0007/2020-S1

La parte accionante ratificó su demanda tutelar y complementando los términos de su acción, manifestó que:

1. a)Condujeron al demandante a oficinas de la Policía Nacional, a la que se apersonó la representante de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, quien ordenó al funcionario policial que este se quede "arrestado", consecutivamente lo trasladan al Ministerio Público, quien efectúa un reconocimiento de persona, basado en las normas del Código de Procedimiento Penal;
2. b)El Fiscal de Materia, emitió un requerimiento de aprehensión de 20 de agosto de 2019; no obstante, de acuerdo a lo establecido en el art. 287 inc. d) del CNNA, solo podía ser aprehendido ante su inasistencia; es decir, que tratándose de menores de edad, no es directa la remisión de requerimiento de aprehensión, debió citarlo a través de sus padres y recién en caso de inasistencia injustificada, emitiendo el requerimiento fundamentado de aprehensión; sin embargo, en todo el cuaderno procesal no existió citación al menor ni a su padre;
3. c)En el presente caso, el 20 de agosto de igual año, el Fiscal de Materia, comunicó el inicio de investigación y el mismo día emitió requerimiento de aprehensión;
4. d)Los presupuestos para una aprehensión directa por parte de la autoridad fiscal en el Código Niña, Niña, Adolescente, son inasistencia, previa citación, que concurran los presupuestos de indicios de autoría y que la penalidad sea superior a los tres años y los riesgos procesales, siendo que todos estos requisitos deben concurrir simultáneamente, si falta uno no existe la posibilidad de aplicar el art. 287 del inc. d) del CNNA; e) En el cuaderno de investigaciones no se encuentra un documento que demuestre que se "objetivizó" el cumplimiento de una orden de aprehensión ilegal emitida por el Fiscal de Materia Erick Bruno Herrera Herrera, por lo que desconoce el fundamento de su aprehensión o privación de libertad en compañía de un funcionario policial; f) Con relación a la Representante de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, este anómalo procedimiento a un adolescente, surge en función a una orden verbal ilegal con privación de libertad emanado por esta servidora pública, sin que el Código Niña, Niño y Adolescente ni el Código de Procedimiento Penal le otorguen estas facultades; y, g) Del cuaderno de investigaciones, se evidencia que el funcionario policial demandado, informó al Fiscal de Materia a horas 18:55 del 20 de agosto de 2019, que no existía aprehendido; sin embargo, el accionante se encontraba privado de libertad en dependencias de la policía de Challapata desde horas 11:00, sin siquiera dar cumplimiento a una orden de aprehensión.

Lisseth Achá Chungara, Representante de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, en audiencia señaló que:

1. 1)No se habría aprehendido en ese momento al menor, sino qué este se encontraba en calidad de arrestado, a fin de verificar si evidentemente hubiera indicios del hecho de violación de una menor de edad, suscitado el 19 de agosto de 2019; es decir, para fines investigativos, únicamente en dependencias de la FELCV, sin ingresar a celdas, solicitando inclusive un custodio para que el menor vaya a descansar en la casa de acogida; y,
2. 2)Tuvo conocimiento de que los padres del menor se encontraban junto a él; por lo que, se lo interrogó y posteriormente al existir elementos de juicio, el Fiscal de Materia fundamentó su orden de aprehensión.

El Juez Técnico del Tribunal de Sentencia Primero, Juez de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Segundo de Challapata del departamento de Oruro, constituido en Juez de garantías, pronunció la Resolución 02/2019 de 22 de agosto, cursante de fs. 97 a 99 vta.; por la que, denegó la tutela solicitada. Determinación asumida con base en los siguientes fundamentos:

1. i)Existe un comunicado de inicio de investigación dirigido a la autoridad jurisdiccional por parte del Ministerio Público, conforme consta del cargo de recibido por parte del Oficial de Diligencias de dicho Juzgado, el 20 de agosto de 2019 a horas 19:15; de igual manera, hay un requerimiento fiscal dirigido al investigador del caso, indicando los actos que debió realizar dicho funcionario e informe de conocimiento del mismo día y año, emitido por el funcionario policial Simar Lupa Tribeño, investigador de la FELCV, dirigido a su vez al Fiscal de Materia, que señaló que el denunciante conjuntamente con sus familiares, condujeron a las oficinas de la FELCV, a cuatro personas de sexo masculino; entre ellos, AAA de 16 años de edad, de quienes se presumía su participación y encubrimiento en el hecho, acto realizado en presencia de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Challapata, así se evidencia del acta de denuncia ante la FELCV;
2. ii)Se tiene el certificado médico forense que se realizó a la víctima de violación BBB, que concluye que la menor presenta desgarros y desfloración recientes; así como, certificado psicológico de 20 de agosto de 2019; con base a dichos elementos se evidencia requerimiento fundamentado de aprehensión de 20 del referido mes y año, que detalla la relación de los hechos y el informe psicológico; que tiene como resultado el mandamiento de aprehensión emitido por la autoridad fiscal, refiriendo que lo libra al amparo del art. 287 inc. d) del CNNA; señalando: "...aprehensión por requerimiento fiscal ante la inasistencia, cuando existan suficientes elementos e indicios de que es autor o participe de un delito sancionado con la pena privativa de libertad, cuyo mínimo legal sea igual o superior a los tres años o de que pueda ocultarse, fugarse o ausentarse u obstaculizar la averiguación de la verdad" (sic); por lo que dicho actuado de alguna forma estaría condicionado a lo que establece el Código Niña, Niño y Adolescente; resguardando los derechos del infractor;
3. iii)La Defensora de la Niñez y Adolescencia, señaló en audiencia que el 20 de agosto de 2019, condujeron al menor AAA, en presencia activa por parte del padre de la víctima, a las oficinas de la FELCV de Challapata, aspecto que se puso a conocimiento del Ministerio Público, solicitando que se emita mandamiento de aprehensión debidamente fundamentado; y,
4. iv)El 20 del mencionado mes y año, el accionante estuvo en calidad de arrestado en dependencias de la FELCV, conjuntamente con la familia de la víctima y la Representante de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, así lo evidencia el informe de conocimiento, elaborado por el funcionario policial demandado.

La parte accionante denuncia que los servidores públicos demandados, le privaron indebida e ilegalmente de su libertad; toda vez que:

1. a)Fue aprehendido en cumplimiento de una orden verbal efectuada por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, funcionaria que no cuenta con la facultad para emitir mandamientos de aprehensión; y, aún en el caso de existir mandamiento de aprehensión, éste no cumple con los presupuestos establecidos por el art. 287.I inc. d) del CNNA, que concurren de manera simultánea; toda vez que, no fue citado previamente; y,
2. b)El proceso penal iniciado en su contra se lo desarrollo en observancia a las prescripciones normativas del Código de Procedimiento Penal, pese a tener conocimiento de que por su condición de menor de edad correspondía la aplicación de lo dispuesto en el Código Niña, Niño y Adolescente, por lo que, solicita se disponga su libertad.

En consecuencia, corresponde en revisión verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se analizarán los siguientes temas:

1. 1)La protección directa a través de la acción de libertad en el caso de adolescentes responsables penalmente;
2. 2)Los estándares normativos de protección y jurisprudencia generada sobre los derechos de las niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual; 2.i) Sobre el derecho de acceso a la justicia de la víctima de hecho de violencia en razón de género y el estándar de la debida diligencia;
3. 3)Sobre la facultad de arresto de la Policía Boliviana ante la denuncia de casos de violencia;
4. 4)Condiciones de validez de la aprehensión fiscal: Especial mención a adolescentes en conflicto con la ley; 4.a) Las condiciones materiales y formales para la validez de la aprehensión de adolescentes;
5. 5)El rol de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia en la protección de derechos y garantías constitucionales del adolescente en el proceso penal; y,
6. 6)Análisis del caso concreto.