La Ley N° 1243 eleva a rango de ley el Código de Minería de 1965, estableciendo que todas las sustancias minerales son de dominio del Estado, con excepciones para hidrocarburos y aguas minero-medicinales. Se regulan las concesiones mineras, prohibiendo a ciertos funcionarios y sus familiares obtenerlas, y se establece un régimen impositivo que incluye un anticipo del 2.5% sobre ventas y un impuesto del 30% sobre utilidades. Las concesiones de exploración y explotación tienen requisitos específicos, y se permite la consolidación de concesiones. Se crea el Servicio Nacional del Catastro Minero para gestionar límites y registros de concesiones. La ley también regula la comercialización de minerales y establece condiciones para contratos de Riesgo Compartido, prohibiendo la cesión de derechos mineros. Las empresas mineras deben cumplir con normativas ambientales y de indemnización por daños.
LEY N° 1243
LEY DE 11 DE ABRIL DE 1991
JAIME PAZ ZAMORA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA
Por cuanto, el Honorable Congreso Nacional, ha sancionado la siguiente Ley:
EL HONORABLE CONGRESO NACIONAL,
D E C R E T A:
Artículo Primero. Elévase a rango de Ley de la República, el Código de Minería aprobado por Decreto Ley Nro. 07148 de 7 de mayo de 1965, con las supresiones, sustituciones, modificaciones e incorporaciones a su texto, en los artículos detallados a continuación.
Artículo 1. Pertenecen al dominio originario del Estado, todas las sustancias minerales, cualquiera sea su origen o forma de yacimiento, hállense en el interior o en la superficie de la tierra.
Artículo 6. Se exceptúan las disposiciones de este Código, el petróleo y demás hidrocarburos y las aguas minero-medicinales, que se rigen por leyes especiales.
Los yacimientos de sales, así como los de yeso, piedra caliza, piedra cantera y otros materiales de construcción son también de dominio originario del Estado y su concesión, conservación y caducidad, se efectuará de acuerdo a las disposiciones del presente Código.
Artículo 11. Se complementa este artículo con las adiciones siguientes:
REFINACION.- Procedimientos tecnológico mediante el cual se obtiene la más alta calidad de pureza de los metales y no metálicos.
COMERCIALIZACION.- Que consiste en la compra-venta de minerales preconcentrados, concentrados, productos metálicos y metales refinados.
OPERACION DE CONVERSION.- Que comprende el tratamiento de Minerales, concentrados o metales por una planta de beneficio o fundición, sin que importe transferencia del título de propiedad del material tratado.
Artículo 13. Las Corporaciones y entidades dependientes de Estados y Gobiernos Extranjeros, con personalidad de derecho privado; los organismos internacionales multilaterales y las entidades que de ellos dependan, así como las empresas multinacionales organizadas como consecuencia de Convenios Internacionales suscritos por la República de Bolivia, podrán ejercitar las actividades mineras y obtener los derechos contemplados en el presente Código de Minería.
Artículo 14. Las personas individuales o colectivas extranjeras, no pueden adquirir ni poseer, a ningún título, concesiones mineras dentro los 50 kilómetros de las fronteras internacionales, directa o indirectamente, excepto el caso de necesidad nacional declarada por Ley expresa.
Las personas naturales o jurídicas nacionales, que posean concesiones mineras bajo cualquier título en las áreas anteriormente mencionadas, pueden suscribir con personas individuales o colectivas extranjeras con excepción de las que pertenecen a países limítrofes a la concesión, toda clase de contratos de servicios y de Riesgo Compartido, para el desarrollo y ejecución de actividades y trabajos mineros, con prohibición expresa de transferir o arrendar total o parcialmente sus concesiones mineras, bajo sanción de nulidad y reversión de las mismas, al dominio originario del Estado.
Artículo 15. No pueden obtener concesiones mineras, personalmente o por interpósita persona, bajo sanción de nulidad.
a) En todo el territorio Nacional:
El Presidente y Vicepresidente de la República; Senadores y Diputados; Ministros de Estado; Contralor y Subcontralores Generales de la República; Presidente y Ministros de la Corte Suprema de Justicia; Fiscal General de la República; funcionarios y empleados del Ministerio de Minería y Metalurgia y de Planeamiento y Coordinación; funcionarios, empleados y técnicos de la Corporación Minera de Bolivia, Banco Minero de Bolivia y de todas las entidades y Corporaciones del Estado, creadas o por crearse, que tengan relación con actividades mineras; ejecutivos, empleados y técnicos de empresas o sociedades que efectúen trabajos de exploración y explotación minera para el Estado; los miembros de la Corte Nacional de Minería, Fiscal Superior de Minas; los Superintendentes Departamentales o Regionales de Minería y sus subalternos; los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en servicio activo.
b) En el distrito de la jurisdicción donde ejercen sus funciones :
Los Prefectos y Subprefectos; Subcontralores Departamentales y Regionales; Presidente y Vocales de las Cortes Superiores de Justicia; Fiscales de Partido, los Notarios de Minería y sus subalternos; los funcionarios ingenieros y topógrafos de los Servicios Técnicos Departamentales o Regionales de Minería.
c) Los Administradores, trabajadores, empleados, arrendatarios, contratistas, técnicos y consultores de los concesionarios mineros, dentro de un radio de dos kilómetros del perímetro de las concesiones donde trabajan.
d) Los cónyuges de los funcionaros y empleados con jurisdicción a que se refieren los incisos anteriores y sus ascendientes y descendientes en primer grado.
Artículo 16. Las prohibiciones establecidas en el artículo precedente no comprenden a:
Las concesiones mineras adquiridas con anterioridad o posterioridad al ejercicio de las respectivas funciones. En este último caso, la prohibición subsiste durante los tres meses siguientes a la cesación de sus funciones.
Las concesiones mineras propias del cónyuge del inhabilitado.
Las adquiridas por sucesión o prescripción, siempre que en este último caso, la posesión se haya iniciado antes del nombramiento en la función pública.
Las concesiones mineras adquiridas y las sociedades mineras constituídas, en ambos casos, antes del ejercicio de las funciones del inhabilitado en las que éste sea socio, las cuales podrán seguir operando bajo condición de que el inhabilitado no ejerza funciones de administración y dirección en las mismas en forma simultánea.
Los contratos de Riesgo Compartido y otros, celebrados antes del ejercicio de las funciones del inhabilitado.
Artículo 18. El Poder Ejecutivo, mediante Decreto Supremo, podrá declarar como Reserva Fiscal, determinadas zonas del territorio nacional exclusívamente para la ejecución de catastros mineros, respetando derechos preconstituídos.
Artículo 19. El Decreto Supremo que establezca la Reserva Fiscal, deberá señalar necesariamente, el plazo de duración el que no será mayor de dos años, a cuyo vencimiento quedará levantada sin necesidad de disposición legal que así lo determine.
Artículo 20. El Poder Ejecutivo podrá prorrogar la Reserva por el mismo plazo y por una sola vez, antes del vencimiento del plazo principal.
Artículo 21. La Industria Minera Nacional esta constituída por la Industria minera estatal, privada y cooperativizada.
De conformidad con el artículo 138º. de la Constitución Política del Estado, la dirección y administración de la industria minera estatal, está a cargo de la Corporación Minera de Bolivia que funciona bajo la tuición del Ministerio de Minería y Metalurgia al igual que las otras entidades del Estado, Metalúrgicas, de prestación de servicios y fomento a la minería.
Artículo 23. Las concesiones mineras que administra y posee la Corporación Minera de Bolivia, en virtud de lo dispuesto por el Decreto Supremo Nro. 03223 de 31 de octubre de 1952, no pueden ser transferidas ni demandadas de caducidad, nulidad o prescripción.
Esta entidad podrá adquirir concesiones en lo posterior en la misma forma que señalada para las personas naturales o jurídicas.
Las concesiones que adquiera a partir de la promulgación de este Código caducarán en la misma forma que las concesiones ordinarias.
Artículo 24. La Corporación Minera de Bolivia realizará sus actividades por administración directa y mediante la suscripción de todo tipo de contratos, tales como Arrendamiento, Prestación de Servicios, Riesgo Compartido, Operación y otros.
Los contratos de Riesgo Compartido se otorgarán mediante licitación o invitación.
Conforme a las prescripciones del Código de Comercio, podrá también conformar Sociedades de Economía Mixta para el desarrrollo de actividades mineras, con exclusión expresa de las concesiones mineras que actualmente conforman los grupos mineros nacionalizados.
Los Contratos señalados anteriormente deberán sujetarse a las normas y procedimientos establecidos por el Poder Ejecutivo mediante Decreto Supremo, basados en la reglamentación de la presente Ley.
Artículo 25. Los Contratos de Riesgo Compartido que suscriba la Corporación Minera de Bolivia, se celebrarán mediante Escritura Pública ante la Notaría de Minas y se inscribirán en el Registro de Comercio.
Artículo 26. El Banco Minero es una entidad del Estado y su función específica es el fomento de la minería privada y de las industrias conexas de beneficio y fundición de minerales. No podrá adquirir concesiones mineras por petición directa, caducidad ni a ningún título oneroso. Las concesiones que adquiera a cualquier otro título, deberá arrendarlas o transferirlas, mediante licitación en el plazo máximo de un año de la apropiación.
Esta entidad se regirá por las disposiciones legales de su creación, Estatutos y Reglamentos.
Artículo 33. La pertenencia minera es la unidad de medida de las concesiones de exploración terrestre y de explotación. La pertenencia minera es un volumen de forma piramidal cuyo vértice es el centro de la tierra, su límite exterior es la superficie del suelo correspondiente planimétricamente a un cuadrado de cien metros de lado, medido y orientado al sistema de cuadrícula de la Proyección Transversa Mercator, en uso para la Carta Nacional.
Artículo 34. Las concesiones de exploración terrestre, así como las de explotación minera, estarán formadas por pertenencias contiguas. El perímetro de las concesiones tendrá lados de cien metros y múltiplos de cien.
La orientación de los lados que defina el perímetro de las nuevas concesiones será de Norte a Sur, con referencia a la cuadrícula de la Carta Nacional con excepción de las concesiones en actual trámite y preconstituídas, las cuales podrán mantener la orientación original establecida en sus planos periciales.
Artículo 37. La concesión de exploración terrestre, otorga al concesionario, el derecho real exclusivo de explorar la existencia de sustancias minerales por el plazo de cuatro años, computables desde la fecha del Auto de Adjudicación. Este derecho otorga además la opción exclusiva de obtener dentro del área de exploración, concesiones de explotación en la forma determinada por el artículo 52° del presente Código.
Artículo 52. El concesionario de exploración terrestre, a tiempo de convertir sus concesiones en una o más concesiones de explotación, podrá reducir el área explorada si así le conviniere. Sin embargo, las áreas seleccionadas para labores de explotación, no podrán ser superiores en conjunto a 20.000 pertenencias mineras, bajo sanción de nulidad de los derechos sobre las pertenencias excedentes, las cuales deberán ser renunciadas por el peticionario en el término de 30 días de su notificación por parte del Superintendente Departamental Regional de Minería.
Artículo 62. Los concesionarios de explotación pagarán una patente anual por pertenencia minera. Su cuantía será establecida por el Poder Ejecutivo mediante disposición legal expresa.
Artículo 70. El Ministerio de Minería y Metalúrgia autorizará, a quien lo solicite, previo cumplimiento de requisitos, la instalación de plantas de beneficio de minerales.
Artículo 76. El Ministerio de Minería y Metalúrgia autorizará el establecimiento de Plantas de Fundición privadas, de acuerdo al procedimiento establecido en este Código.
Artículo 77. Los titulares de plantas de fundición gozarán de todos los derechos y liberalidades reconocidos por este Código, a los concesionarios de explotación.
Artículo 85. Los concesionarios en general tendrán derecho de usar las aguas que discurren libremente por sus pertenencias, ya sea para producir fuerza hidráulica o para cualquier otro uso aplicable a la exploración, explotación, beneficio y fundición de minerales con la obligación de restituirlas a su cause con la misma calidad que tenían antes de ser utilizados.
Artículo 87. Si las aguas usadas por el minero y devueltas a su cause natural, resultaren inservibles para uso humano, animal o regadío, estará obligado a indemnizar a los damnificados por los perjuicios o daños que ocasionare.
Artículo90. El concesionario que en sus trabajos alumbrare ojo de agua o corriente subterránea usará el caudal que obtuviere en las condiciones fijadas en el artículo 85°.
Los concesionarios vecinos podrán aprovechar las aguas alumbradas en concesión colindante, una vez que haya dejado de servirse de ellas el que las alumbró.
Los concesionarios colindantes que aprovecharon de las aguas alumbradas en propiedad vecina, prescribe en su favor el derecho de usarlas, si durante seis meses el que las alumbre no varía el curso del desagüe.
Artículo 101. El titular de dos o más concesiones de explotación colindantes, con títulos ejecutoriales, puede consolidarlas en una o más concesiones, de acuerdo a sus necesidades. Para ello, presentará ante el Superintendente de Minería de la jurisdicción respectiva, sus títulos ejecutoriales, comprobantes de pago de patentes al día y el correspondiente plano de conjunto, quien dictará Auto-expreso, previo informe del Servicio Técnico de Minas, aprobando la consolidación y disponiendo la inscripción del Auto en el Registro Minero y en el Registro de Derechos Reales.
La concesión consolidada llevará un solo nombre y mantendrá la prioridad de la concesión minera original más antigua, estando en el futuro sujeta a los regímenes de caducidad y nulidad establecidos en el presente Código.
Artículo 102. Los concesionarios en general están obligados a ejecutar sus labores de acuerdo con métodos y técnicas que eviten todo daño al propietario del suelo, a los concesionarios colindantes, al ecosistema de la región y a indemnizar por cualquier daño o perjuicio que causare con la realización de sus trabajos.
Artículo 118. Se establece un régimen impositivo minero que se aplicará en forma obligatoria a todas las empresas mineras, constituídas o por constituirse en el territorio nacional, que extraigan, produzcan, beneficien, refinen, fundan y/o comercialicen minerales y/o metales.
Dicho régimen impositivo minero está constituído por:
Un anticipo del impuesto sobre utilidades, equivalente al 2.5 % sobre el valor de las ventas netas de la empresa, cuyo pago se efectuará a tiempo de exportar el mineral o metal, o al realizarse la venta dentro del país, de acuerdo al procedimiento que establezca el Decreto Reglamentario.
Un impuesto a las utilidades del 30 % sobre la utilidad neta, calculada de acuerdo a lo señalado en el Art. 119.
Artículo 119.
La base imponible del impuesto a las utilidades está constituída por la utilidad neta anual, resultante de los estados financieros de la empresa, elaborados de conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados y certificados por auditores independientes, debidamente habilitados.
El anticipo del impuesto sobre utilidades a que se refiere el inc. a) del Art. 118º, no constituye gasto deducible para determinar la utilidad neta anual de la empresa.
En caso que el total pagado como anticipo fuere menor al impuesto sobre la utilidad neta anual, la empresa pagará la diferencia, dentro del plazo y en la forma que establezca la reglamentación que emita el Poder Ejecutivo. Si por el contrario, el total pagado como anticipo fuese mayor, el exceso pagado se consolidará como un crédito fiscal intransferible y no reembolsable, aplicable sólo contra el impuesto sobre utilidades de gestiones futuras. El monto del crédito fiscal, será actualizado de conformidad con lo dispuesto por el Código Tributario y en ningún caso podrá ser utilizado para el pago del anticipo del impuesto sobre utilidades de gestiones futuras.
Si el resultado anual arrojara una pérdida neta de la gestión, la misma podrá ser deducida de las utilidades netas de hasta cinco gestiones siguientes. El monto de la pérdida neta de la gestión será actualizado de conformidad con lo dispuesto en el Código tributario y no será deducible en ningún caso, del valor que por concepto de anticipo del impuesto sobre utilidades debe pagar la empresa de todas maneras.
Las empresas que beneficien, fundan, refinen y/o comercialicen minerales de terceros, deducirán del anticipo del impuesto a las utilidades señalado en el inc. a) del Art. 118, el monto que por este mismo concepto o por regalía hubiese sido cancelado en la etapa anterior por la empresa o productor que entrega el mineral, pudiendo actuar como agentes de retención de dicho anticipo o regalía, de acuerdo al procedimiento que señale el Decreto Reglamentario.
Artículo 120. Las empresas mineras contempladas en el régimen impositivo señalado en el Art. 118º de la presente Ley, están obligadas al pago de los tributos establecidos en la Ley 843 de 20 de mayo de 1986, con excepción del impuesto a la Renta Presunta de empresas y del impuesto a las transacciones, en el caso de comercialización de minerales o metales en el mercado interno.
El producto de la recaudación del anticipo del impuesto sobre utilidades, será destinado en su totalidad en favor del departamento productor.
El producto de la recaudación del saldo del impuesto del 30 % sobre utilidades o, en su caso, de las regalías, será distribuído como renta nacional, de conformidad con las disposiciones legales que establecen la coparticipación en los impuestos nacionales.
La exportación de productos manufacturados, así como los derivados de los metales preciosos originarios del país y que tengan valor agregado, no están sujetos al pago de los impuestos ni regalías establecidos en la presente Ley, siempre que se sujeten a las dispociones establecidas en el Decreto Reglamentario.
Artículo 146. La caducidad ipso-facto, en las concesiones de explotación se opera:
Este término se computará desde la fecha de cargo de presentación del último memorial del interesado;
Si notificado el peticionario con el Decreto por el que se le concede los cuarenta días para presentar el croquis, no cumple con ese requisito;
Si declarada la caducidad ipso-jure de una concesión minera y reconocida la prioridad en el Auto de Caducidad al denunciante, éste no efectúa su petición conforme a lo establecido en el Artículo 329° del presente Código;
Si el interesado no salvara las observaciones del perito fiscal dentro de los treinta días en el caso del artículo 151;
Si habiendo obtenido concesiones una sociedad extranjera, o encontrándose dichas concesiones en trámite, le fuera negado el reconocimiento de personalidad jurídica.
Artículo 161. Son nulas las concesiones mineras otorgadas en contravención al Artículo 52° del presente Código.
La acción de nulidad procederá de oficio o a denuncia de terceros, casos en los que deberán sujetarse al procedimiento señalado para las denuncias de caducidad en todo lo que fuera relativo. En el primer caso, el Superintendente de Minería declarará la nulidad mediante Auto, revirtiendo la concesión al dominio originario del Estado, disponiendo el archivo de obrados y la franquicia del terreno. En el segundo caso, se requiere también Auto declarativo de nulidad con reconocimiento de derechos preferente al denunciante que tenga prioridad, quien efectuará su petición cumpliendo las disposiciones establecidas en el Artículo 329° del presente Código.
Artículo 196. Las Sociedades Cooperativas Mineras legalmente constituídas, gozarán de los mismos derechos y tendrán las mismas obligaciones que este Código establece para todos los concesionarios e industriales mineros privados.
La industria minera cooperativizada comprende las actividades de las Sociedades Mineras Cooperativas constituídas conforme a las prerrogativas y derechos reconocidos por la Ley General de Sociedades Cooperativas.
Las Sociedades Cooperativas Mineras podrán asociarse y suscribir contratos de cualquier naturaleza con la Corporación Minera de Bolivia o con otras personas individuales o colectivas, nacionales o extranjeras, sin perder su naturaleza de entidades de interés social.
Artículo 197. La Corporación Minera de Bolivia y las personas individuales o colectivas, nacionales o extranjeras, titulares de derechos mineros, podrán suscribir contratos de Riesgo Compartido para el desarrollo y ejecución de actividades y trabajos mineros, proyectos, obras, servicios, suministros y otros podrán asimismo, desarrollar o ejecutar trabajos, obras y servicios complementarios al objeto principal del contrato.
Los contratos de Riesgo Compartido no permiten bajo ningún concepto la cesión, transferencia o arrendamiento de derechos concesionarios mineros.
Todos los contratos de Riesgo Compartido se suscribirán por Escritura Pública en la Notaría de Minas y serán necesariamente inscritos en el Registro Minero de su jurisdicción y en la Dirección del Registro General de Comercio. Los contratantes se regirán por las Leyes nacionales y, siendo extranjeros, no podrán formular reclamación alguna por la vía diplomática, debiendo constituir domicilio legal en Bolivia, además de cumplir con los demás requisitos establecidos en la Legislación Nacional.
Los contratos mineros de Riesgo Compartido no constituyen sociedad ni establecen personalidad jurídica. Los derechos y obligaciones de las partes se rigen por lo acordado en el respectivo contrato.
En los casos en que la suscripción de contratos se efectúa con los Estados vecinos y/o personas individuales o colectivas, la conformación de sociedades mineras en cualquiera de las modalidades mencionadas, requerirá necesariamente de autorización congresal mediante Ley expresa.
Artículo 200. La reinversión de utilidades y de dividendos en la industria minera, queda liberada de todo impuesto nacional, departamental o municipal, creado o por crearse.
Artículo 201. Los productores mineros podrán comercializar libremente su producción, exportándola directamente o vendiéndola en el país a los compradores legalmente autorizados.
Artículo 202. Las personas individuales o colectivas que sin ser productores mineros se dediquen a las actividades de comercialización y exportación de minerales y metales, tramitarán la autorización correspondiente ante el Ministerio de Minería y Metalurgia, acreditando su personalidad jurídica, inscripción en el Registro de Comercio y Registro Unico de Contribuyentes, debiendo sujetarse a lo estipulado en el Decreto Reglamentario.
Similar autorización tramitarán los concesionarios mineros que comercien con minerales y/o metales ajenos a sus concesiones.
Artículo 206. Las concesiones de yacimientos auríferos, piedras preciosas, semipreciosas, cristales de roca, minerales raros, radiactivos y otros semejantes se adquieren, conservan y extinguen conforme a las disposiciones de este Código.
Artículo 208. Los productores de oro pueden exportar libremente su producción, venderla al Banco Minero de Bolivia, al Banco Central de Bolivia o a las firmas comercializadoras o fundidoras de minerales y metales legalmente autorizados, previo pago de gravámenes e impuestos señalados por Ley.
Artículo 209. Es permitida la tenencia de oro metálico por cualquier persona individual o colectiva, así como su utilización en la artesanía o manufactura especializada.
Artículo 211. El Gran Salar de Uyuni, ubicado en el Departamento de Potosí, declarado como reserva fiscal, por Decreto Supremo N° 21260 de fecha 16 de mayo 1986, en cuanto se refiere a su exploración, explotación, beneficio, refinación y purificación de substancias metálicas y no metálicas yacentes estas últimas, en la cuenca evaporítica del mismo, estará a cargo en representación del Estado del organismo "COMPLEJO INDUSTRIAL DE LOS RECURSOS EVAPORITICOS DEL SALAR DE UYUNI" (CIRESU), creado por Ley N° 719 de fecha 15 de febrero de 1985.
Artículo 325. Las denuncias de caducidad serán presentadas en la Secretaría de la Superintendencia de Minería, donde se sentará el cargo y se devolverá al denunciante una copia firmada por el Superintendente y el Secretario. La prioridad de la denuncia se establecerá por el cargo.
Para la procedencia de las denuncias de caducidad, deberá acompañarse el certificado de depósito administrativo de garantía, cuyo monto será establecido por el Poder Ejecutivo.
Artículo 329. Ejecutoriado el Auto que declare la Caducidad o, en su caso, después de la providencia del “cúmplase”, el Superintendente de Minería ordenará la citación del denunciante, para que dentro de cinco (5) días fatales, efectúe la petición minera de acuerdo con las disposiciones de este Código, bajo sanción de caducidad ipso-facto.
Artículo 342. La Corte Nacional de Minería con asiento en la ciudad de La Paz se compone de tres miembros, con la categoria de Vocales de Corte Superior de Justicia, debiendo reunir las condiciones que la Ley exige para éstos. Serán nombrados por el Honorable Senado Nacional a propuesta en terna de la Corte Suprema de Justicia, y durarán en sus funciones 6 años. No serán removidos, sino en virtud de juzgamiento en única instancia por la Corte Suprema de Justicia.
Artículo 378. Se crea el Servicio Nacional del Catastro Minero, institución descentralizada del Ministerio de Minería y Metalurgia, con las siguientes funciones y atribuciones:
Establecer los límites de las concesiones mineras, en la proyección en uso para la Carta Nacional del Instituto Geográfico Militar.
Elaborar y mantener al día los planos catastrales de las concesiones.
Delinear las concesiones de cada distrito catastral a escala 1:50.000.
Formar, mantener y difundir un Registro Nacional de Concesiones.
Levantar el catastro minero a nivel nacional, utilizando señales e información provistas por Satélite y en base a la orientación definida por el Norte Astronómico, conforme a la reglamentación expresa a establecerse por el Poder Ejecutivo.
ARTÍCULO TRANSITORIO
El régimen impositivo minero establecido en los artículos 118° y 119° de la presente Ley, será aplicado a toda empresa minera que inicie sus actividades a partir de la promulgación de la presente Ley.
Aquellas empresas mineras existentes, que con posterioridad a la promulgación de la presente Ley, incorporen nuevas concesiones a las que ya tienen registradas, quedarán de hecho incorporados al régimen impositivo minero.
El resto de las empresas mineras existentes antes de la promulgación de la presente Ley, deberán incorporarse al presente régimen impositivo, en forma irreversible, no más tarde del 1ro. de octubre de 1999.
Entre tanto, estas empresas estarán sujetas al actual régimen de regalías, no pudiendo en ningún caso pagar un monto que sea inferior al 2.5 % del valor de sus ventas netas.
El Poder Ejecutivo reglamentará, en un plazo no mayor de 30 días, este proceso de transición impositiva, atendiendo a la situación especial de la actividad minera cooperativizada y a la necesidad de precautelar los ingresos que corresponden a los departamentos productores.
Artículo Segundo. Las denominaciones de Ministerios y entidades estatales mencionadas en el Código de Minería, al igual que la de los cargos y figuras jurídicas, se actualizan conforme a la legislación vigente.
Artículo Tercero. El Poder Ejecutivo, en un plazo de 90 días de promulgada la presente Ley, reglamentará las disposiciones contenidas en la misma.
Artículo Cuarto. Quedan derogadas todas las disposiciones contrarias a la presente Ley.
Pase al Poder Ejecutivo, para fines constitucionales.
Es dada en la Sala de Sesiones del Honorable Congreso Nacional, a los cuatro días del mes de abril de mil novecientos noventa y un años.
Pase al Poder Ejecutivo, para fines constitucionales.
Es dada en la Sala de Sesiones del Honorable Congreso Nacional, a los cuatro días del mes de abril de mil novecientos noventa y un años.
Fdo. Gonzalo Valda Cárdenas, Fernando Kieffer Guzmán, Leopoldo Fernández Ferreira, José Luís Carvajal Palma, Enrique Toro Tejada, Luís Morgan López Baspineiro.
Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley de la República.
Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los once días del mes de abril de mil novecientos noventa y un años.
FDO. JAIME PAZ ZAMORA, Wálter Soriano Lea Plaza.