Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0001/2020 Sucre, 9 de enero de 2020
SALA PLENA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de inconstitucionalidad concreta
Expediente: 26279-2018-53-AIC Departamento: La Paz
En la acción de inconstitucionalidad concreta promovida por la Jueza Pública Civil y Comercial Quinta del departamento de La Paz, a instancia de Wilmer Rafael Salas Quinteros en representación legal de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), demandando la inconstitucionalidad del art. 267, en la frase: "en la Secretaría de Cámara", del Código Procesal Civil (CPC) -Ley 439 de 19 de noviembre de 2013-, por ser presuntamente contrario a los arts. 115.II, 180.II y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE); 8.1 y 2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); y, 2.3 inc. b), 3 y 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
El accionante, mediante memoriales presentados el 26 de septiembre de 2018, cursante de fs. 120 a 126 vta., y el de ampliación, el 10 de octubre del mismo año (fs. 128 y vta.), refirió lo siguiente:
I.1.1. Síntesis de la acción
Si bien el art. 81 del Código Procesal Constitucional (CPCo), dispone que la acción de inconstitucionalidad concreta puede interponerse en cualquier estado del proceso judicial, hasta antes de la ejecutoria de la sentencia; a su criterio, la jurisprudencia constitucional contenida en la de 23 julio, entre otras, "moduló" (sic) el entendimiento del referido precepto legal, estableciendo que también puede activarse este mecanismo procesal para el caso de la resolución que vaya a resolver excepciones e incidentes.
Consecuentemente, la presente acción que cuestiona la nulidad del art. 267 del CPC -respecto a la notificación en Secretaría de Cámara, con el Auto de Vista 42/2018 de 8 de febrero, que resuelve el recurso de apelación-, sería viable dentro del incidente planteado en ejecución de sentencia del proceso civil seguido por René Pacheco Zambrana contra la empresa YPFB que representa; en el cual, se determinará el sentido de la resolución que vaya a emitirse a razón del incidente planteado, ya que de declararse la inconstitucionalidad de la norma impugnada, se garantizará el derecho a la impugnación a favor de YPFB; por cuanto, según su "experiencia vivida en la tramitación del proceso judicial" (sic), la empresa que representa fue notificada en Secretaría de Cámara con el Auto de Vista 42/2018, diligencia que además, se practicó de forma irregular en la persona jurídica y no en su representante legal, como correspondía; lo que derivó en que recién el 24 de mayo de 2018, una vez dándose por notificado el entonces representante legal de YPFB, planteará un recurso de casación contra el referido Auto de Vista, el mismo que no fue concedido por extemporáneo; limitando de esa manera, los derechos de YPFB al debido proceso, a la defensa y a la impugnación, como consecuencia de la diligencia realizada en Secretaría de Cámara.
En ese sentido, alega que de una interpretación sistémica de los arts. 83, 84, 89, 212 y 264 del CPC; y, 128 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) ?Ley 025 de 24 de junio de 2010?, se advierte que, si bien el litigante tiene el deber de asistir al juzgado o tribunal donde se sustancian las causas de su interés, también tiene el derecho de contar con medios alternativos de comunicación procesal, entre los que se encuentran los instrumentos informáticos. Sin embargo, el art. 267 del CPC -que cuestiona de inconstitucional- no considera que, en la práctica, los vocales no sortean los recursos de apelación que están a su conocimiento, inmediatamente después de decretar su radicatoria, lo que desgasta al litigante en su obligación continua de apersonamiento a estrados judiciales para averiguar el estado de las causas a su cargo, ya que en muchos de los casos, se arriman actuados con fecha anterior a su incorporación al cuaderno procesal; lo que sin duda, vulneraría los derechos de los justiciables, al debido proceso y a la defensa, por cuanto la notificación "en Secretaría de Cámara", se reduciría a un acto procesal de mero trámite que no cumple la finalidad de garantizar el conocimiento efectivo del acto procesal comunicado, decantando en la indefensión de las partes procesales y constituyendo un atentado contra la progresividad y la prohibición de regresividad de los derechos humanos.
Finaliza indicando que, de acuerdo a lo previsto por el art. 15 del CPCo, se impone el carácter obligatorio y vinculante de las sentencias constitucionales; al que se suma la aplicación del estándar más alto, como exhorta la . En consecuencia, para el caso de la demanda de inconstitucionalidad del art. 267 del CPC, aduce que sería aplicable la , que contiene la interpretación más amplia y protectora de los derechos que invoca, al establecer que será exigible la notificación personal con el Auto de Vista o resolución pronunciada por el Tribunal de alzada cuando existan medios o recursos para dejarlos sin efecto.
I.2. Resolución de la autoridad consultante
La Jueza Pública Civil y Comercial Quinta del departamento de La Paz, a través de la Resolución 690/2018 de 25 de octubre (fs. 131 a 132), resolvió no promover la acción de inconstitucionalidad concreta planteada por Wilmer Rafael Salas Quinteros en representación legal de YPFB; bajo los siguientes fundamentos:
- a)De los datos del proceso, se tiene la emisión de la Sentencia de 8 de diciembre de 1995, la cual fue apelada por YPFB, mereciendo el Auto de Vista 42/2018, que declaró inadmisible la apelación por falta de agravios; posteriormente, interpuesto el recurso de casación por la referida empresa, se emitió el Auto "de fs. 764" declarando la ejecutoria del mencionado Auto de Vista, por extemporaneidad del recurso planteado; coligiéndose que el estado del proceso, es el de ejecución de sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada;
- b)En ese orden, de acuerdo a la oportunidad para la interposición de la acción de inconstitucionalidad concreta, el art. 81.I del CPCo, determina que es viable su activación hasta antes de la ejecutoria de la sentencia dictada en el proceso judicial o administrativo; disposición legal en cuyo mérito y en atención al estado del proceso ordinario seguido por René Pacheco Zambrana contra YPFB, permite concluir que no corresponde sea promovida; y,
- c)La , sobre la cual, el accionante sustenta la procedencia de su demanda, hace referencia a la clase de resoluciones judiciales que se emiten en la tramitación de un proceso, estableciendo que son plenamente analizables aquellos preceptos que se aplicarán en la resolución de incidentes o excepciones, de cuya constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa la resolución que vaya a emitirse; más no admite que la acción de inconstitucionalidad concreta pueda plantearse en ejecución de sentencia, extremo que se encuentra expresamente proscrito por el Código Procesal Constitucional.
I.3. Admisión y citación
Por Auto Constitucional (AC) 0365/2018-CA de 15 de noviembre, cursante de fs. 135 a 142, la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional, revocó la Resolución 690/2018 de 25 de octubre, pronunciada por la Jueza Pública Civil y Comercial Quinta del departamento de La Paz, y admitió la presente acción de inconstitucionalidad concreta; disponiendo que se ponga en conocimiento de Álvaro Marcelo García Linera, Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, como personero del Órgano que generó la norma impugnada, a objeto de que pueda formular los alegatos en el plazo de quince días a partir de su legal notificación; acto procesal que fue cumplido el 17 de septiembre de 2019, conforme el formulario de citaciones y notificaciones cursante a fs. 168.
I.4. Alegaciones del personero del Órgano que generó la norma impugnada
Álvaro Marcelo García Linera, Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia y Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, por memorial cursante de fs. 174 a 181, señaló lo siguiente:
- 1)El nuevo Código Procesal Civil, permite efectivizar el derecho de acceso a una justicia a través de la oralidad en los procesos civiles, supera los formalismos y ritualismos excesivos del sistema escritural, afianzando los principios de celeridad y de seguridad jurídica, permitiendo la efectividad y materialización del proceso bajo el debido proceso y el derecho a la defensa;
- 2)En atención a la finalidad de los actos de comunicación, la constitucionalidad del art. 267 del CPC, radica en que la parte tiene la obligación de asistir a estrados judiciales (art. 84 del mismo Código), para verificar y hacer seguimiento de su caso; por lo tanto, la referida diligencia practicada en Secretaría de Cámara, cumple con dicho propósito; por otra parte, los medios alternativos de comunicación de actos procesales, como los instrumentalizados por vías informáticas, se posibilitan siempre que la parte lo hubiera manifestado en sus escritos (arts. 82 y 83 del referido Código); por lo que, no existe vulneración de los derechos al debido proceso y defensa ni obstaculización del principio de impugnación; y,
- 3)Por lo tanto, no constituye causal de inconstitucionalidad la mala aplicación de la norma por parte de las autoridades jurisdiccionales, que teniendo conocimiento de los medios alternativos de notificación, no ordenan la realización de esta diligencia a través de ellos, o cuando las partes en litigio, no los dan a conocer; debiendo, en consecuencia, declararse la constitucionalidad del artículo cuestionado.
I.3. Trámite Procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional
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