Ley N° 26

LEY Nº 026 LEY DE 30 DE JUNIO DE 2010

EVO MORALES AYMA PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Por cuanto, la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha sancionado la siguiente Ley:

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,

D E C R E T A : LEY DEL RÉGIMEN ELECTORAL

a) Soberanía Popular. La voluntad del pueblo soberano se expresa a través del ejercicio de la democracia directa y participativa, la democracia representativa y la democracia comunitaria, para la formación, ejercicio y control del poder público, para deliberar y decidir políticas públicas, controlar la gestión pública, autogobernarse y para revocar autoridades y representantes del Estado Plurinacional. La soberanía popular se ejerce de manera directa y delegada.

b) Plurinacionalidad. La democracia intercultural boliviana se sustenta en la existencia de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y de las comunidades interculturales y afrobolivianas que conforman el Estado Plurinacional de Bolivia, con diferentes formas de deliberación democrática, distintos criterios de representación política y el reconocimiento de derechos individuales y colectivos.

c) Interculturalidad. La democracia intercultural boliviana se sustenta en el reconocimiento, la expresión y la convivencia de la diversidad cultural, institucional, normativa y lingüística, y el ejercicio de los derechos individuales y colectivos garantizados en la Constitución Política del Estado, conformando una sociedad basada en el respeto y la igualdad entre todas y todos, para vivir bien.

d) Complementariedad. La democracia intercultural boliviana se fundamenta en la articulación transformadora de la democracia directa y participativa, por medio del referendo, la iniciativa legislativa ciudadana, la revocatoria de mandato, la asamblea, el cabildo y la consulta previa; la democracia representativa, por medio del sufragio universal; y la democracia comunitaria, basada en las normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígena originario campesinos.

e) Igualdad. Todas las bolivianas y los bolivianos, de manera individual y colectiva, y sin ninguna forma de discriminación, gozan de los mismos derechos políticos consagrados en la Constitución Política del Estado y las Leyes.

f) Participación y Control Social. Las bolivianas y los bolivianos, de manera individual o como parte de organizaciones de la sociedad civil, tienen el derecho a participar en la supervisión, vigilancia y control del cumplimiento de los procedimientos para el ejercicio de la democracia intercultural, según lo previsto en la Constitución y la Ley.

g) Representación. Las bolivianas y los bolivianos tienen el derecho a ser representados en todas las instancias ejecutivas y legislativas del Estado, así como en instancias de representación en organizaciones, instituciones, asociaciones y otras entidades de la Sociedad, para lo cual eligen autoridades y representantes mediante voto.

h) Equivalencia. La democracia boliviana se sustenta en la equidad de género e igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres para el ejercicio de sus derechos individuales y colectivos, aplicando la paridad y alternancia en las listas de candidatas y candidatos para todos los cargos de gobierno y de representación, en la elección interna de las dirigencias y candidaturas de las organizaciones políticas, y en las normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígena originario campesinos.

i) Pluralismo político. La democracia intercultural boliviana reconoce la existencia de diferentes opciones políticas e ideológicas para la participación libre en procesos electorales plurales y transparentes.

j) Mayoría y Proporcionalidad. El régimen electoral boliviano se asienta en el principio de la mayoría con el reconocimiento y respeto de las minorías, para lo cual adopta un sistema electoral mixto que combina la representación proporcional y el criterio mayoritario para la elección de representantes.

k) Preclusión. Las etapas y resultados de los procesos electorales, referendos y revocatorias de mandato, no se revisarán ni se repetirán.

l) Publicidad y Transparencia. Todas las actividades vinculadas al ejercicio de la democracia intercultural son públicas y sus procedimientos garantizan su transparencia. Cualquier persona tiene derecho al acceso irrestricto a la información, salvo caso de reserva expresamente fundada en Ley que defina con precisión sus alcances y límites.

a) La organización con fines de participación política, conforme a la Constitución y la Ley.

b) La concurrencia como electoras y electores en procesos electorales, mediante sufragio universal.

c) La concurrencia como elegibles en procesos electorales, mediante sufragio universal.

d) La concurrencia como electoras y electores en los referendos y revocatorias de mandato, mediante sufragio universal.

e) La participación, individual y colectiva, en la formulación de políticas públicas y la iniciativa legislativa ciudadana.

f) El control social de los procesos electorales, referendos y revocatorias de mandato, de las instancias de deliberación y consulta, y del ejercicio de la democracia comunitaria, así como de la gestión pública en todos los niveles del Estado Plurinacional.

g) El ejercicio del derecho a la comunicación y el derecho a la información completa, veraz, adecuada y oportuna, principios que se ejercerán mediante normas de ética y de autoregulación, según lo establecido en los artículos 21 y 107 de la Constitución Política del Estado.

h) La participación en asambleas y cabildos con fines deliberativos.

i) El ejercicio de consulta previa, libre e informada por parte de las naciones y pueblos indígena originario campesinos.

j) El ejercicio de la democracia comunitaria según normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígena originario campesinos.

k) La realización de campaña y propaganda electoral, conforme a la norma.

El ejercicio pleno de los derechos políticos, conforme a la Constitución y la Ley, no podrá ser restringido, obstaculizado ni coartado por ninguna autoridad pública, poder fáctico, organización o persona particular.

a) Cumplir y hacer cumplir la Constitución Política del Estado.

b) Conocer, asumir, respetar, cumplir y promover los principios, normas y procedimientos de la democracia intercultural.

c) Reconocer y respetar las distintas formas de deliberación democrática, diferentes criterios de representación política y los derechos individuales y colectivos de la sociedad intercultural boliviana.

d) Cumplir con los requisitos de registro y habilitación para participar en procesos electorales, referendos y revocatoria de mandato.

e) Participar, mediante el voto, en todos los procesos electorales, referendos y revocatoria de mandato convocados conforme a Ley.

f) Denunciar ante la autoridad competente todo acto que atente contra el ejercicio de los derechos políticos.

a) Las listas de candidatas y candidatos a Senadoras y Senadores, Diputadas y Diputados, Asambleístas Departamentales y Regionales, Concejalas y Concejales Municipales, y otras autoridades electivas, titulares y suplentes, respetarán la paridad y alternancia de género entre mujeres y hombres, de tal manera que exista una candidata titular mujer y, a continuación, un candidato titular hombre; un candidato suplente hombre y, a continuación, una candidata suplente mujer, de manera sucesiva.

b) En los casos de elección de una sola candidatura en una circunscripción, la igualdad, paridad y alternancia de género se expresará en titulares y suplentes. En el total de dichas circunscripciones por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de las candidaturas titulares pertenecerán a mujeres.

c) Las listas de las candidatas y candidatos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, elaboradas de acuerdo a sus normas y procedimientos propios, respetarán los principios mencionados en el parágrafo precedente.

a) Referendo Nacional, en circunscripción nacional, para las materias de competencia del nivel central del Estado Plurinacional.

b) Referendo Departamental, en circunscripción departamental, únicamente para las materias de competencia exclusiva departamental, expresamente establecidas en la Constitución.

c) Referendo Municipal, en circunscripción municipal, únicamente para las materias de competencia exclusiva municipal, expresamente establecidas en la Constitución.

a) Unidad e integridad del Estado Plurinacional.

b) Impuestos.

c) Seguridad interna y externa.

d) Leyes orgánicas y Leyes Marco.

e) Vigencia de derechos humanos.

f) Sedes de los órganos y de las instituciones encargadas de las funciones de control, defensa de la sociedad y defensa del Estado.

g) Bases fundamentales del Estado.

h) Competencias privativas, exclusivas, concurrentes y compartidas establecidas en la Constitución Política del Estado para el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas.

a) Para Referendo Nacional,

b) Para Referendo Departamental, por la Asamblea Departamental, mediante ley departamental aprobada por dos tercios (2/3) de los asambleístas presentes, únicamente en las materias de competencia exclusiva departamental, expresamente establecidas en la Constitución Política del Estado.

c) Para Referendo Municipal, por el Concejo Municipal, mediante norma municipal aprobada por dos tercios (2/3) de los concejales presentes, únicamente en las materias de competencia exclusiva municipal, expresamente establecidas en la Constitución Política del Estado.

a) Para Referendo Nacional, por iniciativa ciudadana apoyada con firmas y huellas dactilares de por lo menos el veinte por ciento (20%) del padrón nacional electoral en el momento de la iniciativa. Este porcentaje debe incluir al menos el quince por ciento (15%) del padrón de cada departamento. El Tribunal Supremo Electoral verificará el cumplimiento de este requisito.

b) Para Referendo Departamental, por iniciativa ciudadana apoyada con firmas y huellas dactilares de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) de ciudadanas y ciudadanos inscritas e inscritos en el padrón electoral departamental en el momento de la iniciativa. Este porcentaje debe incluir al menos el veinte por ciento (20%) del padrón de cada provincia. El Tribunal Electoral Departamental competente verificará el cumplimiento de este requisito.

c) Para Referendo Municipal, por iniciativa ciudadana apoyada con firmas y huellas dactilares de por lo menos el treinta por ciento (30%) de ciudadanas y ciudadanos inscritas e inscritos en el padrón electoral del municipio en el momento de la iniciativa. El Tribunal Electoral Departamental competente verificará el cumplimiento de este requisito.

En circunscripción departamental y municipal, la frecuencia será establecida mediante normas departamental y municipal, respectivamente.

El presupuesto requerido para la realización de cada Referendo será cubierto, en función de su ámbito de realización, con recursos del Tesoro General del Estado, recursos departamentales o recursos municipales, según corresponda.

a) En el marco del tratamiento de un proyecto de convocatoria a referendo, la instancia legislativa remitirá una minuta de comunicación al Tribunal Supremo Electoral o al Tribunal Electoral Departamental que corresponda, para la evaluación técnica de la o las preguntas. El Tribunal electoral competente remitirá informe técnico en el plazo de setenta y dos (72) horas, pudiendo incluir redacciones alternativas a la pregunta, para garantizar su claridad, precisión e imparcialidad.

b) Recibida la respuesta del Tribunal electoral competente, la instancia legislativa que promueve la iniciativa remitirá al Tribunal Constitucional Plurinacional la pregunta o preguntas, a efecto de su control de constitucionalidad.

c) Recibida la respuesta del Tribunal Constitucional Plurinacional:

a) La Presidenta o Presidente del Estado Plurinacional remitirá mediante nota, al Tribunal Supremo Electoral, para la evaluación técnica de la o las preguntas, el cual remitirá informe técnico en el plazo de setenta y dos (72) horas, pudiendo incluir redacciones alternativas a la pregunta para garantizar su claridad, precisión e imparcialidad.

b) Recibida la respuesta del Tribunal Supremo Electoral, la Presidenta o Presidente remitirá al Tribunal Constitucional Plurinacional la pregunta o preguntas a efecto de su control de constitucionalidad.

c) Recibida la respuesta del Tribunal Constitucional Plurinacional:

a) Que el alcance del Referendo esté dentro del ámbito de sus atribuciones.

b) Que la materia del referendo no esté dentro de las exclusiones establecidas en la presente Ley, y que corresponda con las competencias nacional, departamental o municipal, establecidas por la Constitución Política del Estado.

c) Que la pregunta o preguntas estén formuladas en términos claros, precisos e imparciales.

a) Las organizaciones políticas, de la sociedad civil y de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, con personería jurídica vigente, que deseen participar a favor o en contra de una de las opciones, se registrarán a este efecto ante la autoridad electoral competente, según el ámbito del Referendo, conforme al Reglamento emitido por el Tribunal Supremo Electoral.

b) La campaña y propaganda electoral serán realizadas únicamente por las organizaciones políticas y las organizaciones de la sociedad civil y de las naciones y pueblos indígena originario campesinos registradas, que estén a favor o en contra de una de las opciones. Estas organizaciones tendrán acceso a la propaganda electoral gratuita.

c) Los resultados del Referendo serán válidos si votaron por lo menos el cincuenta por ciento más uno (50% más 1) de las electoras y electores de la respectiva circunscripción electoral y si los votos válidos son más que la sumatoria total de los votos blancos y nulos.

d) La opción que obtenga la mayoría simple de votos válidos emitidos será la ganadora.

El Tribunal Supremo Electoral remitirá los resultados a la autoridad competente, para su cumplimiento y ejecución.

a) Por iniciativa popular, con las firmas y huellas dactilares de al menos el veinte por ciento (20%) del padrón nacional electoral, al momento de la iniciativa;

b) Por mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional; o

c) Por la Presidenta o Presidente del Estado Plurinacional.

La vigencia de la reforma constitucional resultante del trabajo de la Asamblea Constituyente requiere obligatoriamente la convocatoria a referendo constitucional aprobatorio. La convocatoria será realizada por la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Constituyente.

La reforma parcial de la Constitución Política del Estado podrá iniciarse por iniciativa popular, con la firma de al menos el veinte por ciento (20%) del electorado a nivel nacional, o por la Asamblea Legislativa Plurinacional, mediante Ley de Reforma Constitucional aprobada por dos tercios (2/3) de sus miembros presentes. La aprobación de cualquier reforma parcial requerirá Referendo Constitucional Aprobatorio convocado por mayoría absoluta de los miembros presentes de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Estos referendos no se toman en cuenta para efectos de la frecuencia establecida en el artículo 17 de la presente Ley.

La decisión de convertir un municipio en autonomía indígena originario campesina se adoptará mediante referendo promovido por iniciativa popular en el municipio correspondiente.

La decisión de agregar municipios, distritos municipales y/o autonomías indígena originario campesinas para conformar una región indígena originario campesino podrá adoptarse mediante referendo promovido por iniciativa popular y/o de acuerdo a sus normas y procedimientos propios de consulta, según corresponda, y conforme a los requisitos y condiciones establecidas por la Constitución Política del Estado y la Ley. Estos referendos no se tomarán en cuenta para efectos de la frecuencia establecida en el artículo 17 de la presente Ley.

a) Para autoridades nacionales, con las firmas y huellas dactilares de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) del padrón nacional electoral en el momento de la iniciativa. Este porcentaje debe incluir al menos el veinte por ciento (20%) del padrón de cada Departamento. En el caso de diputadas o diputados uninominales el porcentaje aplicará para la circunscripción uninominal en la que se realizó su elección. El Tribunal Supremo Electoral verificará el cumplimiento de este requisito.

b) Para autoridades departamentales, con las firmas y huellas dactilares de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) de ciudadanas y ciudadanos inscritas e inscritos en el padrón electoral departamental respectivo en el momento de la iniciativa. Este porcentaje debe incluir al menos el veinte por ciento (20%) del padrón de cada Provincia. En el caso de asambleístas uninominales el porcentaje aplicará para la circunscripción uninominal en la que se realizó su elección. El Tribunal Electoral Departamental competente verificará el cumplimiento de este requisito.

c) Para autoridades regionales, con las firmas y huellas dactilares de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) de ciudadanas y ciudadanos inscritas e inscritos en el padrón electoral de cada una de las circunscripciones municipales que formen parte de la región. El Tribunal Electoral Departamental competente verificará el cumplimiento de este requisito.

d) Para autoridades municipales, con las firmas y huellas dactilares de por lo menos el treinta por ciento (30%) de ciudadanas y ciudadanos inscritas e inscritos en el padrón electoral del municipio en el momento de la iniciativa. El Tribunal Electoral Departamental competente verificará el cumplimiento de este requisito.

a) El número de votos válidos emitidos a favor de la revocatoria (casilla SÍ) es superior al número de votos válidos emitidos en contra (casilla NO).

b) El número y el porcentaje de votos válidos a favor de la revocatoria (casilla Sí) es superior al número y el porcentaje de votos válidos con los que fue elegida la autoridad.

La autoridad electoral competente remitirá los resultados oficiales al Presidente del Órgano Legislativo o deliberativo correspondiente, para fines constitucionales.

La Asamblea y el Cabildo tienen carácter deliberativo, sus decisiones no son de carácter vinculante, pero deberán ser consideradas por las autoridades y representantes en los niveles de decisión que corresponda. No se consideran para efectos de este capítulo las Asambleas y Cabildos que sean propias de la organización interna de las naciones y pueblos indígena originario campesinos.

La convocatoria a una Asamblea o Cabildo, por parte de sus promotores, deberá incluir claramente el propósito de la iniciativa y su agenda.

El Informe, con la inclusión de material audiovisual, será difundido mediante el portal electrónico en internet del Tribunal Supremo Electoral.

En el caso de la participación de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, la consulta tendrá lugar respetando sus normas y procedimientos propios.

Las conclusiones, acuerdos o decisiones tomadas en el marco de la consulta previa no tienen carácter vinculante, pero deberán ser considerados por las autoridades y representantes en los niveles de decisión que corresponda.

El Informe, con la inclusión de material audiovisual, será difundido mediante el portal electrónico en internet del Tribunal Supremo Electoral.

a) El voto en la democracia boliviana es:

Igual, porque el voto emitido por cada ciudadana y ciudadano tiene el mismo valor.

Universal, porque las ciudadanas y los ciudadanos, sin distinción alguna, gozan del derecho al sufragio.

Directo, porque las ciudadanas y los ciudadanos intervienen personalmente en los procesos electorales, referendos y revocatorias de mandato; votan por las candidatas y candidatos de su preferencia y toman decisiones en las consultas populares.

Individual, porque cada persona emite su voto de forma personal.

Secreto, porque la ley garantiza la reserva del voto.

Libre, porque expresa la voluntad del elector.

Obligatorio, porque constituye un deber de la ciudadanía.

b) El escrutinio en los procesos electorales es:

Público, porque se realiza en un recinto con acceso irrestricto al público, en presencia de las delegadas y los delegados de organizaciones políticas, misiones nacionales e internacionales de acompañamiento electoral, instancias del Control Social y ciudadanía en general.

Definitivo, porque una vez realizado conforme a ley, no se repite ni se revisa.

a) Las bolivianas y los bolivianos que cumplan dieciocho (18) años al día de la votación y tengan ciudadanía vigente; que se encuentren dentro del territorio nacional o residan en el exterior.

b) Las extranjeras y los extranjeros en procesos electorales municipales, cuando residan legalmente al menos dos (2) años en el municipio.

Para ser electora o elector es condición indispensable estar registrada o registrado en el padrón electoral y habilitada o habilitado para votar.

Para ser elegible es necesario ser postulado por una organización política o, cuando corresponda, por una nación o pueblo indígena originario campesino.

En el caso de los Magistrados del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional, su postulación se realizará de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política del Estado y en las leyes.

a) Una circunscripción nacional, que incluye los asientos electorales ubicados en el exterior, para Presidenta o Presidente y Vicepresidenta o Vicepresidente del Estado Plurinacional.

b) Nueve (9) circunscripciones departamentales para Senadoras y Senadores.

c) Nueve (9) circunscripciones departamentales para Diputadas y Diputados plurinominales. d) Circunscripciones uninominales para diputadas y diputados uninominales, definidas por Ley. e) Circunscripciones especiales para diputadas y diputados indígena originario campesinos, definidas por Ley.

a) Nueve (9) circunscripciones departamentales, para Gobernadoras y Gobernadores.

b) En cada departamento se establecerán las circunscripciones por población y por territorio que correspondan para la elección de asambleístas departamentales de acuerdo a Ley.

c) En cada departamento se asignarán escaños para la elección de representantes de las naciones y pueblos indígena originario campesinos que sean minoría poblacional en el Departamento.

a) Para la elección de Asambleístas regionales, junto con la elección de Concejalas y Concejales en cantidad igual al número de circunscripciones municipales que formen parte de la región.

b) En cada región autónoma se asignarán escaños de elección directa para las naciones y pueblos indígena originario campesinos que sean minoría poblacional en la región, de acuerdo al Estatuto Autonómico regional.

a) Se establecen las circunscripciones municipales para la elección de alcaldesas o alcaldes, según el número de municipios reconocidos de acuerdo a Ley.

b) Se establecen las circunscripciones municipales para la elección de concejalas y concejales por población, de acuerdo a Ley.

c) En cada municipio se asignarán escaños de elección directa de las naciones y pueblos indígena originario campesinos que sean minoría poblacional en el municipio, de acuerdo a su Carta Orgánica Municipal.

a) Nueve (9) circunscripciones departamentales, para Magistradas y Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.

b) Una circunscripción nacional, para Magistradas y Magistrados del Tribunal Agroambiental.

c) Una circunscripción nacional, para Consejeras y Consejeros del Consejo de la Magistratura.

d) Una circunscripción nacional, para Magistradas y Magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional.

DEL ESTADO PLURINACIONAL

Y DE LA VICEPRESIDENTA O VICEPRESIDENTE

a) Más del cincuenta por ciento (50%) de los votos válidos emitidos; o

b) Un mínimo del cuarenta por ciento (40%) de los votos válidos emitidos, con una diferencia de al menos el diez por ciento (10%) en relación a la segunda candidatura más votada.

a) En caso de que ninguna de las candidaturas haya obtenido los porcentajes señalados en el parágrafo II del artículo precedente, se realizará una segunda vuelta electoral entre las dos candidaturas más votadas y se proclamará ganadora a la candidatura que obtenga la mayoría de los votos válidos emitidos.

b) La segunda vuelta electoral se efectuará con el mismo padrón electoral y la convocatoria de nuevos jurados electorales, en el plazo de sesenta (60) días después de la primera votación.

c) Si la organización política de cualquiera de las dos fórmulas hasta cuarenta y cinco (45) días antes del día de la votación, hace conocer por escrito al Tribunal Supremo Electoral su declinatoria a participar en la segunda vuelta, no se realizará la segunda vuelta electoral. Si la Organización Política de cualquiera de las dos fórmulas, declina su participación en un plazo menor a cuarenta y cinco (45) días, el Tribunal Supremo Electoral sancionará a dicha organización política de acuerdo a Ley y Reglamento del Tribunal Supremo Electoral. En estos casos, serán proclamadas a la Presidencia y Vicepresidencia del Estado las candidaturas de la otra fórmula.

Los votos acumulativos obtenidos en cada Departamento, para Presidente o Presidenta, por las organizaciones políticas, se dividirán sucesivamente entre los divisores naturales: 1, 2, 3 y 4, en forma correlativa, continua y obligada. Los cocientes obtenidos se ordenan de mayor a menor para establecer el número de Senadores que correspondan a cada organización política en cada Departamento.

“II. Para la distribución de los ciento treinta (130) escaños entre los nueve departamentos, se establece el siguiente procedimiento:

Departamento Naciones y pueblos indígenas minoritarios La Paz Afroboliviano, Mosetén, Leco, Kallawaya, Tacana y Araona. Santa Cruz Chiquitano, Guaraní, Guarayo, Ayoreo y Yuracaré - Mojeño Cochabamba Yuki y Yuracaré Oruro Chipaya y Murato Tarija Guaraní, Weenayek y Tapiete Beni Tacana, Pacahuara, Itonama, Joaquiniano, Maropa, Guarasugwe, Mojeño, Sirionó, Baure, Tsimane, Movima, Cayubaba, Moré, Cavineño, Chácobo, Canichana, Mosetén y Yuracaré Pando Yaminagua, Pacahuara, Esse Ejja, Machinerí y Tacana

a) Los votos acumulativos obtenidos, para Presidenta o Presidente, en cada Departamento, por cada organización política, se dividirán sucesivamente entre divisores naturales: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etcétera, en forma correlativa, continua y obligada.

b) Los cocientes obtenidos en las operaciones, se ordenan de mayor a menor, hasta el número de los escaños a cubrir, para establecer el número proporcional de diputados correspondiente a las organizaciones políticas en cada Departamento.

c) Del total de escaños que corresponda a una organización política, se restarán los obtenidos en circunscripciones uninominales, los escaños restantes serán adjudicados a la lista de candidatas y candidatos plurinominales, hasta alcanzar el número proporcional que le corresponda.

d) Si el número de diputados elegidos en circunscripciones uninominales fuera mayor al que le corresponda proporcionalmente a una determinada organización política, la diferencia será cubierta restando escaños plurinominales a las organizaciones políticas que tengan los cocientes más bajos de votación en la distribución por divisores en estricto orden ascendente del menor al mayor.

En caso de empate, se dará lugar a segunda vuelta electoral entre las candidatas o candidatos empatados, se efectuará con el mismo padrón electoral y nuevos jurados de mesa de sufragio, en el plazo de veintiocho (28) días después de la primera votación.

Para la elección se aplicarán los criterios establecidos por el o los tratados internacionales que correspondan. En todos los casos, las representaciones deberán respetar la equivalencia de género.

REGIONALES Y MUNICIPALES

a) El Órgano Ejecutivo, cuya Máxima Autoridad Ejecutiva es la Gobernadora o Gobernador, elegida o elegido por sufragio universal.

b) Las Asambleas Departamentales estarán integradas por al menos un asambleísta por circunscripción territorial intradepartamental y por asambleístas según población elegidos mediante sufragio universal y por los asambleístas departamentales elegidos por las naciones y pueblos indígena originario campesinos del Departamento, mediante normas y procedimientos propios.

a) Serán elegidas y elegidos en circunscripción única departamental por mayoría absoluta de votos válidos emitidos. En caso de que ninguna de las candidaturas haya obtenido la mayoría absoluta de votos válidos emitidos, se realizará una segunda vuelta electoral entre las dos candidaturas más votadas, aplicando para el efecto las disposiciones establecidas para la segunda vuelta en la elección de la Presidenta o el Presidente del Estado Plurinacional.

b) En los Departamentos en los que se establezca un cargo electivo para reemplazo de la Gobernadora o Gobernador, se elegirán en fórmula única con la candidata o candidato a Gobernadora o Gobernador.

c) Serán postulados por organizaciones políticas de alcance nacional o departamental.

d) Podrán ser reelectas o reelectos de manera continua por una sola vez.

a) Las y los Asambleístas Departamentales que se elijan por sufragio universal serán postuladas y postulados por organizaciones políticas de alcance nacional o departamental.

b) Podrán ser reelectas o reelectos de manera continua por una sola vez.

c) Sólo pueden postular a un cargo en un proceso electoral.

d) Las listas de candidatas y candidatos plurinominales y uninominales se elaborarán, con sujeción al artículo 11 de esta Ley.

e) Las y los Asambleístas departamentales serán elegidos en lista separada de la candidata o el candidato a Gobernadora o Gobernador.

a) Los votos acumulativos obtenidos para Asambleístas Departamentales en cada Departamento y por cada organización política, se dividirán sucesivamente entre los divisores naturales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etcétera, en forma correlativa, continua y obligada.

b) Los cocientes obtenidos en las operaciones se ordenarán de mayor a menor hasta el número de los escaños a cubrir, para establecer el número proporcional de Asambleístas Departamentales por población o plurinominales, correspondiente a las organizaciones políticas en cada Departamento.

a) Una Asamblea Regional.

b) Un Órgano Ejecutivo.

a) El Órgano Ejecutivo presidido por la Alcaldesa o el Alcalde elegida o elegido mediante sufragio universal, por mayoría simple, en lista separada de las candidatas y candidatos a Concejalas y Concejales.

b) El Concejo Municipal, integrado por Concejalas y Concejales elegidas y elegidos mediante sufragio universal. La conformación del Concejo Municipal se establecerá en la Carta Orgánica Municipal.

a) Serán elegidas y elegidos en circunscripción única municipal, por mayoría simple de votos válidos emitidos.

b) Serán postulados por organizaciones políticas de alcance nacional, departamental o municipal.

c) Podrán ser reelectas o reelectos de manera continua por una sola vez.

a) Las Concejalas y los Concejales serán postuladas y postulados por organizaciones políticas de alcance nacional, departamental o municipal.

b) Podrán ser reelectas o reelectos de manera continua por una sola vez.

c) Sólo pueden postular a un cargo en un proceso electoral.

d) Las listas de candidatas y candidatos se elaborarán con sujeción al artículo 11 de esta Ley.

e) Las Concejalas y los Concejales serán elegidos, en lista separada de la de Alcaldesa o Alcalde.

f) El número de Concejalas y Concejales se establecerá de acuerdo a los siguientes criterios: municipios de hasta quince mil (15.000) habitantes tendrán cinco (5) Concejalas o Concejales, municipios de entre quince mil uno (15.001) y cincuenta mil (50.000) habitantes tendrán hasta siete (7) Concejalas o Concejales; municipios de entre cincuenta mil uno (50.001) y setenta y cinco mil (75.000) habitantes tendrán hasta nueve (9) Concejalas y Concejales, y municipios capitales de departamento y los que tienen más de setenta y cinco mil (75.000) habitantes tendrán hasta once (11) Concejalas o Concejales.

Y DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL

a) La postulación y preselección de postulantes, con una duración de sesenta (60) días, y

b) La organización y realización de la votación, con una duración de noventa (90) días.

La nómina de postulantes preseleccionados será remitida al Tribunal Supremo Electoral.

La elección se realizará en circunscripción departamental. En cada circunscripción se elegirá una Magistrada o Magistrado titular y una Magistrada o Magistrado suplente.

La Asamblea Legislativa Plurinacional preseleccionará hasta seis (6) postulantes para cada Departamento en dos listas separadas de mujeres y hombres. La Asamblea Legislativa Plurinacional garantizará que el cincuenta por ciento 50% de las personas preseleccionadas sean mujeres y la presencia de al menos una persona de origen indígena originario campesino en cada lista.

El orden de ubicación de postulantes en la franja correspondiente de la papeleta de sufragio se definirá mediante sorteo público realizado por el Tribunal Supremo Electoral.

Los electores emitirán dos (2) votos, uno en la lista de candidatas mujeres y otro en la lista de candidatos hombres.

Será electo como Magistrada o Magistrado titular en cada Departamento la candidata o candidato que obtenga el mayor número de votos válidos de las dos listas. Si el elegido es hombre, la mujer más votada de su lista será la Magistrada suplente. Si la elegida es mujer, el hombre más votado de su lista será el Magistrado suplente.

La elección se realizará en circunscripción nacional, en la cual se elegirán siete (7) Magistradas o Magistrados titulares y siete (7) Magistradas o Magistrados suplentes.

La Asamblea Legislativa Plurinacional preseleccionará hasta veintiocho (28) postulantes, garantizando que el cincuenta por ciento (50%) de las personas seleccionadas sean mujeres y la inclusión de postulantes de origen indígena originario campesino.

El orden de ubicación de las candidatas y candidatos en la franja correspondiente de la papeleta electoral se definirá mediante sorteo público realizado por el Tribunal Supremo Electoral.

Las Magistradas o Magistrados titulares serán las y los siete (7) postulantes que obtengan el mayor número de votos válidos. Las Magistradas o Magistrados suplentes serán las y los siguientes siete (7) en votación.

La elección se realizará en circunscripción nacional, en la cual se elegirán cinco (5) miembros titulares y cinco (5) miembros suplentes.

La Asamblea Legislativa Plurinacional preseleccionará hasta quince (15) postulantes, garantizando que el cincuenta por ciento (50%) de las personas preseleccionadas sean mujeres y la inclusión de postulantes de origen indígena originario campesino.

El orden de ubicación de las candidatas y candidatos en la franja correspondiente de la papeleta electoral se definirá mediante sorteo público realizado por el Tribunal Supremo Electoral.

Las Consejeras o Consejeros titulares serán las y los cinco (5) postulantes que obtengan el mayor número de votos válidos. Las Consejeras o Consejeros suplentes serán las y los siguientes cinco (5) en votación.

La elección se realizará en circunscripción nacional, en la cual se elegirán siete (7) Magistradas o Magistrados titulares y siete (7) Magistradas o Magistrados suplentes.

La Asamblea Legislativa Plurinacional preseleccionará veintiocho (28) postulantes garantizando que el cincuenta por ciento (50%) de las personas preseleccionadas sean mujeres y la inclusión de postulantes de origen indígena originario campesino.

El orden de ubicación de los postulantes en la franja correspondiente de la papeleta electoral se definirá mediante sorteo público realizado por el Tribunal Supremo Electoral.

Las Magistradas o Magistrados titulares serán las o los siete (7) postulantes que obtengan el mayor número de votos válidos. Las Magistradas o Magistrados suplentes serán las o los siguientes siete (7) en votación.

El Tribunal Supremo Electoral establecerá un formato único, impreso y audiovisual que garantice la igualdad de condiciones de todos los postulantes, durante el proceso de difusión de méritos.

El Tribunal Supremo Electoral difundirá, al menos, lo siguiente:

a) Una separata de prensa, en la que se presenten los méritos de cada una o uno de las o los postulantes, que se publicará en los diarios necesarios para garantizar su difusión en todo el territorio del Estado. La separata también será expuesta en todos los recintos electorales el día de la votación.

b) Los datos personales y principales méritos de cada una o uno de las o los postulantes, en los medios radiales que sean necesarios para garantizar la difusión en todo el territorio del Estado.

c) Los datos personales y principales méritos de cada una o uno de las o los postulantes, en los medios televisivos que sean necesarios para garantizar la difusión en todo el territorio del Estado.

a) Efectuar directa o indirectamente cualquier forma de campaña o propaganda relativa a su postulación, en medios de comunicación radiales, televisivos, escritos o espacios públicos;

b) Manifestar opinión ni tratar temas vinculados directa o indirectamente a su postulación en foros públicos, encuentros u otros de similar índole;

c) Emitir opinión a su favor, o a favor o en contra de otros postulantes, en medios de comunicación radiales, televisivos, escritos o espacios públicos; “c) Dirigir o conducir programas radiales o televisivos, o mantener espacios informativos o de opinión en medios escritos”.

e) Acceder a entrevistas, por cualquier medio de comunicación, relacionadas con el cargo al que postula.

a) Difundir documentos distintos a los producidos por el Órgano Electoral.

b) Referirse específicamente a una o un postulante, en forma positiva o negativa.

c) Generar espacios de opinión de ninguna índole sobre los postulantes.

d) Dar espacios de opinión, conducción o participación en programas a cualquier postulante.

El procedimiento a ser aplicado para la inhabilitación de postulantes será el mismo que para la inhabilitación de candidaturas, en lo pertinente.

a) Organizaciones de la sociedad civil de alcance nacional o departamental, sin fines de lucro.

b) Cooperativas de servicios públicos.

c) Universidades.

La entidad interesada deberá formalizar su solicitud a través de su máxima autoridad o representante legalmente autorizado, ante el Tribunal Supremo Electoral, en un plazo mínimo de ciento cincuenta (150) días antes de la realización de los procesos electorales.

En la solicitud, la entidad interesada deberá acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos para el efecto en la presente Ley.

En caso de que el Tribunal Supremo Electoral acepte la solicitud, se deberá suscribir un convenio que establezca las condiciones, alcances y responsabilidades de las partes.

a) Acreditación de su personalidad jurídica.

b) Estatutos o un Reglamento Electoral debidamente aprobado por sus instancias correspondientes.

c) Listado actualizado de electores habilitados.

d) Instancias internas para la convocatoria, habilitación o inhabilitación de candidatos, resolución de conflictos, recursos e impugnaciones, aplicación de sanciones disciplinarias, regulación y control de la propaganda, seguridad, acreditación y posesión de autoridades o representantes electos.

e) Resolución Orgánica para la solicitud del servicio.

El Órgano Electoral Plurinacional no podrá organizar, dirigir, supervisar, administrar o ejecutar procesos electorales cuyo calendario electoral se superponga con el de procesos electorales, referendos o revocatorias de mandato convocados por Ley.

DE COOPERATIVAS DE SERVICIOS PÚBLICOS

a) La autoridad competente de la cooperativa deberá presentar ante el Tribunal Electoral Departamental, con una anticipación de al menos treinta (30) días a la convocatoria a elecciones, normas estatutarias para la elección de sus autoridades de administración y vigilancia.

El Tribunal Electoral Departamental, en el plazo de cinco (5) días podrá solicitar aclaraciones o complementaciones respecto a las normativas recibidas, las cuales deberán ser atendidas por la cooperativa en un plazo no mayor de cinco (5) días.

b) La cooperativa hará conocer al Tribunal Electoral Departamental la convocatoria y el calendario electoral, inmediatamente a su emisión.

c) El Tribunal Electoral Departamental hará conocer públicamente las actividades de la supervisión. La Cooperativa está obligada a facilitar toda la información requerida y garantizar el desempeño de estas actividades.

a) Informes para cada una de las actividades de supervisión, haciendo conocer sobre el cumplimiento o no de la normativa interna, en cualquiera de las fases.

b) En caso de cumplimiento total de la normativa interna, acreditará la validez del proceso electoral, emitiendo informe público al respecto.

c) En caso de incumplimiento no subsanable de la normativa interna, no reconocerá los resultados del proceso, emitiendo informe público al respecto.

I. Los procesos electorales de mandato fijo establecidos en la Constitución Política del Estado, serán convocados por el Tribunal Supremo Electoral mediante Resolución de Sala Plena, con una anticipación de por lo menos ciento cincuenta (150) días a la fecha de realización de la votación para elecciones de autoridades nacionales del Estado Plurinacional, y de por lo menos ciento veinte (120) días para elecciones de autoridades políticas departamentales, regionales y municipales. Para la elección de autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional, la convocatoria será emitida con una anticipación mínima de noventa (90) días. La convocatoria debe garantizar que la elección de nuevas autoridades y representantes, se realice antes de la conclusión del mandato de las autoridades y representantes salientes.”

Para cada proceso electoral, referendo o revocatoria de mandato, el Servicio de Registro Cívico (SERECÍ) remitirá oficialmente al Tribunal Electoral competente, dentro del plazo establecido en el Calendario Electoral, el Padrón con la Lista de personas habilitadas y la Lista de personas inhabilitadas por cada mesa de sufragio.

a) La inclusión de las personas mayores de 18 años de edad;

b) La depuración de las personas fallecidas;

c) El cambio de domicilio;

d) La suspensión o rehabilitación de los derechos de ciudadanía a efectos electorales;

e) El registro de personas naturalizadas.

La comunicación del cambio de domicilio, a efectos electorales, es de carácter obligatorio y constituye una responsabilidad de las ciudadanas y los ciudadanos.

El cumplimiento de requisitos y de causales de inelegibilidad establecidos en la Constitución Política del Estado y en la Ley, para las postulaciones a autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional, serán verificados por la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Las organizaciones políticas o alianzas están facultadas para la promoción de sus candidatos, la difusión de sus ofertas programáticas y la solicitud del voto, mediante mensajes en actos públicos de campaña o a través de medios de comunicación masivos o de naturaleza interactiva.

a) En procesos electorales, únicamente están autorizadas para realizar propaganda electoral, por cualquier medio, las organizaciones políticas o alianzas que presenten candidaturas.

b) En referendos o revocatorias de mandato, únicamente están autorizadas para realizar propaganda electoral, por cualquier medio, las organizaciones políticas o alianzas, las organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones de las naciones y pueblos indígena originario campesinas, que se habiliten ante el Tribunal Electoral competente.

c) Ninguna entidad pública a nivel nacional, departamental, regional o municipal puede realizar propaganda electoral en procesos electorales, referendos o revocatorias de mandato.

d) Toda pieza de propaganda, en cualquier formato, debe ir claramente identificada con el nombre y símbolo de la organización política o alianza que la promueve. En el caso de la propaganda electoral pagada en los medios de comunicación, debe identificarse previamente como “Espacio solicitado”.

a) En actos públicos de campaña, desde noventa (90) días antes del día de los comicios hasta setenta y dos (72) horas antes de la jornada electoral. En caso de segunda vuelta electoral, o repetición de elección por empate o anulación de mesa, el plazo para los actos públicos de campaña será desde la convocatoria hasta setenta y dos (72) horas antes del día de la segunda votación.

b) En medios de comunicación, desde treinta (30) días antes del día de los comicios hasta setenta y dos (72) horas antes de la jornada electoral. En caso de segunda vuelta electoral, o repetición de elección por empate o anulación de mesa, el plazo para la propaganda en medios de comunicación será desde la convocatoria hasta setenta y dos (72) horas antes del día de la segunda votación.

La difusión de propaganda electoral fuera del plazo establecido dará lugar a la suspensión inmediata de la propaganda, y a sanciones económicas, tanto a la organización política o alianza que la contrató como al medio de comunicación que la difundió, con una multa equivalente, en ambos casos, al doble de la tarifa promedio inscrita por el medio ante el Órgano Electoral, además de la inhabilitación al medio de comunicación de difundir propaganda en el siguiente proceso electoral.

a) En redes o canales de televisión, máximo diez (10) minutos diarios.

b) En redes o estaciones de radio, máximo diez (10) minutos diarios.

c) En medios impresos, máximo dos (2) páginas diarias y una separata semanal de doce (12) páginas tamaño tabloide.

a) Sea anónima.

b) Esté dirigida a provocar abstención electoral.

c) Atente contra la sensibilidad pública.

d) Atente contra la honra, dignidad o la privacidad de las candidatas y candidatos o de la ciudadanía en general.

e) Promueva de manera directa o indirecta la violencia, la discriminación y la intolerancia de cualquier tipo.

f) Implique el ofrecimiento de dinero o prebenda de cualquier naturaleza.

g) Utilice de manera directa o indirecta símbolos y/o referencias religiosas de cualquier naturaleza o credo.

h) Utilice símbolos patrios o imágenes de mandatarios de otros países.

i) Utilice los símbolos, colores, lemas, marchas, imágenes o fotografías de otras organizaciones políticas o candidaturas.

j) Utilice de manera directa imágenes de niñas, niños o adolescentes.

k) Utilice imágenes de la entrega de obras públicas, bienes, servicios, programas o proyectos.

l) Utilice resultados y datos de estudios de opinión con fines electorales.

m) Utilice símbolos del Estado Plurinacional.

Desde cuarenta y ocho (48) horas antes del día de los comicios hasta las dieciocho (18) horas de la jornada de votación, se prohíbe a los medios de comunicación:

a) Difundir cualquier contenido propagandístico, informativo o de opinión que pueda favorecer o perjudicar a una organización política o candidatura;

b) Difundir programas que mediante opiniones o análisis respecto a las organizaciones políticas o candidaturas, puedan influir en las preferencias electorales de la ciudadanía; y

c) Dar trato preferencial o discriminatorio a alguna de las candidaturas u organizaciones políticas participantes.

El incumplimiento de esta disposición, previo informe técnico del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (SIFDE), dará lugar a la sanción con una multa equivalente al doble del monto de la tarifa más alta inscrita en el Órgano Electoral Plurinacional, por el tiempo o espacio utilizados y la inhabilitación del medio para difundir propaganda electoral en el siguiente proceso electoral.

a) Los tiempos y espacios contratados y difundidos en cada medio de comunicación por cada organización para efectos de control y el establecimiento de multas y sanciones, cuando corresponda;

b) Los tiempos y espacios destinados por los medios de comunicación audiovisual del Estado para la difusión de propaganda electoral gratuita, por cada organización política o alianza, para efectos de control y de sanción; y

c) Los contenidos de la propaganda electoral difundida en los medios de comunicación, privados y estatales, para verificar el cumplimiento de las prohibiciones a la propaganda electoral señaladas en esta Ley.

a) Utilizar bienes, recursos y servicios de instituciones públicas.

b) Obstaculizar o impedir la realización de campaña electoral mediante violencia o vías de hecho, en espacios públicos de todo el territorio nacional.

c) Afectar la higiene y la estética urbana.

d) Fijar carteles, vallas, gigantografías, banners, pasacalles y otros en un radio de cien (100) metros del lugar de funcionamiento de un Tribunal electoral.

e) Producir y distribuir materiales impresos (gigantografías, vallas, afiches, volantes, trípticos y otros) para la campaña electoral, que contravengan las prohibiciones establecidas en esta Ley para la propaganda electoral.

a) Utilizar bienes, recursos y servicios de instituciones públicas en propaganda electoral, tanto en actos públicos de campaña como a través de mensajes pagados en medios de comunicación masivos o interactivos.

b) Obstaculizar o impedir la realización de actos públicos de campaña electoral de cualquier organización política en espacios públicos de todo el territorio nacional.

c) Realizar u ordenar descuentos por planilla a funcionarios públicos para el financiamiento de propaganda electoral.

d) Realizar campaña electoral, por cualquier medio, en instituciones públicas.

Los medios de comunicación, las empresas especializadas y las instituciones académicas están facultados para elaborar estudios de opinión en materia electoral con fines de difusión.

a) Encuestas preelectorales: Son estudios cuantitativos de percepción ciudadana realizados con carácter previo a la votación, para conocer las preferencias electorales y la intención de voto, respecto a una determinada organización política y/o candidatura en un proceso electoral, o respecto a las opciones sometidas a consulta en un referendo o revocatoria de mandato.

b) Boca de urna: Son estudios cuantitativos de comportamiento del voto, realizados durante la jornada de votación en los recintos electorales, seleccionados dentro de una muestra para conocer la orientación del voto mediante consultas realizadas a electores y electoras, inmediatamente después de haber sufragado en un proceso electoral, referendo o revocatoria de mandato.

c) Conteos rápidos: Son estudios cuantitativos de comportamiento del voto realizados al concluir la jornada de votación para conocer la tendencia de los resultados mediante relevamiento de datos de conteo de votos en las mesas de sufragio incluidas en una muestra, en un proceso electoral, referendo o revocatoria de mandato.

a) Encuestas preelectorales y otros estudios de opinión en materia electoral, a partir del día del vencimiento del plazo de inscripción de candidaturas en procesos electorales; y a partir del día siguiente a la publicación del calendario electoral en referendos o revocatorias de mandato. En ambos casos, se podrán difundir hasta el domingo anterior al día de la votación.

b) Datos de boca de urna o de conteos rápidos, a partir de las veinte (20) horas del día de la votación.

Para su registro, las entidades, deberán acreditar su capacidad técnica para la realización de estudios de opinión, de acuerdo a Reglamento emitido por el Tribunal Supremo Electoral. Cumplido este requisito serán habilitadas.

El Órgano Electoral Plurinacional publicará la lista de entidades habilitadas para realizar estudios de opinión en materia electoral con fines de difusión.

Toda entidad habilitada para realizar estudios de opinión en materia electoral con fines de difusión remitirá, de forma obligatoria y con carácter previo a su realización, al Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (SIFDE), los criterios técnicos metodológicos definidos para el estudio.

El Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (SIFDE) verificará el cumplimiento de los criterios técnicos, antes y después de la realización de los estudios.

a) Sean anónimos.

b) No se identifique claramente a las personas, naturales o jurídicas, que los hayan encargado, financiado, realizado, solicitado o dispuesto su difusión.

c) Hayan sido encargados, financiados o realizados por organizaciones políticas, candidaturas, misiones nacionales o internacionales de acompañamiento electoral y organismos internacionales.

d) Hayan sido encargados o realizados por entidades estatales de cualquier nivel o financiadas con fondos públicos, salvo las realizadas por el Órgano Electoral Plurinacional a través del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (SIFDE).

e) Hayan sido elaboradas por empresas especializadas de opinión pública, medios de comunicación, instituciones académicas o cualquier otra entidad no registrada y habilitada por el Órgano Electoral Plurinacional.

f) Hayan sido elaboradas sin cumplir los criterios técnicos y metodológicos establecidos en Reglamento por el Tribunal Supremo Electoral.

a) Sin estar habilitadas por el Órgano Electoral Plurinacional;

b) Fuera del plazo establecido en la presente Ley;

c) Que no cumplan con los criterios técnicos y metodológicos definidos en Reglamento.

a) Realizados por entidades no registradas ni habilitadas por el Órgano Electoral Plurinacional.

b) Fuera del plazo establecido en la presente Ley.

c) Que no cumplan con los criterios técnicos y metodológicos establecidos en Reglamento por el Tribunal Supremo Electoral.

d) Sin presentarlos como “Resultados no oficiales”.

El Órgano Electoral Plurinacional, a través del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (SIFDE), difundirá en su portal electrónico en internet los resultados de los estudios.

a) En todos los casos, la Papeleta de Sufragio es única y multicolor y debe contar con las medidas de seguridad que garanticen su autenticidad. El diseño de la papeleta de sufragio, en sus colores, formas y ubicación de las opciones de voto, debe garantizar neutralidad. En el reverso de la Papeleta de Sufragio se consignará la identificación del proceso de votación, el recinto electoral, el número de la Mesa de Sufragio, y un espacio para las firmas y huellas dactilares de las y los jurados electorales y las delegadas o los delegados de organizaciones políticas.

b) En procesos electorales, la papeleta de sufragio es única, multicolor y multisigno, y está dividida en franjas verticales de igual tamaño en las que se consignan los colores, símbolos y el nombre de cada organización política; y los nombres y fotografías de las candidatas y los candidatos. Una misma papeleta puede incluir candidaturas para diferentes niveles u órganos de gobierno o representación, para lo cual se añadirán las franjas horizontales que sean necesarias. El Órgano Electoral Plurinacional, dentro del plazo establecido en el Calendario Electoral, sorteará el lugar de ubicación de las candidatas y los candidatos en las franjas correspondientes.

c) Para la elección de autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional, la papeleta de sufragio será única y estará dividida en cuatro franjas verticales claramente diferenciadas: una para las candidatas y candidatos al Tribunal Supremo de Justicia, una para las candidatas y candidatos al Tribunal Agroambiental, una para las candidatas y candidatos al Consejo de la Magistratura y una para las candidatas y candidatos al Tribunal Constitucional Plurinacional. La papeleta de sufragio incluirá el nombre completo y la fotografía de cada candidata y candidato. Su diseño será determinado por el Tribunal Supremo Electoral.

En la franja para las candidaturas del Tribunal Supremo de Justicia se presentarán listas separadas de candidatas mujeres y candidatos hombres, en dos columnas.

El Tribunal Supremo Electoral, dentro del plazo establecido en el Calendario Electoral, sorteará el lugar de ubicación de las candidatas y los candidatos en las franjas y columnas correspondientes de la papeleta de sufragio.

d) En referendos y revocatorias de mandato, la papeleta de sufragio consigna la o las preguntas sometidas a consulta, así como las opciones de votación en recuadros diferenciados: La opción “Sí” en color verde y la opción “No” en color rojo.

El Acta Electoral contiene preimpresa, la identificación del proceso de votación, el Departamento, la provincia, el municipio, la localidad, el recinto electoral y el número de mesa de sufragio, un número secuencial y único, así como las medidas de seguridad que sean necesarias para garantizar su autenticidad. Será impresa con un número de copias igual al de organizaciones políticas participantes, además de una copia para el Notario o Notaria y una copia para el Presidente o Presidenta de la Mesa de Sufragio.

En el caso de elección de autoridades del Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional, tendrá una copia para la Notaria o Notario y una para la Presidenta o Presidente de Mesa de Sufragio.

En los referendos y revocatorias de mandato, además de las copias para el Notario o Notaria y la copia para el Presidente o Presidenta de la Mesa, se imprimirán dos copias, una destinada a las organizaciones habilitadas para impulsar la opción del “Sí” y otra destinada a las organizaciones habilitadas para impulsar la opción del “No”.

Si el día de los comicios coincidieran más de un acto de votación, se preverán Actas Electorales diferenciadas para cada proceso electoral, referendo y revocatoria de mandato.

El Tribunal Supremo Electoral es responsable, para todos los procesos electorales, referendos de alcance nacional y las revocatorias de mandato, del diseño del Acta Electoral, incluyendo las medidas de seguridad que garanticen su autenticidad. En los referendos departamentales y municipales el Tribunal Electoral Departamental correspondiente asume está responsabilidad.

El Tribunal Supremo Electoral establecerá, mediante Reglamento, el diseño, dimensiones y características de seguridad de las ánforas de sufragio empleadas en procesos electorales, referendos y revocatorias de mandato.

Se establecen tres sobres de seguridad, los cuales deberán distinguirse claramente entre sí para el traslado por separado: a) del Acta Electoral, listas de habilitados e inhabilitados de la mesa y las hojas de trabajo; b) las papeletas de sufragio utilizadas; y c) el material restante, incluyendo los útiles y las papeletas de sufragio no utilizadas.

Los sobres de seguridad deberán consignar de forma clara y visible la identificación del proceso, el departamento, provincia, municipio, localidad, recinto electoral y el número de mesa de sufragio de procedencia.

Las hojas de trabajo serán empleadas para asentar los datos detallados del escrutinio y cómputo de votos en la Mesa de Sufragio.

El Certificado de Sufragio será impreso con la identificación del proceso y los datos del votante provenientes del Padrón Electoral, incluyendo la fotografía. Para su validación, debe contar, con la firma y huella dactilar de la Presidenta o Presidente de la Mesa de Sufragio correspondiente y el sello de la Mesa de Sufragio.

En cada departamento, el día de la votación, el Tribunal Electoral Departamental, instalará en diferentes recintos electorales urbanos y en las oficinas del propio Tribunal, módulos automatizados para la expedición y entrega de certificados de impedimento de sufragio.

En áreas rurales el certificado de impedimento de sufragio será preimpreso contemplando los campos necesarios para el registro manual del nombre completo de la electora o elector, su número de documento de identidad y el lugar de emisión, así como la firma y huella dactilar de la Notaria o Notario Electoral que los expide.

A partir del día siguiente de la votación, los certificados de impedimento de sufragio serán entregados exclusivamente en las oficinas de los Tribunales Electorales Departamentales.

a) Acta Electoral con las copias correspondientes.

b) Ánfora de Sufragio.

c) Papeletas de sufragio en cantidad exactamente igual al número de electoras y electores habilitados en la mesa de sufragio.

d) Útiles electorales.

e) Tres sobres de seguridad.

f) Listados Electorales, con las nóminas de personas habilitadas e inhabilitadas de cada mesa de sufragio.

g) Certificados de sufragio.

a) Desde la convocatoria hasta la conclusión de cada proceso electoral, referendo o revocatoria de mandato, las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana brindarán toda la colaboración solicitada por el Órgano Electoral Plurinacional, para garantizar la seguridad en todas las actividades en las que sean requeridas.

b) Desde la convocatoria hasta la conclusión de cada proceso electoral, referendo o revocatoria de mandato que involucre asientos electorales ubicados en el exterior, el Servicio Exterior del Estado brindará toda la colaboración que solicite el Órgano Electoral Plurinacional, poniendo a disposición del Tribunal Supremo Electoral la infraestructura y el personal del servicio exterior boliviano para el traslado de equipos y material electoral y la movilización del personal, destinados a los países y ciudades donde se llevará a cabo la votación.

c) Desde la convocatoria hasta la conclusión de cada proceso electoral, referendo o revocatoria de mandato, todos los niveles de gobierno brindarán toda la colaboración que solicite el Órgano Electoral Plurinacional y tomarán las medidas necesarias para garantizar el ejercicio del derecho político de las bolivianas y bolivianos.

d) Un mes antes y hasta ocho (8) días después del acto de votación no se llamará a períodos extraordinarios de instrucción o maniobras a ciudadanas y ciudadanos que no estén en servicio activo. Con anticipación de ocho (8) días a cada elección, ninguna persona podrá ser perseguida como omisa al servicio militar.

e) La fuerza pública permanecerá acuartelada hasta que concluya el funcionamiento de las Mesas de Sufragio, con excepción de las fuerzas de la Policía necesarias para mantener el orden público.

f) Las ciudadanas y ciudadanos que estén en servicio activo podrán sufragar uniformados y sin armas.

g) Las Fuerzas Armadas no podrán trasladar grupos de conscriptas y conscriptos una vez cerrado el período, para el cambio de domicilio electoral.

a) Ejercer con libertad e independencia todos los actos y actuaciones electorales en los que intervengan conforme a Ley, no estando obligados a obedecer órdenes emitidas por autoridades no electorales, salvo aquellas orientadas a mantener o restituir el orden público.

b) No podrán ser citados ni privados de libertad bajo pretexto alguno, salvo en los casos de delito flagrante.

a) Portar armas de fuego, elementos punzo cortantes o instrumentos contundentes y peligrosos para la seguridad de las personas. No están comprendidas en esta prohibición las fuerzas encargadas de mantener el orden público.

b) Realizar actos, reuniones o espectáculos públicos.

c) Traslado de electoras y electores de un recinto electoral a otro, por cualquier medio de transporte.

d) La circulación de vehículos motorizados, salvo los expresamente autorizados por la autoridad electoral competente.

a) Acceder a cargos públicos.

b) Efectuar trámites bancarios.

c) Obtener pasaporte.

a) Las personas que no pudieron votar por caso fortuito o fuerza mayor comprobada documentalmente.

b) Las personas mayores de setenta (70) años.

c) Las personas que acrediten haber estado ausentes del territorio nacional al momento de la votación.

Para su funcionamiento, es preciso que el lugar de instalación de la mesa de sufragio cuente con un área para la ubicación del Jurado y de los materiales electorales, y otra área contigua que garantice el voto libre y secreto.

El jurado identificará y señalará con carteles el lugar adecuado para que el electorado marque sus opciones en las papeletas de sufragio, garantizando el derecho al voto secreto. Instalará las mesas de trabajo con todo el material requerido, señalará con carteles el número de la mesa, ubicará el ánfora de sufragio en lugar visible y luego de demostrar a todos los presentes que está vacía procederá a cerrarla con la cinta de seguridad.

La mesa de sufragio comenzará a funcionar con la presencia de por lo menos tres (3) Juradas o Jurados, debidamente identificados con sus credenciales. Si por falta de quórum no se instalara la mesa de sufragio hasta las nueve (9) de la mañana, la Notaria o el Notario Electoral designará nuevas juradas o jurados de entre las electoras y los electores inscritas e inscritos y presentes en la mesa, mediante sorteo, si el número lo permitiera. Con el nombramiento y posesión de las nuevas y nuevos jurados cesan el mandato de las designadas y los designados anteriormente, a quienes se les impondrán la sanción establecida en la Ley. Además del requisito de saber leer y escribir para dos de los tres jurados, en áreas en las que más del treinta por ciento (30%) de la población hable un idioma oficial distinto al español, se deberá velar porque al menos una o uno de los jurados hable dicho idioma.

Una vez instalada la mesa, se asentará en el Acta Electoral la hora de la apertura, la nómina de las y los Jurados con sus firmas y huellas dactilares, la nómina de delegadas y delegados de organizaciones políticas debidamente acreditadas y acreditados con sus firmas y huellas dactilares. En caso de ausencia de delegadas o delegados de organizaciones políticas, se lo consignará en el Acta. El Presidente o Presidenta de la mesa anunciará a los presentes la apertura oficial de la mesa.

La mesa estará abierta por lo menos ocho (8) horas, a menos que todas las electoras y electores habilitadas y habilitados hubiesen sufragado. Si aun existieren votantes en la fila para emitir su voto después de las ocho (8) horas, la mesa de sufragio continuará abierta hasta que todas y todos hayan sufragado.

a) La electora o elector entregará su documento de identidad al Presidente o Presidenta de la Mesa de Sufragio.

b) La persona del Jurado encargada comprobará que la electora o elector se encuentra registrado en la mesa y está habilitada o habilitado para votar.

c) Una vez confirmada su habilitación, la electora o elector firmará y pondrá su huella dactilar en el listado correspondiente, o sólo su huella dactilar si no sabe firmar; inmediatamente después, la persona del Jurado encargada tachará el nombre de la electora o elector en la lista de habilitados.

d) La Presidenta o Presidente de la mesa exhibirá la papeleta de sufragio ante todos los presentes, para dejar constancia de que no tienen ninguna marca, salvo las firmas y huellas dactilares del Jurado y de las delegadas y delegados de organizaciones políticas, en el reverso. Una vez constatado este hecho, la entregará a la electora o elector.

e) Con la o las papeletas, la persona votante se dirigirá al lugar preestablecido para la votación, donde expresará su voluntad a través del voto por una organización o candidatura política, o postulación de su preferencia en procesos electorales, o por una de las opciones en referendos o revocatorias de mandato.

f) Una vez señalada su voluntad en la papeleta, el elector o electora deberá depositarla doblada en el ánfora de sufragio.

g) La persona del Jurado encargada, devolverá el Documento de Identidad y entregará a la persona votante el Certificado de Sufragio.

h) En caso que una persona no se encuentre en la lista de votantes habilitadas y habilitados, se procederá a buscar su nombre en la de inhabilitadas e inhabilitados, con fines de información. La persona que se encuentre inhabilitada o no se encuentre en los registros podrá apersonarse a un punto de información, o ante la Notaria o Notario, o ante la o el Guía Electoral para conocer su situación o sentar denuncia o reclamación, si es pertinente. Bajo ninguna circunstancia, la o el Jurado Electoral permitirá votar a una persona que no esté expresamente habilitada para hacerlo, o a quien ya lo haya hecho.

i) Las discrepancias que existan entre el documento de identidad y el registro de una electora o elector en la lista de personas habilitadas, serán valoradas por la o el Jurado de la Mesa de Sufragio o la notaria o notario electoral correspondiente, para determinar si la persona puede votar, siguiendo los criterios establecidos en Reglamento por el Tribunal Supremo Electoral.

En caso de las personas mayores que hayan solicitado la asistencia para emitir su voto o de personas con limitaciones motoras, quienes las asistan deberán describir las opciones de la papeleta de sufragio para que la electora o elector manifieste su voluntad. Acto seguido se le ayudará a marcar su opción o en su defecto marcarán la opción que la persona decida, con el consentimiento de la Presidenta o Presidente del Jurado y el acompañante o testigo. En el caso de personas con problemas visuales, se les podrá facilitar una plantilla de votación o, a solicitud de la persona votante, proceder con el voto asistido.

Para las personas con problemas auditivas reducidas, se dispondrá de material impreso para la información e instrucciones para el ejercicio del voto.

a) Voto Válido: Es aquel que se realiza por una candidatura, para cada nivel de representación o gobierno, o una postulación en procesos electorales, o por una opción en referendos o revocatorias de mandato. El voto se realiza en el espacio específico destinado para ese fin, marcando la papeleta con un signo, marca o señal visible e inequívoca. En las papeletas electorales con listas de candidaturas separadas, las electoras o electores podrán votar por diferentes opciones políticas o candidaturas, para cada uno de los niveles de representación o gobierno.

b) Voto Blanco: Es el que se realiza dejando sin marcar las opciones establecidas en la papeleta de sufragio.

c) Voto Nulo: Es aquel que se realiza a través de marcas, signos o expresiones realizados fuera de los lugares especificados para marcar el voto que deliberadamente anulen la papeleta, o mediante marcas, signos o expresiones que no indiquen con claridad la voluntad de voto. Son nulos los votos también cuando se vote mediante marcas o signos en más de una casilla de voto para un mismo nivel de representación o gobierno; o en más de una opción en referendos y revocatorias de mandato; o cuando se usen papeletas que estén rotas, incompletas o con alteraciones en su impresión; o que sean distintas a las establecidas por el Órgano Electoral Plurinacional.

a) Cuando la electora o el elector viole el principio del voto secreto, mostrando su papeleta de sufragio marcada; o dando a conocer de cualquier manera su voto, su intención de voto, o su preferencia electoral.

b) Cuando la electora o el elector intenta depositar en el ánfora una papeleta distinta, a la que le fue entregada, o cualquier otro documento u objeto.

c) Cuando el voto es emitido mediante coacción, intimidación, inducción o persuasión por un tercero.

d) Cuando la electora o el elector emita su voto en presencia de otra persona, salvo en los casos de voto asistido establecidos en esta Ley.

Si transcurridas las ocho (8) horas desde la instalación de la mesa de sufragio aún hubieran personas esperando en fila para votar, la mesa de sufragio continuará abierta hasta que todas y todos los electores hayan emitido su voto. Cuando se cumplan estas condiciones, la Presidenta o el Presidente de la Mesa comunicará a todos los presentes la conclusión de la votación, lo cual se asentará en el Acta Electoral, señalando la hora.

a) Número total de electoras y electores habilitados para votar en la mesa.

b) Número de quienes emitieron su voto.

c) Número de votos válidos, votos blancos y votos nulos.

d) Número de votos válidos obtenidos por cada organización política, candidatura o postulación en procesos eleccionarios; o por cada opción en referendos y revocatorias de mandato.

e) Las apelaciones u observaciones realizadas.

a) En procesos electorales, las delegadas y delegados de organizaciones políticas, debidamente acreditadas y acreditados.

b) En referendos y revocatorias de mandato, las delegadas y delegados debidamente acreditados de organizaciones políticas, organizaciones de la sociedad civil y de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, que previamente se hayan habilitado para impulsar alguna opción.

c) Las ciudadanas o ciudadanos podrán hacer sólo observaciones, siempre que estén inscritos en la misma mesa de sufragio.

La Presidenta o Presidente del Jurado dará por cerrada la Mesa de Sufragio, registrando la hora de cierre en el acta. Todos los miembros del jurado firmarán el Acta y pondrán sus huellas dactilares. También podrán firmar y poner sus huellas dactilares las delegadas o delegados de organizaciones políticas que estén presentes. En caso de ausencia de delegadas o delegados de organizaciones políticas se dejará constancia de ello en el Acta.

La Presidenta o Presidente del Jurado conservará una copia del Acta Electoral, y se entregará a cada uno de las delegadas o delegados sus respectivas copias. El original, la lista de habilitados de la mesa y las hojas de trabajo serán guardados en el tercer sobre.

Los tres sobres serán cerrados con cinta de seguridad. Los jurados presentes deberán firmar y estampar sus huellas dactilares en los tres sobres.

El traslado de los sobres de seguridad se hará por la vía más rápida y con las medidas de seguridad necesarias. Con este fin, el Tribunal Electoral Departamental dispondrá la custodia policial pertinente.

Las misiones nacionales e internacionales de acompañamiento electoral y las delegadas y delegados de organizaciones políticas, debidamente acreditados, podrán acompañar el traslado de los sobres de seguridad.

La entrega de los sobres de seguridad al Tribunal Electoral Departamental se hará constar en un acta de recibo, según modelo definido por el Tribunal Supremo Electoral.

Los Tribunales Electorales Departamentales iniciarán el cómputo el día de los comicios, en sesión de Sala Plena permanente instalada a las dieciocho (18) horas. El cómputo departamental deberá concluir en un plazo máximo perentorio de siete (7) días. En caso de que se repita la votación en alguna mesa de sufragio, el cómputo deberá concluir en un plazo perentorio e improrrogable de cinco (5) días posteriores al día de la repetición de la votación.

El lugar del cómputo será establecido, públicamente, por el Tribunal Electoral Departamental con una anticipación de setenta y dos (72) horas al día de la elección. El lugar del cómputo deberá tener condiciones que garanticen la seguridad y publicidad del acto.

El cómputo departamental totalizará los resultados contenidos en las Actas Electorales, de las mesas de sufragio instaladas en el Departamento correspondiente.

El Tribunal Electoral Departamental deberá publicar al menos una vez al día, en su portal de internet el avance del cómputo departamental.

En los procesos electorales, referendos y revocatorias de mandato de alcance nacional, los Tribunales Electorales Departamentales enviarán al Tribunal Supremo Electoral, por medios informáticos, al menos dos informes parciales diarios sobre el cómputo departamental y emitirán informes públicos diarios preliminares sobre el avance del mismo.

a) Verificarán, de oficio, la existencia o no de las causales de nulidad del Acta Electoral establecidas en el artículo 177 de la presente Ley.

b) Verificarán si el Acta Electoral consigna observaciones o recursos de apelación que puedan dar lugar a la nulidad del Acta Electoral.

c) De existir causales de nulidad, el Acta Electoral observada será considerada en Sala Plena para su conocimiento y resolución dentro del plazo establecido en esta Ley.

d) Si un Acta tiene errores aritméticos en la totalización de votos, el Tribunal Electoral Departamental corregirá el error, dejando constancia escrita de la corrección efectuada.

e) Cuando no existan causales de nulidad, se aprobará el Acta Electoral y será considerada inmediatamente para el cómputo.

a) La ausencia de las firmas y huellas dactilares de por lo menos tres Jurados Electorales legalmente designados. Se admitirá la impresión dactilar, sin firma, de una o un solo jurado.

b) El uso de formularios de Actas no aprobados por la autoridad electoral competente.

c) El funcionamiento de la mesa de sufragio en lugar distinto al señalado por la autoridad electoral competente.

d) El funcionamiento de la mesa de sufragio en día distinto del fijado para el verificativo de la elección.

e) El cómputo de votos emitidos en papeletas distintas a las proporcionadas por la autoridad electoral competente.

f) El uso de papeletas de sufragio de distinta circunscripción uninominal.

g) La existencia de elementos que contradigan los datos contenidos en el Acta Electoral, aunque no se hubiere asentado la observación en el Acta.

h) La existencia de datos asentados en el Acta Electoral que sean contradictorios o inconsistentes entre sí, aunque no se hubiere asentado la observación en el Acta.

i) La existencia de diferencias en los datos del Acta Electoral original y sus copias, aunque no se hubiere asentado la observación en el Acta.

j) La existencia de alteración de datos, borrones o tachaduras en el Acta Electoral, que no hayan sido señaladas en las observaciones de la propia Acta.

k) La violación de la integridad del sobre de seguridad o el extravío del Acta original, cuando no pueda ser reemplazada por dos copias auténticas e iguales.

l) La consignación de un número de votos en el Acta Electoral que supere la cantidad de personas inscritas en la mesa.

a) En procesos electorales, las delegadas y delegados acreditados de organizaciones políticas.

b) En referendos y revocatorias de mandato, las delegadas y delegados acreditados de organizaciones políticas, y las delegadas y delegados acreditados de las organizaciones de la sociedad civil y de los pueblos indígena originario campesinos previamente habilitadas.

a) Lugar, fecha y hora de la sesión pública de elaboración del Acta.

b) Identificación del proceso o de los procesos sometidos a votación.

c) Nombre del Departamento, región, provincia, municipio y/o autonomía indígena originario campesino, en el que se llevó a cabo la votación según el tipo de proceso.

d) Relación de apelaciones y otras observaciones efectuadas durante el acto de cómputo, y su tramitación y su resolución.

e) Detalle de los asientos, distritos y circunscripciones electorales, en los que se realizó la votación, así como el número de mesas de sufragio que funcionaron en cada uno de ellos, según el tipo de elección.

f) Número de personas habilitadas para votar y de las que emitieron su voto.

g) Detalle de las Actas Electorales computadas.

h) Detalle de las Actas Electorales anuladas.

i) Detalle de Mesas de Sufragio en las que se repitió la votación

j) Número total de votos emitidos, desagregados en válidos, blancos y nulos.

k) Número de votos válidos:

l) En procesos electorales de alcance departamental, regional o municipal, los nombres de todas las personas electas en los comicios.

m) En revocatorias de mandato de alcance departamental, regional o municipal, los nombres de las autoridades revocadas o ratificadas.

n) En referendos de alcance departamental, regional o municipal, la decisión o decisiones adoptadas por el voto mayoritario.

o) Lugar, fecha, hora de iniciación y conclusión del cómputo departamental y firmas de las Vocales y los Vocales del Tribunal Electoral Departamental. Podrán firmar también las delegadas y los delegados de organizaciones acreditadas y los representantes de las instancias pertinentes del Control Social.

En un plazo máximo de quince (15) días posteriores a la proclamación de resultados finales, los Tribunales Electorales Departamentales entregarán informe del proceso al Tribunal Supremo Electoral, con copia a las instancias pertinentes del Control Social.

Se entregará copias del Acta de Cómputo Departamental a las organizaciones políticas que intervinieron en procesos electorales y a las organizaciones políticas de la sociedad civil y de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, habilitados en referendos y revocatorias de mandato. Un original será destinado al Archivo del Tribunal Electoral Departamental.

Los materiales de capacitación y ánforas de sufragio podrán ser entregados a instituciones interesadas para fines educativos.

Las listas de personas habilitadas e inhabilitadas, previo inventario, quedarán en custodia del Tribunal Electoral Departamental.

Los útiles electorales podrán ser destinados al uso institucional o para su reutilización en otros procesos de votación.

El Tribunal Supremo Electoral reglamentará el uso uniforme del material electoral.

El Tribunal Supremo Electoral realizará el cómputo en un plazo perentorio e improrrogable de cinco (5) días posteriores al día de la recepción del último cómputo departamental.

El cómputo nacional totalizará los resultados contenidos en las Actas de Cómputo Departamental.

El Tribunal Supremo Electoral emitirá dos informes diarios con el avance de los cómputos departamentales y su agregación parcial a nivel nacional. Además, difundirá de manera permanente, en su portal electrónico en internet, el avance de la totalización de resultados.

a) Lugar, fecha y hora de la sesión pública de elaboración del Acta.

b) Identificación del proceso o de los procesos sometidos a votación.

c) Número de los asientos, distritos y circunscripciones electorales en los que se realizaron los comicios, así como el número de mesas de sufragio que funcionaron en cada uno de ellos, según el tipo de elección.

d) Número de personas habilitadas para votar.

e) Número total de votos emitidos, desagregados en válidos, blancos y nulos, por circunscripción.

f) Número de votos válidos:

g) En procesos electorales, los nombres de todas las personas electas en los comicios, o los nombres de las candidatas o los candidatos habilitados para participar en la segunda vuelta para la elección Presidencial.

h) En revocatorias de mandato, los nombres de las autoridades revocadas o ratificadas.

i) En referendos, la decisión o decisiones adoptadas por el voto mayoritario.

j) Lugar, fecha, hora de iniciación y conclusión del cómputo nacional y firmas de las Vocales y los Vocales del Tribunal Supremo Electoral. Podrán firmar también las delegadas y los delegados de organizaciones acreditadas y los representantes de las instancias pertinentes del Control Social.

En caso de revocatoria de mandato de las Gobernadoras o Gobernadores y de las Alcaldesas o Alcaldes, se aplicará los mecanismos de sucesión establecido en la Constitución Política del Estado, las Leyes, los Estatutos Autonómicos y las Cartas Orgánicas, según corresponda. En caso de revocatoria de mandato de Asambleístas Plurinacionales, Departamentales, Regionales y Concejalas o Concejales, la Asamblea Legislativa Plurinacional convocará a la elección de nuevos titulares y suplentes, para la sustitución de las autoridades revocadas, hasta la finalización del periodo constitucional. Si pasados quince (15) días de la revocación la Asamblea Legislativa Plurinacional no realiza la convocatoria, el Tribunal Supremo Electoral convocará al proceso electoral de forma inmediata. La elección se realizará en un plazo máximo de noventa (90) días a partir de su convocatoria.

Se establecerán asientos electorales en el exterior, en aquellos países en los que el Estado Plurinacional de Bolivia tenga representación diplomática y consular permanente, y existan electoras y electores registrados en el Padrón Electoral.

El Servicio Exterior Boliviano realizará las gestiones pertinentes ante las autoridades competentes de los países en los que se deban establecer recintos electorales, para garantizar y facilitar la función electoral.

El registro se realizará, ante los Notarios Electorales o representantes designados por el Tribunal Supremo Electoral, en las oficinas consulares del Estado Plurinacional de Bolivia o en los lugares que disponga la autoridad competente.

a) El Tribunal Supremo Electoral designará representantes en los países y ciudades donde se realicen los procesos electorales, referendos y revocatorias de mandato, que tendrán plenas atribuciones para la organización, dirección, supervisión, administración y ejecución de estos procesos. Las y los representantes serán bolivianas y bolivianos con residencia legal y permanente en el respectivo país.

b) Las Notarias y los Notarios Electorales, una vez recibidos los sobres de seguridad de las mesas de sufragio a su cargo, escanearán y remitirán la copia del Acta Electoral al Tribunal Supremo Electoral, utilizando las direcciones de correo electrónico oficiales habilitadas para el caso. Se podrá hacer uso de otros medios, según se establezca en Reglamento. En un plazo máximo de veinticuatro (24) horas, una vez concluida la votación, entregarán las Actas Electorales y los sobres de seguridad a la persona Representante del Tribunal Supremo Electoral, la que se encargará del envío a Bolivia, utilizando para ello la valija diplomática.

c) Las delegadas y los delegados de las organizaciones políticas podrán impugnar las actas de escrutinio y cómputo por las causales de nulidad establecidas en esta Ley, mediante recurso de apelación. Estas impugnaciones serán conocidas y resueltas, en el acto, por las y los Jurados Electorales de la mesa de sufragio, cuya decisión constará en el Acta Electoral. Esta decisión podrá ser recurrida mediante Recurso de Nulidad que será presentado ante el Tribunal Supremo Electoral dentro del plazo de dos (2) días siguientes al acto de votación, en la forma establecida en Reglamento.

d) Declarada la nulidad de un Acta Electoral no se repetirá la votación. Los resultados consignados en el acta anulada no serán tomados en cuenta en el cómputo total.

e) Todos los antecedentes de las impugnaciones serán remitidos al Tribunal Supremo Electoral junto al Acta Electoral.

f) Las organizaciones políticas podrán acreditar ante la o el Representante o la o el Notario Electoral como delegadas y delegados a bolivianas y bolivianos residentes en el exterior. En caso de que envíen delegadas o delegados desde Bolivia, asumirán los gastos efectuados.

g) La propaganda electoral en el exterior será regulada por el Tribunal Supremo Electoral, conforme a las disposiciones de esta Ley en lo aplicable y con sujeción a las normas del país anfitrión.

a) Para el caso de demandas de inhabilitación de candidatos, las pruebas deben estar relacionadas con el incumplimiento de requisitos o la existencia de causales de inelegibilidad. Adicionalmente y sólo en los casos de suspensión de ciudadanía, acompañará una certificación de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que acredite que la candidata elegida o el candidato elegido no fue rehabilitada o rehabilitado.

b) Para el caso de demandas de inhabilitación de postulantes, las pruebas deben estar relacionadas con las prohibiciones establecidas en esta Ley, para dichas postulaciones.

Y RECURSOS CONTRA EL ACTA ELECTORAL

Las organizaciones políticas que pudieran resultar perjudicadas por la resolución del Tribunal Electoral Departamental, antes de su decisión, podrán fundamentar las razones que asisten a su derecho, en forma verbal o escrita.

Si se evidencia la existencia de causales de nulidad, el Tribunal Electoral Departamental emitirá resolución de nulidad del Acta electoral.

La Resolución emitida por el Tribunal Electoral Departamental podrá ser recurrida de nulidad ante el Tribunal Supremo Electoral, siguiendo los plazos y procedimientos establecidos.

a) Las y los recurrentes podrán fundamentar su recurso en forma verbal o escrita, acompañando la prueba que consideren pertinente.

b) Las organizaciones políticas que como terceros interesados pudieran resultar perjudicadas por la resolución del recurso, antes de su decisión, en forma verbal o escrita, podrán fundamentar las razones que asisten a su derecho.

c) En la audiencia de resolución del recurso se concederá el derecho de réplica y dúplica.

d) Concluida esta etapa, el Tribunal Electoral Departamental dictará inmediatamente resolución, declarando al recurso fundado o infundado, con las consecuencias que en cada caso correspondan.

a) Será planteado ante el Tribunal Electoral Departamental en el acto de darse a conocer la resolución de nulidad del Acta Electoral o del Recurso de Apelación. No se admitirá posteriormente. El Tribunal Electoral Departamental concederá el recurso en el acto y no podrá denegarlo, remitiendo obrados en el día al Tribunal Supremo Electoral.

b) El Tribunal Supremo Electoral resolverá el Recurso de Nulidad dentro de las veinticuatro (24) horas de recibido el proceso en la Secretaría de Cámara del mismo, en la vía de puro derecho. Esta resolución tendrá autoridad de cosa juzgada y producirá los efectos establecidos en esta Ley.

En caso de presentación extemporánea del recurso o de que sea manifiestamente inadmisible o infundado, el Tribunal Supremo Electoral, sin más trámite ni fundamentación, declarará su improcedencia.

a) Tener amistad íntima o enemistad con alguna de las partes, que se manifestaren por hechos notorios y recientes. En ningún caso procederá la excusa o recusación por ataques u ofensas inferidas a la autoridad electoral después que hubiere comenzado a conocer el asunto.

b) Ser acreedor, deudor o fiador de alguna de las partes.

c) La existencia de un litigio judicial pendiente con alguna de las partes y que no hubiera sido interpuesto expresamente para inhabilitar a la autoridad electoral.

d) Haber sido abogado, mandatario, testigo, perito o tutor de una de las partes.

e) Haber manifestado su opinión públicamente, con anterioridad al conocimiento de la causa o asunto.

f) Ser o haber sido denunciante o querellante contra una de las partes, o denunciado o querellado por cualquiera de éstas con anterioridad a la iniciación del litigio.

g) Tener parentesco con alguna de las partes, hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o el derivado de los vínculos de adopción.

DE LOS TRIBUNALES ELECTORALES DEPARTAMENTALES

a) La inasistencia a las Juntas de Jurados, convocadas por las autoridades electorales.

b) La inasistencia injustificada o abandono de la mesa de sufragio, el día de la elección.

c) Ausencia temporal de la mesa de sufragio sin autorización de la Presidenta o Presidente, o cuando estén presentes menos de cuatro juradas o jurados.

d) Negarse a firmar el acta electoral.

e) Negarse a consignar, en el Acta Electoral, los resultados obtenidos y las observaciones que eventualmente se hayan presentado.

f) No informar de inmediato a las o los Notarios Electorales las violaciones a las normas electorales que se encuentren fuera del ámbito de su competencia.

g) No devolver todo el material previsto en los sobres de seguridad a las o los Notarios Electorales, o no hacerlo oportunamente.

h) Negarse a proporcionar copias del acta electoral a los delegados de las organizaciones políticas o de otras organizaciones, debidamente habilitadas en referendos y revocatorias de mandato.

i) Negarse a dar asistencia para el voto a las personas con necesidades particulares, o a las personas mayores de sesenta (60) años que lo requieran expresamente.

j) Negarse a dar información u orientación para el ejercicio del derecho al voto, en el idioma oficial que predomine en la localidad en la que funcione la mesa de sufragio.

k) No cumplir los horarios establecidos para la apertura y cierre de la mesa de sufragio.

l) Otras establecidas en Reglamento por el Tribunal Supremo Electoral.

a) La inscripción de ciudadanos en el Padrón Electoral, sin consignar los datos exigidos en los formularios de empadronamiento.

b) No enviar oportunamente al Tribunal Electoral Departamental los formularios de empadronamiento de las electoras y los electores inscritas e inscritos, para su incorporación al Padrón Electoral.

c) No asistir a la organización de los Jurados de mesas de sufragio.

d) No apoyar en la capacitación de los Jurados.

e) Ausentarse del recinto electoral a su cargo durante la jornada electoral.

f) No resolver oportunamente reclamaciones de las personas que se consideren indebidamente inhabilitadas.

g) No velar por la seguridad e integridad del material electoral, mientras se encuentre bajo su custodia.

h) No distribuir oportunamente el material electoral a las mesas de sufragio.

i) No entregar oportunamente los sobres de seguridad a los Tribunales Electorales Departamentales.

j) No informar de inmediato las violaciones a las normas electorales, de las que se tenga conocimiento durante el desarrollo del proceso.

k) Otras establecidas en Reglamento por el Tribunal Supremo Electoral.

a) No exigir el certificado de sufragio en los casos establecidos por esta Ley, dentro de los noventa (90) días siguientes a los comicios.

b) Realizar acciones para la irregular constitución y funcionamiento de las mesas de sufragio.

c) Facilitar durante el periodo electoral uno o más bienes muebles y/o inmuebles públicos a organizaciones políticas.

d) Circular en vehículos motorizados públicos el día de la elección, sin la autorización respectiva.

e) Intervenir, obstaculizar o ejercer injerencia de cualquier tipo en procesos de elección o designación de autoridades, representantes o candidaturas, realizados bajos las normas y procedimientos de la Democracia Comunitaria.

f) Negarse a colaborar de forma efectiva y oportuna a los requerimientos del Órgano Electoral Plurinacional, para el cumplimiento de la función electoral.

g) Impedir, obstaculizar o limitar el ejercicio de los derechos consagrados en la presente Ley a favor de las delegadas y los delegados de organizaciones políticas y de otros actores electorales.

h) Otras establecidas en Reglamento por el Tribunal Supremo Electoral.

a) Impedir, obstaculizar o limitar el ejercicio de los derechos consagrados en la presente Ley a favor de las delegadas y los delegados de organizaciones políticas y de otras y otros actores electorales.

b) Intervenir, obstaculizar o ejercer injerencia de cualquier tipo en procesos de elección o designación de autoridades, representantes o candidaturas dentro de la Democracia Comunitaria.

c) Realizar campaña electoral con anterioridad a la publicación oficial de la convocatoria o dentro de los tres (3) días antes del día de la votación.

d) Incumplir resoluciones electorales dirigidas a las organizaciones políticas.

e) Impedir el ejercicio del control social, respecto de su organización política.

f) Otras establecidas en Reglamento por el Tribunal Supremo Electoral.

a) No inscribirse en el Padrón Electoral o inscribirse proporcionando datos incompletos.

b) No exigir el certificado de sufragio en los casos establecidos por esta Ley, dentro de los noventa (90) días siguientes a los comicios, tratándose de empleados de entidades financieras.

c) Difundir estudios de opinión para fines electorales, sin estar habilitado por el Órgano Electoral, se realice fuera del plazo o se incumplan otras disposiciones establecidas en ésta Ley, tratándose de empresas especializadas de opinión pública, de medios de comunicación u organismos de observación electoral, nacional o internacional.

d) Otras establecidas en Reglamento por el Tribunal Supremo Electoral.

a) Incitar o realizar manifestaciones, reuniones o propaganda política en las proximidades de la mesa de sufragio o fuera de los plazos establecidos por Ley.

b) Impedir u obstaculizar por cualquier medio la representación que deban hacer ciudadanos o ciudadanas inhabilitadas, ante la autoridad electoral competente para su habilitación.

c) Expender o consumir bebidas alcohólicas en los plazos establecidos por Ley.

d) Portar armas de cualquier tipo, el día de la elección.

e) Violar el secreto del voto, por cualquier medio.

f) No votar el día de la elección.

g) Circular en vehículos motorizados el día de la elección, sin la autorización respectiva.

h) Impedir el ejercicio del control social.

i) Incumplir resoluciones electorales.

j) Otras establecidas en Reglamento por el Tribunal Supremo Electoral.

En caso de incumplimiento del pago, la aplicación de multas se convertirá en arresto o trabajo social. El Tribunal Supremo Electoral determinará el compensatorio por un día de detención.

a) Ilegal convocatoria o ilegal ejecución de procesos electorales: La autoridad, servidora pública o servidor público que dicte convocatoria a un proceso electoral, referendo o revocatoria de mandato, de alcance nacional, departamental, regional o municipal; o emita instrucciones contrarias a la Constitución Política del Estado o a la Ley; o ejecute o hiciera ejecutar dichas convocatorias o instrucciones, será sancionada con pena privativa de libertad de dos (2) a cinco (5) años y la inhabilitación para el ejercicio de la función pública por un tiempo de cinco (5) años.

b) Doble o múltiple Inscripción. La persona que se inscriba dolosamente dos (2) o más veces en el Padrón Electoral será sancionada con pena privativa de libertad de uno (1) a tres (3) años.

c) Coacción electoral. La servidora pública o el servidor público electoral, policial, militar o persona particular que coaccione, atemorice o ejerza violencia en contra de subalternos de su dependencia o de cualquier ciudadana o ciudadano, para que se afilien a determinada organización política o voten por determinada candidatura en un proceso electoral u opción en un referendo o revocatoria de mandato, será sancionada o sancionado con pena privativa de libertad de uno (1) a tres (3) años. Además, si la autora o el autor fuera funcionaria pública o funcionario público, será sancionada o sancionado con la destitución del cargo, sin que pueda ejercer otra función pública por un tiempo de tres (3) años.

d) Injerencia en la Democracia Comunitaria. La persona particular o autoridad que intervenga, obstaculice o ejerza injerencia de cualquier tipo en procesos de elección o designación de autoridades, representantes o candidaturas en el marco de la Democracia Comunitaria, será sancionada con pena privativa de libertad de uno (1) a tres (3) años. Si fuera servidora pública o servidor público, quedará además inhabilitada o inhabilitado para el ejercicio de la función pública por un tiempo de tres (3) años.

e) Falsificación de documentos o uso de documento falsificado. La persona que cometiera delito de falsedad ideológica y/o material o utilizara documentos falsificados para fines electorales, será sancionada con la pena establecida en el Código Penal para este tipo de delito.

f) Instalación ilegal de mesas. Las personas que instalaren ilegalmente mesas de sufragio para recibir votos, serán sancionadas con pena privativa de libertad de uno (1) a tres (3) años. Si fueran servidoras públicas o servidores públicos, quedarán además inhabilitadas o inhabilitados para el ejercicio de la función pública por un tiempo de dos (2) años.

g) Asalto o Destrucción de ánforas. La persona que asalte y/o destruya ánforas de sufragio, será sancionada con pena privativa de libertad de uno (1) a tres (3) años.

Si fuera servidora pública o servidor público, se le impondrá el doble de la pena y además quedará inhabilitada o inhabilitado para el ejercicio de la función pública por un tiempo de tres (3) años.

h) Obstaculización de procesos electorales. La persona que promueva desórdenes o por cualquier medio obstaculice, obstruya o impida la realización o desarrollo de procesos electorales, referendos o revocatorias de mandato, o que evite que las autoridades y sujetos electorales ejerzan sus atribuciones y derechos en un determinado espacio territorial del país, será sancionada con pena privativa de libertad de dos (2) a cinco (5) años. Si fuera servidora pública, además quedará inhabilitada para el ejercicio de la función pública por un tiempo de dos (2) años.

i) Traslado fraudulento de personas. La autoridad política o administrativa, dirigente de organizaciones políticas o cualquier persona que promueva, incite o ejecute el traslado masivo de personas con la finalidad de su inscripción y/o sufragio en lugar distinto al de su domicilio, será sancionada con pena privativa de libertad de dos (2) a cinco (5) años. Las delegadas y los delegados de organizaciones políticas que sean acreditadas o acreditados en lugar distinto al de su domicilio, no incurren en este delito.

j) Manipulación Informática. La persona que manipule o altere la introducción, procesamiento, transferencia o supresión de datos informáticos consignados en una base o registro electoral oficial, conduzca a error o evite el correcto uso de los mismos, será sancionada con pena privativa de libertad de uno (1) a cinco (5) años. Si fuera servidora pública o servidor público, además quedará inhabilitada o inhabilitado para el ejercicio de la función pública por un tiempo de cinco (5) años.

k) Inducción del voto por difusión ilegal de propaganda y encuestas. La persona que induzca el voto mediante la elaboración, promoción, contratación, autorización o difusión de propaganda electoral o estudios de opinión en materia electoral, en contravención a las disposiciones y prohibiciones establecidas en la presente Ley, será sancionada con pena privativa de libertad de uno (1) a tres (3) años. Si fuera servidora pública o servidor público, además quedará inhabilitada o inhabilitado para el ejercicio de la función pública por un tiempo de tres (3) años.

l) Alteración y Ocultación de resultados. La servidora pública o servidor público, dirigente político o persona particular, que altere, modifique u oculte los resultados del escrutinio y cómputo de votos de una mesa de sufragio o del cómputo municipal, regional, departamental o nacional, será sancionada con pena privativa de libertad de dos (2) a cinco (5) años.

m) Alteración o Modificación del Padrón Electoral. La servidora pública o servidor público, dirigente político o persona particular que altere o modifique datos del Padrón Electoral, será sancionada con pena privativa de libertad de dos (2) a cinco (5) años. Si fuera servidora pública o servidor público, además quedará inhabilitada o inhabilitado para el ejercicio de la función pública por un tiempo de tres (3) años.

n) Beneficios en función del Cargo. La servidora pública o servidor público electoral que se parcialice con alguna organización política para obtener beneficio propio o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad de uno (1) a tres (3) años.

o) Acta Electoral. Las personas del Jurado Electoral de la mesa de sufragio que suscriban dolosamente el acta electoral con datos falsos, serán sancionadas con la pena establecida en el Código Penal para este tipo de delito.

p) Acoso Político. La persona que hostigue a una candidata o candidato, durante o después de un proceso electoral, con el objeto de obtener contra su voluntad la renuncia a su postulación o a su cargo, será sancionada con pena privativa de libertad de dos (2) a cinco (5) años.

En mérito al informe, la Sala Plena dispondrá el inicio del proceso o el archivo de obrados.

a) La denuncia podrá formalizarse verbalmente o por escrito; en el primer caso, se sentará acta de la denuncia.

b) Seguidamente, el Juez expedirá la cédula de comparendo a la denunciada o denunciado, si su domicilio se hallara en el mismo asiento electoral; mediante otros medios idóneos si estuviera en lugar distante; o por edictos si se ignora su paradero, pudiendo disponer en el mismo auto su detención preventiva en caso de resistencia.

c) Transcurrido el término de emplazamiento que será de tres días computables desde la notificación, con la contestación de la sindicada o del sindicado, o sin ella, se sujetará la causa a prueba, en el término común e improrrogable de seis (6) días;

d) Vencido el término de prueba, se dictará resolución motivada dentro del tercer día.

a) Recibidos los obrados por el Tribunal Electoral Departamental y, en su caso, por el Tribunal Supremo Electoral, es indispensable que la encausada o el encausado acompañe el depósito equivalente a la mitad de la multa, pero si la sanción fuera de privación de libertad, el Tribunal Supremo Electoral, calificará una cantidad por día de reclusión, sobre cuya base fijará el monto del depósito.

b) Los procesos deberán ser sustanciados en el término de ocho (8) días improrrogables, computados a partir de la radicatoria de la causa.

c) La resolución del Tribunal Supremo Electoral tendrá calidad de cosa juzgada.

a) Promover, coadyuvar y evaluar iniciativas legislativas en materia electoral, de registro cívico y organizaciones políticas.

b) Acompañar la organización, dirección, supervisión, administración y ejecución de los procesos electorales, referendos y revocatoria de mandato, para lo cual tendrá acceso a la información requerida.

c) Conocer por escrito y en forma oportuna los informes de gestión y de rendición de cuentas de las autoridades electorales. La omisión, demora u obstaculización en el cumplimiento de esta obligación, por parte de las autoridades electorales, se considera falta grave.

d) Pedir complementación de los informes de las autoridades electorales así como hacer conocer sus observaciones. La autoridad electoral está obligada a pronunciarse sobre las peticiones y observaciones.

e) Acceder a la información brindada por las organizaciones políticas al Órgano Electoral, sobre su patrimonio, financiamiento y ejecución de gastos.

f) Denunciar o coadyuvar denuncias por violación de derechos políticos, por la comisión de faltas o delitos electorales establecidos en la presente Ley.

g) Denunciar toda clase de información, propaganda y campañas electorales que violen los plazos, límites y prohibiciones establecidas en la presente Ley.

h) Promover iniciativas populares para la convocatoria a referendos y revocatorias de mandato.

i) Participar en la impugnación e inhabilitación de candidaturas o postulaciones, en los términos que establece la Ley.

Imparcialidad: Por el que las misiones de acompañamiento electoral deben actuar sin sesgo ni preferencia, en relación con las autoridades públicas, organizaciones políticas y candidaturas y sus actos.

Objetividad: Por el que las misiones de acompañamiento electoral deben realizar su labor con la mayor exactitud posible, identificando tanto los aspectos positivos como negativos, diferenciando los aspectos significativos y los insignificantes, basando sus conclusiones en pruebas fácticas verificables.

Independencia: Por el que las misiones de acompañamiento electoral no podrán tener vínculos o relaciones de dependencia ni representar los intereses de organizaciones políticas, candidatas o candidatos, postulantes, o de otras entidades u organizaciones que por su naturaleza puedan influir en el libre ejercicio de sus funciones de acompañamiento.

Responsabilidad: Por el que las misiones de acompañamiento electoral realizarán sus funciones sin obstruir los procesos, sin que ello implique una limitante a su labor de acompañamiento.

Legalidad: Por el que las misiones de acompañamiento electoral actuarán estrictamente en el marco de las leyes del Estado Plurinacional y de los convenios de acompañamiento electoral.

No Injerencia: Por el que las misiones de acompañamiento internacionales, deben respetar la soberanía del Estado Plurinacional de Bolivia y de su sistema democrático intercultural, absteniéndose de emitir declaraciones, opiniones o juicios que interfieran o afecten directa o indirectamente los procesos bajo acompañamiento.

El Tribunal Supremo Electoral puede retirar la acreditación de cualquier misión de acompañamiento u observador, nacional o internacional. El Tribunal Electoral Departamental, puede retirar la acreditación únicamente a las misiones de acompañamiento y observadores nacionales, acreditados por éste Tribunal para referendos de alcance departamental y municipal. El retiro de la acreditación se hará mediante resolución de Sala Plena.

a) De larga duración: Es la que se realiza durante todo el proceso, desde la preparación hasta la emisión de resultados finales.

b) De corta duración: Es la que se realiza sólo el día de la votación.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera. (CONTROL SOCIAL). Todas las disposiciones relativas al Control Social en la presente Ley, se aplicarán a partir de la promulgación de la Ley que regule el Control Social.

Segunda. (ELECCIÓN DE AUTORIDADES JURISDICCIONALES). Al haber sido convocada, para el 5 de diciembre de 2010, la elección de autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional, con anterioridad a la vigencia de la presente Ley, el Tribunal Supremo Electoral adecuará en lo pertinente, en el Calendario Electoral, las disposiciones, plazos y procedimientos de esta Ley para la administración de este proceso de votación.

Tercera. (REGISTRO DE BOLIVIANOS EN EL EXTERIOR). El Tribunal Supremo Electoral adoptará todas las medidas necesarias para implementar el registro en el Padrón Electoral biométrico de las bolivianas y bolivianos, residentes en el exterior en todos los países en los que Bolivia tenga legaciones diplomáticas o consulares, en un plazo máximo de un año desde la entrada en vigencia de la presente Ley.

Cuarta. (TRANSFERENCIA DE ACTIVOS Y PASIVOS). Se dispone la transferencia de activos y pasivos de la Corte Nacional Electoral al Órgano Electoral Plurinacional. A tal efecto, la Corte Nacional Electoral desde la vigencia de la presente Ley, deberá asumir todas las acciones de cierre institucional, como ser inventarios, balances, estados financieros y otros, a efectos de que una vez posesionados los vocales del Tribunal Supremo Electoral, puedan iniciarse las actividades institucionales del Órgano Electoral Plurinacional.

Quinta. (REQUISITO DE HABLAR DOS IDIOMAS OFICIALES). En la elección de autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional convocada para el 5 de diciembre de 2010, de manera excepcional no se aplicará el requisito de hablar dos idiomas oficiales y este será el último proceso electoral en que dicho precepto constitucional no se aplique para la candidaturas y postulaciones.

Sexta. (REPRESENTANTES PARA ORGANISMOS SUPRANACIONALES). A partir de las elecciones generales de 2015, de manera conjunta a la elección de senadores y diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional, se elegirán por voto popular a los representantes del Estado Plurinacional de Bolivia ante el Parlamento Andino y, cuando se active su funcionamiento, ante el Parlamento Suramericano. Para el efecto las organizaciones políticas postularán candidatos para su elección en circunscripción nacional.

Séptima. (VIGENCIA DEL REGISTRO ELECTORAL). Para los futuros procesos electorales, referendos y revocatorias de mandato, se mantiene el sistema de registro electoral establecido con anterioridad a la vigencia de esta Ley hasta que se implemente por el Tribunal Supremo Electoral el Servicio de Registro Cívico (SERECÍ), de acuerdo a lo establecido en la Ley del Órgano Electoral Plurinacional.

Octava. (CIRCUNSCRIPCIONES ESPECIALES). Luego del Censo Nacional de Población y Vivienda del 2011, la Asamblea Legislativa Plurinacional reasignará, mediante Ley, los escaños correspondientes a las circunscripciones uninominales, plurinominales y especiales indígena originario campesinas. Novena. (CONSULTA PREVIA). El Órgano Ejecutivo, en coordinación con las organizaciones de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, reglamentará el proceso de consulta previa.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. (DEROGATORIAS). Quedan derogadas todas las disposiciones legales contrarias a las establecidas en la presente Ley, en especial las consignadas en la Ley Nº 1983 de Partidos Políticos, de 25 de junio de 1999; la Ley Nº 2771, de Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas, de 7 de julio de 2004; y la Ley Nº 2028, de Municipalidades, de 28 de octubre de 1999.

Segunda. (ABROGATORIAS). Quedan abrogados el Código Electoral, aprobado mediante Ley Nº 1984, de 25 de junio de 1999, con todas sus reformas y modificaciones; la Ley Nº 4021, sobre el Régimen Electoral Transitorio, de 14 de abril de 2009; y la Ley de Referéndum, Nº 2769, de 6 de julio de 2004.

Tercera. (TEXTO COMPILADO). El Tribunal Supremo Electoral procederá a la impresión y publicación de una Compilación Electoral, que comprenda la presente Ley, la Ley del Órgano Electoral Plurinacional y todas las normas vigentes relacionadas con esta materia.

Remítase al Órgano Ejecutivo, para fines constitucionales.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a los veintinueve días del mes de junio del año dos mil diez.

Fdo. René Oscar Martínez Callahuanca, Héctor Enrique Arce Zaconeta, Andrés A. Villca Daza, Clementina Garnica Cruz, José Antonio Yucra Paredes, Ángel David Cortés Villegas.

Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley del Estado Plurinacional de Bolivia.

Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los treinta días del mes de junio de dos mil diez años.

FDO. EVO MORALES AYMA, Oscar Coca Antezana, Luís Alberto Arce Catacora, Nilda Copa Condori, Carlos Romero Bonifaz, Zulma Yugar Párraga.