Texto del fallo
Texto de la resolucion
VOTO ACLARATORIO A LA Sucre, 15 de enero de 2020
SALA PLENA Magistrados: Msc. Paul Enrique Franco Zamora René Yván Espada Navía Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Msc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
Consulta sobre la constitucionalidad de proyectos de Ley
Expediente: 32403-2019-65-CCP Departamento: La Paz
I. ANTECENDENTES
En razón al contenido argumentativo de la de 15 enero, que declara la constitucionalidad de los arts. 1 y 4 del Proyecto de Ley 160/2019-2020 "CS", Ley Excepcional de Prórroga del Mandato Constitucional de Autoridades Electas -de los Órganos del Poder Público del Nivel Central (Órganos Ejecutivo y Legislativo) y de las Autoridades Electas de los Órganos Ejecutivo y Legislativo de los Gobiernos Autónomos del Nivel Subnacional-; misma que fue suscrita por los Magistrados que intervienen en el presente Voto Aclaratorio, al compartir con la declaratoria de constitucionalidad del referido Proyecto de Ley; sin embargo, se considera indispensable expresar las razones por las cuales la norma consultada es constitucional.
II. VOTO ACLARATORIO
II.1. Alcances del instituto de la consulta sobre la constitucionalidad de proyectos de ley
La , objeto de aclaración de voto, en su Fundamento Jurídico III.1, hace referencia al mecanismo de control previo sobre la constitucionalidad de proyectos de ley, respaldándose en la y la , para determinar que:
"...es evidente que conforme a los arts. 202.7 de la CPE; y, 104, 105.2 y 111 a 115 del CPCo, es una atribución del Tribunal Constitucional Plurinacional, el control previo de constitucionalidad de proyectos de ley y que, en ese ámbito, se tiene por objeto confrontar el texto de dicho proyecto con la Constitución Política del Estado y garantizar la supremacía constitucional. Al respecto, es innegable que el control previo no está restringido a la simple confrontación normativa ni a determinar la constitucionalidad en virtud de una similitud de una norma o regla expresamente señalada en el texto constitucional con el proyecto de ley objeto de control, sino también comprende el examen objetivo de este último, para establecer su compatibilidad o incompatibilidad con el sistema de valores, principios normas de la Constitución Política del Estado, labor que es posible conforme a la configuración constitucional y procesal antes referida".
En efecto, la norma procesal constitucional, contenida en el art. 104 del Código Procesal Constitucional (CPCo), establece que: "El control previo de constitucionalidad tiene por objeto confrontar el texto de Tratados Internacionales, Proyectos de Leyes, Estatutos o Cartas Orgánicas, con la Constitución Política del Estado, así como determinar la constitucionalidad de preguntas de los referendos"; por su parte, el art. 111 del mismo Código, reitera que: "La consulta de constitucionalidad de un Proyecto de Ley tiene por objeto confrontar el texto de dicho Proyecto con la Constitución Política del Estado y garantizar la supremacía constitucional".
Normas a partir de las cuales, se advierte que la procedencia de la consulta de constitucionalidad de un proyecto de ley, para que sea confrontado con el texto constitucional cumpliendo su objetivo procesal, está circunscrita a los requisitos establecidos por el art. 24 del CPCo, relativo a las acciones de inconstitucionalidad, conflictos de competencias, consultas y recursos, en coherencia con los arts. 111 y 112 del citado Código.
Por lo tanto, conforme al ámbito y naturaleza jurídica procesal de la consulta sobre la constitucionalidad de proyectos de ley, se extrae que este mecanismo procesal no se encuentra limitado ni condicionado por el contenido específico de los fundamentos jurídico-constitucionales que esgrime el órgano consultante.
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