La Ley Nº 1864, conocida como Ley de Propiedad y Crédito Popular (PCP), tiene como objetivo facilitar el acceso a la propiedad y al crédito para los ciudadanos bolivianos, regulando la participación en empresas capitalizadas, promoviendo el microcrédito y la administración de cooperativas de servicios públicos, y fortaleciendo el sistema financiero. Establece el Fondo de Capitalización Colectiva (FCC) con dos cuentas independientes: la Cuenta de Acciones Populares (CAP) y la Cuenta Solidaria, definiendo la distribución de Certificados Fiduciarios y los beneficios asociados. Se crea el Comité de Normas Financieras de Prudencia (CONFIP) para regular el sistema financiero y se establece el Registro de Identificación Nacional (RIN) para la identificación de la población. La ley también promueve el microcrédito y el ahorro popular, y establece mecanismos para la regulación y supervisión de entidades financieras, así como incentivos para el acceso a créditos de vivienda.
LEY Nº 1864
LEY DE 15 DE JUNIO DE 1998
HUGO BANZER SUAREZ
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Por cuanto, el Honorable Congreso Nacional, ha sancionado la siguiente Ley:
EL HONORABLE CONGRESO NACIONAL,
D E C R E T A :
LEY DE PROPIEDAD Y CREDITO POPULAR (PCP)
TITULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
CAPITULO I
OBJETO
Artículo 1.- OBJETO.- La presente ley tiene por objeto otorgar mayores oportunidades a los ciudadanos bolivianos para ampliar su condición de propietarios y potenciales inversores, con acceso democratizado al crédito. Para este propósito, esta ley norma: (I) las formas de participación de los bolivianos en las empresas capitalizadas por efecto de la Ley de Capitalización No. 1544; (II) la movilización del ahorro y la inversión popular, la ampliación del microcrédito productivo, de servicios y de vivienda y su mejor distribución; (III) la reforma de la administración de las cooperativas de servicios públicos con el fin de mejorar y ampliar la cobertura de los mismos; (IV) la expansión de servicios financieros a los municipios; (V) el fortalecimiento del sistema de intermediación financiera, su reglamentación y supervisión; y (VI) la reestructuración y unificación del registro de personas.
CAPITULO II
DEFINICIONES
Artículo 2.- DEFINICIONES.- Para efectos de la presente ley se usará las siguientes definiciones:
Acción Popular (AP): Es el Valor representativo de un Certificado Fiduciario perteneciente a la Cuenta de Acciones Populares que, para efectos de la presente ley, se denominará Acción Popular.
Administradora de Fondos de Pensiones (AFP): Es la sociedad anónima encargada de la administración y representación del Fondo de Pensiones y del Fondo de Capitalización Colectiva (FCC), de conformidad con la Ley de Pensiones No. 1732 de 29 de noviembre de 1996 y la presente ley.
BOLIVIDA: Es el beneficio anual, no heredable, otorgado en forma vitalicia que el país reconoce a los Beneficiarios de la Capitalización registrados en la Cuenta Solidaria.
Comité de Normas Financieras de Prudencia (CONFIP): Es el comité creado por esta ley con el objeto de aprobar normas financieras de prudencia.
Cooperativas de Servicios Públicos: Son aquellas sociedades cooperativas que tienen como actividad principal los servicios de distribución de electricidad en el Sistema Interconectado Nacional (SIN) o la actividad del servicio de generación, transmisión y distribución en los sistemas aislados; telecomunicaciones locales, agua potable y alcantarillado.
Certificados Fiduciarios: Son los Certificados Fiduciarios del FCC. El número de estos certificados será igual al valor del FCC denominado en dólares de Estados Unidos de América, a la fecha que se establezca mediante reglamento, entre el Valor Inicial del Certificado Fiduciario, el cual será igual a un dólar de los Estados Unidos de América (US$ 1).
Fecha de Inicio: Es el 1o. de mayo de 1997, conforme a la definición de la Ley de Pensiones No. 1732.
Fundación de Acción Social (FAS): Fundación sin fines de lucro, cuyo patrimonio está constituido por el valor de las AP y de las anualidades vitalicias donadas voluntariamente y cuyo objeto es beneficiar a centros de niños desamparados y hogares de ancianos.
Fondo de Capitalización Colectiva (FCC): Es el patrimonio autónomo constituido mediante fideicomiso irrevocable, de duración indefinida, dividido en dos cuentas independientes, cada una con distintos beneficiarios.
Ley de Bancos y Entidades Financieras: Es la Ley de Bancos y Entidades Financieras No. 1488 de 14 de abril de 1993.
Ley de Capitalización: Es la Ley de Capitalización No.1544 de 21 de marzo de 1994;
Ley SIRESE: Es la Ley SIRESE No. 1600 de 28 de octubre de 1994.
Ley del Banco Central de Bolivia: Es la Ley del Banco Central de Bolivia No. 1670 de 31 de octubre de 1995.
Ley de Pensiones: Es la Ley de Pensiones No. 1732 de 29 de noviembre de 1996;
Ley del Mercado de Valores: Es la Ley del Mercado de Valores, No.1834 de fecha 31 de marzo de 1998;
NAFIBO: Es la Nacional Financiera SAM cuyo convenio constitutivo fue aprobado por Ley No.1670.
ONG: Es una Organización No Gubernamental
RIN: Es el Registro de Identificación Nacional (RIN).
Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras (SBEF): Es la superintendencia creada por la Ley de Bancos de 11 de julio de 1928, modificada por la Ley No.1488 de 14 de abril de 1993.
Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros (SPVS): Es la Superintendencia creada por esta ley mediante la fusión de la Superintendencia de Pensiones, la Superintendencia de Valores y la Superintendencia de Seguros.
Superintendencia de Recursos Jerárquicos (SRJ): Es la Superintendencia creada por esta ley, mediante la conversión de la Superintendencia General del SIREFI normada en la Ley de Pensiones.
TITULO SEGUNDO
ACCIONES POPULARES Y BOLIVIDA
CAPITULO I
EL FONDO DE CAPITALIZACIÓN COLECTIVA
Artículo 3.- CUENTAS DEL FCC.- El FCC tiene dos cuentas totalmente independientes, indivisas, imprescriptibles e inafectables por gravámenes o medidas precautorias de cualquier naturaleza. En ningún caso podrá transferirse de una cuenta a la otra, bienes, valores, derechos, obligaciones u otros similares que tengan valor económico bajo responsabilidad de los administradores. Los ciudadanos bolivianos que participen en una cuenta no podrán participar en la otra. Los bienes que componen el FCC sólo pueden disponerse de conformidad a lo establecido en el Artículo 40 de la Ley de Pensiones modificado por la presente ley.
Artículo 4.- DENOMINACION DE LAS CUENTAS.- La primera cuenta del FCC se denomina Cuenta de Acciones Populares (CAP), a la que pertenecen los Beneficiarios de la Capitalización menores a 50 años al 31 de diciembre de 1995. La segunda cuenta, se denomina Cuenta Solidaria a la que pertenecen los Beneficiarios de la Capitalización que hubieran cumplido 50 años o más a la misma fecha.
Artículo 5.- DISTRIBUCION DE CERTIFICADOS FIDUCIARIOS: El setenta por ciento (70%) de los Certificados Fiduciarios será distribuido entre los ciudadanos bolivianos registrados en la CAP. El treinta por ciento (30%) de los Certificados Fiduciarios será utilizado en beneficio de los ciudadanos registrados en la cuenta solidaria.
Artículo 6.- CREDITOS CON GARANTIA DE LOS ACTIVOS DEL FCC.- Las AFP no podrán contraer créditos con garantía de los activos del FCC.
Artículo 7.- TRATAMIENTO IMPOSITIVO DEL FCC.- Los párrafos segundo y tercero del Artículo 6 de la Ley de Pensiones serán aplicables al FCC.
Artículo 8.- REGISTRO DE LOS BENEFICIARIOS DE LA CAPITALIZACION.- A fin de quedar registrados en la Base de Datos del FCC de la AFP correspondiente, los Beneficiarios de la Capitalización deberán registrarse ante el RIN, creado mediante la presente Ley, dentro de los tres (3) años calendario de la Fecha de Inicio, prorrogables por un año adicional mediante Decreto Supremo. Transcurrido el plazo indicado, quien no estuviere registrado perderá su derecho sobre los Certificados Fiduciarios. El Valor de los Certificados Fiduciarios de los Beneficiarios de la Capitalización no registrados, beneficiará a quienes se hubiesen registrado.
CAPITULO II
LA CUENTA DE ACCIONES POPULARES (CAP)
Artículo 9.- ACCIONES POPULARES: Cada Certificado Fiduciario de los ciudadanos bolivianos que participen en la CAP constituye un valor que se denominará Acción Popular (AP). La distribución de las AP entre la población participante en la CAP se definirá mediante reglamento. La AP tendrá las siguientes características:
Será transmisible por sucesión hereditaria;
Será libremente transferible y podrá constituirse en garantía;
Será redimible por intermedio de las AFP por dinero, o alternativamente, por una anualidad vitalicia no heredable que incluya gastos funerarios, contratada en una empresa de seguros a través de las AFP; y
El contenido de los incisos (b) y (c) precedentes se aplicarán cuando se cumplan las condiciones y requisitos exigidos por reglamento.
CAPITULO III
LA CUENTA SOLIDARIA
Artículo 10.- BOLIVIDA: Los Certificados Fiduciarios de los ciudadanos bolivianos que se encuentren registrados en la Cuenta Solidaria serán utilizados por las AFP para otorgarles los siguientes beneficios:
Una anualidad vitalicia variable, no transmisible por sucesión hereditaria, denominada BOLIVIDA que será pagada a partir de los 65 años de edad. El valor del primer año de la anualidad vitalicia será fijado mediante Decreto Supremo. En años posteriores, el monto de la anualidad vitalicia será determinado por las AFP en base a estudios actuariales y de acuerdo a reglamento. El Estado garantizará que el valor de la anualidad vitalicia en años posteriores, no sea inferior al monto pagado el primer año.
Una prestación por gastos funerarios para el titular, equivalente al beneficio de la anualidad vitalicia fijada por la AFP para el año correspondiente, de acuerdo a reglamento. Este beneficio será pagado únicamente en favor de los no afiliados de acuerdo a la Ley de Pensiones; y
un pago en efectivo equivalente a dos anualidades del BOLIVIDA, a los herederos de los titulares de la Cuenta Solidaria que fallezcan antes de cumplir los 65 años de edad, además de lo establecido en el inciso (b) anterior y de acuerdo a reglamento.
CAPITULO IV
DONACIONES
Artículo 11.- DE LA FUNDACION DE ACCION SOCIAL (FAS).- Los propietarios de las AP y los beneficiarios del BOLIVIDA podrán transferir a título gratuito, conforme a reglamento, sus AP o sus beneficios a una fundación con objeto social y sin fines de lucro que será constituida de acuerdo a las normas del Código Civil. La fundación será administrada por una entidad de la Iglesia Católica u otras personas colectivas sin fines de lucro, conforme a sus estatutos.
Artículo 12.- DESTINO Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS DE LA FAS.- Los recursos de la fundación mencionada en el artículo precedente estarán destinados, exclusivamente, a financiar proyectos que beneficien a centros de niños desamparados y asilos de ancianos.
Artículo 13.- CONSTITUCION DE LA CUENTA DE CAMINOS (CC).- Alternativamente a lo señalado en el Artículo 11, los bolivianos registrados en la CAP y los registrados en la Cuenta Solidaria, podrán voluntariamente donar sus AP y su BOLIVIDA al Tesoro General de la Nación, el que monetizará las donaciones para ser utilizadas en infraestructura caminera.
TITULO TERCERO
CREDITO POPULAR Y SERVICIOS FINANCIEROS EN MUNICIPIOS
CAPITULO I
MICROCREDITO Y AHORRO POPULAR
Artículo 14.- DEL MICROCREDITO.- Los bancos, fondos financieros privados, mutuales, cooperativas de ahorro y crédito y las ONG financieras podrán efectuar operaciones de microcrédito, de acuerdo a las normas aprobadas por el CONFIP.
Artículo 15.- GARANTIAS DE MICROCREDITO.- Con el propósito de incrementar el financiamiento a la microempresa y democratizar el crédito, los microcréditos que sean otorgados con respaldo de garantías hipotecarias, acciones populares, garantías solidarias, o garantías prendarias conforme a reglamento aprobado por el CONFIP, serán considerados como debidamente garantizados para fines del Artículo 45 de la Ley de Bancos y Entidades Financieras.
Artículo 16.- OPERACIONES DE LAS ONG.- Las ONG que no capten recursos del público y que realicen actividades de crédito utilizando recursos propios, fondos de donación o recursos provenientes directamente de organismos internacionales sin intermediación o participación del Estado, quedan excluidas de la fiscalización, control e inspección de sus actividades por parte de la SBEF. Las que utilicen recursos públicos serán supervisadas por la Contraloría General de la República en el marco de la ley SAFCO.
Artículo 17.- PROHIBICION A LAS ONG.- Sin perjuicio de lo señalado por el artículo 5 de la Ley de Bancos y Entidades Financieras, las ONG y entidades financieras no fiscalizadas, quedan prohibidas de recibir de personas naturales y bajo cualquier modalidad, depósitos u obtener fondos destinados a ser intermediados, salvo lo establecido en el artículo siguiente.
Artículo 18.- AHORRO POPULAR Y CAPTACION RESTRINGIDA DE DEPOSITOS.- No obstante lo indicado en el artículo anterior y a fin de promover el ahorro popular, las personas colectivas podrán solicitar autorización de la SBEF para movilizar recursos del público de manera restringida, sujetas a las condiciones, requisitos y limitaciones que ésta establezca, conforme a reglamentación a ser aprobada por el CONFIP. Dicha reglamentación establecerá requisitos de inversión obligatoria. El cumplimiento de los requisitos será supervisado por la SBEF.
Artículo 19.- FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.-
El Poder Ejecutivo, a partir de la promulgación de la presente ley, tomará las medidas que corresponda para otorgar, por una sola vez, apoyo institucional integral en favor de entidades financieras intermediarias establecidas o en proceso de formalización que atiendan demandas de microcrédito, conforme a reglamento. El Poder Ejecutivo podrá instruir la otorgación de créditos a las instituciones receptoras del apoyo institucional para contratación de asistencia técnica, pero no para su intermediación.
El Poder Ejecutivo también podrá brindar apoyo institucional a personas colectivas que promuevan, fortalezcan o incrementen las operaciones de microcrédito de entidades autorizadas por la SBEF.
CAPITULO II
SERVICIOS FINANCIEROS EN LOS MUNICIPIOS
ARTICULO 20.- EXPANSION DE LA COBERTURA.-
Los servicios auxiliares financieros que no sean de intermediación financiera podrán ser realizados por entidades autorizadas por la SBEF; limitados al pago de sueldos, sueldos para el funcionario público, giros, transferencias, manejo de tesorería de entidades públicas, apertura de cuentas fiscales, recaudaciones de tributos o aportes previsionales y cambio de monedas.
Los gobiernos municipales podrán brindar incentivos a entidades autorizadas por la SBEF, para que presten los servicios mencionados en el numeral anterior, en las localidades y comunidades de su jurisdicción, otorgándoles apoyo limitado. Este apoyo deberá ser establecido en cada licitación pública y deberá seleccionarse al proponente que, cumpliendo plenamente con los requisitos técnicos y de solvencia necesaria, precise el menor apoyo.
El Poder Ejecutivo diseñará un mecanismo estandarizado para la prestación de servicios auxiliares financieros en los municipios.
Artículo 21.- PROMOCION DE FUSIONES DE MUTUALES DE AHORRO Y PRESTAMO.- El Poder Ejecutivo promoverá la fusión de mutuales de ahorro y préstamo para la vivienda con patrimonio insuficiente, ya sea con otras mutuales o con otras entidades de intermediación financiera que sean solventes y tengan aceptación de la SBEF. El Poder Ejecutivo reglamentará el procedimiento para promover la fusión de estas mutuales, garantizando la cobertura de patrimonios negativos previos a la fusión, a través de la compra de cartera a valor nominal, antes de considerar previsiones.
TITULO CUARTO
VIVIENDA POPULAR
Artículo 22.- PROMOCION DEL CREDITO DE VIVIENDA.- Mediante Ley expresa se promoverá el acceso masivo al crédito para financiar soluciones habitacionales populares, a través de:
El fortalecimiento de los sistemas de garantía crediticia mediante la creación o modernización de los registros de bienes muebles e inmuebles;
El otorgamiento de incentivos tributarios al ahorro de largo plazo;
La modernización de los procedimientos administrativos y judiciales que rigen las transacciones de compra-venta y alquiler de vivienda, incluyendo procedimientos de desalojo y evicción que induzcan a los financiadores a otorgar créditos de vivienda a largo plazo;
La creación de mecanismos de subsidios transparentes y equitativos para facilitar el acceso a servicios básicos que mejoren la vivienda popular;
La regularización de los derechos propietarios de los bienes raíces que así lo precisen;
La utilización del arrendamiento financiero para vivienda;
La utilización del fideicomiso como garantía colateral de crédito de primera categoría, para facilitar el financiamiento de la vivienda popular;
Facilidades para la titularización de la cartera hipotecaria de las entidades financieras bancarias y no bancarias, con el objeto de movilizar dichos activos para el financiamiento de vivienda popular;
La promoción y establecimiento de un marco jurídico necesario para que los gobiernos municipales dicten normas técnicas adecuadas para la construcción y adecuación de viviendas populares y otras soluciones habitacionales.
Artículo 23.- LAS AP COMO GARANTIA PARA CREDITOS DE VIVIENDA.- Las acciones populares podrán ser utilizadas por sus titulares como garantía para obtener créditos que les permitan acceder a soluciones habitacionales.
Artículo 24.- DEL OBJETO DE NAFIBO.-
(a) Administrar fideicomisos;
(b) Comprar cartera de primera clase de bancos de primer piso y otorgarla en administración;
(c) Llevar a cabo mandatos de intermediación financiera y administrar fondos de terceros y comisiones de confianza con cualquier persona natural o jurídica; y
(d) Realizar operaciones de titularización conforme a lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley del Mercado de Valores, para lo cual podrá comprar cartera de primera clase intermediarios financieros de primer piso o de cualquier persona jurídica.
NAFIBO queda excluido del alcance del segundo párrafo del artículo 45 de la Ley de Bancos y Entidades Financieras, pudiendo prestar hasta dos veces el patrimonio de la entidad deudora, conforme a normas aprobadas por el CONFIP.
El CONFIP establecerá los límites máximos de crédito que podrá otorgar NAFIBO y cualquier entidad de segundo piso a un solo intermediario financiero, límite que en ningún caso podrá sobrepasar el 40% del patrimonio de la institución de segundo piso.
TITULO QUINTO
DE LAS COOPERATIVAS
Artículo 25.- DEL FOMENTO
En cumplimiento con el mandato constitucional, es deber del Estado fomentar el desarrollo cooperativo haciéndolo efectivamente democrático y administrativamente eficiente, mediante soluciones jurídicas e institucionales que le permitan adecuarse a las nuevas exigencias económico-sociales, y conservar e incrementar su patrimonio para el logro de sus objetivos.
Dentro del marco señalado anteriormente, mediante Ley expresa se deberá:
1. 1. Promover la modernización del sistema cooperativo.
2. Dotar al sistema cooperativo de la suficiente capacidad para el logro de generación de empleo y producción.
Apoyar la ampliación de servicios y cobertura de las cooperativas de intermediación financiera en el marco de lo establecido en el Título Tercero de la presente ley.
Proteger el patrimonio de las cooperativas de servicios públicos y de los cooperativistas para el cumplimiento de las obligaciones de prestación de servicios concedidos, cumpliendo las metas determinadas por la Ley de egulación Sectorial (ley SIRESE).
. Las Cooperativas de Servicios Públicos serán objeto de estudios de evaluación a cargo de la Unidad Ejecutora del programa correspondiente. Dichos estudios deberán evaluar la capacidad actual y futura de la cooperativa de cumplir con las metas de cobertura y calidad establecidas en los marcos regulatorios sectoriales, establecer el valor actual y futuro de las cuotas de participación e indicar las recomendaciones para asegurar una eficiente provisión de servicios a los usuarios y preservar el patrimonio de los cooperativistas.
Cuando los resultados de la evaluación determinen que la Cooperativa de Servicios Públicos no satisface los objetivos y metas de crecimiento y calidad o que el patrimonio de los cooperativistas esté en serio riesgo de disminución, deberá realizar asociaciones o alianzas estratégicas con otros tipos de asociaciones o sociedades que le permitan incrementar capacidad económica, financiera y operativa. Para tal efecto, deberá suscribir contratos de sociedad, de administración o de riesgo compartido con otras personas colectivas, cooperativas o no cooperativas de calificada solvencia técnica y económica, elegidas de forma transparente y competitiva.
Alternativamente, podrán adoptar otros tipos y formas legales de constitución permitidos por ley. Para fines tributarios, tales procesos se considerarán reorganización de empresa.
Para la transformación de una Cooperativa de Servicios Públicos en Sociedad Anónima y su posterior capitalización, los términos de referencia para la selección de los socios estratégicos adjudicatarios, deberán incluir la obligación de éstos de ofrecer a los accionistas de la nueva sociedad anónima transformada, una suma de dinero en efectivo por sus acciones o canjearlos por acciones de la nueva sociedad capitalizada.
En caso de la conformación de una sociedad anónima con participación societaria de la Cooperativa de Servicios Públicos y nuevos aportes de capital de socios estratégicos, los términos de referencia deberán incluir: (i) la obligación de los socios estratégicos de comprar a la cooperativa acciones en la nueva sociedad, a fin de que el valor de dicha venta sea destinado por la cooperativa exclusivamente a cancelar a aquellos socios cooperativistas que deseen vender sus certificados de participación y, consiguientemente, dejar de pertenecer a la cooperativa; o (ii) la obligación de la cooperativa de reemplazar la cuota de participación de los cooperativistas, que así lo deseen, por una acción en la nueva sociedad anónima.
Para lo establecido en los numerales VI y VII del presente artículo, será elegido, entre los oferentes precalificados como socio estratégico, aquel que permita pagar el mayor valor por las acciones o certificados de participación de los cooperativistas, según corresponda.
TITULO SEXTO
ENTIDADES NORMATIVAS, DE REGULACION
Y SUPERVISION DEL SISTEMA FINANCIERO
CAPITULO I
REGULACION Y REGLAMENTACION DEL SISTEMA FINANCIERO
Artículo 26.- SISTEMA DE REGULACION FINANCIERA (SIREFI)- El Sistema de Regulación Financiera (SIREFI), creado mediante el artículo 44° de la Ley de Pensiones, bajo la tuición del Ministerio de Hacienda, está conformado por la Superintendencia de Recursos Jerárquicos del SIREFI (SRJ), la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras (SBEF) normada por la ley de Bancos y Entidades Financieras, y la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros (SPVS) creada por la presente ley, como órganos autárquicos y personas jurídicas de derecho público con jurisdicción nacional.
Artículo 27.- UNIFORMIDAD DE NORMATIVA.- El CONFIP, creado por la presente ley, aprobará normas de prudencia que regulen uniformemente a todas las entidades del sistema financiero, con excepción del BCB, independientemente de su naturaleza jurídica y forma de organización, incluyendo:
Requisitos patrimoniales mínimos;
Coeficientes de ponderación de riesgos;
Calificación de cartera y requisitos de previsionamiento;
Límites de concentración de activos y créditos;
Requisitos de calce de liquidez, moneda y riesgos de tasas de interés;
Calidad de dirección y administración, incluyendo aspectos de contabilidad, controles internos, auditorías interna y externa; y
Operaciones permitidas, limitaciones y prohibiciones.
Artículo 28.- LIMITACIONES A NUEVAS OPERACIONES O NUEVAS ENTIDADES.- Cuando las entidades financieras con licencia de funcionamiento soliciten autorización para realizar nuevas operaciones o cuando nuevas entidades financieras soliciten licencia de funcionamiento, la SBEF y la SPVS dentro de sus respectivos campos de jurisdicción, quedan facultadas para autorizar las nuevas operaciones y licencias solicitadas, con restricciones o limitaciones operativas, en función a la capacidad administrativa, operativa, desempeño y responsabilidad de la entidad solicitante.
Artículo 29.- SUPLENCIA DE SUPERINTENDENTES.- La suplencia de los superintendentes, corresponderá al intendente que ellos designen.
CAPITULO II
COMITE DE NORMAS FINANCIERAS DE PRUDENCIA (CONFIP)
Artículo 30.- CREACION DEL CONFIP.-
El CONFIP considerará y aprobará normas de prudencia en relación a las materias contempladas en los artículos 30, 31, 32 y 33 de la ley del Banco Central de Bolivia, y las que correspondan para la aplicación de la ley de Pensiones, ley del Mercado de Valores y ley de Seguros. Además, será atribución del CONFIP aprobar las normas de prudencia, acorde con la normatividad legal vigente, sobre:
(a) La naturaleza, constitución, órganos de dirección, capitales mínimos, actividades permitidas y prohibidas, transformación, fusión y liquidación de las entidades financieras no bancarias;
(b) La regulación del microcrédito en todo el territorio de la República, fijando su naturaleza, alcances, ámbito de aplicación, instituciones intermediarias, beneficiarios y garantías del crédito en apoyo a los microempresarios;
(c) La solvencia y planes de rehabilitación de las entidades que operan en los sectores de seguros, pensiones y valores, en el marco de las leyes sectoriales vigentes; y
(d) Las operaciones de entidades de intermediación financiera de segundo piso.
El CONFIP es un cuerpo colegiado integrado por el Presidente del Banco Central de Bolivia, el Superintendente de Bancos y Entidades Financieras, el Superintendente de Pensiones, Valores y Seguros y un Viceministro del Ministerio de Hacienda.
Las normas que apruebe el CONFIP serán emitidas obligatoriamente, sin alterar, modificar o restringir su contenido, como resoluciones de la Superintendencia correspondiente. Es atribución de las superintendencias vigilar el cumplimiento de las normas aprobadas por el CONFIP.
El CONFIP no tiene facultades para considerar ni pronunciarse en relación a aspectos monetarios y cambiarios, los cuales se mantienen como facultad exclusiva del Banco Central de Bolivia.
Corresponde a las superintendencias elaborar y aprobar los reglamentos de las normas de control y supervisión aprobados por el CONFIP.
Artículo 31.- ORGANIZACION DEL CONFIP.- Las reuniones serán dirigidas por el Presidente del Banco Central de Bolivia. Los miembros del CONFIP podrán solicitar la inclusión de temas en la agenda. La aprobación de normas se efectuará mediante votación, en caso de empate, el Superintendente del área al que corresponda la norma, contará con voto dirimidor.
Artículo 32.- NORMAS DEL CONFIP.-
El CONFIP analizará, considerará y aprobará las normas financieras de prudencia que propongan la SBEF, la SPVS, el BCB o el Ministerio de Hacienda. En caso de aprobación, el CONFIP dispondrá que la Superintendencia correspondiente, según el tema tratado, dicte obligatoriamente bajo responsabilidad, la correspondiente resolución conforme a ley.
Los intendentes de Pensiones, de Valores y de Seguros, por intermedio del correspondiente Superintendente, podrán proponer normas para sus sectores regulados, debiendo sustentarlas ante el CONFIP.
Artículo 33.- RESOLUCIONES DE LA SBEF.- Las previsiones de los artículos 30, 31, 32 y 33 de la ley del Banco Central de Bolivia, se transfieren al ámbito del CONFIP, cuyas normas aprobadas serán emitidas como resoluciones de la SBEF, en la forma prevista en el artículo anterior.
Artículo 34.- FINANCIAMIENTO DEL CONFIP.- El CONFIP no tendrá organización administrativa, ni presupuesto. La SBEF actuará como secretaría permanente.
CAPITULO III
SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES, VALORES, Y SEGUROS
Artículo 35.- CREACION DE LA SPVS.- Se crea la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros (SPVS), fusionando la Superintendencia de Pensiones creada mediante ley de Pensiones, la Superintendencia de Valores creada mediante la misma ley y la Superintendencia de Seguros creada por Decreto Ley Nº 15516 de 2 de junio de 1978, como órgano autárquico y persona jurídica de derecho público, con autonomía de gestión técnica y administrativa y jurisdicción nacional, bajo la tuición del Ministerio de Hacienda.
Artículo 36.- ORGANIZACIÓN DE LA SPVS.-
La SPVS estará dirigida y representada por un superintendente, quien designará un intendente de Pensiones, un intendente de Valores y un intendente de Seguros.
El superintendente de Pensiones, Valores y Seguros será designado de acuerdo a las normas de los artículos 4, 5 y 6 de la ley SIRESE en lo conducente, por un período de seis años y gozará de caso de corte.
El reglamento de funcionamiento de la SPVS será aprobado mediante Decreto Supremo.
Artículo 37.- ATRIBUCIONES DE LA SPVS. La SPVS tendrá las atribuciones establecidas para las Superintendencias de Pensiones, de Valores y de Seguros por las leyes de Pensiones, de Mercado de Valores, de Seguros y la presente ley. Las normas que apruebe el CONFIP en relación a dichas leyes serán emitidas como resoluciones de la SPVS, conforme a lo establecido en el artículo 30 de la presente ley.
Artículo 38.- DELEGACION DE FUNCIONES A LOS INTENDENTES.- El Superintendente de Pensiones, Valores y Seguros asignará funciones de carácter técnico y legales a los intendentes de Pensiones, Valores y Seguros respectivamente, quienes las ejercerán con autonomía en el ámbito de su competencia.
Artículo 39.- FINANCIAMIENTO DE LA SPVS.- La SPVS financiará sus actividades, logrando eficiencia y economías de escala, mediante los ingresos previstos en las respectivas leyes sectoriales para el funcionamiento de las superintendencias de Pensiones, de Valores y de Seguros antes de su fusión.
CAPITULO IV
SUPERINTENDENCIA DE RECURSOS JERARQUICOS (SRJ)
Artículo 40.- SUPERINTENDENCIA DE RECURSOS JERÁRQUICOS Y SUPERINTENDENCIAS DEL SECTOR FINANCIERO.- La Superintendencia General del SIREFI creada por la ley de Pensiones se transforma en la Superintendencia de Recursos Jerárquicos del SIREFI (SRJ), como órgano autárquico y persona jurídica de derecho público, con las atribuciones que le otorga la presente ley. La SRJ estará a cargo de un superintendente al que se le aplicará las disposiciones sobre nombramiento, estabilidad, requisitos, y prohibiciones establecidos en los artículos 4, 5 y 6 de la ley SIRESE. El Superintendente de Recursos Jerárquicos será nombrado por un período de 8 años y gozará de caso de corte.
Artículo 41.- ATRIBUCIONES DE LA SRJ.- La SRJ tendrá las siguientes atribuciones:
Conocer y resolver los recursos jerárquicos contra las resoluciones del superintendente de Bancos y Entidades Financieras y del superintendente de Pensiones, Valores y Seguros, excepto las que se refieren a la liquidación forzosa de las entidades sujetas a supervisión de la SBEF y la SPVS; y
Proponer al Poder Ejecutivo normas relativas a la organización y funcionamiento de la SRJ.
Artículo 42.- PROCEDIMIENTOS DE LA SRJ.- Son aplicables a los órganos que forman el SIREFI las disposiciones sobre recursos de revocatoria y jerárquicos determinados en la ley SIRESE. Excepto disposición legal en contrario, los recursos interpuestos contra las resoluciones del superintendente de Bancos y Entidades Financieras y del superintendente de Pensiones, Valores y Seguros, tendrán efecto devolutivo.
Artículo 43.- RECURSOS FINANCIEROS DE LA SRJ.- La SRJ adecuará su presupuesto en concordancia con las atribuciones que le otorga la presente Ley, y lo cubrirá con una alícuota de los ingresos de la SBEF y de la SPVS, determinadas mediante Decreto Supremo.
Artículo 44.- REGLAMENTO DE LA SRJ.- El reglamento de funcionamiento de la SRJ será aprobado mediante Decreto Supremo.
TITULO SEPTIMO
REQUISITOS DE INFORMACION SOBRE INVERSIONES DE LAS AFP
Artículo 45.- PUBLICIDAD DE NOMBRES.-
La Dirección General del Registro de Comercio y Sociedades por Acciones publicará anualmente, en un periódico de circulación nacional, los nombres de los directores y síndicos antes señalados en tanto los fondos de acciones populares mantengan participación en dichas sociedades por intermedio de las AFP.
Artículo 46.- CONFLICTOS DE INTERESES.- Los directores de las AFP a los que se refiere el artículo anterior quedan sometidos a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 36 de la ley del Mercado de Valores y no podrán realizar acto alguno ni ejercer cargos que signifiquen conflicto directo con los intereses del FCC de la AFP que los hubiera propuesto.
Artículo 47.- EXIGENCIA DE INFORMACIÓN Y MEDIDAS CORRECTIVAS.- Los directores a los que se refiere el artículo 45 de la presente ley, en el ejercicio de sus responsabilidades de acuerdo con el artículo 164 del Código de Comercio:
Exigirán en el seno de sus respectivos directorios toda la información que les permita conocer y evaluar adecuadamente el cumplimiento de las obligaciones contractuales y legales adquiridas por la empresa, principalmente en lo relativo a inversiones, relaciones con empresas vinculadas y adquisiciones, así como proponer medidas correctivas que fueren pertinentes respecto de dicho cumplimiento; y
Propondrán medidas en resguardo del valor de las acciones de la empresa teniendo en cuenta sus derechos y obligaciones contractuales.
Articulo 48.- CUMPLIMIENTO DE DEBERES DE INFORMACIÓN.-
Las administradoras de fondos de pensiones presentarán a la SPVS la información relativa al cumplimiento de sus atribuciones como administradoras y representantes del respectivo FCC, que no tengan carácter reservado de acuerdo a disposiciones legales o contractuales, y que contribuyan al ejercicio de sus competencias reguladoras conforme a ley y a evaluar la protección de los derechos legales de los propietarios de las acciones populares.
En concordancia con el inciso d) del artículo 10 de la ley SIRESE y los correspondientes contratos, los superintendentes del Sistema de Regulación Sectorial, en el ejercicio de sus funciones fiscalizadoras, exigirán a las empresas capitalizadas bajo la ley de Capitalización, que los informes que deban presentarse incluyendo los planes de inversión, conforme a los contratos, a la correspondiente superintendencia sectorial, contengan los parámetros establecidos en dichos contratos y se presenten de manera oportuna, teniendo en cuenta la periodicidad establecida en los contratos. En base a dichos informes la superintendencia correspondiente evaluará y verificará el cumplimiento de las obligaciones contractuales de la empresa.
Los planes de inversión a ser presentados al Vice-Ministro de Energía e Hidrocarburos deberán incluir los parámetros de inversión determinados en los contratos y serán presentados de manera oportuna teniendo en cuenta la periodicidad establecida en los contratos. Sobre esa base, el Vice-Ministro de Energía e Hidrocarburos evaluará y verificará el cumplimiento de las obligaciones contractuales que la empresa hubiera adquirido con el mismo.
Artículo 49.- INFORMACIÓN A LOS MINISTERIOS.-
Cuando el Ministerio de Comercio Exterior e Inversión fuere parte contratante en el Contrato de Administración o en el Contrato de Suscripción de Acciones, suscritos con las empresas capitalizadas, y si la superintendencia sectorial correspondiente tuviere en el ejercicio de sus funciones de fiscalización, facultad contractual para recibir información de dichas empresas, ésta superintendencia enviará, con carácter reservado, copia de la información respectiva al citado Ministerio, tan pronto sea recibida.
Para fines de formulación de políticas sectoriales y sin que ello suponga interferir ni alterar las facultades fiscalizadoras y reguladoras que correspondan a las superintendencias sectoriales del SIRESE y del SIREFI, estas enviarán información, que no sea reservada de acuerdo a disposiciones legales o contractuales, a los ministerios de Hacienda, Comercio Exterior e Inversión y Desarrollo Económico cuando éstos lo requieran.
TITULO OCTAVO
REGISTRO DE IDENTIFICACION NACIONAL
CAPITULO I
CREACIÓN Y DIRECCIÓN
Artículo 50.- CREACION DEL RIN.- Se crea el Registro de Identificación Nacional (RIN) como entidad pública descentralizada, de duración indefinida con autonomía de gestión, bajo la tuición del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, cuyo objeto es disponer de un sistema de Identificación personal y proporcionar un documento de identificación único, seguro y confiable a toda la población nacional.
Artículo 51.- DIRECCION DEL RIN.- El RIN tendrá un directorio compuesto por cinco miembros. Uno designado por el Ministro de Justicia, uno por el Ministro de Gobierno, uno por el Ministro de Hacienda, uno por la Corte Nacional Electoral y el Director del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Artículo 52.- REPRESENTACION EN EL RIN.- La Iglesia Católica y cada partido político con representación parlamentaria tendrán el derecho de designar un representante que asistirá con derecho a voz y sin voto a las sesiones del directorio del RIN. La inasistencia de estos representantes a reuniones a las que hayan sido citados, no invalidará las decisiones que en ellas se tomen.
Artículo 53.- FINANCIAMIENTO.- El RIN se financiará con recursos propios, generados por su actividad específica, incluyendo la comisión por información que provea para el funcionamiento del FCC, a ser cobrada a cada administradora del FCC, la cual será pagada con recursos de dicho fondo. También contará con recursos de financiamiento externo y cooperación técnica.
CAPITULO II
TRANSFERENCIAS
Artículo 54.- TRANSFERENCIAS AL RIN.- Los activos, archivos, información y bases de datos del Registro Unico Nacional y del Servicio Nacional de Identificación Personal de la Policía Nacional se transfieren al RIN. El Servicio de Registro Civil, manteniendo su actual estructura y organización, sin modificar las atribuciones que le otorga la ley, pasa a depender del RIN.
El RIN será la única entidad encargada y responsable de proveer la información oficial requerida para la base de datos referida en el artículo 8 de esta ley. La información contenida en dicha base de datos será la única con valor oficial para fines de información del Estado boliviano.
CAPITULO III
CEDULA DE IDENTIDAD
Artículo 55.- CEDULA DE IDENTIDAD.- Se crea la Cédula de Identificación Nacional (CIN), en sustitución de la actual Cédula de Identidad y del actual RUN. El Poder Ejecutivo reglamentará, mediante Decreto Supremo, las características, procedimientos de distribución y otros aspectos de la CIN.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Artículo 56.- FECHA DE PAGO.- Los derechos y beneficios de la capitalización establecidos en la presente ley, se harán efectivos a partir de la fecha definida mediante decreto supremo.
Artículo 57.- PERMANENCIA DEL BCB.- En tanto los reglamentos del CONFIP no hayan sido emitidos, el Banco Central de Bolivia continuará ejerciendo las funciones previstas en el segundo párrafo del Numeral I del artículo 30 de la presente ley.
Artículo 58.- ADECUACION DE NAFIBO.- NAFIBO deberá adecuarse a las disposiciones de la presente ley en el plazo de un año desde su promulgación. Dicho plazo podrá ser prorrogado mediante Decreto Supremo por un año adicional.
Artículo 59.- SUMINISTRO DE INFORMACION.- La Corte Nacional Electoral y el RIN coordinarán el suministro de información existente en el Registro Civil y la entrega de información del RIN para la actualización de la información del Registro Civil.
Artículo 60.- VALIDEZ DE LA CEDULAS DE INDENTIDAD.- Las cédulas de identidad y el RUN mantienen su validez hasta la fecha de vencimiento o la fecha en la que concluya la inscripción en el RIN, lo que ocurra antes.
Artículo 61.- APLICACION DEL RIN.- La aplicación de las normas contenidas en el Título Octavo de la presente ley, entrará en vigencia cuando el Poder Ejecutivo emita el reglamento sobre las mismas mediante Decreto Supremo.
Artículo 62.- PRESUPUESTO DEL RIN.- En tanto el RIN como entidad autárquica financie sus actividades con recursos propios, el Tesoro General de la Nación proveerá el presupuesto que sea necesario para cubrir la diferencia que pudiese presentarse.
Artículo 63.- FUNCIONES DE LOS SUPERINTENDENTES DE PENSIONES, DE VALORES Y DE SEGUROS. Los actuales Superintendentes de Pensiones, de Valores y de Seguros continuarán en sus funciones hasta el nombramiento del Superintendente de Pensiones, Valores y Seguros. Asimismo, el Superintendente General del SIREFI en actual ejercicio, asumirá las funciones de Superintendente de Recursos Jerárquicos hasta el nombramiento de este último.
Artículo 64.- ADECUACION.- Las personas colectivas que se hallen dentro del ámbito de aplicación de la presente Ley, se adecuarán a esta norma en un plazo de un año a partir de su promulgación.
DISPOSICIONES FINALES
Artículo 65.- CONTRATOS ENTRE LAS AFP Y EL ESTADO.- Los contratos celebrados entre las AFP y el Estado en aplicación de la ley de Pensiones y sus disposiciones concordantes, podrán ser modificados conforme a la presente ley, si las partes que los subscribieron así lo convienen. En conformidad con lo dispuesto en los contratos vigentes, el Estado hará conocer a las AFP, a través de la SPVS, los cambios emergentes de la aplicación de la presente ley dentro de los plazos acordados en dichos contratos.
Artículo 66.- VERSION ORDENADA.- El Poder Ejecutivo, mediante Decreto Supremo, publicará la versión ordenada de la ley de Pensiones.
Artículo 67.- MODIFICACIONES Y DEROGACIONES
A. MODIFICACIONES.
A1. Modificaciones a la Ley de Pensiones No. 1732
"ARTICULO 4.- FONDOS DE PENSIONES, FIDEICOMISOS Y ADMINISTRACIÓN. Los recursos del seguro social obligatorio de largo plazo para la prestación de jubilación conforman fondos de pensiones. Los recursos de la capitalización que forman los fondos de capitalización colectiva, constituyen fideicomisos irrevocables, los cuales tendrán duración indefinida. Los fondos de pensiones, así como los fideicomisos irrevocables serán administrados por las administradoras de fondos de pensiones (AFP), de conformidad con la presente ley y otras disposiciones aplicables."
Al final del primer párrafo se elimina desde: "… o del Beneficiario de la Capitalización". Se elimina el segundo párrafo.
"ARTICULO 26.- ELECCION DE ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES (AFP). Hasta el 31 de diciembre de 1999, los afiliados al seguro social obligatorio de largo plazo y los Beneficiarios de la Capitalización, sólo podrán transferirse a otra administradora de fondos de pensiones (AFP), cuando cambien de residencia de un municipio a otro, en el cual la administradora de fondos de pensiones de origen no preste sus servicios.
A partir del 1 de enero del año 2000, los afiliados al seguro social obligatorio y los Beneficiarios de la Capitalización, inicialmente podrán elegir libremente la Administradora de Fondos de Pensiones que les preste servicios. Si no lo hicieren corresponderá su asignación de acuerdo a reglamento. Posteriormente, los Beneficiarios de la Capitalización podrán transferirse de una a otra Administradora de Fondos de Pensiones por cualquier causa, hasta una vez al año."
Se suprime el segundo y el último párrafo del artículo 26 de la ley de Pensiones.
"e) Poder ofertar a los afiliados y derecho habientes Mensualidades Vitalicias Variables cuyas características y forma de pago serán reglamentadas por el Poder Ejecutivo".
"f) Poder recaudar y administrar cualquier aporte laboral, patronal y voluntario de acuerdo a reglamento específico emitido por el Poder Ejecutivo".
"La respectiva administradora de fondos de pensiones deberá mantener en entidades de custodia de títulos-valor o depósitos de valores autorizados por la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros, títulos-valor que representen, al menos, el noventa y cinco por ciento (95%) del valor de los fondos de pensiones y de los recursos del FCC que administre".
"La administradora de fondos de pensiones invertirá toda la liquidez generada por el FCC de acuerdo con el reglamento específico que al efecto emita el Poder Ejecutivo en concordancia con las disposiciones de los artículos 41, 42 y 43 de la ley de Pensiones."
A2. Modificaciones a la Ley de Bancos y Entidades Financieras No. 1488
"La Superintendencia, con aprobación del CONFIP, incorporará al campo de aplicación de la presente ley a otras entidades existentes o por crearse que realicen en forma habitual actividades de intermediación financiera o de servicios auxiliares financieros que no se encuentran comprendidas por ésta ley".
"ARTICULO 29.- Cada acción ordinaria conferirá derecho a un voto en las juntas de accionistas."
"Otras autorizadas por la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, previa aprobación del CONFIP, que no contravengan las leyes y disposiciones legales de la República".
"Debiendo el reglamento que será emitido por el CONFIP determinar aquellos casos en los que el monto total de los créditos podrá exceder el patrimonio de la entidad financiera hasta un máximo de dos veces".
"Articulo 112:
Cuando una entidad financiera no cumpla con lo dispuesto por el artículo 33 de la ley del Banco Central de Bolivia, depositará en el Banco Central de Bolivia, todo incremento de sus pasivos y disminución de activos.
Cuando el incumplimiento se prolongue por 60 días consecutivos, o cuando la entidad financiera incurra en tres deficiencias discontinuas en el plazo de 12 meses de ocurrida la primera deficiencia patrimonial, los accionistas de la entidad financiera deberán ser nuevamente evaluados y calificados por la SBEF respecto a su solvencia e idoneidad en la actividad financiera.
En caso que los resultados de la nueva evaluación y calificación referida en el numeral anterior determinen insolvencia y/o falta de idoneidad para continuar ejerciendo la actividad financiera, dichos accionistas estarán obligados a vender su participación en el capital pagado de la entidad, en un plazo que no exceda los 90 días hábiles de recibida la instrucción por parte de la SBEF.
El procedimiento previsto en el numeral anterior también será aplicable a aquella entidad financiera - que a pesar de no haber incurrido en deficiencia patrimonial - ponga en grave riesgo los depósitos del público, su propia estabilidad o viabilidad futura, por causas atribuibles a su administración o a deficiencias en sus sistemas de control interno.
En caso de entidades intermediarias no bancarias, con organización jurídica diferente a las sociedades anónimas, que incurran en situaciones de deficiencia patrimonial no regularizada, o que pongan en grave riesgo los depósitos del público, su propia estabilidad o viabilidad futura, los miembros de los órganos de administración que establezcan sus Estatutos deberán convocar, en un plazo de 30 días calendario, a partir de la instrucción de la SBEF a una asamblea general de socios o asociados para disponer su liquidación voluntaria o su fusión, en un plazo de 90 días calendario, con otra entidad financiera viable y regularizada, debiendo designar a los apoderados responsables de dichos actos. Inmediatamente después de la asamblea, los miembros de su directorio u órgano de administración equivalente, cesarán en sus funciones y atribuciones. Si en el plazo de 120, días calendario a partir de la instrucción de la SBEF no se hubiese cumplido con lo mandado en este artículo, la SBEF procederá a la liquidación forzosa.
Se entenderá por grave riesgo para las entidades sujetas al campo de aplicación de la Ley de Bancos y Entidades Financieras, cualesquiera de las situaciones siguientes:
* Incurrir en cualesquiera de las operaciones prohibidas a las entidades financieras por el artículo 54 de la ley de Bancos y Entidades Financieras.
Omitir declarar activos o pasivos existentes, o contabilizar activos o pasivos inexistentes,
Realizar operaciones de crédito con prestatarios o grupos prestatarios vinculadas a la entidad financiera.
Simular la enajenación de activos.
Utilizar indebidamente los bienes recibidos en el desempeño de un depósito de custodia o de una comisión de confianza.
Ocultar, alterar, inutilizar, o falsificar los libros o documentos de la entidad financiera y los demás antecedentes justificativos de los mismos.
Pagar intereses a ciertos depositantes, ya sea en depósitos a plazo, cuentas de ahorro, cuentas corrientes o cualquier otra modalidad de depósito, con tasas considerablemente superiores al promedio vigente en la institución en instrumentos semejantes.
Cobrar a ciertos prestatarios, tasas considerablemente inferiores al promedio vigente en la institución en operaciones semejantes;
Utilizar indebidamente los fondos del encaje legal.
Cuando la cartera de créditos clasificada por la SBEF o auditores externos en categorías de riesgos dudosos o perdidos, comprometa una vez o más, el patrimonio de la entidad financiera.
Que los auditores externos se hayan abstenido de emitir opinión por dos veces consecutivas.
6.- Se modifica el nombre del Capítulo III del Título Noveno, y el artículo 120, conforme al siguiente texto:
"CAPITULO III
LIQUIDACION Y VENTA FORZOSA
Artículo 120.-
La Superintendencia procederá a tomar posesión de la entidad con el objeto de disponer su liquidación o venta forzosa, cuando una entidad financiera incurra en una o más de las siguientes causales:
1. Cuando no se hubiere regularizado la situación de acuerdo a los Artículos112, 113 y 114;
2. Cesación de pagos conforme a las prescripciones del Código de Comercio y
3. Reducción de su capital pagado y reservas a menos del cincuenta por ciento (50%).
A fin de evitar la desvalorización de los activos de una entidad intervenida para su liquidación forzosa, el superintendente podrá nombrar un intendente vendedor, ordenándole convocar a licitación pública para la venta de la entidad en funcionamiento. La licitación será adjudicada al ofertante que cumpla con los requisitos técnicos, legales y de solvencia e idoneidad exigidos por la SBEF y que oferte el mayor monto superior al mínimo valor patrimonial requerido y que sea pagado en efectivo. En caso que la entidad intervenida tuviere patrimonio negativo, el Poder Ejecutivo por intermedio de la institución especializada que corresponda, podrá comprar cartera u otros activos a su valor nominal antes de previsiones para llevar el valor patrimonial a cero previo a su venta.
El Superintendente, alternativamente, a fin de minimizar las pérdidas y desvalorización de los activos, podrá ordenar al intendente liquidador convocar a licitación pública para la venta al mayor postor, de grupos de activos de la entidad en liquidación forzosa a través de licitación pública.
Los recursos de las ventas obtenidas por la licitación serán utilizados de conformidad a las prelaciones y mandatos establecidos por ley para el pago de las acreencias en contra de la entidad en liquidación.”
A3. Modificaciones a la Ley del Banco Central de Bolivia No. 1670.
Se modifica el artículo 1 suprimiéndose en el párrafo segundo la frase: "y por ello órgano rector del sistema de intermediación financiera nacional".
Se modifica el artículo 3 de conformidad con el siguiente texto:
"Artículo 3.- El BCB en el marco de la presente Ley, formulará las políticas de aplicación general en materia monetaria, cambiaria y del sistema de pagos para el cumplimiento de su objeto".
Se modifica el artículo 31 substituyendo las siglas "BCB" por "Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras" y eliminando las palabras "su Directorio".
Se modifica el artículo 33 substituyendo en la primera oración la sigla "BCB" por "Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras" y en el inciso c) substituyendo las palabras "Directorio del BCB" por "CONFIP".
A4. Modificaciones a la Ley de Participación Popular No. 1551
" III.- Los gobiernos municipales procederán a la apertura de cuentas fiscales en un banco, fondo financiero privado, mutual de ahorro y préstamo o cooperativa de ahorro y crédito supervisadas por la SBEF y previa aprobación del TGN. Las personas colectivas autorizadas mediante la ley de Bancos y Entidades Financieras y la ley de Propiedad y Crédito Popular, a realizar operaciones financieras como entidades financieras no bancarias, podrán administrar cuentas fiscales con la previa aprobación de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras".
A5. Modificaciones a la Ley del Mercado de Valores No. 1834
B. DEROGACIONES:
B1. Artículos derogados de la Ley de Pensiones No. 1732
B2. Derogaciones a la Ley del Banco Central de Bolivia No. 1670
1.- Se deroga el artículo 35.
B3. Derogaciones a la Ley del Mercado de Valores No. 1834.
Pase al Poder Ejecutivo, para fines constitucionales.
Es dada la Sala de Sesiones del Honorable Congreso Nacional, a los once días del mes de junio de mil novecientos noventa y ocho años.
Fdo. Wálter Guiteras Denis H. Hormando Vaca Diez Vaca Diez, Gonzalo Molina Ossio, Edgar Lazo Loayza, Guido Roca Villavicencio, Jhonny Plata Chalar.
Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley de la República.
Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los quince días del mes de junio de mil novecientos noventa y ocho años.
FDO. HUGO BANZER SUAREZ, Carlos Iturralde Ballivián, Edgar Millares Ardaya, Ivo Kulijis Futchner, Tonchy Marinkovic Uzqueda, Leopoldo López Cossio, Luis Freddy Conde López, Jorge Crespo Velasco, Javier Escóbar Salguero.