Texto del fallo
Texto de la resolucion
DECLARACIÓN CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0002/2026 Sucre, 1 de abril de 2026
SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Consulta de autoridades indígena originaria campesinas sobre la aplicación de sus normas jurídicas a un caso concreto
Expediente: 79671-2025-160-CAI Departamento: La Paz
Consulta de las autoridades indígena originaria campesinas sobre la aplicación de sus normas jurídicas a un caso concreto interpuesta por Hugo Dumay Cartagena, Corregidor; Onofre Ruiz Gonzales, Secretario de Actas; Fabiola Pilar Sea Dumay, Secretaria de Hacienda; Viviana Terrazas Durán y Nery Terrazas Durán, Huarajes, todos autoridades indígenas de la comunidad indígena Tacana Santa Fe del municipio de Ixiamas, provincia Abel Iturralde del departamento de La Paz.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la consulta
Por memorial presentado el 5 de diciembre de 2025, cursante de fs. 71 a 73 vta., las autoridades indígenas originarias remitieron a esta instancia la Resolución 001/2025 de 21 de noviembre, en calidad de consulta considerando lo siguiente:
Son autoridades indígenas de la comunidad indígena Tacana Santa Fe del municipio de Ixiamas, provincia Abel Iturralde del departamento de La Paz y, conforme a las actas de elección y posesión adjuntas, acreditan su calidad de autoridades comunitarias dentro del marco de la Jurisdicción Indígena Originaria Campesina (JIOC); además señalaron que la comunidad se encontraba ubicada en la zona amazónica del norte paceño y que pertenecía a la nación Tacana, actuando los firmantes en representación de sus miembros.
Señalaron también que, la comunidad sostuvo diversos conflictos con el comunario Diego Uzquiano Medina, quien se habría afiliado aproximadamente en la gestión 2000 y recibió autorización para utilizar una parcela destinada al pastoreo de ganado, respetando la vocación forestal del suelo.
Asimismo manifestaron que, dicho predio era utilizado exclusivamente para actividades ganaderas y no para vivienda, debido a que el mencionado comunario tenía su residencia real en el área urbana del municipio de Ixiamas junto a su familia.
Asimismo, señalaron que durante la aplicación de la justicia indígena se recibieron múltiples denuncias en su contra su persona, entre ellas acusaciones relacionadas con robo de ganado de Carlos Batte y faeneo de ganado perteneciente a Emelina Sea Mamani, ambos miembros de la comunidad; no obstante respecto al primer caso Diego Uzquiano Medina, fue expulsado de la comunidad; sin embargo, dicha decisión fue posteriormente cuestionada mediante una acción de defensa, lo que derivó en la restitución de sus derechos debido a la falta de fundamentación suficiente del acta de expulsión; hecho que motivó a la comunidad a cumplir nuevamente los protocolos de la jurisdicción indígena y a acumular nuevas denuncias relacionadas con el faeneo de ganado.
Añadieron que en mayo de 2024, se produjo el hallazgo de una fábrica de cocaína por parte de UMOPAR Ixiamas dentro de la comunidad, a escasa distancia del predio del comunario mencionado, evidenciándose que el acceso al lugar se realizaba por su propiedad; sin atribuir responsabilidad directa, afirmaron que el hecho generó preocupación comunitaria y que la resolución indígena dispuso solicitar la reapertura del caso para identificar a los responsables de actividades ilícitas que podrían afectar la consolidación territorial de la comunidad conforme a la normativa agraria vigente (Ley 1715 Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria y Decreto Supremo DS. 29215 de 2 de agosto de 2007).
Refirieron que, en el marco de la aplicación de la justicia indígena originaria campesina, se cumplió con los procedimientos necesarios; es decir, se emitió convocatoria anticipada y se notificó personalmente al comunario involucrado, quien habría recibido la invitación en mano propia y en su domicilio real en el área urbana de Ixiamas; asimismo, señalaron que se invitó a diversas autoridades municipales y judiciales, quienes participaron parcialmente en la asamblea, limitándose algunos a realizar recomendaciones y retirarse posteriormente.
Indicaron también que existían antecedentes de expulsiones comunitarias en gestiones anteriores y que la comunidad carecía de un estatuto formal, guiándose por usos y costumbres; manifestaron además que, previo a la asamblea programada para el 21 de noviembre de 2025, el Juez de Ixiamas habría remitido una nota indicando su imposibilidad de asistir.
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