la zona franca al concesionario de la misma o a otros usuarios de la misma o de otra zona franca nacional.
VI. Los comprobantes y/o facturas que los concesionarios y los usuarios de zonas francas deben emitir por concepto de alquiler, ventas o servicios realizados dentro de la zona franca no incluirán crédito fiscal para el Impuesto al Valor Agregado.
ARTICULO 38. (DEVOLUCION IMPOSITIVA).-
I. A los fines de devolución impositiva, se consideran exportación los siguientes casos:
Las mercancías de producción nacional que ingresen a una zona franca nacional desde el resto del territorio nacional, conforme a lo dispuesto por el Artículo 5 de la Ley N° 1489 de 16 de abril de 1993.
Los materiales de construcción, maquinaria, equipos y otros bienes de producción nacional, internados a las zonas francas desde el resto del territorio nacional, necesarios para su instalación, desarrollo, implementación y puesta en funcionamiento a partir de la fecha de inicio de operaciones, cuando estén afectados a la zona franca con carácter definitivo.
Los insumos y materias primas nacionales provenientes del resto del territorio nacional y los servicios generados en el país e instalados físicamente en la zona franca, que podrán ser contratados en bloque por los concesionarios de zonas francas o en forma directa por los usuarios, consistentes en energía eléctrica, agua potable y alcantarillado, telecomunicaciones, gas y carburantes, necesarios para su consumo en las operaciones comerciales o industriales dentro de la zona franca.
Estas exportaciones gozan del beneficio de devolución impositiva, conforme a las normas que con carácter general rigen dicha materia.
II. El beneficio de la devolución impositiva no alcanza a la maquinaria, equipo y otros bienes y materiales necesarios para el mantenimiento y reparación de la infraestructura y para el mantenimiento y reparación de los equipos y maquinaria de la zona franca, ni a los alimentos, material de escritorio, papelería y bienes de aseo para su normal funcionamiento; para su internación a las zonas francas por los concesionarios o usuarios sólo se requerirá de un formulario de introducción, el cual debe llevar el visto bueno de la Administración de Aduana.
La exportación definitiva de mercancías o servicios no producidos en el país no es objeto de devolución de impuestos.
III. La devolución impositiva correspondiente a las inversiones realizadas por los concesionarios de nuevas zonas francas desde el inicio de las construcciones se efectivizará de acuerdo a Reglamento de la Administración Tributaria a partir de la autorización de inicio de operaciones.
ARTICULO 39. (TRIBUTOS APLICABLES).-
I. A partir del tributo correspondiente a la Gestión 2004, los concesionarios de zonas francas están alcanzados por el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, manteniendo su exención de los demás tributos por las operaciones que realicen dentro de su respectiva zona franca, incluida la cesión y transferencia de mercancías y bienes y el suministro o prestación de servicios a sus usuarios.
El Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas será liquidado conforme a las normas legales y reglamentarias que rigen dicho impuesto. Para su liquidación, los concesionarios podrán acreditar contra la utilidad neta gravada el valor actualizado de las inversiones totales realizadas desde el inicio de sus operaciones hasta la Gestión 2003 inclusive, incluido el IVA pagado en el precio del bien. A partir de la Gestión 2004, las inversiones realizadas en la Gestión objeto de pago se acreditarán contra la utilidad neta gravada, excepto el IVA pagado en el precio del bien cuando el concesionario haya obtenido la devolución impositiva del crédito fiscal de ese impuesto.
Si luego de la acreditación indicada quedase un saldo del valor de las inversiones, el mismo podrá acumularse para ser acreditado contra la utilidad neta gravada de las siguientes gestiones, hasta su total agotamiento de acuerdo al párrafo anterior.
Los saldos del valor de las inversiones que, por cualquier causa no resultaren acreditados conforme a la regla aquí establecida, en ningún caso darán derecho a reintegro o devolución.
II. Las utilidades que obtengan los usuarios de zonas francas están alcanzadas por el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, en el porcentaje de las mercancías que, habiendo sido vendidas a terceros no concesionarios ni usuarios, hubieran sido internadas a territorio aduanero nacional por el comprador.
Las utilidades obtenidas por los usuarios por operaciones realizadas dentro de la zona franca no están alcanzadas por el indicado impuesto, en concordancia con el Parágrafo II del Art. 37 del presente Decreto Supremo.
Al cierre de la gestión fiscal, el usuario liquidará el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas asignando el carácter de gravables solamente a sus ingresos por la enajenación de las mercancías vendidas a terceros no concesionarios ni usuarios que las hubieran importado a territorio aduanero nacional y el carácter de exentos al resto de sus ingresos; asimismo, para la determinación de la utilidad neta solamente tomará un porcentaje de sus costos y de sus gastos igual al porcentaje que representen sus ingresos gravables respecto del total de sus ingresos de la gestión.
III. Los usuarios y concesionarios de zonas francas llevarán una contabilidad específica por sus operaciones en zona franca comercial o en zona franca industrial, diferentes de la que corresponda por otras actividades.
IV. Los usuarios y concesionarios de zonas francas están alcanzados por los tributos municipales, los cuales podrán ser objeto de una política de incentivos y promoción aplicable por un período de cinco (5) años de administración de cada Gobierno Municipal, pudiéndose otorgar un tratamiento excepcional mediante Ordenanza, la que entrará en vigencia con su aprobación por el H. Senado Nacional, mediante Resolución Camaral expresa, previo dictamen técnico de los Ministerios de Hacienda y de Desarrollo Económico.
Los concesionarios y usuarios legalmente autorizados hasta la fecha de promulgación de la Ley N° 2493 de 04 de agosto de 2003 mantienen, en tanto continúe su indicada calidad, la exención del impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles, hasta la gestión 2008 inclusive, en el marco de los Acuerdos de la Organización Mundial del Comercio – OMC.
V. Los empleados y trabajadores de las zonas francas están sujetos al Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado (RC-IVA); siendo aplicables también las aportaciones a los regímenes de seguridad social del personal boliviano y de las empresas que trabajan en las zonas francas, así como las obligaciones sociales establecidas por la Ley General del Trabajo y su Reglamento.
VI. La mercancía importada para el consumo a territorio aduanero nacional desde una zona franca está sujeta al pago de los tributos aduaneros de importación, salvo que, previo cumplimiento de las normas de origen, estén sujetas a desgravación arancelaria.
ARTICULO 40. (SERVICIOS CONEXOS).- Las personas naturales o jurídicas que presten servicios conexos dentro de las zonas francas comerciales e industriales, tales como bancos, empresas de seguros, agencias y despachantes de aduana, constructoras, restaurantes, y toda otra persona natural o jurídica que no sea usuaria ni concesionaria y preste cualquier otro servicio, estarán alcanzadas por los tributos establecidos por la Ley N° 843 (Texto Ordenado) y demás disposiciones legales complementarias.
CAPITULO VII
INGRESO DE MERCANCIAS A ZONAS FRANCAS
ARTICULO 41. (INGRESO DE MERCANCIAS).-
I. Las mercancías que ingresen a zonas francas, provenientes del extranjero o del resto del territorio nacional, deberán ser expresamente destinadas a una zona franca y consignadas a un usuario habilitado ante la Aduana Nacional de Bolivia.
II. El ingreso de mercancías a las zonas francas se efectuará con el cumplimiento de las formalidades aduaneras, conforme establecen las disposiciones legales contenidas en la Ley General de Aduanas, su Reglamento y los procedimientos aduaneros.
III. Las mercancías en libre circulación provenientes del resto del territorio nacional podrán ingresar a zonas francas, creadas dentro del marco de la Ley N° 1489 de 16 de abril de 1993, al amparo de la declaración respectiva y sin necesidad de la presentación del manifiesto internacional de carga.
IV. Se permitirá el transbordo de mercancías que arriban al país en modo de transporte aéreo para su traslado a otro medio de transporte con destino a zona franca.
ARTICULO 42. (PERMANENCIA Y TRANSBORDO).-
I. Las mercancías podrán permanecer sin límite de tiempo en las instalaciones de la zona franca, para ser sometidas a operaciones comerciales o industriales.
II. Podrá realizarse transbordo de mercancías en zonas francas, bajo las siguientes modalidades:
De camión a camión; o
De camión a ferrocarril o barcaza y viceversa.
III. Las mercancías que por su naturaleza impliquen algún peligro, las que puedan alterar el estado de otras podrán ingresar a las zonas francas siempre que éstas cuenten con instalaciones especiales, de acuerdo a regulaciones establecidas por la autoridad competente.
CAPITULO VIII
OPERACIONES COMERCIALES E INDUSTRIALES
DE ZONAS FRANCAS
ARTICULO 43. (OPERACIONES COMERCIALES).- En zonas francas comerciales, con relación a las mercancías, los usuarios podrán efectuar las siguientes operaciones, siempre que no modifiquen sus características esenciales y su naturaleza:
Almacenamiento y conservación en almacenes generales o particulares.
Toma de muestras.
Mejora de presentación y exhibición.
Acondicionamiento y reacondicionamiento.
Consolidación y desconsolidación.
Reenvasado, reembalaje y etiquetado.
Clasificación y combinación.
Comercialización y ventas al por menor.
Parcialización, fraccionamiento y agrupamiento de bultos.
Traslado.
Transferencias.
Manipuleo de mercancías.
Consolidación de partes de recepción.
ARTICULO 44. (OPERACIONES INDUSTRIALES).-
I. En zonas francas industriales, los usuarios podrán efectuar los siguientes procesos productivos (perfeccionamiento pasivo):
Operaciones totales o parciales con incorporación de bienes.
Ensamblaje, transformación, elaboración y confección de productos finales o bienes intermedios.
Actividades de reacondicionamiento, reparación o adecuación de vehículos nuevos o usados, maquinaria y equipos.
II. Asimismo, los usuarios de zonas francas industriales, podrán efectuar operaciones de:
Producción de servicios industriales y/o tecnológicos, en los que se agregue valor dentro de la zona franca industrial, destinados a empresas situadas en el resto del territorio nacional o en territorio aduanero extranjero.
Almacenamiento de mercancías destinadas a operaciones de perfeccionamiento pasivo u otras operaciones industriales.
III. Las mercancías producidas dentro de las zonas francas industriales, podrán salir de las mismas con destino a la importación a consumo, admisión temporal o reexpedición, sujetándose a la legislación aduanera aplicable.
IV. Los sobrantes deberán reexpedirse o importarse, en cumplimiento de la legislación aduanera aplicable. Tratándose de sobrantes de materias primas o bienes intermedios exportados temporalmente a las zonas francas, se permitirá su reimportación sin pago de tributos aduaneros.
V. Los desperdicios deberán reexpedirse, conforme a las normas aduaneras aplicables, o ser objeto de actos de disposición final adecuada. En este último caso, el concesionario o los usuarios podrán contar con instalaciones adecuadas, así como destinar las mercancías al resto del territorio nacional con el único objetivo de su disposición final, previa autorización expresa de la Administración de Aduana y en calidad de simple ingreso para disposición final adecuada, que deberá efectuarse bajo exclusiva responsabilidad del usuario y conocimiento del concesionario en cumplimiento de la legislación ambiental aplicable.
ARTICULO 45. (CESION O TRANSFERENCIA DE MERCANCIAS).-
I. Dentro de las zonas francas comerciales o industriales podrán efectuarse operaciones de cesión o transferencia de mercancías entre usuarios o de éstos a terceros para su importación a consumo, así como a concesionarios en caso de transferencias de maquinaria, equipo y demás bienes de capital.
II. La cesión o transferencia de mercancías estará acreditada mediante la factura comercial.
CAPITULO IX
REEXPEDICION DE MERCANCIAS DESDE ZONAS FRANCAS
ARTICULO 46. (FACULTAD Y PROHIBICION).-
I. Las mercancías que se encuentren en zonas francas nacionales pueden ser reexpedidas a territorio aduanero extranjero, a zona franca industrial ubicada en el resto del territorio nacional y a zona franca comercial sólo cuando se reexpida desde una zona franca industrial.
II. Se prohíbe la reexpedición de mercancías entre zonas francas comerciales, salvo el caso de las reexpediciones de zonas francas situadas en puertos nacionales ubicados en aguas internacionales cuando se trate de mercancías de origen extranjero.
ARTICULO 47. (AUTORIZACION Y CONDICIONES).-
I. Las reexpediciones serán autorizadas por la Administración de Aduana, previa presentación de la garantía correspondiente, conforme a las disposiciones operativas que dentro del marco de la Ley General de Aduanas y su Reglamento emita la Aduana Nacional.
II. Las mercancías producidas en zonas francas industriales que sean objeto de reexpedición no están sujetas a la presentación de garantías.
ARTICULO 48. (EXCLUSION).- No se considera reexpedición el traslado de mercancías entre zonas francas situadas dentro de un área de zona franca, ni el traslado de mercancías de zona franca industrial a zona franca comercial o viceversa que formen parte de una misma concesión.
ARTICULO 49. (REEXPEDICION DESDE ZONAS FRANCAS INDUSTRIALES).- A objeto de la calificación de origen, de conformidad a los acuerdos comerciales suscritos por el Estado boliviano; así como a efectos de la devolución del Impuesto al Valor Agregado, dentro del marco de la Ley N° 1489 de 16 de abril de 1993 – Ley de Desarrollo y Tratamiento Impositivo de las Exportaciones y sus modificaciones, que establece la devolución de dicho tributo a la actividad exportadora, y de acuerdo a lo dispuesto en párrafo I del Artículo 135 de la Ley General de Aduanas, las reexpediciones al extranjero de mercancías producidas dentro de las zonas francas industriales se consideran exportación definitiva, debiendo aplicarse la indicada devolución a los créditos fiscales efectivamente vinculados a dicha actividad y únicamente por los gastos y costos efectuados en forma posterior a la producción de la mercancía objeto de exportación.
CAPITULO X
IMPORTACION, VENTAS AL POR MENOR, INTRODUCCION
Y EXPORTACION DE MERCANCIAS
ARTICULO 50. (IMPORTACION).-
I. La importación de mercancías desde zonas francas, se sujetará a las normas y procedimientos de los regímenes aduaneros aplicables, conforme a la Ley General de Aduanas y a su Reglamento.
II. La salida de mercancías de zona franca, deberá estar respalda por un documento soporte emitido por el usuario y visado por el concesionario. Las extracciones de mercancías podrán ser totales, parciales o fraccionadas.
III. Las mercancías extranjeras originarias y procedentes de los países con los cuales Bolivia ha suscrito acuerdos o tratados de integración económica relativos a programas de liberación, que ingresen a zonas francas comerciales ubicadas en territorio nacional, se sujetarán a la reglamentación establecida por dichos acuerdos de integración económica, manteniendo el origen de dichas mercancías cuando corresponda, previo cumplimiento de los requisitos contemplados en las normas de origen de las mercancías, para la aplicación de las correspondientes preferencias arancelarias.
IV. Para el caso de las mercancías ingresadas a zonas francas industriales, se podrá aplicar alguna de las siguientes preferencias arancelarias:
Los bienes producidos, elaborados o transformados en zonas francas industriales podrán ingresar al resto del territorio nacional con el pago de los tributos aduaneros sobre el componente extranjero incorporado en el producto final.
Cuando el agregado externo sea de origen y procedencia subregional o así lo establezcan los acuerdos comerciales aplicables, se considerará local para efectos aduaneros y se despachará para su consumo libre de Gravamen Arancelario, pero los demás tributos aduaneros serán aplicados.
V. El Sistema de Ventanilla Unica de Exportación certificará el origen de las mercancías, conforme a las reglas establecidas en el Parágrafo precedente
VI. Unicamente miembros del cuerpo diplomático y consular, y organizaciones internacionales acreditadas en el país, con tratamiento de exención tributaria al amparo de convenios internacionales, podrán efectuar importaciones a consumo desde zonas francas comerciales, bajo la modalidad de despacho inmediato.
ARTICULO 51. (VENTAS AL POR MENOR).-
I. Unicamente podrán realizarse ventas al por menor en zonas francas comerciales, cuya importación a consumo está sujeta al pago de tributos aduaneros de importación.
II. La importación de mercancías objeto de ventas al por menor en zonas francas comerciales no fronterizas están sujetas al pago del Impuesto al Valor Agregado, del Impuesto a los Consumos Específicos, del Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados y del Gravamen Arancelario, según corresponda, mediante declaración de importación.
III. En zonas francas comerciales de frontera podrán efectuarse ventas al por menor de bienes de consumo final tanto a ciudadanos extranjeros o nacionales residentes en el extranjero bajo la modalidad de reexpedición o a residentes nacionales para importación a consumo con el pago de tributos aduaneros.
IV. El valor de venta máximo sujeto a ventas al por menor dentro de la zona franca comercial será establecido por la Aduana Nacional de Bolivia, mediante resolución de Directorio.
ARTICULO 52. (ADMISION TEMPORAL).-
I. La admisión temporal de mercancías desde zonas francas, se sujetará a la reglamentación del Régimen de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo – RITEX y del Régimen de Admisión Temporal para Reexportación en el Mismo Estado, según corresponda.
II. En zonas francas industriales podrán desarrollarse procesos productivos con materias primas y/o bienes intermedios exportados definitiva o temporalmente a la zona franca, sujetos a procedimientos especiales simplificados a ser aprobados por la Aduana Nacional de Bolivia.
ARTICULO 53. (INTRODUCCION DE MERCANCIAS DESDE EL RESTO DEL TERRITORIO NACIONAL).-
I. Podrán introducirse a zonas francas comerciales o a zonas francas industriales desde el resto del territorio nacional, mercancías en libre circulación con destino a su uso o consumo dentro de las mismas, independientemente de su origen o procedencia, los bienes y servicios que a continuación se indican:
Maquinaria, equipo y otros bienes y materiales necesarios para el mantenimiento y funcionamiento de la zona franca.
Productos comestibles y preparaciones alimenticias diversas, así como material de escritorio, papelería y bienes de aseo para el normal funcionamiento de las zonas francas.
II. La introducción de las mercancías señaladas en el Parágrafo precedente no se considera exportación por lo que no está sujeta a la devolución de impuestos ni a ningún tipo de incentivo tributario y no pueden ser objeto de reexpedición. La introducción de dichas mercancías se efectuará mediante formulario específico aprobado por la Aduana Nacional de Bolivia.
ARTICULO 54.- (EXPORTACION DEFINITIVA).-
I. Podrán exportarse definitivamente desde el resto del territorio nacional a zonas francas, mercancías o servicios producidos en dicho territorio, destinados a operaciones comerciales o industriales.
II. La exportación de mercancías o servicios se perfecciona con el ingreso de los mismos a las zonas francas.
III. La exportación definitiva de mercancías o servicios nacionalizados no será objeto de devolución de impuestos.
IV. La exportación definitiva de mercancías o servicios de producción nacional a zonas francas nacionales desde el resto del territorio nacional es objeto de devolución de impuestos conforme al Artículo 38 de este Decreto Supremo. El reingreso al resto del territorio nacional, de mercancías exportadas definitivamente a zonas francas, estará sujeto al pago de tributos aduaneros de importación sobre el valor exportado, salvo los casos previstos en el Artículo 101 de la Ley N° 1990 de 28 de julio de 1999 – Ley General de Aduanas.
ARTICULO 55. (EXPORTACION TEMPORAL).-
I. La exportación temporal de mercancías a zonas francas, se sujetará a la reglamentación del Régimen de Exportación Temporal y de Reimportación en el Mismo Estado, Régimen de Exportación Temporal para Perfeccionamiento Pasivo, así como a las normas del Capítulo VI del presente Decreto Supremo.
CAPITULO XI
ABANDONO Y REMATE DE MERCANCIAS
ARTICULO 56. (ABANDONO DE MERCANCIAS).-
I. El Abandono de mercancías en zonas francas, implica la pérdida del derecho propietario sobre dichas mercancías, por parte del usuario.
II. En zonas francas, las mercancías serán declaradas en abandono, cuando:
El usuario adeudare al concesionario, por más de tres (3) meses continuos los pagos por concepto de almacenaje o demás servicios prestados sobre las mercancías en los almacenes generales o almacenes particulares, salvo acuerdo entre partes que amplíe dicho plazo.
Se hubiere vencido el plazo, notificado por escrito, otorgado por el concesionario al usuario para el retiro de mercancías fungibles o perecederas, que corran el riesgo de dañarse o que puedan causar daños o deterioro a otras mercancías. En este caso, el concesionario deberá prever el tiempo de vida útil de las mercancías a efectos de viabilizar su posterior comercialización en condiciones que no dañen la salud ni el medio ambiente, establecidas por autoridad competente.
Mediante informe del concesionario se establezca que existen mercancías que se encuentren en estado de deterioro, descomposición, daño total o sean nocivas a la salud o al medio ambiente por la autoridad competente, de acuerdo con la norma jurídica aplicable.
Así lo hubiere declarado el usuario, en forma expresa y por escrito, ante el concesionario
ARTICULO 57. (DECLARACION Y LEVANTAMIENTO DE ABANDONO).-
I. El abandono de las mercancías, por cualesquiera de las causas señaladas en el Artículo precedente, será declarado con la autorización de remate efectuada por la Administración Aduanera, mediante resolución administrativa, en base al informe fundado y documentado del concesionario, al que adjuntará la factura comercial de origen de dicha mercancía. La resolución administrativa que declare el abandono será emitida dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la fecha de presentación de la solicitud e informe por parte del concesionario, la cual deberá determinar el valor base de remate. Vencido el indicado término sin que se pronuncie la Administración de Aduana, se entenderá que se ha declarado el abandono, autorizado el remate y el valor base de remate será el que resulte de aplicar los descuentos a que se refiere el Artículo 58 del presente Decreto Supremo sobre el valor consignado en la factura comercial presentada.
II. La resolución administrativa que autorice el remate de mercancías, será remitida al concesionario dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a su emisión.
III. El concesionario deberá notificar con la declaración de abandono a la Administración Aduanera y a los usuarios consignatarios o consignantes de las mismas, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a su recepción, en forma personal o a través de una (1) publicación en un órgano de prensa matutino y escrito de circulación nacional.
IV. El usuario podrá levantar el abandono, en cualesquier momento hasta antes de la realización del acto de remate de las mercancías, retiro o de destrucción de las mercancías, según corresponda, previo pago total de las obligaciones pendientes con el concesionario y de los gastos efectuados para el acto de remate. La presente disposición no será aplicable en caso de abandono voluntario de las mercancías.
V. El levantamiento de abandono se dispondrá mediante declaración a la Administración de Aduana, en base a los documentos originales que acrediten el cumplimiento de las condiciones señaladas en el Parágrafo precedente.
ARTICULO 58 (BASE DE REMATE).- El valor base de remate de las mercancías será determinado por la Administración de Aduana, considerando el setenta por ciento (70%) del valor en aduana para artículos alimenticios y en el sesenta por ciento (60%) del valor en aduana para las demás mercancías, de acuerdo a lo establecido por el Artículo 143 de la Ley N° 1990 de 28 de julio de julio de 1999 – Ley General de Aduanas. Para este efecto, el valor en aduana se determinará considerando la base de precios referenciales de la Aduana Nacional.
ARTICULO 59. (REMATE).- Las mercancías que hubieren sido declaradas en abandono, por las causales señaladas en los incisos a), b) y d) del Parágrafo II del Artículo 56 del presente Decreto Supremo y cuyo abandono no hubiere sido levantado conforme a lo dispuesto en el Artículo 57 del presente Reglamento, serán rematadas de acuerdo con las reglas que a continuación se indican:
El concesionario será responsable de la ejecución del acto de remate.
Al acto de remate deberá asistir necesariamente un representante de la entidad concesionaria, un representante de la Administración de Aduana, un Notario de Fe Pública y el Martillero.
El Martillero será una persona jurídica o natural legalmente habilitada al efecto, contratada por el concesionario. La función de Martillero podrá ser ejercida por un Notario de Fe Pública.
El valor base de remate se sujetará a lo dispuesto en el Artículo precedente.
En caso de declararse desierto el remate, el valor base de las mercancías en los remates siguientes se fijará con una rebaja del quince por ciento (15%) respecto de la última base. Si se declarase desierto el remate por una tercera vez, el concesionario se adjudicará dichas mercancías sobre el valor del ochenta por ciento (80%) de la última base de remate, pudiendo disponer de las mismas dentro de las zonas francas en todas las formas legalmente previstas a objeto de resarcirse los servicios prestados, así como los gastos por la realización del acto de abandono y remate.
Publicación de dos (2) avisos con intervalo de al menos cinco (5) días hábiles, en un órgano de prensa de circulación nacional y en la página web de la Aduana Nacional en forma permanente, con una anticipación no menor a diez (10) días a la fecha del acto de remate. En caso de ser necesario el señalamiento de un nuevo acto de remate, la publicación se efectuará por una sola vez con la anticipación antes indicada y en la forma antes señalada.
El aviso de remate obligatoriamente deberá indicar: i) el nombre o razón social del usuario; ii) la especificación correcta de las mercancías objeto de remate; iii) el precio base del remate; iv) lugar y fecha de remate.
Para participar en el acto de remate los interesados deberán depositar el 10% de la base de remate, monto que será devuelto de inmediato a los participantes que no hubieran logrado la correspondiente adjudicación.
El adjudicatario de las mercancías objeto del remate deberá depositar el veinticinco por ciento (25%) del valor total de las mercancías adjudicadas inmediatamente después de finalizado el acto de remate, el monto restante deberá depositarlo dentro de las siguientes cuarenta y ocho (48) horas. Estos depósitos se efectuarán en una cuenta de caja de ahorro específica habilitada en cualesquier Banco a nombre de la empresa concesionaria, debiendo informase por su administración a la Administración de Aduana.
Cuando el adjudicatario no cancelare el precio total de las mercancías, se declarará nula la adjudicación y el adjudicatario perderá los depósitos parciales que hubiere realizado. Este monto de dinero deberá utilizarse en el resarcimiento de gastos de remate y el remanente será transferido en forma inmediata a una cuenta administrada por el concesionario hasta que finalice la efectiva adjudicación de las mercancías abandonadas. Asimismo, el concesionario procederá a organizar nuevos actos de remate conforme a lo dispuesto en el inciso e) de este Artículo.
El concesionario y los servidores públicos intervinientes en el acto de remate, no tendrán derecho a percibir remuneración alguna por las funciones que cumplan.
El concesionario, el martillero y los servidores públicos que intervengan en el acto de remate están prohibidos de participar en calidad de postores directa o indirectamente.
Darán lugar a la nulidad del acto de remate el incumplimiento de cualesquiera de las reglas señaladas en el presente Artículo.
La adjudicación de mercancías deberá estar respaldada mediante el Acta de Remate y Adjudicación suscrita por el concesionario, el representante de la Administración de Aduana y el Notario de Fe Pública. Posteriormente, el adjudicatario podrá destinar sus mercancías a cualesquier régimen aduanero cumpliendo las normas jurídicas aplicables. Las mercancías adjudicadas destinadas a la importación a consumo estarán sujetas al pago de tributos aduaneros de importación sobre el valor de adjudicación.
ARTICULO 60. (DESTINO DE LOS RECURSOS OBTENIDOS).- Los recursos obtenidos por concepto de remate, serán distribuidos en la forma que a continuación se indica:
Resarcimiento de los gastos de remate efectuados por el concesionario de la zona franca, así como el pago por servicios prestados por éste sobre las mercancías objeto de remate.
El saldo existente, será depositado, dentro de las siguientes setenta y dos (72) horas, en la cuenta fiscal habilitada por el Tesoro General de la Nación.
Los depósitos a que se refiere el inciso j) del Artículo 59 del presente Decreto Supremo serán utilizados en la forma que señala en el inciso a) del presente Artículo, si resultare un saldo será transferido por el concesionario a la cuenta fiscal habilitada por el Tesoro General de la Nación.
ARTICULO 61. (DISPOSICION FINAL DE LAS MERCANCIAS).- Las mercancías que hubieren sido declaradas en abandono, por la causal señalada en el inciso c) del Parágrafo II del Artículo 56 del presente Decreto Supremo, en cumplimiento de la legislación ambiental aplicable serán objeto de actos de disposición final adecuada bajo responsabilidad y costo del usuario y en ausencia de éste del concesionario sin perjuicio de sus derechos emergentes de la subrogación respecto del primero, conforme a las siguientes reglas:
Las mercancías que no pudieran ser objeto de actos de disposición final adecuada dentro de la zona franca, únicamente a este objeto podrán reexpedirse a territorio aduanero extranjero o internarse al resto del territorio nacional sin el pago de tributos de importación siempre que existan las condiciones técnicas para la realización de dichos actos.
Si, excepcionalmente dichas mercancías pudieran ser objeto de algún proceso productivo posterior, las mismas serán transferidas mediante venta directa dentro de la zona franca, para su posterior reexpedición o importación a consumo, conforme al valor que al efecto establezca la Aduana Nacional y cumpliendo las normas ambientales aplicables.
CAPITULO XII
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS, FISCALIZACION
Y CONTROL DE LAS ZONAS FRANCAS
ARTICULO 62. (CONSEJO INTERINSTITUCIONAL DE ZONAS FRANCAS).
I. El Consejo Interinstitucional de Zonas Francas - Consejo, estará conformado por el:
Ministro de Desarrollo Económico, que será el Presidente del Consejo.
Ministro de Hacienda.
Viceministro de Industria, Comercio y Exportaciones.
Viceministro de Política Tributaria del Ministerio de Hacienda.
Presidente Ejecutivo de la Aduana Nacional.
Presidente de la Asociación Nacional de Concesionarios de Zonas Francas.
Presidente de la Cámara Nacional de Exportadores.
Presidente de la Cámara Nacional de Comercio.
Presidente de la Cámara Nacional de Industrias.
II. El Director General de Comercio y Exportaciones, será el Secretario General del Consejo.
III. El Consejo tendrá la atribución de evaluar el Régimen Especial de Zonas Francas Comerciales e Industriales, así como sugerir la implementación de políticas, normas y procedimientos para el desarrollo de las zonas francas. Asimismo, el Consejo será el escenario en que se identifiquen las soluciones ante los problemas operativos que se presenten en el funcionamiento de las zonas francas para ponerlas a consideración de las autoridades públicas correspondientes.
IV. Las funciones de los miembros del Consejo no podrán ser delegadas y no serán remuneradas bajo ningún título.
V. El Consejo elaborará su Reglamento Interno, que será aprobado mediante resolución biministerial emitida por los Ministros de Desarrollo Económico y de Hacienda.
ARTICULO 63. (MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO).- El Ministerio de Desarrollo Económico será responsable de la dirección, administración, evaluación y regulación del Régimen Especial de Zonas Francas, así como de la coordinación de los aspectos inherentes a dichas responsabilidades con el Ministerio de Hacienda y otras entidades públicas y privadas cuya competencia tiene relación con la implementación y funcionamiento del Régimen.
ARTICULO 64. (VICEMINISTERIO DE INDUSTRIA COMERCIO Y EXPORTACIONES).- El Viceministerio de Industria Comercio y Exportaciones del Ministerio de Desarrollo Económico, además de otras establecidas en el contenido del presente Decreto Supremo, tendrá las funciones que a continuación se indican:
Resolver, con base a informes técnicos emitidos por las Direcciones Generales del Viceministerio, las consultas planteadas por los concesionarios y usuarios de zonas francas.
Conocer, evaluar y generar información y estadísticas relativas al movimiento económico y comercial de las zonas francas, así como a los Informes sobre Utilización de Insumos.
Remitir la información relativa al Régimen Especial de Zonas Francas, requerida por las entidades públicas o privadas que forman parte del Consejo y cualesquier autoridad pública nacional.
Evaluar las solicitudes de creación y concesión de la administración de zonas francas, ampliación, reducción de área y traslado de las instalaciones de zonas francas, cancelación o revocación de la concesión de zonas francas y ampliación de plazo para conclusión de obras, y aprobar los informes técnicos emitidos al respecto.
Otras que establezca el Ministerio de Desarrollo Económico, mediante resolución ministerial.
ARTICULO 65. (UNIDAD TECNICA DE ZONAS FRANCAS).-
I. La Unidad Técnica de Zonas Francas – UTZ, estará conformada en la forma que a continuación se indica:
El Director General de Comercio y Exportaciones del Viceministerio de Industria Comercio y Exportaciones, en calidad de responsable de la Unidad.
Un representante del Viceministerio de Industria Comercio y Exportaciones.
Un representante del Viceministerio de Política Tributaria del Ministerio de Hacienda.
Un representante de la Aduana Nacional de Bolivia.
Un representante del Servicio de Impuestos Nacionales.
Un representante técnico, funcionario acreditado, de cada una de las siguientes Cámaras: Cámara Nacional de Industrias, Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia y Cámara Nacional de Comercio.
II. La UTZ, entre otras citadas en el presente Decreto Supremo tendrá las siguientes funciones:
Evaluar y emitir informes sobre las solicitudes de creación, concesión, renuncia o revocatoria de zonas francas.
Analizar los Informes sobre Utilización de Insumos presentados por los usuarios industriales y emitir informes con el resultado de dicho análisis.
Efectuar el seguimiento y evaluación técnicos del desarrollo de cada una de las zonas francas.
Elaborar informes de evaluación del Régimen Especial de Zonas Francas Comerciales e Industriales.
Emitir criterios técnicos sobre consultas presentadas por usuarios, concesionarios u otras entidades que tengan interés en materia de zonas francas.
Otras que establezca el Ministerio de Desarrollo Económico, mediante resolución ministerial.
III. El Viceministro de Industria Comercio y Exportaciones, mediante resolución administrativa, aprobará el Reglamento Interno de la UTZ.
ARTICULO 66. (POTESTAD ADUANERA).-
I. La Aduana Nacional, ejercerá su potestad, conforme a lo establecido en la Ley General de Aduanas, el Código Tributario Boliviano, sus reglamentos y disposiciones complementarias.
II. La Administración de Aduana habilitará horarios extraordinarios a objeto del normal desarrollo de las operaciones de los usuarios y concesionarios.
ARTICULO 67. (POTESTAD TRIBUTARIA).- El Servicio de Impuestos Nacionales, en cumplimiento del Código Tributario, de la Ley Nº 843 Texto Ordenado y sus disposiciones complementarias, ejercerá su potestad reglamentaria, de control y fiscalización sobre los tributos aplicables en zonas francas, así como el control de mercancías en libre circulación registradas en sus estados financieros e ingresadas a zonas francas de acuerdo a normas y procedimientos del Servicio de Impuestos Nacionales.
CAPITULO XIII
NORMAS APLICABLES ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE NORMAS TRIBUTARIAS, ADUANERAS Y ADMINISTRATIVAS
ARTICULO 68. (DELITOS ADUANEROS Y TRIBUTARIOS).- El incumplimiento de normas, que implique la comisión de delitos aduaneros o tributarios por parte de los concesionarios, usuarios y personas naturales o jurídicas que prestan servicios conexos, será procesado y sancionado conforme a lo dispuesto por el Código Tributario Boliviano y de la Ley General de Aduanas.
ARTICULO 69. (CONTRAVENCIONES).- El incumplimiento de las normas del presente Decreto Supremo y de otras disposiciones administrativas, operativas o procedimentales, que implique la comisión de contravenciones, se sujetará a los procedimientos y sanciones administrativas establecidos por la Ley General de Aduanas, el Código Tributario Boliviano y sus disposiciones jurídicas complementarias.
ARTICULO 70. (REVOCATORIA DE LA CONCESION).-
I. El Ministerio de Desarrollo Económico y el Ministerio de Hacienda, mediante resolución biministerial, revocará la concesión de la administración de las zonas francas cuando:
Exista resolución judicial ejecutoriada o resolución administrativa que cause estado, que establezca la responsabilidad del concesionario en la comisión de uno o más delitos tributarios o aduaneros.
Exista resolución judicial ejecutoriada que establezca que el concesionario es responsable de la comisión de cualesquier delito relacionado con los documentos presentados ante el Ministerio de Desarrollo Económico, el Ministerio de Hacienda o la Aduana Nacional.
El concesionario hubiere efectuado la cesión total o parcial de los derechos y obligaciones emergentes de la concesión o hubiere incurrido en una causal de incompatibilidad establecida por el presente Decreto Supremo, debidamente demostrada y declarada mediante resolución judicial ejecutoriada o administrativa que cause estado. Al efecto establecido en forma precedente, se entenderá por cesión, todo acto por el cual el concesionario transfiera a terceros la responsabilidad sobre las obligaciones o el ejercicio de derechos asignados como resultado de la concesión.
Se aplique lo dispuesto en el Parágrafo V del Artículo 30 del presente Reglamento.
La zona franca haya suspendido sus operaciones por más de ciento ochenta días calendario, hecho que será demostrado mediante informe técnico aprobado por el Presidente Ejecutivo de la Aduana Nacional.
II. La revocatoria de la concesión dará lugar a la extinción de la concesión y el cierre definitivo de la zona franca, el mismo que será aplicable a partir de la fecha que establezcan los Ministerios de Desarrollo Económico y de Hacienda, mediante resolución biministerial, fecha que no podrá ser posterior a los seis (6) meses siguientes al día de emisión de la resolución en caso de zonas francas comerciales y un (1) año en el caso de zonas francas industriales.
III. Los daños y perjuicios emergentes de la aplicación de sanciones administrativas, serán asumidos por el concesionario, el usuario o la empresa que preste servicios conexos, según corresponda, previa calificación de los mismos ante las instancias legalmente establecidas.
ARTICULO 71. (INHABILITACION DE USUARIOS).-
I. La Administración Aduanera, mediante resolución administrativa, inhabilitará definitivamente a los usuarios de zona franca, cuando:
Exista resolución judicial ejecutoriada o resolución administrativa que cause estado, que establezca la responsabilidad del usuario en la comisión de uno o más delitos tributarios o aduaneros.
Exista resolución judicial ejecutoriada que establezca que el usuario es responsable de la comisión de cualesquier delito relacionado con los documentos presentados ante el Ministerio de Desarrollo Económico, el Ministerio de Hacienda o la Aduana Nacional.
El usuario hubiere incurrido en una causal de incompatibilidad establecida por el presente Decreto Supremo, debidamente demostrada y declarada mediante resolución judicial ejecutoriada o administrativa que cause estado.
II. Esta sanción se aplicará a partir de la fecha de notificación de la correspondiente resolución emitida por los Ministros de Desarrollo Económico y de Hacienda, en la que se establecerá la sanción administrativa. Dicha notificación se efectuará en forma inmediata a su emisión.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS, VIGENCIA DE NORMAS,
FINALES Y ADICIONALES
Disposición Transitoria Primera. Las concesiones, concesionarios y usuarios existentes con anterioridad a la fecha de publicación del presente Decreto Supremo, dentro del plazo de ciento ochenta (180) días calendario siguientes a la fecha de dicha publicación, deberán adecuar sus actividades a lo establecido en las normas del presente Reglamento y demás disposiciones complementarias; en caso contrario se sujetarán a las sanciones previstas en el mismo.
Disposición Transitoria Segunda. Los concesionarios de zonas francas comerciales o zonas francas industriales existentes con anterioridad a la fecha de publicación del presente Decreto Supremo, dentro de los siguientes ciento ochenta días (180) siguientes a la fecha de publicación del presente Decreto Supremo deberán adecuar la constitución de su garantía a las disposiciones de este Reglamento.
Disposición Abrogatoria. Se abrogan las normas jurídicas que a continuación se indican:
Decreto Supremo Nº 22410 de 11 de enero de 1990.
Decreto Supremo N° 22526 de 13 de junio de 1990.
Decreto Supremo N° 23333 de 24 de noviembre de 1992.
Decreto Supremo N° 23565 de 22 de julio de 1993.
Disposición Derogatoria. Se derogan los Artículos 237, 244 y 268 del Decreto Supremo Nº 25870 de 11 de agosto de 2000 – Reglamento a la Ley General de Aduanas, así como las disposiciones jurídicas contrarias al presente Decreto Supremo.
Disposición final primera.- Las zonas francas comerciales o industriales existentes a la fecha de publicación del presente Decreto Supremo podrán acogerse a la prórroga del plazo a que se refiere el Parágrafo IV del Artículo 12 del este Reglamento.
Disposición Final Segunda.- El presente Decreto Supremo se aplicará a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de Bolivia.
Disposición Adicional Primera.- Se modifica el Parágrafo II del Artículo 13 del Decreto Supremo N° 25933 de 10 de octubre de 2000 – Reglamento de la Zona Franca Comercial e Industrial de Cobija, en la forma que a continuación se indica:
“II. La salida desde ZOFRACOBIJA de mercancías extranjeras o de mercancías nacionales, incluidas las producidas dentro de esta zona franca, a territorio aduanero extranjero no será objeto de devolución de impuestos, salvo lo previsto en el Parágrafo II del Artículo 20 del presente Decreto Supremo.”
Disposición Adicional Segunda.- Se modifica el Artículo 20 del Decreto Supremo N° 25933 de 10 de octubre de 2000 – Reglamento de la Zona Franca Comercial e Industrial de Cobija, en la forma que a continuación se indica:
“I. Las mercancías internadas a ZOFRACOBIJA podrán ser objeto de reexpedición con destino a países extranjeros. La reexpedición de productos no producidos dentro de la ZOFRACOBIJA, no se considera exportación.
II. A objeto de la calificación de origen, de conformidad a los acuerdos comerciales suscritos por el Estado boliviano, así como a efectos de la devolución del Impuesto al Valor Agregado, dentro del marco de la Ley N° 1489 de 16 de abril de 1993 – Ley de Desarrollo y Tratamiento Impositivo de las Exportaciones y sus modificaciones, que establece la devolución de dicho tributo a la actividad exportadora, y de acuerdo a lo dispuesto en párrafo I del Artículo 135 de la Ley General de Aduanas, las reexpediciones al extranjero de mercancías producidas dentro de ZOFRACOBIJA se considera exportación definitiva, debiendo aplicarse la indicada devolución a los créditos fiscales efectivamente vinculados a dicha actividad y únicamente por los gastos y costos efectuados en forma posterior a la producción de la mercancía objeto de exportación.
III. La reexpedición de mercancías a ZOFRACOBIJA, desde otras zonas francas o viceversa, se sujetará a las normas que al efecto establece la Ley General de Aduanas.”
Disposición Adicional Tercera.- Se deroga el Artículo 4 (Autofacturación del Impuesto al Valor Agregado) del Decreto Supremo N° 27020 de 29 de abril de 2003.
Los señores Ministros de Estado en los Despachos de Hacienda y Desarrollo Económico, quedan encargados del cumplimiento y ejecución del presente Decreto Supremo.
Es dado en Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los veinte días del mes de diciembre del año dos mil cuatro.
FDO. CARLOS D. MESA GISBERT, Juan Ignacio Siles del Valle, José Antonio Galindo Neder, Saúl Lara Torrico, Gonzalo Arredondo Millán, Luis Carlos Jemio Mollinedo, Gustavo Pedraza Mérida, Horst Grebe López, Jorge Urquidi Barrau, Guillermo Torres Orías, Maria Soledad Quiroga Trigo, Fernando Antezana Aranibar, Luis Fernández Fagalde, Diego Montenegro Ernst, Roberto Barbery Anaya, Ricardo Calla Ortega.