0002/2022-O

Texto de la resolucion

AUTO CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0002/2022-O Sucre, de 3 de febrero de 2022

SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de amparo constitucional

Expediente: 38320-2021-77-AAC Departamento: Cochabamba

La queja por incumplimiento de la SCP 0457/2021-S3 de 10 de agosto, cursante a fs. 393 a 418, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Darwin Llanque Quispe en representación legal de Adela Obando López, Ancelmo Loza, Benedicto Coca Romero, Benito Siles Veliz, Carlos Cartagena Obando, Carlos Ontiveros Ramírez, Donato Ontiveros Ramírez, David Rufillano Mariaca, Fermín Sipe Senzano, Fermín Huaranca Martínez, Fidel Mérida Foronda, Florentino Huaranca Martínez, Francisco Caraballo Ochoa, Juan Flores Quispe, Luis Fernando Luque Pinaya, Marcelo Rodríguez Angulo Mario Casiano Soria Calle, Pedro Villca Poma, Placido Martínez Rodríguez, Santos Mancilla Gutiérrez, Serafín Rodríguez Angulo y Martín Mercado Villarroel contra la Empresa Unipersonal Minerales e Industrial AITKEN MINDAI, representada legalmente por Álvaro Ignacio Alfonso Aitken Castedo.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la queja por incumplimiento

Por memorial presentado el 23 de agosto de 2021, cursante de fs. 454 a 456, Darwin Llanque Quispe, por sí y en calidad de representante legal de los trabajadores antes mencionados -dentro de la acción de amparo constitucional de referencia en el que fueron parte accionante-, planteó "denuncia de incumplimiento" de la SCP 0457/2021-S3 de 10 de agosto, bajo la suma "SOLICITO REMISION DE ANTECEDENTES ANTE MINISTERIO PUBLICO", en torno a los siguientes argumentos:

El citado fallo constitucional, resolvió revocar la Resolución 07/2021 de 18 de enero, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, disponiendo conceder la tutela solicitada, ordenando a la parte accionada el cumplimiento íntegro de la Conminatoria de reincorporación laboral MTEPS-JDT CO 0117/20 de 27 de noviembre de 2020, emitida por la Jefatura Departamental de Trabajo de Cochabamba, además del pago de los salarios y demás derechos sociales devengados, pero hasta "el presente" la parte accionada no cumplió con lo ordenado en la SCP 0457/2021-S3; es así que para sustentar la denuncia, adjuntan fotocopia legalizada de la referida Sentencia Constitucional Plurinacional y el "Informe de Verificación de Conminatoria JDT CBBA-NTLF-V-R 031/2021 de 17 de agosto".

Lo expuesto, demuestra que la conducta asumida por la parte accionada transgrede lo establecido en el art. 127.I de la Constitución Política del Estado (CPE), que señala que todo servidor público o persona particular que resistan las decisiones judiciales, serán remitidos por orden de la autoridad judicial que conoció de la acción ante el Ministerio Público para su procesamiento penal por atentado contra las garantías constitucionales; así como lo estipulado en el art. 129 de la Norma Suprema, concretamente el parágrafo V que determina que la decisión final que conceda la acción de amparo constitucional será ejecutada inmediatamente y sin observación; en caso de resistencia se procederá de acuerdo con lo señalado en la acción de libertad, y la autoridad judicial que no proceda conforme con lo dispuesto por el citado artículo quedará sujeta a las sanciones previstas por Ley; por su parte el art. 16 del Código Procesal Constitucional (CPCo), determina lo siguiente: "(Ejecución) I. La ejecución de una Resolución Constitucional con calidad de cosa juzgada, corresponde al juzgado o tribunal que inicialmente conoció la acción. II. Corresponderá al Tribunal Constitucional Plurinacional conocer y resolver las quejas por demora o incumplimiento en la ejecución antes referida; asimismo le corresponde la ejecución en los procesos que directamente se presenten ante el mismo", ello en concordancia con lo establecido en el art. 40 del mismo cuerpo legal.

Así también existe línea jurisprudencial que ampara su solicitud, entre otras la SCP 0213/2017-S2 de 15 de marzo, que respecto al procesamiento penal por resistencia a decisiones judiciales en acciones de defensa, en la parte pertinente señala: "...las decisiones emitidas por los jueces y tribunales de garantías al ser de cumplimiento obligatorio y ejecución inmediata, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 129.V de la CPE: "La decisión final que conceda la Acción de Amparo Constitucional será ejecutada inmediatamente y sin observación"; y al art. 40.I del Código Procesal Constitucional (CPCo): "Las resoluciones determinadas por una Jueza, Juez o Tribunal en Acciones de Defensa, serán ejecutadas inmediatamente, sin perjuicio de su remisión para revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, en el plazo establecido en el presente Código" (las negrillas fueron adicionadas); no pueden ser resistidos, incumplidos o desobedecidos por los servidores públicos o particulares, por haber sido emitidos en resguardo y protección de los derechos fundamentales de personas que solicitaron tutela ante esa jurisdicción, por lo que nadie puede desoír u observar un fallo emitido por un juez o tribunal de garantías dentro de una acción tutelar, aún éste se encuentre en revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional".

I.2. Petitorio

Por lo expuesto, ante el incumplimiento advertido, solicitan la remisión de antecedentes al Ministerio Público.

I.3. Trámite de la denuncia por incumplimiento

I.3.1. Contestación de la parte accionada

Previa presentación de memorial de 24 de septiembre de 2021, bajo la suma "Renuncio a patrocinio y se considere" (fs. 489), Darko Roberto Rojas Valenzuela, quien actuó como abogado de la Empresa Unipersonal Minerales e Industrial AITKEN MINDAI, dentro de la acción de amparo constitucional que motivó la interposición de denuncia de incumplimiento, señaló que su persona perdió contacto con Álvaro Ignacio Alfonso Aitken Castedo, propietario de la referida empresa accionada quien estaría radicando en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y que intentó comunicarse con el accionado, pero que no tuvo éxito; por lo que, con la finalidad de evitar posteriores nulidades, pide se considere la renuncia a su patrocinio.

I.4. Resolución de la Sala Constitucional

I.4.1. Síntesis de la impugnación

Previo a conocer el memorial de impugnación, corresponde referirse al despliegue procesal suscitado al respecto, así se tiene que mediante escrito presentado el 21 de octubre de 2021 (fs. 513 a 519 vta.), Herbert Christian Cáceres Gómez en representación legal de Álvaro Ignacio Alfonso Aitken Castedo, según Testimonio de Poder 1567/2021 de 13 de octubre, interpuso incidente de nulidad de notificaciones, señalando que de forma extraoficial se habría enterado de la solicitud de la parte accionante de remisión de antecedentes al Ministerio Público, aparentemente ante un incumplimiento a una orden de reincorporación, y al no haber sido notificado con los actuados correspondientes, solicitó la anulación de obrados y se disponga su notificación; por lo que, la Sala Constitucional Primera emitió el Auto de 25 de octubre de 2021, disponiendo en la parte pertinente: "...Sin embargo como Tribunal de Garantías Constitucionales, en base a los fundamentos expuesto por esta parte, velando por el principio de igualdad efectiva de las partes intervinientes, en apego a la cultura de Paz, pregonado por la CPE en sujeción a los principios procesales de la justicia constitucional establecidos en el Art. 3 de la Ley N° 254, sin retrotraerse los actuados procesales, manteniéndose los mismos. Dispone se ponga en conocimiento de la parte accionada Álvaro Ignacio Alfonso Aitken Castedo por intermedio de su abogado patrocinante, el Auto de 23 de septiembre de 2021 para su cumplimiento, en su domicilio procesal señalado..." (sic [fs. 521 y vta.]); Resolución que fue notificada al prenombrado el 26 de octubre de 2021, conforme la diligencia cursante a fs. 523 y vta.

I.5. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Remitida la impugnación formulada contra la Resolución de 1 de octubre de 2021, por decreto constitucional de 6 de diciembre de 2021, cursante a fs. 851, la Comisión de Admisión de este Tribunal, ordenó que la misma pase a Sala Tercera.

Por otra parte, mediante decreto constitucional de 21 de similar mes y año, cursante a fs. 1034, se dispuso la suspensión de plazo a objeto de recabar documentación complementaria; reanudándose el mismo mediante decreto de 28 de enero de 2022 (fs. 1491), por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es pronunciada dentro del término legal.

Al no haber obtenido consenso en Sala, sobre la decisión a asumirse, de conformidad al art. 30.I.6 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), se procedió a convocar al Presidente de este Tribunal a fin de dirimir con su voto el caso en análisis.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente:

II.1. Por memoriales presentados el 7 y 13 de enero, ambos de 2021, la parte impetrante de tutela -hoy denunciante de queja- interpuso acción de amparo constitucional contra la Empresa Unipersonal Minerales e Industrias AITKEN MINDAI, representada legalmente por Álvaro Ignacio Alfonso Aitken Castedo, solicitando la reincorporación a su fuente laboral, conforme se ordenó por la Jefatura Departamental de Trabajo mediante la Conminatoria MTEPS-JDT CO-0117/20 de 27 de noviembre de 2020, ordenando a la empresa accionada proceda a la reincorporación laboral de los hoy peticionantes de tutela a su fuente laboral en el último cargo que venían desempeñando sus funciones, así como la cancelación de los salarios devengados y demás derechos laborales que les corresponda, en el plazo de tres días computables a partir de su notificación (fs. 88 a 98 vta., y 102 a 104 vta.).

II.2. La acción tutelar fue tramitada y resuelta por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante Resolución 07/2021 de 18 de enero, que denegó la tutela solicitada (fs. 317 a 324).

II.3. Remitida en revisión la precitada Resolución, el Tribunal Constitucional Plurinacional pronunció la SCP 0457/2021-S3 de 10 de agosto, en aplicación de la Doctrina de Unificación Jurisprudencial 0001/2021 de 16 de junio, respecto al incumplimiento de las Conminatorias de reincorporación laboral, y en consecuencia, dispuso: "...REVOCAR la Resolución 07/2021 de 18 de enero, cursante de fs. 317 a 324, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y, en consecuencia: CONCEDER la tutela solicitada, disponiendo que la Empresa Unipersonal Minerales e Industrias AITKEN MINDAI, cumpla en su integridad la Conminatoria MTEPS-JDT CO-0117/20 de 27 de noviembre de 2020, dispuesta a favor de los trabajadores accionantes, conforme los fundamentos de la Resolución de Doctrina Constitucional aplicados en el caso y los razonamientos explicados en el presente fallo constitucional" (fs. 393 a 418).

II.4. Consta memorial presentado el 23 de agosto de 2021, con la suma "SOLICITO REMISION DE ANTECEDENTES ANTE EL MINISTERIO PUBLICO" (sic), mediante el cual, Darwin Llanque Quispe, representante legal de los trabajadores accionantes, denunció el incumplimiento del citado fallo constitucional, adjuntando al efecto el Informe de Verificación de Conminatoria J.D.T. CBBA.-NTLF-V-R-031/2021 de 17 de agosto, elaborado por el Inspector de la Jefatura Departamental del Trabajo de Cochabamba, que en la parte pertinente refiere: "...en fecha 17 de Agosto de 2021, a Hrs. 10:40 Aprox me constituí en dependencias de las oficinas de la EMPRESA UNIPERSONAL MINERALES E INDUSTRIAS AITKEN-MINDAI ubicado en la Carretera a Oruro S/N Vinto Km. 24. 1/2, zona Montenegro a objeto de Verificación del Cumplimiento de la Conminatoria de Reincorporación MTEPS/JDT CO-Nº 0117/2021 de fecha 27 de Noviembre del 2020, por lo que procedí a identificarme como Inspector de Trabajo, fui recibido por el Ingeniero quien se identificó como Guillermo Torres Sanjinés con C.I. 3008793 Cbba. Quien refirió que no tiene conocimiento de la notificación a la Conminatoria de Reincorporación de los trabajadores (...). En base a la información recabada In Situ, y según documentación presentada por los trabajadores (...). NO dio cumplimiento total a la Conminatoria MTEPS-JDT CO-0117/2020 de fecha 27 de Noviembre de 2020. Consecuentemente, NO fue REINCORPORADO en su fuente laboral los trabajadores. ni se realizó el pago de los salarios devengados y demás derechos laborales" (sic [fs. 453 a 456])

II.5. En cumplimiento al decreto de 15 de septiembre de 2021, emitido por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, el Auxiliar de dicha Sala, elaboró acta de verificación in situ de 20 de igual mes y año, respecto al incumplimiento denunciado por los trabajadores accionantes, en cuya parte pertinente señaló: "...en fecha 17 de septiembre de 2021 a horas. 15:00 me apersone juntamente con el Sr. Darwin llanque a la Empresa Unipersonal MINERALES E INDUSTRIAL 'AITKEN-MINDAI' en el que pude constatar que en la puerta de ingreso ya no estaría en nombre de la empresa AITKEN-MINDAI sino el logotipo EC SRL., una vez ingresando en la instalaciones de la Empresa me entreviste con el Ing. Juan David Vasquez quien me indicó que es jefe de producción, y que la empresa que estaría funcionando es LA ESTUQUERA CAYARA SRL., y que desconocería sobre la reincorporación laboral de los trabajadores, asimismo menciono ya se hicieron presentes personal de la Jefatura Departamental del Trabajo, por lo que pude constatar que ninguno de los trabajadores habrían sido reincorporados y que en dichas dependencias estaría funcionando la empresa ESTUQUERA CAYARA SRL., con número de identificación tributaria N° 352031021" (sic [fs. 472 y vta.]).

II.6. A mérito de decreto de 21 de diciembre de 2021 de solicitud de documentación complementaria (fs. 1034), la parte accionada presentó: planilla de pago de beneficios sociales de los veintitrés trabajadores accionantes de 16 de octubre de 2021, que lleva sello únicamente de la Empresa minera accionada; así también cursan comprobantes de transferencias bancarias, papeletas de pago y formulario de finiquito elaborado por la Empresa Unipersonal Minerales e Industrial AITKEN MINDAI, respecto a los referidos empleados, formulario este último que no fue visado por ante la Jefatura Departamental de Trabajo de Cochabamba, documentación adjuntada mediante memorial recibido en este Tribunal el 12 de enero de 2022 (fs. 1046 a 1162 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA RESOLUCIÓN

La parte accionante -ahora denunciante de queja-, presentó queja por incumplimiento; debido a que, dentro de la acción de amparo constitucional que interpusieron contra la Empresa Unipersonal Minerales e Industrias AITKEN MINDAI, representada legalmente por Álvaro Ignacio Alfonso Aitken Castedo, se emitió la SCP 0457/2021-S3, ordenando se cumpla en su integridad la Conminatoria MTEPS-JDT CO-0117/20 de 27 de noviembre de 2020; determinación que no fue acatada ya que no fueron reincorporados a su fuente laboral, así lo acredita el Informe de Verificación de Conminatoria JDT CBBA-NTLF-V-R 031/2021, por ende, el citado accionado, no cumplió con el fallo constitucional, correspondiendo la remisión de antecedentes al Ministerio Público.

III.1. Competencia del Tribunal Constitucional Plurinacional para resolver las denuncias por incumplimiento y/o sobrecumplimiento a sentencias constitucionales

Sistematizando la línea sobre esta temática, el Auto Constitucional (AC) 0038/2014-O de 1 de diciembre, sostuvo que: ""La acción de amparo constitucional, en su dimensión procesal, es un verdadero proceso de naturaleza constitucional, al cual le son aplicables criterios propios de la teoría procesal general, en el marco de la naturaleza jurídica de este mecanismo oportuno y pronto de tutela de derechos fundamentales y de acuerdo a los postulados propios del Derecho Procesal Constitucional, cuyos presupuestos procedimentales rigen el ejercicio de la justicia constitucional.

Ahora bien, en los procesos de acción de amparo constitucional, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales con calidad de cosa juzgada, son de cumplimiento obligatorio para las partes procesales, razón por la cual y frente a un eventual incumplimiento o demora en la ejecución de una decisión constitucional, el legislador ha dispuesto para la etapa de ejecución de fallos, un mecanismo procesal idóneo para la denuncia por incumplimiento de decisiones emergentes de acciones tutelares, destinado a consolidar una real materialización y por ende un efectivo cumplimiento a sentencias constitucionales con calidad de cosa juzgada.

El art. 16 del CPCo., concordante con la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, claramente señala que: 'I. La ejecución de una Resolución Constitucional con calidad de cosa juzgada, corresponde al juzgado o tribunal que inicialmente conoció la acción.

II. Corresponderá al Tribunal Constitucional Plurinacional, conocer y resolver las quejas por demora o incumplimiento en la ejecución antes referida'.

Por lo expresado, a través de la labor hermenéutica y a la luz de una interpretación, desde y conforme la Constitución, corresponde determinar las reglas de un debido proceso aplicables a la etapa de ejecución de fallos por denuncias referentes a quejas por demora o incumplimiento en la ejecución de sentencias emanadas en acciones tutelares. Por ello, en esta etapa procesal, el juez o tribunal de garantías que conoció la acción tutelar, una vez conocida la queja por demora o incumplimiento en la ejecución de sentencias emanadas de acciones tutelares, con la finalidad de asegurar un debido proceso, en el plazo de veinticuatro horas desde el conocimiento de este mecanismo, solicitará informe o documentación pertinente a la autoridad o particular que se encuentre obligado a cumplir una decisión emergente del control tutelar de constitucionalidad, quien deberá remitir lo solicitado ante el juez o tribunal de garantías, en un plazo no mayor a tres días, para que en primera instancia, el juez o tribunal de garantías, establezca la demora o incumplimiento en la ejecución de una decisión emergente del control tutelar de constitucionalidad, si fuera el caso.

El juez o tribunal de garantías, en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas, mediante auto expreso, rechazará la queja o la concederá, asumiendo en este último supuesto, las medidas necesarias para el cumplimiento de las resoluciones, entre las cuales puede requerir la intervención de la fuerza pública, la remisión de antecedentes al Ministerio Público o la imposición de multas progresivas, entre otras. Con la resolución pronunciada por el juez o tribunal de garantías, se notificará a las partes procesales, estando facultado el denunciante de la queja, en caso de estimar dilación o incumplimiento de la resolución emergente de una acción tutelar, a presentar la misma ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, en los términos establecidos por el art. 16.II del CPCo, queja que deberá ser formulada en el plazo de tres días computables a partir de la notificación con la resolución emitida por el juez o tribunal de garantías. En este supuesto, el Juez o Tribunal de garantías, en el plazo de veinte cuatro horas, deberá remitir todos los antecedentes relevantes a la queja de incumplimiento de sentencia ante el Tribunal Constitucional Plurinacional.

Por su parte, el Tribunal Constitucional Plurinacional, mediante la sala que emitió la Sentencia Constitucional Plurinacional, con calidad de cosa juzgada, deberá resolver la indicada queja por demora o incumplimiento a resolución constitucional con calidad de cosa juzgada, a través de Auto Constitucional Plurinacional, analizando los fundamentos de la misma y si se advierte que efectivamente existiere incumplimiento a lo determinado por el Tribunal Constitucional Plurinacional, declarará 'ha lugar' la denuncia pronunciada, total o parcialmente, o podrá inclusive revocar y declarar 'no ha lugar' a la denuncia de queja de incumplimiento de sentencia formulada y que fue resuelta por el Juez o Tribunal de garantías que conoció inicialmente la referida queja decisión que deberá ser cumplida de manera inmediata.

De acuerdo a lo señalado, es pertinente establecer que la interpretación desarrollada del art. 16 del CPCo, es coherente y acorde a los principios de inmediatez y celeridad concordante con la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y propios del proceso constitucional de la acción de amparo constitucional y demás mecanismos tutelares de defensa; asimismo, responde a una pauta hermenéutica específica, cual es la interpretación según los fines establecidos en los principios constitucionales; en ese orden, es pertinente precisar que el principio de tutela constitucional efectiva, tiene un rango constitucional y se configura como un corolario para el ejercicio del control de constitucionalidad en el Estado Plurinacional de Bolivia, por tanto, la disciplina del procedimiento de queja por demora o incumplimiento en ejecución de decisiones constitucionales con calidad de cosa juzgada, responde a la consolidación de dicho principio" "(el resaltado es nuestro).