0007/2020-CA

Texto de la resolucion

AUTO CONSTITUCIONAL 0007/2020-CA Sucre, 10 de enero de 2020

Expediente: 32472-2019-65-AIC Acción de inconstitucionalidad concreta Departamento: Chuquisaca

En consulta la Resolución de 20 de febrero de 2019, cursante de fs. 136 a 138 vta., pronunciada por la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, por la que rechazó la solicitud de promover la acción de inconstitucionalidad concreta interpuesta por la Administradora de Fondo de Pensiones (AFP) "BBVA Previsión" S.A. representado legalmente por Juan Gerardo Arce Lema, Francisco Javier Rakela Kordez, Eduardo Jaime Urriolagoitia Rodo y Marco Antonio Dávalos Parada, demandando la inconstitucionalidad de la frase "...y con el cuidado exigible a un buen padre de familia" contenida en el art. 149 inc. v) de la Ley de Pensiones (LP) -Ley 065 de 10 de diciembre de 2010- por ser presuntamente contraria a los arts. 1, 8, 9.1 y 4, 98, 109.II, 115, 116, 117.I, 119, 178.I, 232 y 308.II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN

I.1. Síntesis de la solicitud de parte

Por memorial presentado el 10 de octubre de 2018, cursante de fs. 1 a 28 vta., los representantes legales de la entidad accionante señalan que, el cuidado exigible a un buen padre de familia fue creado por el Derecho Romano, en una forma de Estado imperialista, época en la que existieron abusos de las autoridades, todo lo contrario al actual modelo de Estado Constitucional de Derecho, donde los derechos fundamentales se encuentran descritos en la Norma Suprema, es así que la frase cuestionada, contenida en el art. 149 inc. v) de la LP, establece una función u obligación indeterminada y falta de certeza, careciendo de especificidad, pues el administrado queda a merced de la subjetividad de la autoridad administrativa, a su libre albedrio para valorar y tipificar aquellas conductas que a su entender, no se adecuan a dicha locución, generando en el regulado un estado de indefensión ante la arbitrariedad de la autoridad, quien amparada en esa figura jurídica incurre en excesos.

La normativa acusada de inconstitucional, carece de taxatividad, pues no especifica el proceder que debiera tener el individuo para que su comportamiento esté enmarcado en ese modelo de conducta; es decir, qué actuación infringiría aquella expresión refutada; dado que, el citado principio, exige que las conductas tipificadas como faltas o funciones de cumplimiento obligatorio, sean descritas de manera que generen certeza, sin necesidad de interpretación alguna sobre el acto, así como la sanción a imponerse, pues la existencia de un precepto de cumplimiento obligatorio o sancionatorio sin la suficiente claridad, contraviene el aludido principio y el de legalidad; además, únicamente puede aplicarse una sanción administrativa cuando la norma infringida esté específicamente establecida, sobre todo tratándose de una materia sancionatoria, ya que esto implica la garantía material, que avala la previsibilidad de las conductas, funciones que fueren sancionables y la certeza jurídica sobre las penas establecidas, pues la valoración y tipificación de un comportamiento no puede ni debe estar sujeta al libre criterio de una autoridad administrativa.

Añade que, la frase denunciada, no es clara ni tiene certidumbre; es decir, no existe norma positiva o marco legal en el sistema jurídico del Estado Plurinacional de Bolivia que defina qué proceder debe considerarse exigible a un buen padre de familia, siendo una locución que resulta genérica, abstracta, incompleta, parcial, insuficiente y sin detalle alguno sobre la conducta específica punible, situación que no se ajusta a los principios de legalidad, tipicidad y taxatividad previstos en los arts. 109.II y 116 de la Norma Suprema; tampoco, precisa el concepto y alcance, no solo jurídico sino también semántico, pues la imposición de una sanción administrativa, debe estar expresa, cierta, típica y objetivamente determinada en una ley, lo cual vulnera el debido proceso, pues permite que la autoridad administrativa emita su decisión con plena discrecionalidad y calificando de manera autónoma y subjetiva cuáles serían los actos que infringen la cuestionada frase, lo cual es contrario al derecho a la defensa y al principio de seguridad jurídica establecidos por los arts. 115.II, 117.I, 119 y 178 de la CPE.

Arguye que, la idea de un buen padre de familia, depende del tiempo y espacio en donde se realice el juicio de valor; es decir, la persona investida de autoridad que efectué la valoración de la conducta, está sujeto al constante cambio de los valores en una determinada sociedad considerando la progresión de los mismos, de ahí el sujeto obligado a cumplir dicho modelo de conducta queda en un estado de incertidumbre e indefensión, pues no existe norma alguna que reglamente ese marco valorativo que pueda tomarse en cuenta para la apreciación de la frase que ahora se impugna. Es más, en relación a la tramitación y sustanciación de los procesos coactivos, esa locución puede estar sujeta a la interpretación que efectué la autoridad de turno, pues hace diez años que la BBVA Previsión AFP S.A., mantiene dicha conducta en los procesos coactivos y penales a su cargo y casi nunca fue considerada como una infracción.

Sostiene que la norma cuestionada, permite que la autoridad administrativa tipifique aquella conducta según su parecer, dando lugar a la aplicación de una sanción en base a una mera interpretación y valoración subjetiva, que deja al administrado en estado de indefensión, pues de qué manera podría defenderse quien deba cumplir la obligación de comportarse como un buen padre de familia y cómo podría hacer efectivo su derecho a la defensa respecto de la sanción, si la frase cuestionada, es genérica, abstracta, abierta y carece de taxatividad.

Las normas legales al ser de cumplimiento obligatorio, deben dar certeza al individuo, siendo claras, precisas y no dar lugar a interpretaciones subjetivas, no solo para que se las cumpla a cabalidad, sino para delimitar el poder punitivo, pues el nuevo modelo de Estado de derecho, determina que cualquier sanción debe fundarse en una ley anterior al hecho punible (art. 116.II de la CPE), que toda persona tiene derecho a asumir su defensa conforme determina el art. 119.II de la Norma Suprema, en un ámbito de seguridad jurídica, por todo ello, la frase "...y con el cuidado exigible a un buen padre de familia", debe ser expulsada del ordenamiento jurídico, al haber sido producto de un modelo de Estado imperialista para sobreponer la dominación de una cultura sobre otra, pues solo así se podrá cumplir con el mandato de construcción conjunta del nuevo Estado.