0003/2022-O

Afirma que el incumplimiento denunciado, se hubiese suscitado, debido a que:

1. a)No se contabilizó el tiempo de mora procesal que se le atribuye a su defensa, limitándose el fallo a señalar los actos en que hubiera incurrido sin decir cuánto tiempo llevaron y si los mismos suspendieron el proceso;
2. b)Se hizo referencia a los actos desarrollados en la etapa de juicio oral; empero, no se indicó el tiempo que llevaron, citando solamente las fojas donde estos se encontraban;
3. c)El fallo ordinario efectuó una relación de las actuaciones del Tribunal a quo, que se limita a dar cuenta de las remisiones del cuaderno de control jurisdiccional, por errores procesales de las autoridades judiciales, omitiendo mencionar que la causa estuvo paralizada varios años;
4. d)Se indicó que una audiencia se hubiera suspendido, debido a que, Aníbal Gómez y su persona -ahora denunciante de queja- asistieron sin su defensa técnica; sin embargo, no se estableció el tiempo de dicha suspensión, ni que dicha inasistencia no fue el único motivo de la misma;
5. e)Pese a que el fallo reconoce que se sobrepasó el término de seis meses de la etapa preparatoria; sin embargo, de manera contradictoria, señaló que el Ministerio Público actuó de manera diligente y activa, refiriendo de forma genérica que dicha entidad hubiese efectuado devoluciones y remisiones del cuaderno de control jurisdiccional entre el Juzgado de Instrucción Penal señalado y el Tribunal de Sentencia referido, la respuesta que se debía dar a los constantes y diferentes incidentes y apelaciones formulados por los acusados, la existencia de notificaciones a través de edictos para los declarados rebeldes; y, tramitaciones de cooperación internacional; aspectos señalados sin establecer el lapso que se tomaron los "accionados" para realizar dichas tareas, y omitiendo considerar que todo procesado tiene el derecho de hacer uso de los medios de defensa; por lo que, hubo una paralización que no se ha querido identificar, como ocurrió en el Auto de Vista dejado sin efecto;
6. f)Hicieron alusión a pocos actuados de su parte, sin determinar si provocó dilación "más allá de lo permitido" (sic), y omitiendo establecer el tiempo de la misma; ello, con la finalidad de evadir declarar como procedente y probada la excepción de extinción de la acción por duración máxima del proceso, criminalizando la utilización de dicho medio de defensa e introduciendo tiempo que no corresponde al cómputo a realizar, dejando dudas sobre si hubiese sido o no declarado rebelde;
7. g)Si bien se reconoce que "prácticamente" el proceso llevaba ocho años y nueve meses; sin embargo, bajo una fundamentación arbitraria e insuficiente el fallo niega revocar la determinación del a quo y declarar admisible y procedente la apelación incidental planteada;
8. h)En el sub acápite denominado "complejidad del asunto", se indicó que: se expidieron veinticuatro mandamientos de allanamiento, se realizaron diversas ampliaciones de la investigación, se dispusieron declaratorias de rebeldía, se emitieron resoluciones de imputación y una acusación fiscal, respecto a siete procesados de los cuales dos estarían declarados rebeldes; no obstante, solo dos de los sindicados participan activamente en la etapa de juicio oral; entonces, cómo podría aducirse complejidad en el caso, tal como pretenden hacer ver las autoridades demandadas; más aún, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el Caso Suárez Rosero vs. Ecuador, estableció que la duración de cincuenta meses excede por mucho el principio de plazo razonable;
9. i)Se criminalizó su derecho a interponer excepciones, al computar el tiempo de duración de su tramitación, como parte de las dilaciones procesales, todo con la finalidad de negar arbitrariamente su derecho a ser procesado en un plazo razonable;
10. j)Contra toda lógica, se señala que se debió valorar la situación social acarreada por los paros cívicos, conflictos sociales y la existencia de la pandemia, cuando dichos extremos no tienen que ver con su caso; puesto que, la excepción aludida fue presentada el 27 de septiembre de 2019; es decir, mucho antes de tales acontecimientos;
11. k)Solo se relataron los actuados procesales sin identificar la dilación de las autoridades demandadas; y,
12. l)En cuanto al cómputo realizado por el recurrente, el mismo fue de buena fe y con lealtad procesal; ya que, tomó en cuenta el tiempo de vacaciones, feriados, sábados y domingos, cuyo término efectivo dio como resultado seis años, ocho meses y diez días; de manera que, aún en los supuestos que existiese complejidad, dilación del proceso por su persona y que las autoridades hubiesen sido negligentes, no era posible tenerlo procesado por más del doble del plazo estipulado por el art. 133 del Código de Procedimiento Penal (CPP); y, más allá del término razonable establecido por la Corte IDH.