0001/2020-DCP

Texto de la resolucion

DECLARACIÓN CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0001/2020 Sucre, 15 de enero de 2020

SALA PLENA Magistrado Relator: MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano Consulta sobre la constitucionalidad de proyectos de ley

Expediente: 32403-2019-65-CCP Departamento: La Paz

En la consulta sobre la constitucionalidad de los arts. 1 y 4 del proyecto de la Ley 160/2019-2020 "CS", Ley Excepcional de Prórroga del Mandato Constitucional de Autoridades Electas, formulada por Mónica Eva Copa Murga, Presidenta en ejercicio de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la consulta

Por memorial presentado el 24 de diciembre de 2019, cursante de fs. 15 a 23, complementado a través de los memoriales de 26, 30 y 31 de ese mes y año (fs. 29 y vta.; 34 y vta.; y, 77 y vta.); Mónica Eva Copa Murga, Presidenta en ejercicio de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, contando con la legitimación respectiva en virtud a lo dispuesto en los arts. 112.2 del Código Procesal Constitucional (CPCo); 153 y 158.II de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 4 y 39 inc. b) de los Reglamentos Generales de la Cámara de Diputados y de Senadores, respectivamente, indica que:

I.1.1. Relación sintética de la consulta

Mediante Resolución Camaral 062/2019-2020 de 20 de diciembre, la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, aprobó por unanimidad la remisión del proyecto de la Ley 160/2019-2020 "CS", Ley Excepcional de Prórroga del Mandato Constitucional de Autoridades Electas, al Tribunal Constitucional Plurinacional, a objeto de realizar la consulta respectiva sobre su constitucionalidad; enviando la Resolución Camaral y el proyecto de Ley referidos a la Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a efectos del cumplimiento de lo antes anotado, en observancia del art. 112.2 del CPCo.

En ese orden, precisa que los arts. 1 y 4 del proyecto de la Ley precitada, prevén a su turno que, el objeto de la misma es prorrogar excepcionalmente el período de mandato constitucional de la Presidenta del Estado Plurinacional de Bolivia, las y los Asambleístas de la Asamblea Legislativa Plurinacional y de las autoridades electas de las Entidades Territoriales Autónomas (ETA's), con el fin de "restablecer la normalidad constitucional" (sic); a cuyo fin, extienden el mandato de las autoridades mencionadas que fueron elegidas para el periodo 2015 - 2020, hasta la posesión de las nuevas autoridades electas de la Asamblea Legislativa Plurinacional, respecto al periodo 2020 - 2025.

Destaca, en ese sentido que, las autoridades electas del Órgano Ejecutivo y de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, fueron posesionadas el 22 de enero de 2015, concluyendo su mandato conforme a los arts. 156 y 168 de la CPE, respectivamente, el 21 de enero de 2020. En consideración a lo expuesto, el 20 de octubre de 2019, se cumplieron las elecciones generales para el período 2020 - 2025; empero, la Ley de Régimen Excepcional y Transitorio para la Realización de Elecciones Generales, Ley 1266 de 24 de noviembre de 2019, dejó sin efecto dicho proceso eleccionario, fijando nuevos comicios electorales a desarrollarse en un plazo de ciento veinte días desde la convocatoria a ser emitida por las y los nuevos Vocales del Tribunal Supremo Electoral; por lo que, el 22 de enero de 2020, no se contará con nuevas autoridades electas de los Órganos precitados.

En base a dichas consideraciones, expresa que conforme al contenido del art. 12.I y III de la Norma Suprema, no debe existir ausencia de alguno de los Órganos del Poder Público, para garantizar el funcionamiento del Estado en democracia, que se vería imposibilitado en el supuesto de concentrarse en uno o dos Órganos Públicos, resultando ineludible el funcionamiento de toda la estructura del Estado mediante sus Órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral; cuestiones por las que, no es viable generar una ausencia de autoridad a partir del 22 de enero de 2020, fecha de conclusión del mandato de las autoridades ya indicadas; aspectos que motivaron la elaboración del proyecto de la Ley 160/2019-2020 "CS", Ley Excepcional de Prórroga del Mandato Constitucional de Autoridades Electas, que en forma excepcional extiende el período constitucional 2015 - 2020, ampliando la Legislatura 2019 - 2020 y el mandato presidencial del Órgano Ejecutivo, hasta la posesión de nuevas autoridades; Ley destinada a precautelar la continuidad del funcionamiento e institucionalidad de los Órganos del Poder Público del Estado y a retomar la "normalidad constitucional" (sic).

En cuanto a las autoridades de las ETA's, los arts. 285.II y 288 de la Ley Fundamental, instituyen a su turno que las Máximas Autoridades Ejecutivas (MAE's) y los integrantes de los Concejos y Asambleas de los Gobiernos Autónomos, tienen un periodo de mandato de cinco años, pudiendo ser reelegidas de manera continua por una sola vez; en cuyo orden, al haber sido posesionadas las autoridades mencionadas el 31 de mayo de 2015, los cinco años instituidos en las normas constitucionales aludidas fenecen el 31 de mayo de 2020, data en la que no se contará con nuevas autoridades nombradas considerando lo dispuesto en la Ley Excepcional para la Convocatoria y Realización de Elecciones Subnacionales, Ley 1269 de 23 de diciembre de 2019; originando una ausencia de mando, siendo necesario consiguientemente incluir a estas autoridades en el proyecto de la Ley de análisis, más aún ante la existencia de un antecedente constitucional al respecto, constituido por el parágrafo IV de la Disposición Transitoria Primera de la CPE, que de forma también excepcional prorrogó el mandato de Alcaldes, Concejales Municipales, y Prefectos de Departamento, hasta la posesión de las nuevas autoridades electas.

Resalta finalmente que las circunstancias descritas evidencian la imposibilidad de contar con los Órganos Ejecutivo, Legislativo y de las ETA's, a partir del 22 de enero de 2020; situación irremediable y no reversible, que exige para poder sostener el Estado Constitucional de Derecho, cuyas bases principistas están previstas en el art. 8 constitucional, la necesidad ineludible de ampliar el mandato de las actuales autoridades, hasta la constitución democrática y soberana de nuevas autoridades para esos Órganos, evitando vacíos de Poder, precautelando la existencia además de un Gobierno que otorgue eficacia y eficiencia a las funciones y fines del Estado, de inexcusable cumplimiento, y en pro de los derechos fundamentales de la población; argumentos desarrollados en la exposición de motivos del proyecto de la Ley de referencia, sustentada en una apreciación pro activa y consecualista de los arts. 1, 7, 9, 11, 12, 156, 168, 272, 285.II, 288 y del parágrafo IV de la Disposición Transitoria Primera, todos de la CPE, para "cubrir la necesidad constitucional y preservar el fin supremo de restablecer la normalidad constitucional" (sic), frente a la falta de previsión constitucional formal al respecto, en el texto literal de la Constitución Política del Estado.

I.2. Petitorio

Afirmando que lo expuesto genera una duda razonable en las y los Asambleístas de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, sobre la constitucionalidad del proyecto de la Ley 160/2019-2020 "CS", Ley Excepcional de Prórroga del Mandato Constitucional de Autoridades Electas; la autoridad consultante solicita que el Tribunal Constitucional Plurinacional, realice control de constitucionalidad en relación al contenido de los arts. 1 y 4 del mismo, analizándolos desde y conforme a los preceptos, principios y valores constitucionales aplicables, emitiendo la respectiva Declaración Constitucional Plurinacional, que permita devolver el marco institucional al Estado Plurinacional de Bolivia.

I.3. Admisión

Por AC 0342/2019-CA de 31 de diciembre (fs. 81 a 87), la Comisión de Admisión de este Tribunal, admitió la consulta sobre la constitucionalidad de los arts. 1 y 4 del proyecto de la Ley 160/2019-2020 "CS", Ley Excepcional de Prórroga del Mandato Constitucional de Autoridades Electas; suspendiendo el procedimiento de aprobación del proyecto de la Ley precitada, en la Asamblea Legislativa Plurinacional, en el marco de lo regulado en el art. 113 del CPCo.

I.4. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

En todas las solicitudes descritas supra, no se determinó la suspensión del plazo. Por lo que, la presente Declaración Constitucional Plurinacional es emitida dentro de plazo.

II. CONCLUSIONES

Del análisis y compulsa de los antecedentes, se establece lo siguiente:

II.1. Por Resolución Camaral 050/2019-2020 de 20 de noviembre de 2019, la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, modificó la Resolución Camaral 001/2019-2020 de 18 de enero de 2019, eligiendo a la Directiva de esa instancia por los periodos señalados, siendo nombrada Mónica Eva Copa Murga, en calidad de Presidenta (fs. 3).

II.2. Mediante Resolución Camaral 062/2019-2020 de 20 de diciembre de 2019, la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, aprobó la remisión del proyecto de la Ley 160/2019-2020 "CS", Ley Excepcional de Prórroga del Mandato Constitucional de Autoridades Electas, al Tribunal Constitucional Plurinacional, a efectos de realizar la consulta respectiva sobre su constitucionalidad, en previsión del art. 112.2 del CPCo (fs. 5 a 6).

II.3. De fs. 8 a 14, cursa el proyecto de la Ley 160/2019-2020 "CS", Ley Excepcional de Prórroga del Mandato Constitucional de Autoridades Electas, cuyo contenido es el siguiente:

"ARTÍCULO 1 (OBJETO).- La presente Ley tiene por objeto excepcionalmente prorrogar el periodo de mandato constitucional de la Presidenta del Estado Plurinacional, las y los Asambleístas de la Asamblea Legislativa Plurinacional y las Autoridades Electas de las Entidades Territoriales Autónomas, para restablecer la normalidad constitucional.

ARTÍCULO 2 (MARCO NORMATIVO).- Esta Ley se fundamenta en los Artículos 1, 7, 9, 11, 12, 156, 168, 272, Parágrafo II del 285, 288, Parágrafo IV de la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Política del Estado y la Ley N° 1266 de '28' de noviembre de 2019, Ley de Régimen Excepcional y Transitorio para la realización de Elecciones Generales.

ARTÍCULO 3 (ÁMBITO DE APLICACIÓN).- La presente Ley será de aplicación obligatoria para la Presidenta del Estado Plurinacional, las y los Asambleístas de la Asamblea Legislativa Plurinacional y las Autoridades Electas de las Entidades Territoriales Autónomas.

ARTÍCULO 4 (PRÓRROGA EXCEPCIONAL DEL MANDATO DE AUTORIDADES).- Excepcionalmente se prórroga el mandato de la Presidenta del Estado Plurinacional, las y los Asambleístas de la Asamblea Legislativa Plurinacional y las Autoridades Electas de las Entidades Territoriales Autónomas elegidas para el período 2015 - 2020 hasta la posesión de las nuevas autoridades electas para el período 2020 - 2025" (las negrillas fueron añadidas).

II.4. Los arts. 1, 7, 9, 11, 12, 156, 168, 272, 285.II, 288, y el parágrafo IV de la Disposición Transitoria Primera de la CPE, consignados en la Exposición de Motivos del proyecto de la Ley 160/2019-2020 "CS", Ley Excepcional de Prórroga del Mandato Constitucional de Autoridades Electas, cuya aplicación pro activa y consecualista es solicitada a objeto de "cubrir la necesidad constitucional y preservar el fin supremo de restablecer la normalidad constitucional" (sic), por la falta de previsión constitucional en el texto literal de la Norma Suprema; señalan en su contenido literal lo siguiente:

"Artículo 1. Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país.

Artículo 7. La soberanía reside en el pueblo boliviano, se ejerce de forma directa y delegada. De ella emanan, por delegación, las funciones y atribuciones de los órganos del poder público; es inalienable e imprescriptible.

Artículo 9. Son fines y funciones esenciales del Estado, además de los que establece la Constitución y la ley:

1. Constituir una sociedad justa y armoniosa, cimentada en la descolonización, sin discriminación ni explotación, con plena justicia social, para consolidar las identidades plurinacionales. 2. Garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de las personas, las naciones, los pueblos y las comunidades, y fomentar el respeto mutuo y el diálogo intracultural, intercultural y plurilingüe. 3. Reafirmar y consolidar la unidad del país, y preservar como patrimonio histórico y humano la diversidad plurinacional. 4. Garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución. 5. Garantizar el acceso de las personas a la educación, a la salud y al trabajo. 6. Promover y garantizar el aprovechamiento responsable y planificado de los recursos naturales, e impulsar su industrialización, a través del desarrollo y del fortalecimiento de la base productiva en sus diferentes dimensiones y niveles, así como la conservación del medio ambiente, para el bienestar de las generaciones actuales y futuras.

Artículo 11.

I. La República de Bolivia adopta para su gobierno la forma democrática participativa, representativa y comunitaria, con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres.

II. La democracia se ejerce de las siguientes formas, que serán desarrolladas por la ley:

1. Directa y participativa, por medio del referendo, la iniciativa legislativa ciudadana, la revocatoria de mandato, la asamblea, el cabildo y la consulta previa. Las asambleas y cabildos tendrán carácter deliberativo conforme a Ley. 2. Representativa, por medio de la elección de representantes por voto universal, directo y secreto, conforme a Ley. 3. Comunitaria, por medio de la elección, designación o nominación de autoridades y representantes por normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, entre otros, conforme a Ley.

Artículo 12.

I. El Estado se organiza y estructura su poder público a través de los órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral. La organización del Estado está fundamentada en la independencia, separación, coordinación y cooperación de estos órganos.

II. Son funciones estatales la de Control, la de Defensa de la Sociedad y la de Defensa del Estado.

III. Las funciones de los órganos públicos no pueden ser reunidas en un solo órgano ni son delegables entre sí.

Artículo 156. El tiempo del mandato de las y los asambleístas es de cinco años pudiendo ser reelectas y reelectos por una sola vez de manera continua.

Artículo 168. El periodo de mandato de la Presidenta o del Presidente y de la Vicepresidenta o del Vicepresidente del Estado es de cinco años, y pueden ser reelectas o reelectos por una sola vez de manera continua.

Artículo 272. La autonomía implica la elección directa de sus autoridades por las ciudadanas y los ciudadanos, la administración de sus recursos económicos, y el ejercicio de las facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva, por sus órganos del gobierno autónomo en el ámbito de su jurisdicción y competencias y atribuciones.

Artículo 285.

I. (...)

II. El periodo de mandato de las máximas autoridades ejecutivas de los gobiernos autónomos es de cinco años, y podrán ser reelectas o reelectos de manera continua por una sola vez.

Artículo 288. El período de mandato de los integrantes de los Concejos y Asambleas de los gobiernos autónomos será de cinco años, y podrán ser reelectas o reelectos de manera continua por una sola vez.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS. Primera.

Primera.

(...)

IV. Excepcionalmente se prorroga el mandato de Alcaldes, Concejales Municipales y Prefectos de Departamento hasta la posesión de las nuevas autoridades electas de conformidad con el párrafo anterior".

II.5. A través de memorial presentado el 6 de enero de 2020, en la Unidad de Ingreso de Causas, dependiente de la Unidad de Secretaría General del Tribunal Constitucional Plurinacional; Marco Antonio Baldivieso Jinés, abogado constitucionalista, se presentó en calidad de amicus curiae, dentro de la presente consulta sobre la constitucionalidad de los arts. 1 y 4 del proyecto de la Ley 160/2019-2020 "CS", Ley Excepcional de Prórroga del Mandato Constitucional de Autoridades Electas. En ese marco, invocando una evidente contradicción entre el proyecto de la Ley citada y la Constitución Política del Estado, solicitó la admisión de su memorial y en consecuencia, declarar la inconstitucionalidad total del proyecto de la Ley nombrada. A dicho efecto, requirió que en previsión del art. 9 del CPCo, siendo la consulta de alto interés, en aplicación de lo desarrollado en la jurisprudencia constitucional contenida en el AC 0078/2014-CA de 25 de febrero, se convoque al Pueblo Boliviano a participar por intermedio de las diferentes organizaciones ciudadanas, sociales, cívicas y otras, como amicus curiae,; confiriendo a dicho objeto el plazo de cinco días para que puedan hacer conocer su opinión sobre el tema (fs. 100 a 121).

II.6. El 8 de enero de 2020, Carmen Guadalupe Peñaloza Amado y Ana María del Carmen Loayza Valda Vda. de Alfred, portavoces de la Organización "KUÑA'MBARETE" (Mujeres Fuertes) por Bolivia Chuquisaca; solicitaron que el Tribunal Constitucional Plurinacional, "permita la continuidad de nuestra Presidente de Bolivia en ejercicio, que cuenta con el apoyo de millones de bolivianos y anulación de prórroga del Congreso que cumple su mandato el 22 de enero del año en curso" (fs. 170 a 172 vta.).

II.7. A través de CITE MC-NE-0016/2020 de 7 de enero, recibido en la Unidad de Ingreso de Causas de este Tribunal, el 8 de igual mes y año; la Ministra de Comunicación, Roxana Lizárraga Vera, remitió en cumplimiento de lo dispuesto por decreto de 6 de ese mes y año, suscrito por el Presidente de la Comisión de Admisión de este Tribunal, el informe de la Unidad de Comunicación Presidencial dependiente de dicha cartera de Estado, más dos CD's, que contienen el audio y las imágenes de la Declaración del ex Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Juan Evo Morales Ayma, de 10 de noviembre de 2010. En dicho documento, se consigna de manera textual:

"Bolivia TV. Conferencia de Prensa Evo Morales. Domingo 10 de Noviembre del 2019 (7:34 a 7:37).

Hemos invitado a esta conferencia de prensa para expresar, nuevamente, sobre la situación política que vive nuestra querida Bolivia. Bolivia está viviendo momentos de conflictividad con el riesgo de enfrentamientos graves entre bolivianos.

Como Presidente mi principal misión es proteger la vida, preservar la paz, la justicia social, la estabilidad económica y la unidad de toda la familia boliviana.

Por ello, escuchando a los miembros de la Central Obrera Boliviana, el Pacto de Unidad y otros sectores sociales, he decidido:

Primero, renovar la totalidad de vocales del Tribunal Supremo Electoral. En las siguientes horas la Asamblea Legislativa Plurinacional, en acuerdo con todas las fuerzas políticas, establecerá los procedimientos para ello.

Segundo, convocar a nuevas elecciones nacionales que, mediante el voto, permitan al pueblo boliviano elegir democráticamente a sus nuevas autoridades, incorporando a nuevos actores políticos..." (subrayado adicionado) (fs. 144 a 147).

II.8. Mediante memorial presentado el 10 de enero de 2020, Edward Fernando Gareca Quiroga, se apersonó al presente proceso de consulta de proyecto de Ley, en calidad de amicus curiae; pidiendo que se declare la constitucionalidad de la prórroga de mandato únicamente en cuanto a la Presidenta del Estado Plurinacional de Bolivia y a las autoridades de las ETA's, siendo responsabilidad del órgano de constitucionalidad efectuar una interpretación que evite el vacío de poder y funcionalidad del Estado, brindándole gobernabilidad. Por otra parte, requirió declarar inconstitucional la prórroga de mandato en cuanto a la Asamblea Legislativa Plurinacional, no existiendo argumento legal constitucional ni jurisprudencial que justifique aquello; constituyendo incluso la vigencia de la SCP 0032/2019 de 9 de julio, uno de los principales motivos para declarar la inconstitucionalidad parcial del proyecto de Ley, reitera, respecto a la prórroga de la Asamblea, al aumentar "mayores posibilidades de ventaja" en las nuevas elecciones a desarrollarse, para quienes ejercen el cargo electo, frente al resto de la población que no gozan de una notable posición política, económica ni social. Por último, indicó que en su caso, "tomando en cuenta que la decisión que se emita saldrá de los márgenes del texto normativo de la CPE, y la presión política, social y jurisdiccional fuese tal que tendría que declarar la constitucionalidad de todo el proyecto de ley...", a fin de precautelar la estabilidad política, social y democrática del País, se "podría" prorrogar el mandato de la Asamblea Legislativa Plurinacional, con la previsibilidad excepcional de restringir sus atribuciones constitucionales respecto a las que pudieran generar crisis democrática (arts. 161.3, 6, 7 y 8 y 158.I.18 de la CPE); modulando finalmente el entendimiento asumido en la SCP 0032/2019⁵, manteniendo la aplicabilidad constitucional del art. 238.1 de la Ley Fundamental (fs. 150 a 165 vta.).

II.9. Por su parte, mediante memorial presentado el 10 de enero de 2020, José María Cabrera Dalence e Iván Carlos Arandia Ledezma, Procurador General del Estado y Director Departamental de la Procuraduría de Chuquisaca, respectivamente, se apersonaron al proceso por el amplio interés estatal en el asunto, teniendo prerrogativas inherentes a la representación legal del Estado y de los intereses generales. Solicitan declarar la constitucionalidad del texto del proyecto de la Ley 160/2019-2020 "CS", Ley Excepcional de Prórroga del Mandato Constitucional de Autoridades Electas, resultando inconcebible que en un Estado Democrático, Constitucional y de Derecho, el Estado funcione sin parlamento al margen de lo previsto en el art. 12 constitucional. Al respecto, alegan que al cumplir su mandato las principales autoridades de los Órganos Ejecutivo y Legislativo, el 22 del presente mes y año, encontrándose además agotada la línea de sucesión constitucional instituida en el art. 169.I de la CPE; existe la inminencia de generarse un nuevo estado de incertidumbre por el riesgo de un vacío de poder y autoridad que pondría en peligro la paz social y con ello los valores y derechos más elevados de nuestro ordenamiento jurídico. En consecuencia, el Tribunal Constitucional Plurinacional, debe asumir medidas interpretativas efectivas pero sin alejarse excesivamente del sentido primigenio que informa al texto constitucional como ocurre con el parágrafo IV de la Disposición Transitoria Primera de la Ley Fundamental, y la incipiente jurisprudencia constitucional en materia de Derecho Político (SCP 0026/2013 de 29 de noviembre), que denotan que en casos de urgencia y necesidad notoria, el constituyente ya asumió como válida la figura de la prórroga de mandato de autoridades electas a objeto de posibilitar transiciones institucionales excepcionales, más si como sucede en la situación actual, involucran elementos básicos relacionados con la soberanía popular como fundamento de la democracia; en cuyo mérito, la decisión del Senado de remitir la consulta fue incluso innecesaria y oficiosa, no existiendo dudas de constitucionalidad realmente fundadas, "abriendo nuevamente un periodo de ociosa incertidumbre y desazón social". Por otra parte, se refirieron a la inconstitucionalidad de las propuestas de sucesión presidencial hacia la institucionalidad judicial, sosteniendo que los argumentos relativos a que la sucesión presidencial debiera recaer en la Presidencia del Tribunal Supremo de Justicia, no encuentran ningún fundamento legal, siendo que el art. 169.I de la CPE, no regula a dicha autoridad en la línea de sucesión constitucional; habiendo el constituyente brindado a la función jurisdiccional un espacio propio y exclusivo para su desarrollo; procediendo la elección de las autoridades electas de los Tribunales de circunscripciones territoriales; por lo que, de un principio democrático, no puede una autoridad electa de una parcialidad muy pequeña del electorado, gobernar a toda la población; y, el Órgano Judicial está compuesto por varias jurisdicciones, ninguna sometida a las otras, no pudiendo por ende asumirse a priori y de forma directa que la Presidencia del Tribunal Supremo de Justicia, sea la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) de todo el Órgano precitado (fs. 182 a 191 vta.).

II.10. El 14 de enero de 2020, Jorge Antonio Asbún Rojas, José Antonio Rivera Santivañez, María Sonia Eliana Roca Serrano y Ciro Manuel Áñez Núñez, miembros de la Academia Boliviana de Estudios Constitucionales (ABEC) R-SCZ, presentaron memorial apersonándose al proceso como amicus curiae, solicitando se declaré la constitucionalidad del proyecto de la Ley 160/2019-2020 "CS", Ley Excepcional de Prórroga del Mandato Constitucional de Autoridades Electas. En ese sentido, aducen que la realidad nacional exige ejecutar un acto estatal necesario e imprescindible que evite que el País se sumerja en inseguridad, a cuyo efecto es ineludible acudir al orden constitucional y encontrar en el mismo las bases que determinan las vías a seguir y los contenidos a adoptar para mantener vigente no solo la regularidad de los Órganos de Gobierno, sino primordialmente la plena vigencia de la Ley Fundamental. Por lo expuesto, invocan que los arts. 1, 7 y 11 de la CPE, prevén la soberanía popular y, los arts. 9.2 y 22 de la Norma Suprema, regulan la protección de la libertad y la libertad de las personas, estableciendo como fines y funciones del Estado, garantizar entre otras, la seguridad, constituyendo la situación que atraviesa el Estado, una grave amenaza a la seguridad por el vacío de poder que operaría el 22 de enero de 2020, produciéndose una situación inminente de quiebre constitucional que se originó en las graves irregularidades electorales y manifiestos incumplimientos inconstitucionales. Así, habiendo asumido la Presidenta del Estado Plurinacional dicho cargo en aplicación del art. 169.I de la CPE, no contemplando la Norma Suprema vigente en la línea de sucesión constitucional a la o el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, evidenciando la innegable voluntad del constituyente, por cuanto en la anterior Norma Suprema, esa autoridad sí se encontraba en la línea sucesoria referida; la medida contenida en la Ley consultada es la que mejor armonía guarda con la Constitución Política del Estado. Por otra parte, en cuanto a la prórroga de mandato de los Asambleístas, el art. 12.I de la CPE, establece la separación y división de poderes del Estado, en los Órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral, concibiéndose constitucionalmente que todos los Órganos deben estar en funciones regularmente; en ese orden, afirman que no es concebible que la Presidenta actual, aun ocupando dicho cargo por sucesión constitucional, ejerza el mandato y competencias propias del Órgano Legislativo, sustituyendo las funciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional o de otro Órgano del Estado, lo que implicaría quebrantar el sistema de división de funciones. Destacan que, el funcionamiento del Estado no puede reducirse únicamente a la realización de las elecciones generales convocadas para el 3 de mayo de 2020, lo que rompería la normalidad constitucional, generaría graves daños y perjuicios a la ciudadanía y a la propia estructura administrativa estatal; siendo ineludible el funcionamiento tanto del Órgano Ejecutivo como del Legislativo, en el marco del sistema de pesos y contrapesos y control inter Órganos; entender de manera distinta la situación provocaría la acumulación de competencias en un solo Órgano y la fractura del principio de independencia de poderes antes señalado. Aspectos todos que encuentran amparo también en lo dispuesto en el parágrafo IV de la Disposición Transitoria Primera de la CPE, que incluyó la figura de la prórroga de mandato de las autoridades electas (Alcaldes, Concejales Municipales y Prefectos de Departamento) hasta la posesión de nuevas autoridades, siendo claro que el propio constituyente consideró válida la misma para no asignar las competencias de éstas a otras autoridades y menos dejó en vacancia los cargos. Finalmente, en cuanto a las autoridades de las ETA's, afirmaron la constancia también una situación excepcional que permite la prórroga de mandato; empero, es ineludible que a la brevedad se fijen los plazos para dichas elecciones y posesión de las nuevas autoridades subnacionales; tomando en cuenta que la prórroga es posible siempre y cuando exista certeza del plazo de duración de la misma, como en el caso de la Presidenta y Asambleístas, respecto al que el Tribunal Supremo Electoral, ya fijó el calendario electoral correspondiente, fijando las elecciones para el 3 de mayo de 2020 y como fecha de posesión el 29 de ese mes y año, y para el caso de una segunda vuelta, la posesión debe efectuarse antes del 22 de julio de igual año; estableciéndose así plazos perentorios por el Órgano competente (fs. 260 a 267 vta.). Por otra parte, mediante memorial remitido vía fax en la fecha anotada, Jorge Antonio Asbún Rojas y José Antonio Rivera Santivañez, como Presidente y Vicepresidente de la Academia mencionada, reiteraron que, el art. 12.I de la CPE, al prever que: "El Estado se organiza y estructura su poder público a través de los órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral...", exige que: "...imprescindiblemente y de forma regular, deben estar en funcionamiento los cuatro órganos del gobierno, dado que sobre ellos 'se organiza y estructura' el poder público del Estado. Si junto a ello, se considera que esos órganos tienen por función: promover, proteger y concretar los Derechos Fundamentales, es evidente que esta labor exige una actividad manifiestamente regular y constante de los mismos y ninguno de ellos podría quedar en suspenso ni siquiera temporalmente"; por lo que: "...resulta imprescindible el funcionamiento regular de los cuatro órganos: Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral, como requisito esencial para garantizar la vigencia y protección efectiva de los derechos fundamentales" (fs. 273 a 275).

II.11. El 14 de enero de 2020, Salvador Romero Ballivián, Presidente del Tribunal Supremo Electoral, en calidad de amicus curiae, remitió a este Tribunal vía fax, el oficio TSE-PRES 012/2020 de 13 de ese mes; indicando que: "1. La realización simultánea o separada de la elección general (presidencial y parlamentaria) y de las elecciones subnacionales fue objeto de un minucioso análisis en el TSE. El organismo electoral concluyó que es conveniente su separación, por una doble razón, técnica y política. En el ámbito técnico, se presentaban dos inconvenientes. Por un lado, el paso asignado para organizar la presidencial (120 días) es, en sí mismo, breve, y conducir en ese tiempo las actividades para dos procesos tan disímiles en su naturaleza habría multiplicado las dificultades, (...). Por otro lado, el cómputo en las mesas de votación se convertía en un escollo de gravedad. La simultaneidad implicaba que los jurados deberían atender y escrutar -como mínimo- siete votaciones distintas (...). En el ámbito político, la mayoría de los actores hicieron conocer sus planteamientos para una realización separada de los comicios, de tal manera que se respete la lógica política propia del espacio departamental y municipal (...). (...) en esta etapa del cronograma electoral presidencial, resultaría extemporánea y de complejo manejo técnico una convocatoria a la elección subnacional que coincida en fecha con los comicios generales. 2. El Órgano Electoral, como Poder del Estado, considera que el Estado de derecho requiere el funcionamiento permanente y pleno del conjunto de los Poderes del Estado para garantizar su normal desenvolvimiento" (fs. 271 a 272).