Texto del fallo
Texto de la resolucion
AUTO CONSTITUCIONAL 0001/2026-RCA Sucre, 14 de enero de 2026
Expediente: 80301-2025-161-AAC Acción de amparo constitucional Departamento: Pando
En revisión la Resolución 007/2025 de 17 de diciembre, cursante a fs. 44 y vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Sandra Salazar Baqueros contra Primo Martínez Fuentes y Fanny Coaquira Rodríguez, Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia.
I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN
I.1. Síntesis de los hechos que la motivan
Por memorial presentado el 16 de diciembre de 2025, cursante a fs. 1, 36 a 41, la accionante manifiesta que, dentro del proceso civil de reivindicación y reconvención de nulidad seguido por Diana Achimo Yanamo en su contra, identificado con el Número de Registro Judicial (NUREJ) 9021138, la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia dictó el , que declaró infundado su recurso de casación, interpuesto contra el Auto de Vista 009 de 12 de marzo de 2025, pronunciado por la Sala Civil, Social, Familia, Niñez y Adolescencia, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, que confirmó la Sentencia de 29 de marzo de 2023, declarando probada la demanda de reivindicación e improbada la reconvención de nulidad.
El recurso de casación fue interpuesto en la forma y en el fondo; en la forma, se denunció falta de fundamentación y congruencia, por la omisión de pronunciamiento sobre agravios esenciales planteados en apelación, referidos principalmente:
- a)La inexistencia de derecho propietario en favor de Javier Urgel Shavit, quien transfirió el inmueble a su conviviente sin haber acreditado su derecho, ni que haya derivado de alguna otra adquisición;
- b)La irregularidad del documento de transferencia, que solo consigna código catastral y no matrícula en Derechos Reales (DD.RR.), siendo Diana Achimo Yanamo la primera en inscribir su derecho propietario;
- c)La integración de Javier Urgel Shavit a la litis y su incomparecencia, pese a citación legal, habilitaba la aplicación del art. 365.III del Código Procesal Civil (CPC);
- d)El error del Juez a quo al sostener que la nulidad debía demandarse antes que la reivindicación;
- e)La contradicción respecto al interés legítimo, pese a haberse declarado improbada la excepción de falta de legitimación; y,
- f)La falta de análisis sobre la ilicitud del motivo; y, la omisión de valoración del informe notarial, de la Resolución Administrativa (RA) 024/2021 de 27 de abril y de los informes de catastro que establecen la inexistencia de antecedentes y la dudosa procedencia del certificado catastral utilizado para la venta. En el fondo, cuestionó que el citado Auto de Vista 009, haya otorgado valor decisivo al folio real, pese a emerger de actos ilícitos previos, sosteniendo que la inscripción en DD.RR. no es constitutiva ni saneadora; asimismo, se objetó que se afirme que no se probó la falsedad, cuando la ilicitud radica en la transferencia realizada por quien no era propietario, utilizando un plano catastral posteriormente anulado y sin antecedente dominial válido.
El , reconoció que el Tribunal de alzada omitió pronunciarse sobre varios agravios, pero concluyó que ello no generaba nulidad por no evidenciarse perjuicio, sin identificar los puntos omitidos ni explicar su falta de trascendencia; además, sostuvo que la impugnación solo podía recaer sobre la falsedad del título y no sobre sus antecedentes, negó relevancia a la intervención de Javier Urgel Shavit y afirmó que el título de Diana Achimo Yanamo es "perfecto" por estar inscrito en DD.RR., sin responder al argumento que el registro no convalida actos ilícitos, tampoco se dio respuesta a todos los agravios formulados en casación.
Los arts. 115.II y 180.1 de la Constitución Política del Estado (CPE) reconocen el derecho al debido proceso en su vertiente a la debida fundamentación y motivación, que exige que toda resolución exponga de forma clara, coherente y razonada los hechos, la valoración de la prueba y los fundamentos jurídicos que sustentan la decisión, conforme a las , y la entre otras.
En el caso, el , carece de una explicación razonable y coherente, al no fundamentar por qué los agravios omitidos por el Tribunal de alzada no serían trascendentes, no estaría legitimada para cuestionar los antecedentes del título de propiedad de Diana Achimo Yanamo, ni por qué sería impertinente la participación de Javier Urgel Shavit en el proceso, vulnerando el derecho a la debida motivación exigido por la jurisprudencia constitucional citada.
I.2. Derechos supuestamente vulnerados
Considera lesionado su derecho al debido proceso en sus elementos a la fundamentación y motivación, citando al efecto los arts. 115.II y 180.I de la CPE.
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