0005/2020-S4

En audiencia de apelación de medidas cautelares celebrada el 26 del indicado mes y año, sus abogados defensores reclamaron errores consistentes en la determinación de la probabilidad de autoría y participación, así como en la concurrencia de los peligros procesales previstos en los arts. 234.1, 2 y 10; y, 235.1, 2 y 4 del Código de Procedimiento Penal (CPP); mereciendo que los Vocales de la Sala Penal Tercera del mencionado Tribunal Departamental de Justicia -ahora demandados-, mediante Auto de Vista de la señalada fecha, declaren procedente en parte su recurso, revocando únicamente el fundamento expresado por la Jueza a quo respecto al art. 235.4 del citado Código, por lo demás confirmaron el fallo impugnado, bajo los siguientes argumentos:

1. a)Respecto al art. 233.1 del CPP, señalaron pese a que la defensa del imputado ahondó en demostrar las contradicciones en las que incurrieron tanto la denunciante como la propia víctima, lo que -a su juicio- constituía un indicador de la falta de credibilidad y generaba duda razonable sobre la existencia del hecho y por ende la participación de Eugenio Quispe Melgarejo; sin embargo, conforme a la SCP 0339/2012 de 18 de junio, no se encuentran facultados para analizar los fundamentos y argumentos respecto al señalado artículo, por lo que no es posible ingresar al conocimiento y resolución de los agravios con relación al señalado punto;
2. b)En cuanto al art. 234.2 del Adjetivo Penal, referido a las facilidades para abandonar el país o permanecer oculto, al igual que el fallo de primera instancia, indicaron que al no concurrir conjuntamente los elementos arraigadores del domicilio, trabajo y familia, concurre también dicho peligro procesal;
3. c)En referencia al art. 234.10 del CPP, concordaron con el razonamiento de la Jueza a quo, concluyeron que el imputado constituye un peligro efectivo para la sociedad y que debía velar por su personalidad;
4. d)Respecto al art. 235.1 y 2 del citado Código, confirmando los argumentos expuestos por la Jueza de primera instancia, concluyeron que es "la sociedad" la que permite tal obstaculización; y,
5. e)Con relación al art. 152 de la Constitución Política del Estado (CPE) que prevé la garantía de no aplicación de la detención preventiva a miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional; también concordaron con lo expuesto por la Jueza de la causa, sosteniendo que el referido artículo no diferenciaba sobre titulares y suplentes y ante la duda mal podrían optar por favorecer al imputado; por lo que concluyen que no era aplicable dicha normativa. También refirieron que cursaba una certificación emitida por la Presidenta de la Cámara de Diputados de 2 de marzo de 2018, determinando su suspensión indefinida sin goce de haberes; por lo que, coligieron que ya no gozaría de su condición de diputado.

Concluyendo que en el Auto Interlocutorio de 3 de marzo de 2018 y el Auto de Vista de 26 del mismo mes y año, los demandados incurrieron en las siguientes irregularidades:

1. 1)En una errada interpretación de la SCP 0339/2012, omitieron pronunciarse respecto al art. 233.1 del CPP, siendo que dicho fallo constitucional establece la obligatoriedad del Tribunal de alzada de fundamentar adecuadamente sus decisiones conforme a los arts. 124 y 398 del referido Código;
2. 2)A su turno, no consideraron que el presupuesto señalado por el art. 234.2 del CPP es independiente y autónomo del numeral 2 del citado artículo, omitiendo fundamentar cuáles son los elementos objetivos que establecerían que el imputado, ahora accionante, podría abandonar el país o permanecer oculto;
3. 3)No consideraron que el riesgo previsto por el art. 234.10 del CPP, debe ser acreditado con base en hechos anteriores al proceso que se investiga, y no así con base en la ponderación de derechos realizada por el Tribunal de alzada, que contradice abiertamente lo establecido en la SCP 0583/2017 de 19 de junio, y cuya dilucidación no constituye elemento probatorio a objeto de demostrar la peligrosidad del imputado para la sociedad o que pueda infundir temor o ejercer influencia alguna;
4. 4)Optaron por señalar que se remitan a los elementos de convicción presentados, sin señalar de manera específica cómo estos demostrarían que él pueda destruir, ocultar o suprimir elementos de prueba o influenciar negativamente sobre las autoridades; pretendiendo justificar dicha omisión en la simple cita de la 0SC 03101/2011-R;
5. 5)A su turno, confunden la suspensión con la pérdida de mandato de su condición de asambleísta de la Asamblea Legislativa Plurinacional, desconociendo así lo previsto por el art. 152 de la CPE, que hace improcedente la aplicación de la detención preventiva en su contra a sola exigencia de su condición de asambleísta y no que sea necesariamente titular;
6. 6)Existe relación de causalidad entre las omisiones de las autoridades demandadas su privación de libertad, dado que dichas resoluciones al disponer su detención preventiva contravienen el canon de estándar legal y jurisprudencial respecto a los arts. 234.2 y 10; 235.1 y 2 del CPP y 152 de la CPE, cuya aplicación correcta implicaría la inaplicabilidad de dicha medida extrema; y,
7. 7)Asimismo, el Tribunal de alzada incurrió en vulneración de su derecho a la defensa al inobservar los requisitos en cada instancia procesal.

La parte accionante ratificó íntegramente la acción planteada y ampliando la misma señaló que:

1. i)Respecto a los riesgos procesales previstos por el art. 235.1 y 2 del CPP, se limitaron a señalar circunstancias que devienen del mismo proceso, como la referida a su condición de diputado nacional; y
2. ii)La Jueza a quo como los Vocales demandados, confundieron suspensión con pérdida de mandato cuyas causales se encuentran previstas en el art. 157 del CPE en relación a lo previsto por el art. 58 del Reglamento de la Cámara de Diputados que establece las características de la pérdida de mandato por lo que la suspensión no implica la pérdida de mandato manteniendo el imputado su inmunidad.

José Eddy Mejía Montano y Nelson César Pereira Antezana, Vocales de la Sala Penal Primera y Tercera respectivamente del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante informe escrito de 28 de marzo de 2018, cursante de fs. 37 a 38, manifestaron lo siguiente:

1. a)Citando los arts. 233.1 y 398 del CPP, y escuchada la parte recurrente, decidieron confirmar el Auto Interlocutorio apelado de 3 de marzo de 2018, al haber realizado la Jueza a quo una correcta valoración de todos los elementos de convicción, aspectos que fueron desarrollados en el Auto de Vista emitido;
2. b)El accionante no cumplió con ninguna de las reglas determinadas por la jurisprudencia constitucional a efecto de que la jurisdicción constitucional ingrese a revisar la interpretación de la legalidad ordinaria, limitándose a cuestionar la resolución del Tribunal de apelación, indicando que carece de motivación; sin embargo, dicha resolución no es ilegal, ni lesiva de derechos y garantías constitucionales, siendo congruente y con la debida fundamentación y motivación, que responde a todos los puntos impugnados conforme lo previsto por el art. 398 del CPP; y,
3. c)El impetrante de tutela no cumplió con los presupuestos de procedencia de la acción de libertad.

Maria Teresa Apaza Paz, Jueza de Instrucción Penal Tercera de Quillacollo del departamento de Cochabamba, mediante informe escrito presentado el 28 de marzo de 2018, cursante de fs. 34 a 35, complementado por memorial corriente a fs. 36, señaló que:

1. 1)La acción tutelar que se pretende es incongruente e insulsa, dado que por Auto Interlocutorio de 3 de marzo de 2018, ya fue resuelta la situación jurídica del accionante, por lo que no puede pretender plantear la acción con los mismos fundamentos que el recurso de apelación incidental; asimismo, la presente acción de defensa no debió haberse interpuesto contra su persona, más aun si el procesado solicitó la nulidad del Auto de Vista de 26 de marzo de 2018;
2. 2)Dispuso la detención preventiva del accionante en apego de lo establecido en el art. 54.1 del CPP, realizando un análisis exhaustivo de los elementos de convicción presentados por el Ministerio Público que demostraban la probabilidad de autoría del ahora accionante en la presunta comisión del delito de violación agravada, donde la víctima era una menor de edad que goza de protección especial por encontrarse en situación de vulnerabilidad;
3. 3)Sólo cumplió con las normas legales, priorizando el interés de la menor y aplicando mecanismos de defensa en favor de la misma, sobre todo para evitar que se ponga en riesgo a la víctima como a su familia, máxime al ser miembro de uno de los grupos más vulnerables de la sociedad, al ser una adolescente mujer que proviene de una familia desestructurada; y,
4. 4)Respecto al art. 152 de la CPE, se tiene que el mandato que señala dicho precepto es en el ejercicio de sus funciones y no para el caso de estar suspendidos sin remuneración de forma normal, como ocurre en el presente caso, por lo que no es aplicable la SCP 0710/2013 de 3 de junio, conforme lo entendió también el Tribunal ad quem; por lo manifestado no existe lesión alguna a los derechos y garantías del impetrante de tutela, por lo que solicita se deniegue la tutela. I.2.3. Intervención del Ministerio Público

Varinia Gonzáles Alcocer, Fiscal de Materia, en audiencia manifestó lo siguiente:

1. i)La Jueza a quo previo análisis y de manera motivada dispuso la detención preventiva del impetrante de tutela, lo que obedeció la probabilidad de participación en los hechos que se le acusa; asimismo, los Vocales demandados de acuerdo a lo establecido en el art. 398 del CPP, se circunscribieron a las agravios realizados por el apelante;
2. ii)Referente al art. 152 de la CPE, el imputado -ahora accionante-, fue suspendido de su cargo de diputado, conforme fue acreditado por una certificación emitida por la Cámara de Diputados señalando tal efecto; lo que demuestra que las autoridades demandadas actuaron de manera motivada; y,
3. iii)En relación al art. 234.10 del Adjetivo Penal y otros numerales, se consideró la condición de autoridad del imputado, de su hermano que es dirigente y otros elementos fueron valorados por la Jueza de la causa; asimismo, respecto al art. 235.1 y 2, se consideró que al estar el proceso en etapa preparatoria de juicio oral, estaban vigentes los presupuestos procesales de obstaculización, más aun tomándose en cuenta que se trataba de una menor de edad; por lo que solicita se deniegue la tutela impetrada.

Juan Carlos Montaño, abogado de la víctima, en calidad de tercero interviniente en audiencia manifestó lo siguiente:

1. i)Los argumentos esgrimidos en la presente acción tutelar van dirigidos a una acción de amparo constitucional;
2. ii)Las resoluciones emitidas por las autoridades demandadas estaban debidamente fundamentadas y motivadas;
3. iii)Las sentencias constitucionales mencionadas por el accionante tienen origen en acciones de amparo constitucional que no guardan relación con la problemática; y,
4. iv)Es contradictorio que habiendo sido interpuesta la presente acción contra la Jueza a quo, únicamente se hubiera solicitado la nulidad del Auto de Vista aludido y no se hayan referido al fallo emitido por dicha autoridad, lo que demuestra incoherencia jurídica, más aún cuando existe una víctima menor de edad y que respecto al art. 152 de la CPE, la parte accionante señala que le otorga inmunidad para no estar detenido preventivamente por su condición de asambleísta; por lo que solicita se deniegue la tutela impetrada.

La Jueza de Sentencia Penal Segunda de Quillacollo del departamento de Cochabamba, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución de 28 de marzo de 2018, cursante de fs. 63 a 67, denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos:

1. a)Del Auto Interlocutorio pronunciado por la Jueza codemandada se advierte que dicha autoridad resolvió la situación jurídica del imputado en base a los elementos de convicción presentados por la acusación pública, disponiendo su detención preventiva al concluir que concurrían los arts. 233.1 y 2, 234 y 235 del CPP; Resolución que fue recurrida ante el Tribunal de apelación, pronunciando los Vocales demandados el Auto de Vista de 26 de marzo de 2018, por el cual revocaron en parte la Resolución impugnada, ante la inexistencia del peligro de obstaculización previsto en el art. 235.4 del citado Código, confirmando por lo demás el Auto apelado;
2. b)Los Vocales demandados consideraron que se encontraban impedidos de pronunciarse en relación a al art. 233.1 del CPP, conforme a lo establecido en la jurisprudencia constitucional; en ese contexto de lo señalado en la SCP 0699/2013-L de 19 de julio, que modula el entendimiento de la SC 185/2004 de 9 de febrero, se concluye que dicha actuación se enmarca en el acatamiento de una ordenación de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio; y,
3. c)Se encuentran impedidos de valorar la prueba aportada por la defensa del imputado hoy accionante dentro de las medidas cautelares que le fueron impuestas; sin embargo, advierten que las resoluciones pronunciadas por las autoridades demandadas no se apartaron de los marcos de razonabilidad y "moderación", respecto de los arts. 233.2, 234 y 235 del Adjetivo Penal, sin que aprecien en la fase examinada, lesión alguna de derechos y garantías del imputado, hoy accionante, cuya detención preventiva responde a una disposición de autoridad competente, encontrándose además asistido de su defensa técnica para hacer uso de su legítima defensa, por lo que se deniega la tutela impetrada por el ahora accionante.