Texto del fallo
Texto de la resolucion
AUTO CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0005/2020-O Sucre, 18 de febrero de 2020
SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Queja por sobrecumplimiento
Expediente: 19725-2017-40-AP Departamento: Cochabamba
La queja por sobrecumplimiento de la , presentada por Jorge Victoriano Campos Jimenez; y, María Antonieta, Orlando, Mario Jesús, Eduardo y Celso, todos de apellidos Campos Pinto dentro de la acción popular interpuesta por Eduardo Mérida Balderrama, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de Quillacollo del departamento de Cochabamba; y, Cristóbal Agreda Zambrana, Edilberto Quinteros Vásquez, Enrique Pinto Troncoso, Jorge Castellón Fernández, Jacinto García Montesinos, Bernardo Almaraz Rojas, Antonio Guizada Herbas, Toribio Pedro García Coca, Jorge Cadima Escobar y Eduardo Quiroga contra Juan Ricardo Soto Butrón y Paty Yola Paucara Paco, Magistrados de la Sala Primera del Tribunal Agroambiental; Eugenia Beatriz Yuque Apaza, Directora Nacional a.i. del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA); Tito Bruno Álvarez, Rossemary, José, Ernesto, Bladimir y Jorge Jonny, todos Campos Pinto y sus personas.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la queja por sobrecumplimiento
Por memorial presentado el 10 de mayo de 2019, cursante de fs. 1103 a 1111, Jorge Victoriano Campos Jimenez; y, María Antonieta, Orlando, Mario Jesús, Eduardo y Celso, todos de apellidos Campos Pinto, alegan que son miembros de una familia conformada por adultos mayores, hombres, mujeres y niños que habitan por cuatro generaciones la propiedad denominada "El Encanto". En 1991 solicitaron dotación de la tierra expidiéndose Títulos Ejecutoriales a su favor; sin embargo, mediante "Sentencia Agraria Nacional S1 002/2005" se declaró la nulidad de los Títulos Ejecutoriales 24466 y 24476 emitidos a favor de Jorge Victoriano Campos Jiménez y otros. El 2006, el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) realizó saneamiento simple de oficio, dictando la Resolución Suprema 228640 de 2 de abril de 2008, dotando a su familia de 2.3822 ha, calificándola como pequeña propiedad agrícola; impugnada esa determinación, fue emitida la "Sentencia Nacional Agroambiental S1 55/2010 de 24 de noviembre" que ordenó al INRA efectuar una evaluación técnico jurídica; fallo que fue ejecutoriado conforme el certificado de 6 de enero de 2011, extendido por el Secretario de Cámara de la Sala Primera del entonces Tribunal Agrario Nacional. En ese ínterin, desconocían que el Municipio de Quillacollo suscribió la Ordenanza Municipal (OM) 36/2008 de 3 de junio, sancionándose en consecuencia la Ley 3975 de 24 de noviembre de 2008, por el Congreso Nacional que declaró como bienes de dominio público la zona del Río Chocaya -donde se encuentra su casa y fuente de trabajo- prohibiendo además asentamientos humanos, obviando que el proceso de saneamiento inició el 2006; entonces, el INRA aplicando retroactivamente dicha norma declaró su propiedad como tierra fiscal no disponible, a través de la "Resolución Administrativa RA-SS 2118/2013", declarándose además sin competencia para cumplir la "Sentencia Nacional Agroambiental S1 55/2010", razón por la que plantearon proceso contencioso administrativo resuelto a través de la "Sentencia Agroambiental Nacional S1 45/2014 de 7 de octubre" que dio por probada su demanda y anuló el fallo impugnado; es decir, esa Sentencia ya ingresó al análisis de fondo respecto a irretroactividad de la Ley 3975. En ese orden, por "Resolución Administrativa RA-SS 1025/2015 de 1 de junio" el INRA determinó adjudicar a su favor la citada propiedad, declarando el terreno restante como tierra fiscal; no obstante, fueron sujetos a persecución desmedida por parte de la Alcaldía y de grupos de choque, la cual fue denunciada a la "Cámara de Diputados" que constató que las aguas del Río Chocaya son subterráneas y solo pasan cerca en época de lluvia. La mencionada Resolución Administrativa fue refutada por la mencionada entidad edil, obteniendo la Sentencia Agroambiental Nacional S1a 55/2016 de 20 de julio que declaró improbada la demanda, recurriéndose la misma en acción de amparo constitucional, el cual concluyó en la denegatoria de la tutela dispuesta por la ; empero, el citado ente municipal interpuso acción popular que fue tramitada irregularmente, pronunciándose la injusta "...que pese a reconocer los antecedentes de saneamiento a favor de nuestra familia, carga en nuestra contra toda la demora en la culminación de un proceso de saneamiento con una resolución final legal, además de afirmar que al momento de emitir la Sentencia Agroambiental Nacional S° 55/2016 de 20 de julio, la ley 3975 ya se encontraba vigente" (sic), aclarando que dentro del proceso aún queda pendiente la resolución de una "acción de inconstitucionalidad".
En ese orden, formulan queja por sobrecumplimiento de la que dispuso dejar sin efecto la Sentencia Agroambiental Nacional S1a 55/2016, habiéndose emitido en cumplimiento a ese fallo, la Sentencia Agroambiental Plurinacional S1a 22/2019 de 17 de abril, que ocasionó nuevas y graves vulneraciones a sus derechos y garantías constitucionales, al declarar probada la demanda contencioso administrativa; y, nula y sin efecto legal la "Resolución Administrativa RA-SS 1025/2015", sin prever la posible declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley 3975 impugnada mediante acción de inconstitucionalidad abstracta, misma que se encuentra en el Tribunal Constitucional Plurinacional bajo el número de expediente 22523-2018-46-AIA; instruyendo además que el GAM de Quillacollo y el INRA realicen acciones específicas, excediendo y abusando de las facultades conferidas al Tribunal Agroambiental e invadiendo funciones propias de esas entidades. En ese sentido, la Sentencia refutada:
- a)Establece que no corresponde al INRA ningún proceso de saneamiento en la superficie de la propiedad denominada "El Encanto" por sobreponerse al área delimitada por la Ley 3975; resolviendo un conflicto de competencias que no fue suscitado, usurpando funciones que no le competen por ley;
- b)Ordena al demandante hacer cumplir la mencionada norma -específicamente en su art. 3-, que fue demandada por su inconstitucionalidad, quedando aún pendiente su resolución;
- c)Dispone la regularización del derecho propietario con identificación de superficies reconocidas o tituladas, para poder determinar lo que la ley establece en esos casos; es decir, genera nuevas competencias concretas al GAM de Quillacollo;
- d)Manda que a partir de la notificación, no debe constituirse ningún derecho de propiedad o de uso a favor de particulares, prohibiendo de esa manera el ejercicio de un derecho constitucional; y,
- e)Solicita al prenombrado ente municipal que informe periódicamente respecto al cumplimiento de elaboración y aprobación de plan de uso de suelo y los avances de ejecución; entonces, "...SE CONSTITUYE EN UN NUEVO ¿ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE LOS GOBIERNOS MUNICIPALES?..." (sic).
Por estas razones, las autoridades demandadas, alegando proteger derechos de una colectividad, reconocen estos a favor de otros habitantes de "La Marquina" y omiten referirse a ellos como propietarios y poseedores por más de treinta años de la propiedad llamada "El Encanto", pretendiendo desconocer que el INRA es una institución estatal, cuya tarea es el saneamiento de la propiedad agraria, no pudiendo los Magistrados del Tribunal Agroambiental direccionar o modificar las atribuciones y funciones que a esa entidad le reconoce la Constitución Política del Estado y las leyes; asimismo, olvidaron que el GAM de Quillacollo es el que debe cumplir las normas, sin que sea necesario invadir su ámbito administrativo. Ese exceso en sus atribuciones tendría "nefastas" consecuencias en razón a la existencia de una acción abstracta de inconstitucionalidad contra la Ley 3975, que de declararse inconstitucional imposibilitaría el cumplimiento de la parte dispositiva de la Sentencia Agroambiental Plurinacional ahora recurrida, ya que de concretarse generaría responsabilidad frente a terceros; por ello, resulta evidente que las referidas autoridades agroambientales se arrogan funciones que no existen en la ley; amplían los alcances de la y pretenden interferir en procedimientos propios del INRA y del mencionado ente municipal, al inmiscuirse y direccionar un proceso netamente administrativo para que se omita un pronunciamiento sobre sus derechos adquiridos, cerrándoles la posibilidad de poder reclamar su propiedad, lesionando de tal forma los derechos y garantías de su familia.
I.1.2. Petitorio
Mostrando 11 de 54 parrafos.