14 DE ENERO DE 2009 .- Reglamenta la Ley Nº 3955 de 6 de noviembre de 2008, Ley Para las Víctimas de los Sucesos de Febrero, Septiembre y Octubre de 2003, estableciendo mecanismos para otorgar el beneficio del pago único, apoyo académico y reconocimiento público a las víctimas de los sucesos señalados.
DECRETO SUPREMO N° 29884
EVO MORALES AYMA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA
C O N S I D E R A N D O:
Que el Artículo 1 de la Constitución Política del Estado determina que la República de Bolivia es libre, independiente, soberana,
multiétnica y pluricultural, que adopta para su gobierno la forma democrática representativa y participativa, fundada en la unión y la
solidaridad de todos los bolivianos.
Que el inciso a) del Artículo 7 de la Constitución Política del Estado, concordante con el Artículo 3 de la Declaración de los Derechos
Humanos de la Carta de las Naciones Unidas, reconoce el derecho a la vida, a la salud y a la seguridad como derechos fundamentales
inherentes a toda persona.
Que el Artículo 164 de la Constitución Política del Estado establece que el servicio y la asistencia social son funciones del Estado, y
sus condiciones serán determinadas por Ley.
Que la Ley Nº 3955 de 6 de noviembre de 2008, Ley Para las Víctimas de los Sucesos de Febrero, Septiembre y Octubre de 2003,
tiene por objeto otorgar el beneficio de un pago único a los familiares de los fallecidos y a los heridos gravísimos, graves y leves; así
como apoyo académico y reconocimiento público a las víctimas de los lamentables sucesos.
Que la Disposición Transitoria de la precitada Ley, dispone su reglamentación para establecer los mecanismos adecuados para otorgar
los beneficios señalados.
EN CONSEJO DE MINISTROS,
D E C R E T A:
ARTÍCULO 1.- (OBJETO).
El presente Decreto Supremo tiene por objeto reglamentar la Ley Nº 3955 de 6 de noviembre de 2008, Ley
Para las Víctimas de los Sucesos de Febrero, Septiembre y Octubre de 2003, estableciendo mecanismos para otorgar el beneficio del
pago único, apoyo académico y reconocimiento público a las víctimas de los sucesos señalados.
ARTÍCULO 2.- (PAGO ÚNICO).
I.
El beneficio del pago único alcanza a los heridos gravísimos, graves, leves y a los familiares herederos en primer grado de los
fallecidos, como consecuencia de los sucesos de febrero, septiembre y octubre de 2003.
II.
En caso de existir dos (2) o más beneficiarios de los fallecidos, en la misma condición de prelación, el pago único será
distribuido en forma proporcional entre todos ellos.
III.
De conformidad a lo establecido en la Ley N° 3955, la asignación de pago único corresponderá al Salario Mínimo Nacional
vigente al momento de la entrega del beneficio.
IV.
Una vez otorgado el beneficio del pago único, el mismo no será sujeto a ninguna reconsideración o ampliación posterior.
ARTÍCULO 3.- (PROCEDIMIENTO).
a)
Los familiares de los fallecidos presentarán la solicitud al Ministerio de Justicia, adjuntando los documentos señalados en el
Artículo 7 de la Ley N° 3955.
b)
Los heridos presentarán la solicitud al Ministerio de Salud y Deportes, adjuntando los documentos señalados en el Artículo 7
de la Ley N° 3955.
c)
La Comisión de Calificación efectuará una valoración basada en los documentos presentados con la finalidad de establecer los
días de impedimento y las incapacidades, la cual servirá de fundamento para la calificación.
d)
Las solicitudes presentadas estarán sujetas a registro, revisión y verificación documental de pertinencia.
e)
La documentación presentada por el solicitante, de conformidad a lo establecido en el Artículo 7 de la Ley N° 3955, es de
responsabilidad del potencial beneficiario y tendrá carácter de Declaración Jurada. Tanto el Ministerio de Justicia como la Comisión de
Calificación podrán verificar la documentación presentada con la que cursa en los archivos de instituciones públicas y privadas.
f)
El Ministerio de Justicia, la Comisión de Calificación y la Junta Médica deberán remitir al Ministerio Público, los casos en los
que se encontrasen indicios de presuntos hechos delictivos, que tengan como fin obtener de manera fraudulenta los beneficios
señalados.
g)
Las solicitudes que fueran observadas por posibles hechos delictivos no estarán sujetas a ninguno de los beneficios señaladas
en la Ley, mientras dure el proceso investigativo. Las solicitudes en las que se les comprobara el hecho delictivo quedarán excluidas
definitivamente de todo beneficio sin derecho alguno, sin perjuicio de las sanciones establecidas legalmente.
h)
Los posibles beneficiarios de la Ley N° 3955, deben efectuar los trámites que correspondan de manera personal, sin embargo
si alguno de ellos se encontrara imposibilitado por razones de impedimento físico o de distancia, podrán realizarlos mediante poder
notariado ante la instancia que corresponda.
ARTÍCULO 4.- (PLAZO DE PRESENTACIÓN).
En conformidad al Parágrafo I del Artículo 9 de la Ley N° 3955, los solicitantes deben
iniciar el trámite para acceder a los beneficios, en un plazo no mayor a treinta (30) días a partir de la conformación de la Comisión
Calificadora.
ARTÍCULO 5.- (COMISIÓN DE CALIFICACIÓN).
a)
A partir de la publicación del presente Decreto Supremo se conformará la Comisión de Calificación, compuesta por el
Ministerio de Salud y Deportes y el Instituto Nacional de Salud Ocupacional – INSO, encargada de elaborar los Informes Técnicos de
acuerdo al inciso i) del Parágrafo III del Artículo 10 de la Ley N° 3955.
b)
Las Máximas Autoridades de cada una de las entidades señaladas, en un plazo no mayor de cuarenta y ocho (48) horas,
deben designar a dos (2) de sus funcionarios para conformar la Comisión de Calificación, quienes serán declarados en Comisión con
goce de haberes mientras dure las labores del proceso de calificación.
c)
Las reuniones de los miembros de la Comisión de Calificación para la aprobación de la calificación asignada, requerirá
mínimamente de la asistencia de tres de sus miembros.
d)
La Comisión de Calificación deberá realizar sus labores en horario laboral.
e)
Realizada la valoración por la Comisión, se publicarán las listas preliminares que califiquen el grado de incapacidad. Las listas
de los informes que no sean observados serán remitidas al Ministerio de Justicia, para la prosecución del trámite.
f)
En los casos que el solicitante no esté de acuerdo con la calificación señalada en la lista preliminar, podrá interponer
reconsideración ante la misma Comisión de Calificación, en el plazo de cinco (5) días a partir de la publicación de la mencionada lista,
acompañando nuevos elementos de prueba. De no presentarse la solicitud de reconsideración en el tiempo establecido, este derecho
quedará prescrito.
g)
La procedencia será resuelta por la Comisión de Calificación, mediante informe de la Junta Médica, no pudiendo solicitarse una
segunda reconsideración.
ARTÍCULO 6.- (JUNTA MÉDICA).
I.
En un plazo no mayor a cuarenta y ocho (48) horas a partir de la publicación del presente Decreto Supremo, se conformará la
Junta Médica señalada en el inciso d) del Parágrafo III del Artículo 10 de la Ley N° 3955 para atender las solicitudes de
reconsideración, sus miembros deben ser expresamente designados por las Máximas Autoridades de sus entidades.
II.
La Junta Médica, en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, elaborará el informe sobre cada solicitud de reconsideración
presentada. El resultado de la reconsideración será determinado por al menos dos miembros de la Junta Médica.
ARTÍCULO 7.- (PROCEDIMIENTO PARA LISTAS OFICIALES).
I.
En un plazo no mayor a cuarenta y ocho (48) horas a partir de la publicación del presente Decreto Supremo, la Máxima
Autoridad Ejecutiva del Ministerio de Justicia designará a un responsable titular y uno suplente para:
a)
Recepcionar las solicitudes presentadas por los familiares de los fallecidos.
b)
Recepcionar los informes remitidos por la Comisión de Calificación.
c)
Coordinar con las entidades públicas encargadas de cumplir lo establecido en la Ley N° 3955 y en el presente Decreto
Supremo.
d)
Recabar la información necesaria para considerar el otorgamiento de los beneficios.
e)
Requerir la contratación de personal técnico y designar personal de apoyo, de conformidad al presupuesto del Ministerio de
Justicia.
f)
Verificar que en el procesamiento de las solicitudes, se haya cumplido el procedimiento señalado en la Ley N° 3955 y en el
presente Decreto Supremo.
g)
Elaborar los proyectos de resolución ministerial, en base a los documentos presentados por el solicitante, a los informe
técnicos emitidos por la Comisión de Calificación y a la documentación obtenida de entidades públicas y/o privadas.
II.
La Máxima Autoridad Ejecutiva del Ministerio de Justicia emitirá las resoluciones ministeriales con las listas oficiales, las
cuales serán publicadas por los medios de comunicación a su alcance.
ARTÍCULO 8.- (PRESUPUESTO PARA EL PAGO).
La Unidad de Apoyo a la Gestión Social del Ministerio de la Presidencia solicitará
al Ministerio de Hacienda la asignación de los recursos financieros, en conformidad a los Artículos 13 y 14 de la Ley N° 3955.
ARTÍCULO 9.- (DOCUMENTACIÓN RESPALDATORIA).
El Ministerio de Justicia, junto a las resoluciones ministeriales, remitirá a la
Unidad de Apoyo a la Gestión Social del Ministerio de la Presidencia, la documentación respaldatoria original, a efectos de que se
proceda al pago a los beneficiarios.
ARTÍCULO 10.- (APOYO ACADÉMICO).
Para el cumplimiento de lo señalado en el Artículo 3 de la Ley N° 3955, el Ministerio de
Educación y Culturas, en un plazo no mayor de treinta (30) días de conocida la solicitud efectuada por el beneficiario, realizará las
gestiones de dichas solicitudes en el Sistema Universitario Público, en base a las resoluciones ministeriales de beneficiarios emitida
por el Ministerio de Justicia.
El Sistema Universitario Público queda obligado al cumplimiento de lo establecido en la Ley N° 3955, en el marco de la función social
que desempeña.
El Ministerio de Educación y Culturas incluirá a partir de la gestión 2009, en el programa de estudios de la materia de Cívica, los
acontecimientos de febrero, septiembre y octubre de 2003.
ARTÍCULO 11.- (RECONOCIMIENTO PÚBLICO).
Los actos de reconocimiento público establecidos en el Artículo 4 de la Ley N° 3955,
deberán cumplirse cada año en los meses en que ocurrieron los trágicos sucesos.
Los señores Ministros de Estado, en los Despachos de la Presidencia, de Justicia, de Hacienda, de Educación y Culturas y de Salud y
Deportes, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los catorce días del mes de enero del año dos mil nueve.
FDO. EVO MORALES AYMA,
David Choquehuanca Céspedes, Juan Ramón Quintana Taborga, Alfredo Octavio Rada Vélez, Walker
Sixto San Miguel Rodríguez, Celima Torrico Rojas, Carlos Villegas Quiroga, Luis Alberto Arce Catacora, René Gonzalo Orellana
Halkyer, Susana Rivero Guzmán, Oscar Coca Antezana, Carlos Romero Bonifaz, Saúl Avalos Cortéz, Luís Alberto Echazú Alvarado,
Walter J. Delgadillo Terceros, Roberto I. Aguilar Gómez, Jorge Ramiro Tapia Sainz, Héctor E. Arce Zaconeta.