Ley N° 165

DECRETO SUPREMO N� 3453

LEY Nº 165

LEY DE 16 DE AGOSTO DE 2011

EVO MORALES AYMA

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Por cuanto, la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha sancionado la siguiente Ley:

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,

DECRETA:

LEY GENERAL DE TRANSPORTE

I. La presente Ley se aplica en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia y rige a:

II. Las actividades del transporte aéreo, terrestre, ferroviario y acuático son libres en el territorio, agua y espacio aéreo boliviano, en cuanto no fueren limitados por esta Ley, sus reglamentos y demás disposiciones por razones de defensa, seguridad nacional o de interés público.

Abordaje (modalidad acuática). Llegar a otro buque, chocar o tocar con él. Las maniobras de abordaje y los acaecimientos considerados como tal, se realizarán con autorización de la autoridad competente, conforme a normas específicas establecidas para el efecto y/o procesadas para precautelar la seguridad en la navegación.

Aeronáutica. Ciencia o disciplina vinculada con todo lo referido a la navegación aérea.

Aeronáutica nacional. Actividad que comprende a la aviación militar, civil y todo medio que se desplaza en el espacio aéreo.

Agencia naviera. Persona natural o jurídicaque representa a una o varias compañías navieras transportadoras de mercancías. Para tal efecto las mismas consideradas como tal, deberán estar debidamente registradas por la autoridad competente conforme a reglamentación específica.

Artefacto naval. Construcción flotante, que carece de propulsión propia, que opera en el medio acuático con reglamentación específica, previo registro ante la autoridad competente.

Astillero. Persona natural o jurídica, dedicada a la construcción o mantenimiento de embarcaciones en un lugar legalmente registrado y autorizado por la autoridad competente.

Buque. Toda clase de embarcaciones públicas, privadas o mixtas, incluidas aquellas sin desplazamiento y los hidroaviones, utilizados o que puedan ser operados como medio de transporte sobre el agua, con la debida autorización.

Calado. Profundidad que alcanza en el agua la parte sumergida de una embarcación.

Capitanías de puerto. Son los organismos ejecutores de la Dirección General de Capitanías de Puerto. Dentro de su área de responsabilidad desempeñan las funciones como delegados de la Autoridad Marítima, que tienen bajo su jurisdicción, el control, vigilancia y seguridad de todas las actividades que se desarrollan en el ámbito acuático navegable.

Carga. Se refiere a todo tipo de mercaderías, materiales y correo que serán transportados mediante unidades de transporte.

Carta náutica. Documento emitido por la autoridad competente como representación a [escala](http://es.wikipedia.org/wiki/Escala_(cartograf%C3%ADa)) de aguas navegables y regiones terrestres adjuntas. Indica las profundidades del agua y las alturas del terreno, naturaleza del fondo, detalles de la costa incluyendo [puertos](http://es.wikipedia.org/wiki/Puerto), peligros a la navegación, localización de luces y otras ayudas a la [navegación](http://es.wikipedia.org/wiki/Navegaci%C3%B3n_mar%C3%ADtima). Las cartas de navegación son instrumentos esenciales y de uso obligatorio para la navegación náutica.

Centro de revisión técnica vehicular. Son las instalaciones en las cuales se realiza la revisión técnica vehicular, que debe hacerse en los vehículos, componentes o accesorios y que estén habilitados por el organismo competente.

Declaratoria de red. Documento que establece todas las especificaciones de cada una de las líneas de ferrocarril en la Red Ferroviaria Fundamental y las especificaciones de interoperabilidad.

Derecho de vía. Es la propiedad del Estado sobre las carreteras, vías férreas su infraestructura y elementos funcionales de las mismas a efectos de su uso, defensa y explotación.

Derrotero. Es una [publicación náutica](http://es.wikipedia.org/wiki/Publicaciones_n%C3%A1uticas) oficial y específica. Consiste en una obra escrita e ilustrada, que describe las costas, [bajo fondos](http://es.wikipedia.org/wiki/Bajofondo), señalizaciones (boyas, faros, balizas, etc.), perfiles visuales de las costas, peligros, formas de navegación convenientes, puertos, terminales y otros, para información – indispensable – del navegante.

Embarcación. Es toda construcción flotante destinada a navegar en los espejos de agua de Bolivia, conforme a normas nacionales, convenios o tratados en aguas internacionales, ya sea propulsada por sus propios medios o mediante el auxilio de otra.

Estado de abanderamiento. Figura del Derecho Internacional Marítimo que comprende la autoridad que tiene Bolivia sobre los buques que enarbolan su pabellón. Cada buque se vincula a un Estado y a la jurisdicción del mismo, para ser regulada conforme a la acción del buque y su bandera que enarbola.

Estado rector del puerto. Figura de Derecho Internacional Marítimo, por medio de la cual Bolivia y los estados ribereños tienen la facultad de ejercer un efectivo control sobre los buques que arriben a sus puertos o que circundan sus aguas con el fin de proteger los recursos marinos y prevenir desastres. Asimismo, corrobora que los buques cuenten con óptimas condiciones de seguridad y tripulaciones adecuadamente formadas. El Estado rector del puerto surge frente a la inoperancia del control por el Estado de abanderamiento, la cual estaba provocando un aumento en la tasa de siniestros y en la contaminación del medio marino.

Estado ribereño. Es la [soberanía](http://es.wikipedia.org/wiki/Soberan%C3%ADa) ejercida por Bolivia a través de la autoridad competente, más allá de sus límites terrestres y de las aguas interiores, extendiéndose al mar.

Infraestructura aeronáutica. Conjunto de edificaciones, instalaciones y servicios establecidos en la superficie y/o espacio aéreo, destinados a proveer los medios necesarios a la seguridad aérea y facilitar un adecuado movimiento del tráfico aéreo.

Infraestructura ferroviaria. Conjunto de obras civiles e instalaciones mecánicas, eléctricas y electrónicas, destinados a proveer un adecuado movimiento para los ferrocarriles.

Infraestructura portuaria. Comprende las obras civiles e instalaciones mecánicas, eléctricas y electrónicas, fijas y flotantes, construidas o ubicadas en los puertos, debidamente certificadas y autorizadas según reglamento específico, para facilitar el transporte y el intercambio modal.

Infraestructura vial. Es toda superficie terrestre, pública o privada, por donde circulan peatones y unidades de transporte, que esta señalizada y bajo jurisdicción de las autoridades nacionales, departamentales, municipales e indígena originario campesinas.

Interoperabilidad. Capacidad de la infraestructura que permite la circulación ininterrumpida de mercancías o pasajeras y pasajeros.

Libre navegación. Principio soberano de Bolivia para realizar viaje con la embarcación sin interferencia alguna, por el tiempo que dure la misma.

Logística. Parte de la cadena de suministros, que planifica, implementa y controla el flujo y el almacenamiento eficaz y eficiente de los bienes, servicios e información relacionada desde el punto de origen al punto de consumo, con el objetivo de satisfacer los requerimientos de los exportadores e importadores, usuarias y usuarios, y consumidoras y consumidores.

Marina mercante nacional. Flota de buques y tripulantes debidamente registrados por la autoridad competente, para realizar actividades comerciales.

Nivel de servicio. Desde el punto de vista de la usuaria o usuario, el nivel de servicio es la integración de todas las reacciones e impresiones subjetivas que la utilización del servicio le produce, en todos los aspectos cualitativos y cuantitativos de la prestación, desde que obtiene el billete o sube al vehículo hasta que sale de la terminal o baja del vehículo en el punto de parada. Desde el punto de vista del operador, en función del servicio ofertado por el operador, considerando parámetros de cumplimiento obligatorio referidos a seguridad y calidad.

Normativa específica. Referida a todo tipo de normas que complementen la presente Ley, como leyes específicas por modalidad de transporte, reglamentos, decretos supremos, resoluciones ministeriales, resoluciones administrativas y cualquier otro tipo de disposición que asegure el cumplimiento de la presente Ley.

Operaciones. Se refiere a todas las actividades necesarias para el transporte de pasajeras o pasajeros y carga (que incluye correo).

Operador. Es la persona natural o jurídica que presta servicios de transporte. Se puede interpretar como sinónimo de transportador.

Personal aeronáutico. Todo titular con licencia otorgada por la autoridad competente que realice funciones aeronáuticas a bordo de aeronaves y/o en la superficie.

Piloto (Modalidad acuática). Aquel que cumple requisitos legalmente establecidos por la autoridad competente y entiende el ejercicio del arte de gobernar un buque, determinando su situación y los rumbos que debe seguir para trasladarse al punto de su destino.

Piloto (Modalidad aérea). Persona que posee licencia aeronáutica con entrenamiento y conocimientos especiales, que dirige y gobierna naves aéreas.

Plan maestro. Planificación que delimita las condiciones técnicas, de calidad, seguridad, circulación interna y otras de la infraestructura que sean aplicables según las disposiciones vigentes, en forma permanente y bajo responsabilidad del administrador de infraestructura.

Práctico. Aquel que cumple requisitos legalmente establecidos por la autoridad competente, para asesorar en rutas y maniobras en el puerto, pasos, ríos y canales a los capitanes de los buques.

Puerto. Es un conjunto de espacios, acuáticos, terrestres, naturales, artificiales e instalaciones fijas y móviles bajo la administración, control y dirección de la autoridad competente, que comprende obras, canales, vías de acceso, instalaciones y servicios, destinados a la atención de pasajeros, mercancías y embarcaciones.

Registro de buques. Es el principio que permite brindar la seguridad en la navegación que en su aceptación jurídico-marítima, es también la oficina pública en la que tiene lugar la inscripción del buque por la autoridad competente.

Servicios logísticos complementarios al transporte. Son todas las actividades conexas o auxiliares que están relacionadas con el servicio de transporte, incluidas la recepción, depósito temporal, tránsito, reexpedición y salida de mercancías de depósitos aduaneros y de zonas francas, y que no están comprendidas en lo referido a infraestructura o a los servicios propios de la actividad de transporte.

Sistema de revisión técnica vehicular. Conjunto de entidades, operaciones e instalaciones destinadas a reducir las fallas mecánicas a través de la verificación y evaluación del estado técnico de los vehículos, mejorar la seguridad vial, mejorar la capacidad de operación del vehículo, reducir las emisiones contaminantes y comprobar la idoneidad de uso a través del registro de los vehículos.

Sistema de transporte integral. Conjunto de varios elementos que interactuando entre sí, permiten que se lleve a cabo el traslado de personas y bienes, entre las que se encuentran infraestructura, operadores y usuarias o usuarios del servicio y otros servicios logísticos complementarios.

Solución de continuidad. Mecanismo que permite la interconexión entre líneas férreas, garantizando la circulación continua y segura del material rodante.

Transporte. Se denomina transporte al traslado de un lugar a otro de personas y carga. Para efectos de la presente Ley, la definición de transporte sólo hace referencia al traslado en unidades motorizadas o no motorizadas de transporte, sin considerar ductos, líneas de electricidad o líneas de telecomunicación.

Transporte intermodal. Es la articulación entre diferentes modalidades de transporte utilizando una única medida de carga, realizando más rápida y eficazmente las operaciones de trasbordo de materiales y mercancías.

Transporte masivo. Serie de medios de transporte que actúan conjuntamente para desplazar grandes cantidades de personas en periodos de tiempo cortos.

Transporte multimodal. Es el transporte de personas y mercancías usando dos (2) o más modalidades de transporte, cubierto por un contrato de transporte multimodal.

Transporte sostenible. Es la provisión de servicios e infraestructura para la movilidad de personas y productos, necesarios para el desarrollo económico y social, que ofrece acceso seguro, confiable, económico, eficiente, equitativo y al alcance de todas y todos, al tiempo que reduce los impactos negativos sobre la salud y el medio ambiente local y global, en el corto, mediano y largo plazo.

Unidad de transporte. Medio de locomoción que permite el traslado de pasajeros o cargas de un lugar a otro.

Usuaria o Usuario. Es la persona natural o colectiva, de derecho público o privado, que hace uso del Sistema de Transporte Integral – STI.

Vías navegables. Espacios acuáticos previstos por la autoridad competente con las condiciones físicas, naturales o artificiales, por donde pueda navegar una embarcación o artefacto naval de manera permanente o por lo menos la mayor parte del año.

I. Las políticas de Estado en materia de transporte, serán establecidas en una visión sistémica e integral, por el nivel central a través de la autoridad competente.

II. El Estado en todos sus niveles de Gobierno, deberá mejorar su institucionalidad, estableciendo mecanismos que mejoren la coordinación y coherencia en la formulación de políticas, planes y proyectos sectoriales.

I. Se deberá proyectar que el Sistema de Transporte Integral – STI, llegue efectivamente a toda la población del país, articulándola al desarrollo social, productivo y comercial.

II. Se proyectará un Sistema de Transporte Integral – STI, eficiente que permita reducir los costos de transporte y logísticos, de modo de economizar los servicios en el Sistema de Transporte Integral – STI.

III. Se garantizará equidad, calidad y seguridad para los usuarios del Sistema de Transporte Integral – STI, mejorando las condiciones de sus componentes que contribuyan a la consecución general del vivir bien y la conservación de la integridad física de personas y carga.

IV. El Estado en todos sus niveles de Gobierno, promoverá una mejora continua del nivel del servicio, optimizará las condiciones de la prestación del servicio, en beneficio de la usuaria o usuario y operador.

V. Se deberá reducir al máximo el nivel de accidentabilidad precautelando ante todo la vida humana.

VI. Se deberá reducir el grado de contaminación, mejorar las condiciones de transitabilidad, facilitar el acceso de usuarias y usuarios, reducir tiempos relacionados al movimiento y espera; con la finalidad de contribuir efectivamente a mejorar las condiciones de vida de la población.

VII. El transporte constituye una base fundamental de la integración y desarrollo, por lo que el Estado fomentará, protegerá y garantizará la continuidad de los servicios en el Sistema de Transporte Integral – STI.

I. Se deberá promover la integralidad y complementariedad de las diferentes modalidades de transporte (aéreo, terrestre, ferroviario y acuático), y la logística comprendida por todas las actividades conexas o auxiliares complementarias al transporte como servicios de recepción, manejo, depósito, consolidación, desconsolidación y reexpedición de mercancías, para generar óptimas condiciones socio productivas, contribuir a la competitividad del país y beneficiar a usuarias y usuarios, y proveedores, a través de servicios efectivos, eficientes y económicos de transporte y logística.

II. Se deberá generar sinergia entre los componentes del Sistema de Transporte Integral – STI, en coordinación entre los diferentes niveles de la administración del Estado, como herramienta para impulsar el desarrollo socioeconómico del país.

III. El nivel central del Estado periódicamente formulará el Plan Nacional Sectorial de Transportes – PLANAST, considerando la multimodalidad del Sistema de Transporte Integral – STI, y su integralidad con la logística; además formulará la normativa específica necesaria de acuerdo a la estrategia nacional, con lo que se definirán los lineamientos para las inversiones del nivel central del Estado, gobiernos autónomos departamentales, municipales e indígena originario campesinos.

IV. Se considera parte primordial de la logística de transporte, la recepción, depósito, transformación, reexpedición y tránsito de mercancías a través de los almacenes aduaneros y zonas francas.

1. Integrar las naciones y pueblos de Bolivia con el mundo, aprovechando la privilegiada posición geográfica del país mediante una adecuada infraestructura interna de transportes, considerando para el efecto el desarrollo y mantenimiento de la Red Vial Fundamental, el desarrollo aeroportuario, ferroviario, fluvial, portuario y la implementación de eficientes pasos de frontera.

2. Consolidar la integración interna del país, promoviendo el desarrollo de las regiones y establecimiento de polos productivos, mediante redes departamentales y municipales, integración de regiones con potencial productivo y promoción de inclusión al desarrollo.

3. Coadyuvar en el control y soberanía del territorio, espacio aéreo, vías fluviales y espejos de agua del país.

I. Se deberán realizar inversiones eficientes en infraestructura de transportes, con el criterio de optimizar al máximo los recursos y lograr la mayor generación de empleos. Se deberán considerar las opciones que permitan integrar inversiones de transportes con otros sectores, promover la industria nacional, impulsar microempresas para generar empleo local y promover la participación de inversiones privadas bajo criterios de beneficio a la sociedad.

II. Las inversiones en infraestructura de transportes, deberán ser realizadas en el marco de un financiamiento concurrente entre el nivel central del Estado, gobiernos autónomos departamentales y municipales.

III. La planificación de la infraestructura de transportes, en todos los niveles de Gobierno, deberá considerar aspectos estratégicos para el desarrollo integral y seguridad del país.

IV. Dentro del planeamiento de infraestructura y servicios, se deberá considerar necesariamente a la logística como una herramienta estratégica para generar óptimas condiciones socioeconómicas en el país.

I. El Sistema de Transporte Integral – STI, en las actividades de planificación y operación de todos sus componentes (infraestructura, servicios de transporte y servicios complementarios) y modalidades de transporte (aéreo, terrestre, ferroviario y acuático), deberá promover la protección del medio ambiente, resguardando los derechos de la Madre Tierra.

II. Se deberá promover que la infraestructura y los servicios de transporte, tengan el menor costo ambiental y social posible, considerando las modalidades de transporte menos contaminantes y más eficientes en términos energéticos.

III. Se deberá promover el transporte sostenible en el Sistema de Transporte Integral – STI, que mitigue los impactos negativos sobre la salud y el medio ambiente local y global, en el corto, mediano y largo plazo sin comprometer el desarrollo de futuras generaciones, mejorando la infraestructura y la gestión de los servicios de transporte mediante la adopción de tecnologías y prácticas más limpias, eficientes y seguras.

IV. El gobierno central y los gobiernos territoriales autónomos, en coordinación con los operadores de transporte, deberán promover iniciativas para evitar el uso innecesario de vehículos, optimización de rutas y tender hacia el transporte público masivo.

I. El nivel central del Estado establecerá la normativa específica que determine una organización eficaz del Órgano Ejecutivo en materia de transportes, asignando la responsabilidad a las entidades pertinentes, para el cumplimiento de todas las competencias correspondientes a la autoridad competente del nivel central descritas en la presente Ley y las normativas específicas reglamentarias. Para el efecto periódicamente se desarrollará un análisis funcional y de desempeño, sobre el cual se propondrá el establecimiento de nuevas entidades, la reestructuración de las mismas, la reasignación de funciones u otras acciones relacionadas a optimizar el desempeño de las entidades públicas.

II. Sin perjuicio del ejercicio pleno de competencias en materia de regulación de los diferentes niveles de gobierno, el nivel central del Estado emitirá la normativa específica, para conformar el Sistema Nacional de Regulación.

III. Cada modalidad de transporte contará con normativa específica, que establezca las condiciones del sistema de transporte de acuerdo a los lineamientos establecidos en la presente Ley.

IV. Las entidades territoriales autónomas deberán emitir su propia normativa específica para las diferentes modalidades, en el ámbito de sus competencias y en concordancia con la presente Ley y su normativa específica. Además deberán estructurar una organización eficiente que les permita cumplir sus funciones, en el marco de los fines del Sistema de Transporte Integral – STI.

I. La autoridad competente en el ámbito de su jurisdicción, formulará y ejecutará las políticas, planes, programas y proyectos que promuevan la seguridad y desarrollo del Sistema del Transporte Integral – STI, en concordancia con el Plan Nacional Sectorial de Transportes – PLANAST.

II. La autoridad competente en el ámbito de su jurisdicción gestionará el financiamiento interno y externo para la ejecución de los planes, programas y proyectos que promuevan el desarrollo del Sistema de Transporte Integral – STI, y la seguridad de sus operaciones.

I. El nivel central del Estado establecerá una autoridad regulatoria competente, descentralizada para regular el Sistema de Transporte Integral – STI.

II. Los gobiernos autónomos departamentales y municipales en el ámbito de sus competencias y su jurisdicción regularán el Sistema de Transporte Integral – STI.

III. Las autoridades regulatorias en los diferentes niveles tendrán las siguientes atribuciones:

I. La autoridad competente del nivel central, departamental y municipal, otorgará a los operadores del transporte o responsables de la implementación, mantenimiento y/o administración de infraestructura, permisos y autorizaciones de acuerdo a los requisitos establecidos en normativa específica reglamentaria a la presente Ley y la normativa vigente.

II. Los operadores del servicio de transporte público, para acceder a las autorizaciones emitidas por la autoridad competente, deberán cumplir con las normas establecidas. Cada autoridad competente en su jurisdicción determinará un periodo de adecuación para la otorgación de permisos y autorizaciones que no podrá ser superior a dos (2) años.

III. La otorgación de autorizaciones debe incluir una asignación eficiente a fin de evitar la sobreoferta de servicios.

I. Toda actividad en el sector de transporte se realizará adecuándose a principios de no discriminación y que garanticen la libre competencia, evitando actos anticompetitivos y prácticas desleales que la impidan, restrinjan o distorsionen la prestación del servicio y al cumplimiento de la normativa específica establecida, en el marco de la Constitución Política del Estado.

II. La autoridad competente definirá los mecanismos e implementará los instrumentos necesarios para la promoción y defensa de la competencia en la prestación de los servicios de transporte público en todas sus modalidades.

I. La autoridad competente a través de sus entidades responsables, efectuará el seguimiento de obligaciones establecidas en la normativa vigente y en los contratos de concesión en los casos que existan y fiscalizará la prestación de los servicios de transporte por parte de los operadores y administradores de infraestructura, debiendo diseñar y aplicar los instrumentos más idóneos para el efecto.

II. Los funcionarios acreditados por la autoridad competente, exclusivamente para el seguimiento, fiscalización, control y supervisión del servicio durante las inspecciones, estarán liberados de la cancelación de la totalidad de la tarifa, de acuerdo a normativa específica.

III. Los parámetros y estándares técnicos y de calidad para la prestación de los servicios de transporte, serán establecidos por la autoridad competente del nivel central, pudiendo ser ajustados según la necesidad y servirán de referencia para que los gobiernos autónomos departamentales y municipales ajusten la calidad en la prestación de los servicios de transporte en el ámbito de su jurisdicción, en favor de las usuarias y los usuarios.

I. La autoridad competente, en el marco de sus atribuciones y competencias, podrá sancionar a los operadores del servicio de transporte y administradores de infraestructura por las infracciones a las disposiciones contenidas en la presente Ley, la normativa específica sectorial aplicable a cada modalidad de transporte y aquellas establecidas en los respectivos contratos, previo al debido proceso.

II. De acuerdo a sus características, las infracciones para cada modalidad de transporte, se clasifican en:

III. Constituyen infracciones por prestación ilegal del servicio las siguientes:

IV. Constituyen infracciones contra el Sistema de Transporte Integral – STI, las siguientes:

V. Constituyen infracciones contra los derechos de las usuarias y los usuarios las siguientes:

VI. Constituyen infracciones contra los derechos de los operadores las siguientes:

VII. Constituyen infracciones contra las atribuciones de la autoridad competente las siguientes:

VIII. Las infracciones serán sancionadas en aplicación a los principios de graduación y proporcionalidad con:

IX. La autoridad competente en el marco de sus atribuciones podrá establecer otro tipo de infracciones considerando las características de cada modalidad de transporte y de acuerdo a normativa específica.

I. Las autoridades competentes en coordinación con los operadores y administradores de infraestructura, promoverán políticas públicas basadas en principios de solidaridad destinadas a mejorar el acceso al transporte público, mientras no se comprometa la viabilidad financiera de los operadores.

II. Los operadores del servicio público de transporte y administradores de infraestructura en todas sus modalidades deberán otorgar descuentos de las tarifas aprobadas por la autoridad competente de acuerdo a normativa específica, a las siguientes personas:

III. Para ser beneficiaria o beneficiario de dicho descuento, el pasajero deberá acreditar su condición a través de la presentación del documento extendido por la entidad competente.

IV. Los descuentos para infantes, niños, niñas y estudiantes, serán definidos por la autoridad competente en el área de su jurisdicción de acuerdo a normativa específica.

V. En casos de emergencia los operadores y administradores de infraestructura podrán proveer servicios con tarifas solidarias de forma temporal.

I. Las autoridades competentes deberán elaborar mecanismos, procedimientos para la socialización y aprobación tarifaria.

II. El régimen tarifario deberá ser de conocimiento público, a este efecto las autoridades competentes deberán utilizar los medios de difusión más adecuados para trasmitir de forma clara y oportuna la información a la población.

I. El consejo estará conformado por representantes de las instituciones competentes del nivel central del Estado, de las modalidades de transporte, los cuales serán designados mediante Resolución Ministerial.

II. Serán miembros del consejo, los representantes de las entidades territoriales autónomas; asimismo y a través de los sub-consejos participarán los representantes de los operadores y sociedad civil organizada de acuerdo a normativa específica.

III. Cuando corresponda, podrán participar representantes de ministerios y viceministerios de otros sectores e instituciones relacionadas con el sector, de acuerdo a normativa específica.

I. Para el financiamiento de las actividades del Consejo de Coordinación Sectorial y sus respectivos Sub-consejos, el gobierno central, los gobiernos autónomos departamentales y municipales destinarán un porcentaje de las recaudaciones obtenidas por concepto de regulación, a un fondo cuya administración será definida de acuerdo a reglamento interno específico.

II. El funcionamiento del Consejo y Sub-consejos, será definido en su reglamento interno específico.

FINES, MODALIDADES, COMPONENTES Y PLANIFICACIÓN DE TRANSPORTE

I. El gobierno central y los gobiernos territoriales autónomos deberán establecer sus políticas, normas, planes, programas y proyectos en concordancia con los fines del Sistema de Transporte Integral – STI.

II. La otorgación de las respectivas autorizaciones en lo que respecta a infraestructura, operaciones, servicios y otras actividades relacionadas al Sistema de Transporte Integral – STI, deberán exigir necesariamente el cumplimiento de los estándares de equidad, calidad y seguridad establecidos.

I. El gobierno central y las entidades territoriales autónomas, en el ámbito de sus competencias serán responsables de promover la intermodalidad con la finalidad de integrar interna y externamente el territorio de Bolivia, mejorar el nivel competitivo de las actividades productivas y comerciales y facilitar los procesos de interacción social y cultural del país.

II. La integralidad y complementariedad de las diferentes modalidades de transporte, se deberá sustentar en el desarrollo de un sistema de logística avanzada, como factor fundamental para promover el desarrollo económico y social. En ese contexto, el Estado en sus diferentes niveles de gobierno, deberá establecer una estrategia que permita implementar la logística avanzada como parte del Sistema de Transporte Integral – STI, con estrecha vinculación a la estrategia de desarrollo del país.

I. Las entidades o reparticiones del nivel central del Estado y de las entidades territoriales autónomas que realicen labores de facilitación al servicio de transporte nacional e internacional, en ejercicio de sus atribuciones, deberán garantizar que el flujo de pasajeros y carga en dicho servicio sea prestado en condiciones de calidad, seguridad y eficiencia, sin afectar el cumplimiento específico de sus funciones.

II. Para generar en su conjunto un sistema eficiente y económico, para la facilitación del servicio de transporte, se deberá considerar el establecimiento y empleo de plataformas logísticas, centros almaceneros y zonas francas nacionales que posibiliten óptimas operaciones de manejo, almacenamiento y distribución de cargas.

III. Para agilizar la recepción y despacho de mercancías homogéneas y fáciles de contar, en almacenes aduaneros y zonas francas, se autoriza el reconocimiento sobre la unidad de transporte, camión, vagón ferroviario o embarcación, cumpliendo los controles y seguridades correspondientes.

IV. Para fomentar la modernización de las unidades de transporte, calidad del servicio y seguridad de las operaciones, se autoriza que personas naturales o jurídicas dedicadas al transporte, sean usuarios de zonas francas.

I. Los gobiernos autónomos municipales, deberán identificar e incorporar las áreas que puedan servir como terminales terrestres, aeroportuarias, estaciones ferroviarias o puertos fluviales o lacustres a futuro, en los planes de ordenamiento territorial, planes de uso de suelo, planes directores o reguladores, o cualquier otro instrumento de planificación urbana.

II. La superficie del emplazamiento más el área afectada para el funcionamiento de la infraestructura, deberá ser seleccionada considerando que no se afecten tierras productivas y tengan un mínimo impacto en el medioambiente.

I. Para optimizar la utilización de los recursos de inversión disponibles para infraestructura de transportes, se establecerán mecanismos que promuevan la concurrencia de recursos provenientes de diferentes entidades territoriales autónomas.

II. Las inversiones concurrentes serán calificadas según la prioridad nacional, importancia regional y capacidad financiera de las entidades territoriales.

El servicio de transporte público se clasificará en:

I. Son aquellos que se dedican a la prestación de servicios relacionados con el movimiento y almacenamiento de mercancías, incluyendo la subcontratación (forwarders, agencias navieras, operador), aportando valor añadido a la cadena productiva del transporte. Se considera parte primordial de la logística del Sistema de Transporte Integral – STI, la recepción, depósito, transformación, reexpedición, consolidación, desconsolidación y tránsito de mercancías a través de los almacenes aduaneros y zonas francas.

II. La logística debe ser comprendida como transversal a la producción, comercio, transporte, información, control y facilitación del comercio, bajo ese enfoque el nivel central del Estado y las entidades territoriales autonómicas deberán formular sus planes y proyectos.

III. El Estado en todos sus niveles de gobierno, promoverá la integralidad y complementariedad de las diferentes modalidades de transporte, bajo un sistema de logística avanzada como parte del Sistema de Transporte Integral – STI, para mejorar la eficiencia operativa y economía de medios en todo el proceso productivo y comercial.

IV. La integralidad y complementariedad de las diferentes modalidades de transporte, se deberá sustentar en el desarrollo de un sistema de logística avanzada, como factor fundamental para promover el desarrollo económico y social. En ese contexto, el Estado en sus diferentes niveles de gobierno, deberá establecer una estrategia que permita implementar la logística avanzada como parte del Sistema de Transporte Integral – STI, con estrecha vinculación a la estrategia de desarrollo del país.

I. Están conformadas por la infraestructura necesaria para el intercambio modal de transporte y los espacios disponibles para la carga/descarga de la mercancía. Pueden comprender otras instalaciones como naves de almacenamiento, viales, edificios de oficinas, facilidades de depósito en zonas francas y almacenes aduaneros, entre otros.

II. Dentro de las instalaciones logísticas se deben destacar las plataformas logísticas por su importancia estratégica, considerando; la ubicación respecto a principales corredores de transporte de mercancías; dimensión de espacio logístico, medios técnicos y humanos disponibles; además de una gran potencialidad de desarrollo logístico y accesibilidad diaria.

III. Con el propósito de agilizar el ingreso y despacho de mercancías, los sistemas informáticos de control en depósitos aduaneros y zonas francas, deben ser uniformes, rápidos y seguros.

I. La planificación en transporte deberá ser integral, considerando en forma sistémica la infraestructura, los servicios y la logística, para el efecto deberán participar en la formulación de planes, programas y proyectos, los responsables de infraestructura, los que la utilizan, los que regulan y los que se encuentran en el área de servicios complementarios y logística.

II. Por la transversalidad del Sistema de Transporte Integral – STI, con diferentes sectores socioeconómicos del país, los planes, programas y proyectos del sector transporte tendrán un carácter integral, para lo cual en su formulación participarán representantes de diferentes instancias del gobierno plurinacional y de los sectores económicos del país.

III. Las Fuerzas Armadas participarán en el ámbito de su competencia en la planificación de la infraestructura del sector transporte, desde el punto de vista estratégico de la seguridad y defensa.

I. El Plan Nacional Sectorial de Transporte – PLANAST, definirá en base a un diagnostico, los objetivos y estrategias a ejecutar por el Sistema de Transporte Integral – STI.

II. Será elaborado por la cabeza del sector y aprobado por el Consejo de Coordinación Sectorial, tendrá un periodo de vigencia de diez (10) años computables a partir de su aprobación, pudiendo ser revisado y actualizado cada cinco (5) años.

I. Los gobiernos autónomos departamentales, deberán elaborar el Programa Departamental de Transporte – PRODET, por periodos de cinco (5) años. Asimismo, compatibilizará y articulará dentro del Plan de Desarrollo Departamental Económico y Social, los objetivos planteados en el Plan Nacional Sectorial de Transporte – PLANAST.

II. Dando cumplimiento al parágrafo IV del Artículo 96 de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, el Programa Departamental de Transporte deberá incorporar los programas y proyectos de transporte presentados por los gobiernos autónomos municipales con población menor a 5.000 habitantes, en el marco de las competencias concurrentes establecidas en la presente norma.

I. El Programa Departamental de Transporte – PRODET para los gobiernos autónomos departamentales y el Programa Municipal de Transporte – PROMUT para gobiernos autónomos municipales con población mayor a 5.000 habitantes constituirán requisitos indispensables para acceder a recursos públicos destinados a preinversión e inversión en el sector de transporte.

II. Los municipios con población menor a 5.000 habitantes, deberán presentar proyectos en el marco del Plan Nacional Sectorial de Transporte – PLANAST, ante los gobiernos autónomos departamentales de su jurisdicción.

I. La autoridad competente en cada modalidad de transporte tiene la obligación de investigar los accidentes e incidentes que se produzcan en el territorio boliviano, así como los que ocurran en medios de transporte bolivianos en el extranjero, para determinar sus causas probables y establecer las medidas tendientes a evitar su repetición.

II. Los medios de transporte extranjeros que sufran accidentes en territorio boliviano así como los nacionales que sufran accidentes en territorio extranjero, quedarán sujetos a la investigación técnica prevista en los convenios internacionales.

a) Que se asegure la reciprocidad real y efectiva en las negociaciones internacionales que permitan establecer y asegurar un intercambio igualitario y equivalente en cuanto a las condiciones de operación de los servicios de transporte con otro Estado.

MEDIO AMBIENTE Y SEGUROS

I. Las organizaciones sociales y la sociedad civil organizada, participarán en el diseño de políticas de Estado planes, programas y proyectos de transporte.

II. La autoridad competente generará mecanismos de acercamiento y espacios de participación y control social, para un eficiente servicio del transporte.

III. En la fase de planificación a nivel central, departamental y municipal se reconoce la participación de la sociedad civil organizada en general para la formulación del Plan Nacional Sectorial de Transporte – PLANAST, Programa Departamental de Transporte – PRODET y el Programa Municipal de Transporte – PROMUT, respectivamente.

I. Es de prioridad la inclusión de temas de educación vial en la currícula de educación formal y alternativa en todos sus niveles y modalidades, como competencia del nivel central del Estado.

II. Adicionalmente, al momento de iniciar el viaje, los operadores de transporte y administradores de infraestructura, están en la obligación de explicar y transmitir a los pasajeros, aspectos de seguridad, los derechos y obligaciones de operadores y pasajeros de acuerdo a la modalidad de transporte.

I. Todos los planes, programas, proyectos o actividades en el Sistema de Transporte Integral – STI, en todas sus categorías, existentes y nuevas, sean públicas o privadas, deberán enmarcarse en los derechos de la Madre Tierra y cumplir con lo establecido en el reglamento de prevención y control ambiental de la Ley del Medio Ambiente y la normativa ambiental sectorial a ser elaborada. Durante la fase de planificación se evaluarán diferentes alternativas para reducir o mitigar al máximo los impactos ambientales que pudiesen ocasionarse, en el marco de promover un transporte sostenible.

II. El gobierno central, los gobiernos autónomos departamentales y municipales, serán responsables en sus respectivos ámbitos de competencia, de promover el uso de medios de transporte ambientalmente sostenible, en cumplimiento de la normativa ambiental vigente, priorizando las unidades de transporte menos contaminantes.

III. Las autoridades competentes, en el ámbito de su jurisdicción, promoverán la incorporación de mecanismos que minimicen el impacto de la emisión de contaminantes (gases, líquidos, ruido y otros).

I. No se autorizará la circulación en el territorio, agua o espacio aéreo boliviano, de ningún medio de transporte extranjero que no acredite tener asegurados los daños que puedan producir a las usuarias y los usuarios, carga o a terceros.

II. En los casos en que la responsabilidad del transportista se rija por acuerdos o convenios internacionales, el seguro deberá cubrir los límites de responsabilidad en ellos previsto.

O NECESIDADES ESPECIALES

I. Los pasajeros con discapacidad o con necesidades especiales (personas adultas mayores, niñas, niños, enfermas, enfermos y mujeres embarazadas si corresponde), y sus acompañantes deberán recibir un trato preferencial.

II. El operador y administradores de infraestructura deberán brindar a estos pasajeros la asistencia necesaria y facilitar su acceso al medio de transporte, destinando asientos que estén próximos a los accesos, debidamente señalizados, asignando además el espacio necesario para la comodidad del pasajero y la ubicación de bastones, muletas u otro equipo especial.

I. Las personas con discapacidad o necesidades especiales, gozarán de atención preferente. Al efecto, los operadores de servicio para cada modalidad de transporte deberán priorizar la atención a dichos pasajeros y acompañantes para evitar que realicen cualquier tiempo de espera innecesario en la atención y prestación del servicio.

II. Asimismo, tendrán derecho a embarcar al medio de transporte en forma previa a cualquier otro pasajero.

III. Por seguridad del pasajero con discapacidad o necesidades especiales, el personal encargado en destino, determinará la conveniencia de desembarcarlo primero o al final del resto de los pasajeros.

I. Para el transporte de pasajeros enfermos, el operador deberá exigir un certificado médico, en el que consten las condiciones de salud y capacidad para el viaje.

II. Dependiendo de las condiciones del pasajero, se podrá exigir, por cuenta de éste, que un médico o cualquier otra persona idónea para el caso, lo asista durante el viaje, a menos que el médico certifique que no es necesario.

III. El operador, dentro de sus posibilidades, prestará auxilio y los cuidados que estén a su alcance en relación a pasajeros que súbitamente sufran lesiones o presenten alguna enfermedad durante el viaje.

I. La modalidad de transporte aéreo constituye una serie de actividades destinadas a trasladar en aeronaves a pasajeros y carga de un aeropuerto o aeródromo a otro. Esta modalidad incluye infraestructura, equipamiento y servicios, considerando los siguientes elementos:

II. El servicio público de transporte aéreo se prestará bajo las modalidades de servicio público de transporte aéreo regular y no regular.

I. Para el desarrollo de la actividad aeronáutica, el Estado fomentará las actividades de:

a) Aeroclubes y clubes de aeromodelismo y planeadores.

b) Establecimientos de enseñanza aeronáutica.

c) Centros e institutos de investigación científica y tecnológica.

d) Industria aeronáutica.

II. La autoridad competente reglamentará las actividades conforme a la presente Ley.

I. La modalidad de transporte aéreo es una actividad sostenible de seguridad operacional y aeroportuaria, así como de economía, eficiencia y eficacia, de excelencia y armonía con el medio ambiente.

II. La modalidad del transporte aéreo contribuye a las políticas sociales del Estado en materia de servicios de transporte aéreo nacional e internacional, cuya prestación coadyuve con los planes de desarrollo del país, a fin de fortalecer la interconexión nacional, la integración regional, el desarrollo del sistema turístico nacional y el comercio internacional.

I. El Estado Plurinacional de Bolivia ejerce soberanía completa y privativa sobre el espacio aéreo que cubre su territorio.

II. Es competencia privativa del nivel central del Estado el control del espacio aéreo y tránsito aéreo, en todo el territorio nacional. Construcción, mantenimiento y administración de aeropuertos internacionales y de tráfico interdepartamental.

I. A los efectos del cumplimiento de las competencias establecidas en la Constitución Política del Estado Plurinacional, la planificación, estudios, proyectos, construcción, mantenimiento, mejoramiento de infraestructura y administración de aeropuertos, se define su clasificación de acuerdo al tipo de tráfico u operaciones aéreas generadas por los aeropuertos de la siguiente manera:

II. En caso de concurrir en un mismo aeropuerto operaciones de transporte aéreo municipal, local o interprovincial con operaciones interdepartamentales e internacionales, de acuerdo a la clasificación detallada precedentemente, la construcción y administración del aeropuerto quedará a cargo del nivel central del Estado de conformidad a lo dispuesto en el numeral 14 del parágrafo I, del Artículo 298 de la Constitución Política del Estado.

III. La autoridad competente del nivel central, otorgará autorización para la construcción y operación de todos los aeropuertos de acuerdo a la presente Ley y normativa específica.

IV. Considerando la propiedad y uso, los aeropuertos se clasifican en los de uso privado y los de uso público:

I. Se entiende por servicio de transporte aéreo regular, aquel que destinado al uso público ofrece una oportunidad razonable de transporte en una serie sistemática de vuelos.

II. Se considera transporte aéreo no regular, el que se realiza sin sujeción a itinerarios y horarios prefijados, aun cuando se efectúe por una serie de vuelos.

I. El servicio de transporte aéreo es interno e internacional. Se considera interno el transporte aéreo realizado entre dos o más puntos dentro del territorio boliviano.

II. Se considera internacional el transporte aéreo realizado entre el territorio boliviano y un Estado extranjero, o entre dos puntos del territorio boliviano cuando se hubiese pactado y efectuado una escala intermedia en el territorio de un Estado extranjero. El transporte aéreo no pierde su carácter de interno cuando la aeronave efectúa un aterrizaje forzoso en el territorio de otro Estado.

I. La autoridad competente otorgará permisos de operación, a los operadores que hayan obtenido previamente su certificado de operador aéreo y cumplido los requisitos establecidos por la normativa específica acerca de la estructura y condiciones técnico-operativas y legales que deben demostrar dichos operadores.

II. Para la operación de toda actividad comercial aérea, se requiere de un certificado de operador aéreo según las normas de esta Ley, las normas específicas y disposiciones aeronáuticas, el mismo que no podrá ser cedido, negociado ni transferido.

I. La regulación y fiscalización de la prestación de los servicios de transporte aéreo y servicios aeroportuarios; y la protección de los derechos de las usuarias y los usuarios son atribuciones del nivel central del Estado, a través de la autoridad competente.

II. La autoridad competente del nivel central, ejercerá la regulación y fiscalización a los operadores privados y estatales, regulares y no regulares, que realicen operaciones comerciales nacionales e internacionales, de transporte aéreo de pasajeros y carga, desde y hacia el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia.

I. La autoridad competente del nivel central establecerá estándares técnicos para la prestación de los servicios de transporte aéreo relacionados con cumplimiento de itinerarios, puntualidad, cancelación de vuelos, trato cordial, información a la usuaria y al usuario, facilitación al embarque y desembarque, atención y acceso a personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres embarazadas cuando su estado lo permita, menores y personas que requieran un trato especial y otros aspectos definidos en la normativa específica.

II. Asimismo, establecerá estándares de calidad para la prestación de los servicios aeroportuarios relacionados con infraestructura y equipamiento de la misma, la autoridad competente aprobará estándares de calidad, que permitan contar con una infraestructura y servicios acorde al tipo de aeropuerto, facilitación al embarque y desembarque, atención y acceso a personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres embarazadas, menores y personas que requieran un trato especial y otros aspectos definidos en la normativa específica.

Y ORGANIZACIONES DE MANTENIMIENTO

I. De conformidad con las normas nacionales e internacionales, el Estado prestará el servicio de búsqueda, asistencia y salvamento aéreo de víctimas de accidentes de aviación dentro el territorio nacional, a través de la instancia correspondiente del nivel central del Estado.

II. Son operaciones de búsqueda, asistencia y salvamento aéreo de aeronaves declaradas extraviadas de acuerdo a normas nacionales e internacionales y otras actividades concurrentes al servicio de la población, cuya dirección, administración, y conducción operativa del sistema de búsqueda, asistencia y rescate aéreo “SAR”, está a cargo del nivel central a través de la Fuerza Aérea Boliviana en coordinación y participación directa de los gobiernos autónomos departamentales, gobiernos autónomos municipales y otras instituciones, que requieran de estos servicios, reglamentados en normativa específica.

III. Todos los organismos de voluntarios para la búsqueda, asistencia y rescate, deberán cumplir con la normativa específica correspondiente del sistema “SAR”.

I. La persona que circula a pie, en sillas de ruedas u otros por las vías públicas deberá cumplir con las siguientes reglas:

II. En caso de accidente y cuando éste se produzca por inobservancia de los puntos citados precedentemente y en medio de la calzada, la responsabilidad del peatón será determinada en función a parámetros objetivos de carácter técnico, legal y constitucional.

III. Los gobiernos autónomos municipales deben establecer una red de aceras y pasos peatonales que brinden seguridad vial a los peatones frente a los automotores, las mismas deberán estar debidamente equipadas, señalizadas y libres de obstáculos, garantizando la libre movilidad de los peatones.

I. La autoridad competente del nivel central, promoverá la implementación del Sistema Nacional de Revisión Técnica Vehicular, a fin de precautelar la calidad del aire en el territorio nacional.

II. A partir de la emisión de la presente Ley, solamente se permite la importación de vehículos automotores que cumplan con la Norma de Emisiones Atmosféricas EURO II o equivalentes y en un plazo de cinco (5) años se deberá llegar a la Norma EURO IV o equivalentes.

III. Quinquenalmente la autoridad competente evaluará estas exigencias de acuerdo a la tecnología anticontaminante desarrollada por los fabricantes y la calidad de los combustibles que permita su aplicación.

a) No son parte de la Red Vial Fundamental ni Departamental y que están en la jurisdicción territorial de la autonomía indígena originario campesina.

b) Son caminos alimentadores de la Red Departamental o Fundamental

c) Vinculan poblaciones rurales, comunidades o centros de producción.

I. Consiste en la propiedad del Estado sobre las carreteras, su infraestructura y elementos funcionales de las mismas a efectos de su uso, defensa y explotación.

II. Es elemento funcional de una carretera, toda la zona afectada a la conservación de la misma o a la operación del servicio público vial de manera permanente o temporal, tales como las destinadas al descanso, estacionamiento, auxilio y atención médica de urgencia, pesaje, parada de autobuses y otros fines auxiliares o complementarios.

III. En esta zona, no podrán realizarse obras, ni se permitirán más usos que aquellos que sean compatibles con el uso y la seguridad vial u otros servicios básicos estratégicos, sin que su implementación afecte los niveles de seguridad vial.

IV. La autoridad competente del nivel central podrá utilizar o autorizar el uso de la zona de afectación, por razones de interés general o cuando se requiera mejorar el servicio en la carretera. A objeto de evitar ocupación ilegal de la zona de afectación de las carreteras, ejercerá control permanente del derecho de vía en las carreteras y en caso de ocupación o utilización ilegal procederá a la desocupación del área afectada de acuerdo al procedimiento aplicable.

V. El ancho de derecho de vía será definido por la autoridad competente del nivel central del Estado, considerando las necesidades y acuerdos internacionales.

I. La autoridad competente del nivel central, establecerá los estándares de señalización horizontal y vertical, a ser aplicados en las carreteras de la Red Vial Fundamental, Redes Departamentales, Redes Municipales y Redes Vecinales y Comunales.

II. La señalización de la infraestructura vial será realizada conforme a la clasificación de carreteras de la presente Ley.

I. La administración de peaje en la Red Vial Fundamental estará a cargo de la autoridad competente del nivel central.

II. La autoridad competente, promoverá el establecimiento de un sistema automático de cobro de peajes, en base a detectores electrónicos.

I. Un porcentaje de los recursos generados del cobro de peaje será destinado para el funcionamiento y gastos de operación de la autoridad competente del nivel central administradora de peaje. Un segundo porcentaje será destinado a la cuenta nacional de carreteras.

II. La autoridad competente del nivel central deberá tomar las medidas que correspondan, a fin de asegurar la previsión y provisión de recursos para la conservación del patrimonio vial.

I. La estación de cobro de peaje es el lugar apropiado en ubicación y tamaño, que permite el desarrollo de las actividades operativas de la autoridad competente del nivel central.

II. El funcionamiento de las estaciones de peaje se desarrollará en la Red Vial Fundamental. La creación, eliminación, y reubicación de las estaciones de cobro de peaje serán propuestas y aprobadas por laautoridad competente del nivel central.

III. La infraestructura, tecnología y equipamiento de las estaciones de peaje deberá facilitar el desarrollo de las actividades de cobro de peaje y otros servicios definidos en normativa específica vigente.

I. La autoridad competente del nivel central encargada de administrar directamente el cobro de peajes, pesajes y control de pesos y dimensiones de la Red Vial Fundamental, tendrá atribuciones y competencias establecidas en la normativa específica.

II. La categorización vehicular, así como el establecimiento de pesos y dimensiones máximos de circulación, serán definidos, actualizados y aprobados por la autoridad competente del nivel central mediante normativa específica.

I. Todo operador de transporte de carga y pasajeros está obligado a detenerse y someterse al control de pesos y dimensiones en todas las estaciones y puestos de control en la Red Vial Fundamental.

II. El funcionario de las estaciones, puestos de control de pesos y dimensiones y puestos de cobro de peaje en la Red Vial Fundamental, tiene la obligación de verificar la boleta de control de peso y permisos especiales.

III. El control en vía pública del cumplimiento de pesos y dimensiones es responsabilidad de la Policía Boliviana.

IV. La emisión de permisos especiales para operadores que transporten carga que exceda los pesos y dimensiones permitidos, estará a cargo de la autoridad competente del nivel central. Los requisitos para la emisión de permisos especiales se determinarán mediante normativa específica.

I. La unidad de transporte que no cuente con boleta de control de peso correspondiente en su ruta o permiso especial, no podrá circular en la Red Vial Fundamental y será pasible a sanciones de acuerdo a normativa específica.

II. Vehículos con exceso de carga, no podrán circular salvo que realicen el trámite de un permiso especial o readecúen el peso de la carga al límite máximo establecido, de acuerdo a normativa específica.

III. La autoridad competente del nivel central deberá tomar las medidas preventivas que correspondan, a fin de conservar el patrimonio vial.

I. Las estaciones de control de pesos y dimensiones son el lugar apropiado en ubicación y tamaño, que permite el desarrollo de las actividades operativas de la autoridad competente del nivel central.

II. El funcionamiento de las estaciones de control de pesos y dimensiones se desarrollará en la Red Vial Fundamental. La creación, ubicación y reubicación de las estaciones de control de pesos y dimensiones, fijos y móviles, serán propuestas y aprobadas por laautoridad competente del nivel central.

III. La infraestructura, tecnología y equipamiento de las estaciones deberán facilitar el desarrollo de las actividades de pesaje y dimensiones y otros servicios definidos en normativa específica vigente.

I. El uso de las casetas de las terminales terrestres deberá ser de uso prioritario para los operadores que cumplan con los requisitos para la prestación del servicio y cuenten con el parque automotor exigido y deberán proporcionar una adecuada accesibilidad a las usuarias y los usuarios.

II. La autoridad competente estará encargada de la fiscalización y control para el estricto cumplimiento de lo señalado.

I. La autoridad competente, establecerá los estándares de calidad, seguridad, de operación, incentivando la incorporación de vehículos seguros, modernos y de capacidad acorde al servicio requerido.

II. El Estado, en todos sus niveles de gobierno, apoyará y coadyuvará las iniciativas de los operadores y otros, para el financiamiento que permita mejorar y renovar el parque automotor del servicio de transporte público terrestre.

III. El nivel central del Estado es responsable de promover el uso de medios de transporte motorizado con la mejor tecnología anticontaminación disponible. La autoridad competente a nivel central reglamentará la tecnología vehicular de acuerdo a las normas internacionales EURO y TIER, para la importación y fabricación de vehículos que ingresen al parque automotor circulante y presten servicios.

IV. Se evitará la importación y la incorporación en el transporte público de vehículos motorizados transformados o modificados en su diseño original de fábrica; además la puerta principal del vehículo debe encontrarse a la derecha, en cumplimiento de las normas de tránsito vigentes en el país.

V. Se prohíbe la instalación del cilindro de Gas Natural Vehicular – GNV dentro del vehículo (habitáculo).

VI. Los vehículos destinados al transporte público de pasajeros o carga, deberán cumplir con los parámetros técnicos establecidos por la autoridad competente. La trasgresión a esta disposición será sancionada conforme a lo establecido en la presente Ley.

I. La entidad competente del nivel central del Estado, reglamentará mediante normativa específica las condiciones de operación de los centros de revisión técnica vehicular, para realizar la inspección técnica de vehículos bajo estándares uniformes y otorgará la autorización correspondiente con validez en el área geográfica asignada y por un tiempo determinado.

II. La revisión técnica vehicular tendrá un enfoque integral en aspectos técno-mecánicos y ambientales de los vehículos, de acuerdo a normativa específica establecida por la entidad competente.

III. La entidad competente del nivel central del Estado establecerá los periodos de la revisión técnica vehicular.

I. Los centros de revisión técnica vehicular, son establecimientos especializados y acreditados, los cuales deberán estar equipados con líneas de inspección para vehículos livianos, pesados y motocicletas, además de equipos computarizados para la inspección, de acuerdo a los estándares establecidos en normativa específica.

II. La cantidad de centros de revisión y sus respectivas líneas de inspección por ciudad, serán establecidas por la entidad competente del nivel central, las mismas que estarán conectadas en red y tiempo real con el centro informático de control nacional de revisión técnica vehicular.

DE TRANSPORTE AUTOMOTOR TERRESTRE

I. El régimentarifario del servicio de transporte automotor internacional, interdepartamental, interprovincial, intermunicipal y urbano de pasajeros y carga, debe basarse en los siguientes principios:

II. No deberá contemplar subsidios de un determinado servicio de transporte para otro servicio.

I. La autoridad competente realizará un estudio de costos reales y de la eficiencia del servicio que fije una tarifa inicial, la cual servirá de base para determinar el régimen tarifario.

II. Las actualizaciones periódicas de las tarifas se realizarán en base a la tarifa vigente, la variación de precios de los insumos del servicio, el tipo de cambio y la eficiencia del servicio, conforme a reglamentación.

III. Conforme a reglamentación a definir por la autoridad competente, se establecerá un periodo regulatorio que incorpore los factores base de regulación tarifaria durante ese periodo.

IV. Se establecerá un periodo tarifario que será determinado por la autoridad competente, durante el cual el régimen tarifario permanecerá constante, conforme a reglamentación.

I. Parámetros de Seguridad.

a) Los horarios de trabajo de los conductores deben estar en función a la cantidad de vehículos que circulan en la ruta, la frecuencia óptima de servicio y el tiempo máximo de trabajo de un conductor considerando sus descansos periódicos y relevos.

b) Los vehículos que prestan el Servicio de Transporte Público Automotor de pasajeros deberán cumplir las rutas, horarios y frecuencias establecidas en su autorización respectiva, sin sobrepasar el límite de velocidad, de acuerdo a lo dispuesto en la normativa específica.

Cumplimiento de estándares y periodicidad establecidos por el Sistema Nacional de Revisión Técnica Vehicular, para las inspecciones técnico mecánicas a los vehículos que prestan el servicio de transporte público automotor internacional, interdepartamental, interprovincial, intermunicipal y urbano.

II. Parámetros de Calidad.

Establecer una frecuencia diurna y nocturna que debe ser cumplida por los vehículos que prestan el Servicio de Transporte Público Automotor en conformidad a la autorización emitida, que estará acorde a la demanda de la población.

I. El régimen tarifario para el servicio de transporte público automotor internacional, interdepartamental será aprobado por la autoridad competente del Gobierno del Estado Plurinacional, tomando en cuenta lo establecido en la presente Ley y sus normas específicas.

II. El régimen tarifario para el servicio de transporte público automotor interprovincial e intermunicipal será aprobado por los gobiernos autónomos departamentales, tomando en cuenta lo establecido en la presente Ley y sus normas específicas.

III. El régimen tarifario para el servicio de transporte público automotor urbano será aprobado por los gobiernos autónomos municipales, en el ámbito de su jurisdicción territorial, tomando en cuenta lo establecido en la presente Ley y sus normas específicas.

IV. Una vez aprobado el régimen tarifario,los prestadores del servicio deberán exhibir permanentemente el detalle del mismo, en lugares visibles a las usuarias y los usuarios.

I. Conducción en estado de embriaguez o bajo la influencia de estupefacientes que no provoca accidente de tránsito:

II. Para el propietario de la unidad de transporte internacional e interdepartamental, en caso de que se compruebe responsabilidad, en el marco del debido proceso:

1. Conducción en estado de embriaguez o bajo la influencia de estupefacientes será sancionada con suspensión de operaciones por treinta (30) días calendario.

3. A la tercera vez, suspensión definitiva de operaciones:

III. Conducción en estado de embriaguez o bajo la influencia de estupefacientes que provoca accidente de tránsito:

a) Por primera vez, suspensión de operaciones por treinta (30) días calendario.

b) Por segunda vez, revocatoria de la tarjeta de operación.

IV. Las autoridades competentes dentro de su jurisdicción, deberán hacer cumplir la normativa específica vigente, en lo que se refiere a la prohibición de la conducción en estado de embriaguez.

I. Todos los operadores están obligados a cumplir requisitos y estándares de calidad, seguridad, circulación, vialidad y otros que sean aplicables según las disposiciones vigentes, en forma permanente y bajo su responsabilidad a fin de garantizar una prestación del servicio eficiente.

II. La calidad y seguridad del servicio deben garantizar la satisfacción de la usuaria y usuario en términos de cumplimiento de itinerarios, puntualidad, comodidad, atención e información al cliente, higiene, prevención de accidentes y otros aspectos técnicos establecidos de acuerdo a normativa específica para la implementación del Sistema Nacional de Revisión Técnica Vehicular.

III. El cumplimiento de las normas de circulación y vialidad, debe generar un ambiente de seguridad en las carreteras del territorio nacional, para que los operadores y las usuarias y usuarios puedan transitar con seguridad vial y prevención de accidentes, orientado a las condiciones de bienestar vial.

IV. En el servicio público de transporte automotor terrestre de pasajeros y carga, la autoridad competente deberá controlar al menos los siguientes aspectos: humano, vehicular y vías, por medio de acciones que contemplen las áreas, normativa, operativa y de control, educativa y equipamiento.

V. De manera prioritaria se deberá implementar en el servicio público de transporte automotor terrestre, el monitoreo mediante Sistemas de Posicionamiento Global – GPS u otro dispositivo electrónico de similares características y hojas de ruta electrónicas para el control efectivo del equipo de conducción y vehículos en terminales terrestres y trancas intermedias.

VI. Se establece la obligatoriedad de utilizar indicaciones de material reflectivo en toda unidad de transporte terrestre que preste servicio público, con la finalidad de alertar su presencia y dimensión en la vía. La ubicación y dimensión del material reflectivo se establecerá para cada tipo de vehículo de acuerdo a normativa específica.

VII. El operador está obligado a circular por la Red Vial Fundamental con las luces de su vehículo encendidas durante la noche y el día en zonas y condiciones climáticas que dificulten la visibilidad.

VIII. El uso de cinturones de seguridad en el transporte público se definirá considerando el tipo de servicio de transporte, las características de la unidad de transporte y otros aspectos a ser definidos en normativa específica. El uso de cinturón de seguridad es obligatorio para los conductores tanto del transporte público como privado a partir de la publicación de la presente Ley.

IX. El uso de cascos de seguridad en el caso de moto taxis será definido en reglamentación específica.

AUTOMOTOR TERRESTRE DE PASAJEROS

I. El servicio público de transporte automotor terrestre de pasajeros, será objeto de regulación y fiscalización.

II. La regulación del servicio incorporará aspectos económicos así como la determinación de un régimen tarifario que refleje el costo de operación, la eficiencia en la prestación del servicio, utilidad razonable acorde a los costos incurridos, pero además que permita la inclusión social de segmentos poblacionales socialmente vulnerables.

III. La fiscalización, control y supervisión del servicio se enfocará al cumplimiento del régimen tarifario, de los estándares técnicos de calidad y seguridad, la reglamentación de la prestación del servicio y de la normativa específica.

IV. En el marco de las competencias exclusivas según el servicio las categorías de transporte interdepartamental e internacional, la regulación y fiscalización será ejercida por la autoridad competente del nivel central; en la categoría de servicio público de transporte automotor terrestre interprovincial e intermunicipal, la regulación y fiscalización será ejercida por la autoridad competente del nivel departamental; en la categoría de servicio público de transporte automotor terrestre urbano, la regulación y fiscalización será ejercida por la autoridad competente del nivel municipal.

V. Las autoridades competentes, deberán elaborar mecanismos, procedimientos e instrumentos que permitan realizar una adecuada regulación y fiscalización, en el ámbito de sus competencias y atribuciones.

I. El servicio público de transporte automotor terrestre de carga, será objeto de autorización y fiscalización.

II. La autorización del servicio incorporará elementos técnicos y normativos, que promuevan la eficiencia del servicio y determinen la responsabilidad que debe tener tanto el transportista como la usuaria o usuario y destinatario.

III. La fiscalización, control y supervisión del servicio se enfocará al cumplimiento de los estándares técnicos de calidad y seguridad, la reglamentación de la prestación del servicio y de la normativa específica.

IV. En la categoría de servicio público de transporte automotor terrestre internacional e interdepartamental de carga, la autorización y fiscalización estará bajo la tuición de la autoridad competente del nivel central; en la categoría de servicio público de transporte automotor terrestre interprovincial e intermunicipal de carga, la regulación y fiscalización estará bajo tuición de la autoridad competente del nivel departamental.

TERRESTRE INTERNACIONAL DE PASAJEROS Y/O CARGA

I. La autorización para la prestación del Servicio Público de Transporte Automotor Terrestre Internacional de Pasajeros y/o Carga será otorgada por la autoridad competente del nivel central, considerando los acuerdos, convenios y tratados internacionales suscritos y ratificados por el Estado Plurinacional de Bolivia, además de las disposiciones contenidas en la presente Ley y su reglamento.

II. Para los operadores constituidos en empresas y cooperativas, el plazo de autorización del servicio será definido por la autoridad competente de acuerdo a normativa específica.

I. Las autoridades competentes del sector en el área de su competencia, deberán planificar el Servicio Público de Transporte Automotor Terrestre Internacional de Pasajeros y/o carga en función de los acuerdos, convenios y tratados internacionales suscritos y ratificados por el Estado Plurinacional de Bolivia, considerando condiciones eficientes de circulación, operación y seguridad del servicio, además de coordinar la planificación de la infraestructura, con las entidades territoriales autónomas, que permita el embarque y desembarque de pasajeros y carga, así como la interconexión con otros medios de transporte.

II. La autoridad competente hará conocer a los operadores constituidos en empresas y cooperativas, los acuerdos internacionales referentes a la materia.

I. La autoridad competente del nivel central definirá mediante la autorización respectiva, la prestación del servicio público de transporte automotor terrestre internacional de pasajeros y/o carga.

II. En el transporte de pasajeros, la otorgación de rutas, frecuencias y horarios, para la explotación del servicio autorizado, considerará principios de equidad y calidad, así como la demanda requerida.

III. La autoridad competente del nivel central del Estado, extenderá la libreta de tripulante internacional, en el marco de las normas y acuerdos internacionales.

I. La autorización para la prestación del servicio público de transporte automotor terrestre interdepartamental de pasajeros y/o carga, será otorgada por la autoridad competente del nivel central, considerando las disposiciones contenidas en la presente Ley y su normativa específica.

II. La otorgación de autorizaciones para el transporte de pasajeros estará en función de procedimientos para la asignación de rutas, frecuencias y horarios, considerando demanda de pasajeros, calidad, equidad, seguridad, eficiencia y saturación de vías.

III. Para los operadores constituidos en empresas y cooperativas el plazo de autorización del servicio será definido por la autoridad competente de acuerdo a normativa específica.

b) De una provincia de un departamento limítrofe con otro departamento limítrofe y llega a la población más próxima de la provincia contigua, siempre y cuando no sobrepase los ciento cincuenta (150) kilómetros, respetando acuerdos de reciprocidad limítrofe entre ambos departamentos.

I. La autorización para la prestación del servicio público de transporte automotor terrestre interprovincial e intermunicipal de pasajeros y/o carga, será otorgada por la autoridad competente del nivel departamental, considerando las disposiciones contenidas en la presente Ley y su normativa específica.

II. La otorgación de autorizaciones para el transporte de pasajeros estará en función a procedimientos para la asignación de rutas, frecuencias y horarios considerando demanda de pasajeros, calidad, equidad, seguridad, eficiencia y saturación de las vías.

I. La autorización para la prestación del servicio público de transporte automotor terrestre urbano municipal de pasajeros, será otorgada por la autoridad competente del nivel municipal, considerando las disposiciones contenidas en la presente Ley y su normativa específica.

II. La otorgación de autorizaciones se realizará considerando los siguientes parámetros:

I. La autoridad competente del nivel municipal deberá planificar el servicio público de transporte automotor terrestre urbano de pasajeros, en función al crecimiento de la demanda del servicio y actividades económicas y comerciales dentro del municipio, considerando condiciones eficientes de circulación, operación y seguridad.

II. Asimismo la planificación del servicio público de transporte automotor terrestre urbano de pasajeros, estará enmarcada de manera enunciativa y no limitativa, según los siguientes lineamientos:

I. Podrán construir y explotar líneas férreas en el territorio nacional el nivel central del Estado Plurinacional, los gobiernos autónomos departamentales y municipales en caso de líneas de la Red Ferroviaria Fundamental, líneas departamentales o municipales respectivamente y los particulares, estos últimos de acuerdo a convenios o contratos con la instancia correspondiente.

II. En el caso de construcción y explotación de líneas de la Red Departamental o Municipal, estas actividades deberán enmarcarse dentro de las políticas y planes establecidos en el Plan Nacional Sectorial de Transportes – PLANAST.

I. Una línea perteneciente a una red municipal de ferrocarriles, pasará a ser parte de la Red Departamental o Fundamental, cuando al menos un servicio que preste requiera tráfico continuo de un mismo convoy ferroviario incluida la tracción, desde o hacia una red departamental o la Red Fundamental respectivamente, de acuerdo a lo establecido en la presente Ley o la normativa específica.

II. Una línea perteneciente a una red departamental de ferrocarriles, pasará a ser parte de la Red Fundamental, cuando al menos un servicio que preste requiera tráfico continuo de un mismo convoy ferroviario incluida la tracción, desde o hacia la Red Fundamental de acuerdo a lo establecido en la presente Ley o la normativa específica.

I. La infraestructura ferroviaria y todos los bienes del Estado afectados al servicio público ferroviario, por pertenecer al patrimonio del Estado Plurinacional y estar destinados a la prestación de un servicio público, son inembargables, imprescriptibles y no susceptibles de apropiación por causal alguna, conforme a lo establecido en la Constitución Política del Estado.

II. Es deber de toda persona natural o jurídica, pública o privada, respetar y proteger la infraestructura ferroviaria y todos los bienes afectados al servicio público ferroviario los cuales sólo podrán ser enajenados con autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

I. Únicamente, con carácter excepcional y provisional por causas justificadas, la autoridad regulatoria competente podrá autorizar el establecimiento de nuevos pasos a nivel por el tiempo estrictamente necesario y en la forma que reglamentariamente se establezca. El incumplimiento de esta disposición será sancionado de acuerdo al régimen de faltas y sanciones específico sobre la materia.

II. Todo paso a nivel no autorizado por la autoridad regulatoria competente se considerará clandestino y por tanto, un avasallamiento a los bienes de Estado quedando como tal, tipificado como delito y estará sometido a lo establecido en las disposiciones penales correspondientes.

I. Toda vía férrea tendrá un derecho de vía a cada lado del eje de la vía, la cual será parte de los bienes del ferrocarril y por lo tanto, gozará de todos los privilegios y derechos que a estos bienes se apliquen de acuerdo a la presente Ley o sus reglamentos específicos. El ancho del derecho de vía será definido por normativa específica expresa.

II. Se establece la prohibición de hacer construcciones particulares o públicas dentro del derecho de vía o construcciones que puedan perjudicar el tráfico o la solidez de la vía, solamente la administradora de infraestructura ferroviaria podrá realizar construcciones dentro de la vía para servicios o instalaciones requeridos en la prestación del servicio público ferroviario.

III. El ancho a ambos lados del eje de la vía férrea que ocupará el derecho de vía, será determinado en normativa específica de acuerdo al tipo de línea férrea, volumen de tráfico, velocidad de circulación de trenes, valor estratégico de la vía y otros parámetros a ser establecidos en el reglamento.

I. La construcción de líneas ferroviarias que amplíen la Red Fundamental Ferroviaria o la modifiquen será encarada por la entidad administradora de infraestructura ferroviaria o por particulares de acuerdo a un convenio que será suscrito con la primera y autorizado conforme a la normativa específica.

II. La infraestructura construida será de propiedad del Estado Plurinacional salvo desvíos particulares que se construirán al interior de predios que detenten la propiedad privada del suelo.

I. Los gobiernos autónomos departamentales y municipales serán los encargados de ejecutar estudios y realizar la construcción, mejoramiento de infraestructura ferroviaria de carácter departamental o municipal y municipio autónomo indígena originario campesino, cuando corresponda.

II. La entidad administradora de infraestructura ferroviaria podrá ejecutar estudios y realizar la construcción, mejoramiento de infraestructura ferroviaria de carácter departamental o municipal, en cuyo caso, tendrá derecho a la administración exclusiva de estas infraestructuras por un tiempo que permita recuperar las inversiones ejecutadas de acuerdo a la tasa de retorno esperada, en función a normativa específica.

III. Las obras ejecutadas por la entidad administradora de infraestructura ferroviaria y que tengan carácter departamental serán gestionadas por esta entidad y explotadas por la Empresa Estatal Operadora de Ferrocarriles u otra entidad designada por esta última de acuerdo a normativa específica.

IV. Las obras a ejecutarse, ya sea sobre la red fundamental, redes departamentales o municipales, deberán cumplir con la normativa específica nacional que rija las condiciones que las mismas deben cumplir.

I. La prestación del servicio público ferroviario en la Red Fundamental, Departamental o Municipal de Ferrocarriles no podrá realizarse sin obtener, previamente, la correspondiente licencia otorgada por la autoridad regulatoria competente del nivel central. La mencionada licencia es intransferible.

II. Los operadores ferroviarios no podrán realizar actividades que no estén expresamente amparadas por la licencia, sin perjuicio de que soliciten, en su caso, su ampliación o la modificación de su contenido.

I. Dentro de la Red Fundamental, Departamental o Municipal de Ferrocarriles, cualquier persona natural o jurídica, pública o privada, puede prestar el servicio público ferroviario, siempre y cuando posea una licencia otorgada por la autoridad regulatoria competente del nivel central. Su actividad consiste en transportar pasajeros o carga por ferrocarril, con vagones propios o alquilados en los términos establecidos en la presente Ley y su normativa específica correspondiente.

II. Las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que no sean empresas ferroviarias no podrán aportar la tracción, debiendo ésta ser aportada necesariamente por una empresa ferroviaria.

I. La autoridad competente del nivel central del Estado, tendrá la responsabilidad de llevar a cabo todas las actividades orientadas a desarrollar una cultura de la seguridad en los diferentes ámbitos del transporte ferroviario que incorporen a todos los actores involucrados en la prestación del servicio operadores, responsables de infraestructura y material rodante, usuarias o usuarios y la sociedad en su conjunto.

II. La autoridad competente será responsable del establecimiento de normativa específica dirigida a la seguridad ferroviaria, evitando todo tipo de conflicto de interés, desarrollando e implementando sistemas de gestión de la seguridad que incorporen los conceptos de disrupción segura acordes a la realidad tecnológica de las redes ferroviarias bolivianas. Asimismo, llevará a cabo de manera continua evaluaciones de riesgo fijando los niveles razonablemente aceptables y diseñará las políticas de contingencia para cualquier eventualidad. En todos los casos la normativa específica deberá tender a lograr cero tolerancia de accidentes.

III. En lo que se refiere al mantenimiento y renovación de infraestructura y material rodante se deberá desarrollar sistemas de mantenimiento y renovación que incorporen metodologías de administración y gestión modernos de mantenimiento preventivo, predictivo y orientado a la fiabilidad.

IV. La seguridad ferroviaria será fiscalizada por la autoridad regulatoria competente del nivel central.

I. La autoridad competente del nivel central, tendrá la responsabilidad de llevar a cabo todas las actividades orientadas a desarrollar una cultura de la calidad en los diferentes ámbitos del transporte ferroviario que incorporen a todos los actores involucrados en la prestación del servicio operadores, responsables de infraestructura y material rodante, usuarias o usuarios y la sociedad en su conjunto.

II. La autoridad competente será responsable del establecimiento de normativa específica dirigida a la gestión de la calidad total, implementando sistemas de gestión de la calidad, sistemas de mantenimiento de la calidad y sistemas de mejora continua acordes a la realidad tecnológica de las redes ferroviarias bolivianas. Asimismo, llevará a cabo de manera continua auditorías de calidad fijando los niveles razonablemente aceptables.

III. Los sistemas de calidad ferroviaria serán fiscalizados por la autoridad regulatoria competente del nivel central.

I. El servicio público ferroviario deberá tener un carácter universal, siendo accesible a todos los miembros de la sociedad, especialmente a las personas con capacidades diferentes, niñas, niños y adultos mayores.

II. La accesibilidad será promovida mediante una normativa específica destinada a lograr que las instalaciones y vehículos cuenten con todos los dispositivos necesarios para otorgar las facilidades y medidas de seguridad que brinden las condiciones adecuadas a las personas con capacidades diferentes, niñas, niños y adultos mayores.

e) Otorgación de títulos, licencias, refrendos y certificaciones de las competencias de los recursos humanos para el ejercicio profesional en el rubro Naviero Mercante, Portuario y de la Industria Naval.

f) Habilitación de recursos humanos extranjeros, para el ejercicio profesional en el rubro Naviero Mercante, Portuario y de la Industria Naval bajo bandera boliviana.

g) Certificación de calidad de los servicios de transporte acuático, portuario e industria naval y el control correspondiente.

h) Relevamiento hidrográfico y señalización de las vías navegables y provisión de los servicios de ayudas a la navegación en las aguas jurisdiccionales.

i) Desarrollar y regular la actividad naviero mercante del Estado Plurinacional de Bolivia.

j) Creación de capitanías de puerto.

I. La autoridad competente del nivel central deberá aprobar los planes, programas y proyectos portuarios, acorde a normas técnicas específicas.

II. Podrán construir y administrar puertos en el territorio nacional, el nivel central del Estado Plurinacional, los gobiernos autónomos departamentales, los gobiernos autónomos municipales y autonomías indígena originario campesinas. En el caso de la administración de puertos fluviales y lacustres se deberá coordinar entre el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas (competencias ejercidas de manera concurrente).

III. Los puertos serán administrados por personas naturales o jurídicas que cumplan requisitos exigidos por la reglamentación específica de registros ante la autoridad competente, precautelando el desarrollo nacional.

IV. La administración de los puertos en espacios territoriales de otro país corresponderá según los acuerdos y disposiciones que emita el país; sin embargo, la administración de los espacios asignados para el manejo de carga en los puertos, será realizado por la entidad competente de nuestro país, que en calidad de agente aduanero, cumplirá las funciones de regular y controlar el ingreso y salida de mercancías.

I. La autoridad competente del nivel central deberá aprobar los planes, programas y proyectos de construcción, mantenimiento y mejoramiento de vías navegables, acorde a normas técnicas específicas.

II. El nivel central del Estado Plurinacional, los gobiernos autónomos departamentales, los gobiernos autónomos municipales y el gobierno autónomo indígena originario campesino, podrán aprovechar las vías de navegación fluvial y lacustre en el territorio nacional acorde a sus necesidades y bajo el principio de sostenibilidad ambiental.

I. Los puertos se clasificarán en función al territorio de la administración política del Estado, al carácter comercial e industrial, en función al carácter turístico – deportivo y militar:

II. En función a los niveles de la administración política del Estado:

III. En función al carácter comercial e industrial, se clasifican en:

Los puertos de carácter comercial e industrial, a su vez se sub-clasifican en:

IV. En función al carácter turístico – deportivo, son aquellos constituidos por instalaciones adecuadas para el atraque de lanchas, veleros y yates de recreo. Están sometidas al régimen de los puertos comerciales.

V. Puerto Militar. Instalación de carácter estratégico con características para el apoyo logístico de las operaciones navales a una flotilla o Fuerza Naval y, en caso de ser necesario, será empleado en la prestación de servicio público.

I. Es el sistema de seguridad en la navegación nacional e internacional, que protege a la embarcación y a terceras personas.

II. Todo operador que preste servicios públicos de transporte acuático deberá contar obligatoriamente con un seguro de a bordo, el mismo que debe cubrir el seguro de vida por cada uno de los pasajeros que utilicen este servicio y seguro de los bienes transportados.

DISPOSICIONES ADICIONALES

PRIMERA. Las infracciones contra la presente Ley y la normativa sectorial, serán establecidas y sancionadas por normativa específica, emitida por autoridad competente en el marco de su jurisdicción.

SEGUNDA. Las disposiciones legales sectoriales serán aplicables en todo lo que no sea contrario a lo dispuesto en la presente Ley, en tanto no se cuente con las normas sectoriales pertinentes para cada modalidad de transporte y las normas específicas de cada entidad territorial autónoma.

TERCERA. El Estado garantizará un ingreso para la Policía Boliviana que sea al menos igual a la recaudación en el último año por concepto de revisión técnica y registro de vehículos.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.

I. El ordenamiento normativo del nivel central del Estado, será en todo caso, supletorio al de las entidades territoriales autónomas. A falta de una norma autonómica se aplicará la norma del nivel central del Estado.

II. Las competencias exclusivas deben ser asumidas obligatoriamente por las entidades territoriales autónomas, aplicando, a falta de norma específica del nivel central del Estado, lo dispuesto en la Constitución Política del Estado.

SEGUNDA.

I. La presente Ley determina el ordenamiento normativo general del sector transporte, la misma que deberá ser sustentada por normativas específicas para cada modalidad de transporte a ser promulgadas en el lapso de dos años, su formulación estará bajo la responsabilidad de la autoridad competente del nivel central del Estado. En tanto se emitan las disposiciones específicas señaladas, se cumplirá la presente Ley en todo cuanto sea aplicable.

II. Los operadores que hubieran suscrito contratos y que cuenten con autorizaciones para la prestación del servicio público de transporte, que se encuentren vigentes a la fecha de promulgación de la presente Ley, deberán obligatoriamente adecuar dichos contratos al nuevo marco normativo. El proceso de adecuación incentivará la ejecución de inversiones que sean necesarias hasta su culminación y reconocerá las efectuadas.

TERCERA.

I. El nivel central del Estado mediante normativa específica y en base a un análisis de la organización, funciones, responsabilidades y cumplimiento de objetivos de las entidades pertinentes, propondrá una nueva estructura organizacional del Órgano Ejecutivo en lo que se refiere al sector transporte, que esté acorde a la presente Ley y sus normativas específicas y dispondrá la designación de atribuciones y funciones a las entidades del Estado existentes o por conformarse, que asuman las responsabilidades enunciadas en la presente Ley y su normativa específica, como de responsabilidad de la autoridad competente del nivel central del Estado.

II. Las entidades del Estado que estén ejerciendo funciones descritas en la presente Ley que se encuentren designadas como autoridad o entidad competente del nivel central del Estado, continuarán desempeñando sus funciones en tanto no se promulgue la normativa específica de designación de autoridades competentes.

CUARTA.

I. La Empresa Nacional de Ferrocarriles – ENFE, bajo la supervisión de la autoridad nacional competente, deberá realizar una inventariación de sus activos incluida la chatarra y los bienes desvinculados de los contratos de licencia de los operadores ferroviarios Empresa Ferroviaria Andina – FCA S.A. y Ferroviaria Oriental – FO S.A. ya sea que hayan sido efectivamente devueltos o no.

II. Los recursos para dicha inventariación deberán ser erogados por la autoridad competente del nivel central.

III. Una vez inventariados los bienes, de acuerdo al análisis respectivo se dispondrán en favor de la administradora de la infraestructura ferroviaria los bienes que sean útiles para su funcionamiento y el saldo será adjudicado de acuerdo a normativa específica

IV. Una vez realizada la inventariación, disposición y adjudicación de todos los bienes de la Empresa Nacional de Ferrocarriles – ENFE RESIDUAL, la autoridad competente procederá a la liquidación de dicha empresa mediante normativa específica.

QUINTA. En tanto no se implemente el Sistema Nacional de Inspección Técnica Vehicular, las inspecciones técnicas de las unidades de transporte público, se realizarán de acuerdo a normativa específica, que aseguren óptimas condiciones técnicas de las unidades de transporte.

SEXTA. En tanto no se promulgue la normativa específica referida a sanciones por estado de embriaguez y/o bajo la influencia de estupefacientes para el servicio de transporte público interprovincial, se aplicará lo establecido en el Decreto Supremo No. 420 de fecha 03 de febrero de 2010 y el Decreto Supremo No. 659 del 06 de octubre de 2010.

DISPOSICIONES ABROGATORIAS Y DEROGATORIAS

ÚNICA. Se abrogan y derogan todas las disposiciones contrarias a la presente Ley.

Remítase al Órgano Ejecutivo, para fines constitucionales.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a los cinco días del mes de agosto de dos mil once años.

Fdo. René O. Martínez Callahuanca, Flora Aguilar Fernández, Zonia Guardia Melgar, Carmen García M., Esteban Ramírez Torrico, Ángel David Cortés Villegas.

Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley del Estado Plurinacional de Bolivia.

Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los dieciséis días del mes agosto de dos mil once años.

FDO. EVO MORALES AYMA, David Choquehuanca Céspedes, Carlos Romero Bonifaz, Sacha Sergio Llorentty Solíz, María Cecilia Chacón Rendón, E. Viviana Caro Hinojosa, Luís Alberto Arce Catacora, Daniel Santalla Torrez, Julieta Mabel Monje Villa, Claudia Stacy Peña Claros.