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TCP

0001/2026-CA-BIS

Tribunal Constitucional Plurinacional
14 de enero de 2026
Resumen del caso

Auto 0001/2026-CA-BIS

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

-BIS Sucre, 14 de enero de 2026

Expediente: 74403-2025-149-AIC Acción de inconstitucionalidad concreta Departamento: Cochabamba

En consulta la Resolución del Comité Electoral (RCE) 12/2025 de 15 de mayo, cursante de fs. 68 a 69, pronunciada por el Comité Electoral de la Carrera de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), por la que se promovió la acción de inconstitucionalidad concreta interpuesta por Roberto Mario Vallejos Rodríguez, demandando la inconstitucionalidad de los arts. 23, 37, 50, 132, 150 y 151 del Estatuto Orgánico de la referida Universidad, por ser presuntamente contrarios a los arts. 13.IV, 14, 26, 109.II y 209 de la Constitución Política del Estado (CPE); 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 3 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN

I.1. Síntesis de la solicitud de parte

Por memorial presentado el 6 de mayo de 2025, cursante de fs. 23 a 28, el accionante manifestó que la Norma Suprema establece que el acceso a la función pública debe darse en condiciones de igualdad, mientras que las normas estatutarias universitarias segregan este derecho entre docentes titulares y extraordinarios; empero, la normativa convencional establece la posibilidad de la limitación de los derechos políticos y en esos límites no se encuentra la condición de titularidad.

Las disposiciones estatutarias que condicionan la elegibilidad a la condición de "Docente Titular" introducen una barrera injustificada al derecho constitucional de participación política en su vertiente pasiva (sufragio pasivo), que se encuentra amparado por el art. 14 de la CPE que consagra el principio de igualdad y prohíbe toda forma de discriminación por tipo de ocupación y grado de instrucción, condiciones irrelevantes para el goce de derechos constitucionales; así como el art. 26 de la Norma Suprema que garantiza que todos los ciudadanos participen en la formación, ejercicio y control del poder político en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres; y, el art. 209 que impone la postulación de candidaturas en condiciones de igualdad, sin distinción arbitraria.

Asimismo, la Ley Fundamental no prevé la titularidad como requisito de elegibilidad, imponerla vulnera el principio de reserva de ley cualificada establecido en el art. 109.II de la CPE.

Las disposiciones estatutarias de la UMSS que exigen la condición de "Docente Titular" para acceder a cargos de autoridad universitaria son manifiestamente incongruentes con el mandato constitucional de igualdad y no discriminación, mientras el art. 14 de la CPE prohíbe toda forma de discriminación por "tipo de ocupación" o "grado de instrucción" y el art. 26 de la Norma Suprema garantiza la participación política de todos los ciudadanos "en igualdad de condiciones", el Estatuto impugnado introduce un requisito estricto que excluye a un grupo -los docentes extraordinarios- sin justificación razonable ni correlación con objetivos de imparcialidad o idoneidad académica, a ello se suma el art. 209 de la Ley Fundamental que obliga a la postulación en condiciones de igualdad y el principio de reserva de ley establecido en el art. 109.II de la CPE, según el cual solo una ley formal con mayoría calificada puede limitar derechos constitucionales; en consecuencia, las normativas reglamentarias cuestionadas carecen de base legal superior y restringen indebidamente el derecho al sufragio pasivo; por lo que, deben ser inaplicadas en forma inmediata para asegurar la plena vigencia de los derechos políticos reconocidos en la Norma Suprema.

Por último, refirió que las exigencias del Estatuto Orgánico de la UMSS que limitan la elegibilidad a "Docentes Titulares" colisionan frontalmente con las obligaciones internacionales de Bolivia en materia de derechos políticos, así el art. 23.1 de la CADH reconoce el derecho de todos los ciudadanos a votar y a ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal y a tener acceso en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas, del mismo modo el art. 25 del PIDCP indica que todos los ciudadanos gozarán sin restricciones indebidas de todos los derechos; sin embargo, el mencionado Estatuto impone una barrera de titularidad académica ajena a los parámetros convencionales; por lo que, no solo transgrede el "numerus clausus" internacional, sino, que desconoce el principio pro persona que exige aplicar la norma más favorable al titular de los derechos, es por lo tanto inconvencional y debe ser inaplicado de inmediato para garantizar la igualdad de acceso a la función pública universitaria.

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Tribunal Constitucional Plurinacional14 de enero de 20260001/2026-CA-BISFuente oficial