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TCP

0001/2026-AVO

Tribunal Constitucional Plurinacional
25 de febrero de 2026SALA PLENA
Resumen del caso

Sentencia 0001/2026-AVO

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL DE AVOCACIÓN 0001/2026 Sucre, 25 de febrero de 2026

SALA PLENA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad

Expediente: 55770-2023-112-AL Departamento: Santa Cruz

En avocación de la acción de libertad venida en revisión ante las Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional, respecto a la carga de la prueba en acciones de libertad.

I. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA AVOCACIÓN

I.1. Atribución de Sala Plena para avocar asuntos en revisión por las Salas

El art. 28.I.16 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP) establece que: "La Sala Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional, tiene las siguientes atribuciones jurisdiccionales: (...) 16. Avocar los asuntos en revisión conocidos por las Salas, de oficio o a petición de éstas, con la aprobación de la mayoría de sus miembros", mientras que el art. 10.2 del Código Procesal Constitucional (CPCo) establece que: "La Sala Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional resolverá los procesos sujetos a su conocimiento por mayoría absoluta de votos de sus miembros presentes". En este sentido, lo decidido por la mayoría de los miembros de Sala Plena en virtud del art. 203 de la Constitución Política del Estado (CPE), es vinculante para todos los Magistrados, debiendo la minoría, incluso no esté de acuerdo, en virtud a los principios de igualdad y seguridad jurídica, seguir el razonamiento de la avocación.

I.2. Motivo de la avocación

En relación a la carga de la prueba en acciones de libertad, este Tribunal ha emitido los siguientes fallos:

Por un lado, estableció que el principio de informalismo que rige la acción de libertad -antes habeas corpus- no exime al accionante de acompañar la prueba suficiente y necesaria a los fines de acreditar los hechos en los que basa su pretensión de tutela constitucional:

Así, a través de la , señaló que: "...el art. 90-II de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC), determina que el hábeas corpus no requiere mayores formalidades para ser interpuesto, empero, no es menos evidente que el actor debe acompañar la prueba suficiente y necesaria que acredite la veracidad de las acusaciones que formula, a objeto de lograr sus pretensiones, puesto que corre por su cuenta la carga de demostrar la existencia del o los actos lesivos que estima hayan restringido sus derechos (...) puesto que no puede dictarse una resolución de procedencia cuando no se constata la vulneración de ningún derecho o garantía fundamental precisamente por falta de pruebas en las que el Tribunal pueda basar su decisión" (resaltado añadido). Este entendimiento fue reiterado por las , , , entre muchas otras. Así también, la , reiteró dicho tenor, aunque sin una cita expresa del señalado entendimiento, siendo a su vez esta última reiterada por las , , , , , , , , entre varias otras.

Siguiendo la misma lógica, la , sostuvo que el Juez o Tribunal de habeas corpus -hoy acción de libertad- "...para valorar los hechos demandados requiere que el actor demuestre o acredite con la prueba pertinente la supuesta vulneración que acusa; toda vez que, el fallo o determinación que se asuma debe obedecer a la certidumbre sobre si en efecto se ha violado o está amenazado el derecho de locomoción, ya que no es suficiente la manifestación del actor, ni el informe que preste la autoridad recurrida, dado que para acusar la vulneración del derecho a la libertad, se debe demostrar los hechos que afectan ese derecho con pruebas verificables y ciertas cuyo valor les será asignado a tiempo de dictarse la Resolución; no obstante, que éste recurso no requiere de mayores formalidades para su presentación; sin embargo, cualquier acto ilegal que vulnere el derecho a la libertad y que sea atribuible al demandado debe ser debidamente acreditado por los medios de prueba permitidos por el ordenamiento jurídico, no siendo suficiente lo aseverado por las partes en audiencia" (resaltado añadido). Este entendimiento fue reiterado por las , , , , , , , , , entre otras.

El Tribunal Constitucional Plurinacional, recogió este entendimiento a través de la , por el cual, reiterando la , señalando que: "Si bien es cierto que en determinadas circunstancias de evidente lesión al derecho a la libertad, es entendible esta situación debido a la informalidad de su presentación; sin embargo, tratándose de acciones tutelares emergentes de un proceso judicial donde el accionante es parte esencial, tiene el deber procesal de adjuntar la prueba que respalda su denuncia, sin perjuicio claro está, de la facultad que tiene este Tribunal de solicitar la remisión de documentación, cuando así lo requiera y considere pertinente..." (énfasis agregado). Esta Sentencia fue reiterada por las , , , , , , , , , , , , , , , , , , entre muchas otras.

Sin embargo, de manera paralela estableció la posibilidad de inversión de la carga probatoria en acciones de libertad a través de la siguiente línea jurisprudencial:

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