La Ley Nº 1367, promulgada el 9 de noviembre de 1992, transfiere temporalmente la dirección y administración del Servicio Nacional de Registro Civil a las Cortes Nacional y Departamentales Electorales, ampliando sus atribuciones. Establece que el Ministerio del Interior debe transferir bienes y recursos económicos al Corte Nacional Electoral en un plazo de 30 días, incluyendo activos y partidas presupuestarias. Los oficiales del Registro Civil, con un mandato de cuatro años, serán evaluados por la Corte Nacional Electoral. Se requiere la presentación de un Decreto Supremo Reglamentario en 60 días para reorganizar el servicio y establecer un sistema informático para el registro civil. Además, se ordena la reformulación del presupuesto de la Corte Nacional Electoral y se derogan disposiciones anteriores que contradigan esta ley.
LEY Nº 1367
LEY DE 9 DE NOVIEMBRE DE 1992
JAIME PAZ ZAMORA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA
Por cuanto, el Honorable Congreso Nacional, ha sancionado la siguiente Ley:
EL HONORABLE CONGRESO NACIONAL,
DECRETA:
Artículo Primero. Transferencia del Servicio Nacional de Registro Civil:
Se transfiere temporalmente a la jurisdicción y competencia de las Cortes Nacional y Departamentales Electorales, la Dirección y Administración del Servicio Nacional de Registro Civil, ampliando las facultades y atribuciones que le fueron conferidas por la Ley Electoral.
Artículo Segundo. Niveles de Autoridad:
La Dirección y Administración del Servicio Nacional del Registro Civil estará a cargo de las siguientes autoridades:
Organismos Directivos:
Corte Nacional Electoral:
Corte Nacional Electoral
Cortes Departamentales Electorales
Organismos Operativos:
Dirección General del Registro Civil.
Direcciones Departamentales del Registro Civil.
Oficialías del Registro Civil.
Artículo Tercero. Transferencia de Bienes:
El Ministerio del Interior, Migración Justicia y Defensa Social transferirá a la Corte Nacional Electoral, los activos fijos, equipos, muebles, libros y documentos que están a cargo de las Direcciones Nacional y Departamentales del Registro Civil y los Registros en poder de los Oficiales del Registro Civil. La transferencia se ejecutará en el plazo de 30 días posteriores a la promulgación de la presenta Ley, de acuerdo a un inventario físico y valorado con participación de la Dirección de Bienes del Estado del Ministerio de Finanzas.
Artículo Cuarto. Transferencias de Recursos Económicos:
Dentro de los 30 días siguientes a la promulgación de la presente Ley, el Ministerio del Interior, Migración, Justicia y Defensa Social transferirá a la Corte Nacional Electoral, las partidas presupuestarias que correspondan al Registro Civil, y la disposición y administración de los recursos económicos provenientes de la venta de valores y formularios.
El Ministerio de Finanzas continuará con la impresión de valores y formularios, para la entrega oportuna y permanente a la Corte Nacional Electoral, cobrando el costo de impresión. La Corte Nacional Electoral, dispondrá y administrará en forma autónoma estos recursos, en el marco de las disposiciones legales vigentes.
El Ministerio de Finanzas a través del Tesoro General de la Nación compensará al Ministerio del Interior el valor de los ingresos que genera el Registro Civil, transferidos a la Corte Nacional Electoral.
Artículo Quinto. De los funcionarios del Registro Civil:
Los oficiales del Registro Civil, son autoridades de Fe Pública, con jurisdicción y competencia específica. Durarán en sus funciones cuatro años a partir de su designación, son reelegibles.
La Corte Nacional Electoral por intermedio de las Cortes Departamentales electorales evaluará la idoneidad y eficiencia del personal administrativo y de los actuales Oficiales del Registro Civil en un término de 60 días, a efectos de su ratificación o retiro. Las condiciones de nombramiento, permanencia y retiro del personal del Registro Civil y los Oficiales del Registro Civil, serán reglamentadas por la Corte Nacional Electoral en un término de 30 días, después de promulgada la presente Ley.
Artículo Sexto. Decreto Supremo Reglamentario:
La Corte Nacional Electoral en coordinación con las Cortes Departamentales Electorales, en un término de 60 días posteriores a la promulgación de la presente Ley, presentará la Poder Ejecutivo, el Proyecto de Decreto Supremo Reglamentario, que defina entre otros aspectos:
La reorganización técnico – administrativa del Servicio Nacional del Registro Civil, definiendo la jurisdicción y competencia de los niveles de autoridad establecidos en el artículo segundo de la presente Ley y los períodos de la ejecución de la reorganización.
Establecer el sistema de remuneración de los Oficiales del Registro Civil.
La localización de las Oficialías del Registro Civil.
El registro de nacimientos, matrimonios, defunciones y otros en un sistema informático.
La coordinación de las formas de transferencia de los datos de Registro Civil, el RUN y el Padrón electoral.
El diseño de los nuevos formularios de certificados de nacimiento, matrimonio y defunción con condiciones de claridad y seguridad.
El registro de las sentencias relacionadas con el estado civil de las personas.
Artículo Séptimo. Reformulación Presupuesto:
El Ministerio de finanzas a los 30 días de promulgada la presente Ley presentará al H. Congreso Nacional el presupuesto reformulado de la Corte Nacional Electoral, en función de sus nuevas actividades y responsabilidades institucionales.
Artículo Octavo. Derogatoria y Modificaciones:
Se derogan todas las disposiciones contrarias a la presente Ley, en especial las pertinentes de la Ley de 26 de noviembre de 1898, del Decreto Supremo del 3 de julio de 1943; se modifican en parte los artículos 1521 y 1522 del Código Civil, solo en referencia a la dependencia de la Dirección General del Registro Civil de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, subsistiendo las disposiciones referidas a los Registros de los Derechos Reales y el Decreto Supremo 22773 de 8 de abril de 1991.
Remítase al Poder Ejecutivo para fines constitucionales.
Sala de sesiones del H. Congreso Nacional.
La Paz, 27 de octubre de 1992.
Fdo. Guillermo Fortún Suárez, Gastón Encinas Valverde, Elena C. de Zuleta, Carlos Farah Aquim, Walter Villagra Romay, Walter Alarcón Rojas.
Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley de la República.
Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los nueve días del mes de noviembre de mil novecientos noventa y dos años.
FDO. JAIME PAZ ZAMORA, Carlos A. Saavedra Bruno.