Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0006/2020-S1 Sucre, 6 de marzo de 2020
SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad
Expediente: 30516-2019-62-AL Departamento: La Paz
En revisión la Resolución 03/2019 de 19 de agosto, cursante de fs. 69 a 72 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Miltón Jesús Andrade Montesinos en representación sin mandato de Brandon Junior Mariscal Choque contra Cesar Wenceslao Portocarrero Cuevas y Silvia Maritza Portugal Espinoza, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia y Alan Mauricio Zarate Hinojosa, Juez de Instrucción, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero de la Capital, todos del departamento de La Paz.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Mediante memorial presentado el 17 de agosto de 2019, cursante de fs. 49 a 57, el accionante a través de su representante sin mandato, expuso los siguientes argumentos de hecho y derecho:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, se determinó su detención preventiva, por la concurrencia de los riesgos procesales previstos en los arts. 234.10 y 235.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP); asimismo, se dispuso medidas de protección a favor de la víctima, consistentes en terapia psicológica en el Centro de Promoción y Salud Integral (CEPROSI), prohibición de molestar o acercarse a la víctima, de intimidación, amenazas o coacción en su contra.
Posteriormente, solicitó la cesación de su detención preventiva, ya que cumplió las medidas de protección dispuestas, adjuntando tarjeta de evaluación de CEPROSI e informe de la funcionaria de esta entidad, así como garantías unipersonales en favor de la víctima y sus familiares, en cumplimiento a las medidas de protección dispuestas; la cual fue, resuelta a través de Resolución 218/2019 de 24 de abril, que rechazó la cesación de la detención preventiva, por persistir únicamente el riesgo procesal contemplado en el art. 234.10 del CPP, sin una debida motivación, basada en que el tratamiento en CEPROSI aun no se completó, sin considerar que el informe aludido demuestra que más que peligro a la víctima, existe una demostración de arrepentimiento y deseo de restablecer la unión familiar, situación que no es un peligro para la víctima; así, como la jurisprudencia constitucional desarrollada en la SCP "395/2018", que prohibe la otorgación de garantías a la víctima, porque implica su revictimización al enfrentarla con su agresor, que no se aplica a su caso, porque no hubo audiencia para este fin, sino que la misma fue ordenada como medida de protección.
Finalmente, la Resolución 205/2019 de 29 de mayo, pronunciada por los Vocales demandados, no menciona el riesgo de obstaculización del art. 235.2 del CPP, lo que implica que se dio por desvirtuado, ya que no está mencionado en las causales de negativa a la cesación de su detención preventiva, reiterando lo dispuesto por el Juez a quo, sin aplicar los art. 7, 221, 222 del CPP, así como los fines de las medidas cautelares, las características y principios que la rodean.
I.1.2. Derechos y principios supuestamente vulnerados
Denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos de motivación y fundamentación, a la libertad, a una justicia pronta, transparente y sin dilaciones y los principios de seguridad jurídica, imparcialidad, legalidad, verdad material; citando, al efecto los arts. 22, 23, 115, 178 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).
I.1.3. Petitorio
Solicita se conceda la tutela y se disponga que las autoridades recurridas principalmente los Vocales demandados, dicten una nueva resolución, revocando el fallo del Juez demandado, concediendo la cesación a la detención preventiva.
I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías
Celebrada la audiencia pública el 19 de agosto de 2019, según consta en el acta cursante de fs. 66 a 68 vta., se produjeron los siguientes actuados:
I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción
El peticionante de tutela, por intermedio de su defensa ratificó íntegramente el contenido de su memorial de acción de libertad y ampliando los términos de su demanda, en audiencia señaló que:
- a)El tratamiento de CEPROSI está dando más que efectos necesarios en su rehabilitación; sin embargo, el Juez a quo, indica que no es suficiente porque todavía no se terminó el mismo y esperar ese tratamiento, es como esperar una Sentencia;
- b)Las garantías unilaterales, fueron otorgadas en mérito a un requerimiento fiscal, de no acercarse, no comunicarse, tampoco molestar, intimidar a la víctima, no molestar a los testigos, a las que se da cumplimiento; sin embargo, pese a ello, se niega la solicitud;
- c)Si bien se invocó el art. 235.2 del CPP, la resolución que nos niega la cesación se funda únicamente en la concurrencia del art. 234.10, lo que significa implícitamente; de que, no lo considera una causal de mantener la detención preventiva; por lo que, se encuentra detenido preventivamente por un solo riesgo procesal, sin fundamentar de qué manera obstaculizaría el desarrollo del proceso, además de los principios que rigen a las medidas cautelares; y,
- d)Los Vocales demandados deberían responder los hechos apelables, hacer una valoración sobre los fundamentos de la resolución.
Finalmente, en atención a la consulta del Juez de garantías, manifestó que las medidas fueron dispuestas por el representante del Ministerio Público, quien no conoce si este puso a conocimiento o solicitó al Juez a quo, la homologación de las medidas de protección.
I.2.2. Informe de las autoridades demandadas
Cesar Wenceslao Portocarrero Cuevas, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante informe de 19 de agosto de 2019, cursante de fs. 64 a 65 vta., señaló que:
- 1)El accionante planteó incorrectamente su pretensión, su petitorio no es congruente con el fundamento de hecho y derecho;
- 2)La afirmación de que al haber dado garantías unilaterales a la víctima, se hubiera enervado el art. 234.10 del CPP, es contraria "a los preceptos contenidos en la ratio decidendi" de la , puesto que la mujer tiene una protección especial por parte del Estado, lo que incide a tiempo de valorar la concurrencia de riesgos procesales; razón por la que, sus derechos deben ser ponderados por sobre los derechos del imputado; así, como pretender dar una aplicación gramatical distinta de dicha sentencia constitucional al afirmar que las garantías unilaterales no serían revictimizadoras, es atentar con la ratio decidendi de dicho fallo;
- 3)Si bien no se emitió criterio o fundamentación alguna sobre la concurrencia del riesgo procesal previsto en el art. 235.2 del CPP; sin embargo, ello no se constituye en una omisión o incongruencia del Auto de Vista, ya que este Tribunal se encuentra vinculado a pronunciarse sobre los agravios del apelante, quien no cuestionó en su recurso de apelación este aspecto, sino que expresó como únicó agravio lo relativo al peligro de fuga contenido en el art. 234.10 del CPP; y,
- 4)No suscribe la Vocal codemandada, por encontrarse declarada en comisión hasta el 26 de agosto de 2019.
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