0007/2022-S4

El abogado de la solicitante de tutela, haciendo uso de la palabra manifestó lo siguiente:

1. a)De conformidad a lo establecido por la jurisprudencia constitucional, en el caso de grupos vulnerables y atención prioritaria, se habilita la acción de libertad respecto a menores de edad para la preservación de su integridad física, psicológica y emocional, debiendo abstraerse en la tramitación de estas causas, la exigencia de todo tipo de formalidad, así como la aplicación de los principios de subsidiariedad e inmediatez; extremos que otorgan el mérito suficiente a la presente demanda;
2. b)Como resultado de una anterior acción tutelar, el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero del departamento de La Paz, mediante Resolución 188/2021 de 19 de abril, dispuso que una menor de edad sea restituida al inmueble ubicado en el Edifico Señor de Mayo de la calle Figueroa, ordenando a dicho efecto a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia -ahora demandada- verificar las condiciones de habitabilidad para la menor en dicho inmueble; toda vez que, como expresó la hoy accionante, no era posible que una menor de edad fuera restituida a dicho lugar; pues, en todos los ambientes de este domicilio, del primer al último piso, se dedicaban a la actividad sexual, resultando en consecuencia un despropósito disponer el traslado de una menor a ese edificio para que viva en él; máxime, tratándose de una niña de ocho (8) años de edad;
3. c)Bajo tales circunstancias, se determinó que la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, se apersone al lugar, verifique y establezca si se trata de un edificio en el que se brindan servicios sexuales y si existen condiciones de habitabilidad en el mismo para una menor de edad; determinación que fue posteriormente ratificada mediante decretos 8 de junio y 9 de julio de 2021, respectivamente;
4. d)La hoy impetrante de tutela fue quien en la anterior acción de libertad, de forma proactiva promovió la realización de la inspección, es así que el 6 de septiembre del mismo año, acudió a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, solicitando el cumplimiento de orden emanada del Juez de garantías y por ende la ejecución de la inspección; no obstante, hasta la fecha de interposición de esta acción de defensa, dicho acto no se ha ejecutado;
5. e)La omisión antes referida, arriesga severamente la integridad de la menor, ya que independientemente de que las personas que trabajan en dicho inmueble se dedican a la actividad sexual y saben que no puede trasladarse a una menor a vivir ahí; dado que, podría afectarse su estabilidad psicológica, así como correr riesgo de sufrir agresiones sexuales y ser sometida a condiciones de alta agresión psicológica ante la posibilidad de presenciar actos sexuales, también puede ser objeto de intimidación al desconocerse la calidad de personas que frecuentan el lugar;
6. f)No obstante, todas estas posibilidades que incidirían directamente en la menor, la inspección encomendada a la parte hoy demandada, no ha sido ejecutada, bajo el argumento de que no se ha practicado diligencia de notificación con la determinación del Juez de garantías, como si dichas actuaciones constituyeran una formalidad y no un fin; máxime si existe el riesgo inminente para la menor de ser trasladada a vivir en el inmueble señalado; situación que de materializarse en las condiciones descritas, será de entera responsabilidad de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia; y,
7. g)A efectos de acreditar todas las circunstancias descritas, se adjunta el informe emitido por el Oficial de Policía, José Luis Mamani Bautista, documento que acredita que el 21 de abril de 2017, se apersonó al lugar, constatando que del segundo al sexto piso del edificio, los ambientes funcionan con trabajadoras sexuales; elemento en mérito al cual, la autoridad constitucional de garantías, dispuso que la citada Defensoría elabore un informe inmediato; orden que claramente fue incumplida, potenciando el riesgo al que se expone a la menor, respecto a la cual se desconoce si ya fue traslada y si fue objeto de vejación sexual o daño psicológico. Bajo tales argumentos, solicitó se conceda la tutela impetrada y se ordene a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, realizar la inspección a la brevedad posible. Ante la consulta a la parte accionante si acudió en queja ante la autoridad de garantías constitucionales, denunciando el no cumplimiento de la decisión, el abogado manifestó que la contraparte fue la que presentó la queja, y que a raíz de dos memoriales presentados, se emitieron las resoluciones de 8 de junio y 9 de julio de 2021, atendiendo favorablemente lo impetrado, sobrecartándose además que la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, debe realizar la inspección antes de que la menor retorne al domicilio, no habiéndose emitido oficios judiciales, debido a que la Jueza de garantías que conoció la causa ya no se encuentra a cargo del Juzgado; no obstante, todos los sujetos procesales fueron notificados con la resolución a través de la cual la jueza de garantías ordenó ejecutar el acto de inspección a la referida Defensoría que; en todo caso, pudo acudir a estrados judiciales a verificar la existencia del proceso y la orden cuyo cumplimiento hoy se reclama.

Harry César Suaznabar Díaz, Director de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (Centro), del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, no se hizo presente en audiencia y tampoco remitió informe escrito; sin embargo, el jurista Luis Lequipe, en su condición de abogado del demandado, haciendo uso de la palabra, manifestó que:

1. 1)La Defensoría de la Niñez y Adolescencia, recibió una nota de una usuaria, solicitando la verificación de un domicilio a efectos de cumplir con actividades ordenadas por el Órgano Judicial; a dicho efecto, se adjuntaron fotocopias simples de resoluciones emitidas por alguna autoridad; no obstante, no existe certeza de que dichas copias fotostáticas sean reales;
2. 2)La nota de mención fue remitida a la Jefatura de Unidad para su atención, instancia que a su vez la envió a la citada Defensoría (Centro) del departamento de La Paz, que emitió un informe señalando que la referida Defensoría precisaba de un oficio para cumplir lo que la autoridad jurisdiccional había ordenado;
3. 3)La impetrante de tutela pretende que con una nota y sin orden judicial alguna, se ingrese y allane el lugar; siendo que, de tratarse de un lenocinio, se precisaría de la fuerza pública, lo que naturalmente implica que la Policía solicitaría también un oficio de autoridad competente para ejecutar tales actuaciones;
4. 4)Si bien siempre habrá de velarse por el interés superior del menor, la presente causa carece de mérito, debido a que no existe riesgo para la vida o libertad de una persona, resultando imprescindible contar con el oficio correspondiente a efectos de realizar el actuado pretendido por la accionante; y,
5. 5)Con posterioridad a la presentación de la nota a la que hace referencia la solicitante de tutela, ésta no se apersonó a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia para realizar el actuado o recibir una respuesta.

El Tribunal de Sentencia Penal Quinto del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 21/2021 de 17 de septiembre, cursante de fs. 31 a 33, denegó la tutela impetrada, en mérito a los siguientes fundamentos:

1. i)Mediante la Resolución 188/2021 de 19 de abril, el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero del citado departamento, constituido en Juzgado de garantías en una primera acción de libertad, dispuso la restitución del inmueble del entonces accionante y de las niñas y adolescentes al mismo, determinó además que, al no existir certeza sobre la seguridad emocional de las menores en el indicado ambiente; dado que, en aquel existirían personas dedicadas al servicio sexual, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, debía constituirse en el edificio Señor de Mayo, a objeto de verificar la habitabilidad del mismo y si el ambiente se constituía en suficientemente sano para el desarrollo de las menores;
2. ii)Ante el incumplimiento por la entonces demandada -hoy accionante- de lo determinado, se presentaron reclamaciones ante la Jueza de garantías, emitiéndose los Autos de 8 de junio y 9 de julio de 2021, en los que se hace referencia al cumplimiento de las decisiones asumidas por la autoridad constitucional;
3. iii)Por mandato del art. 40 del Código Procesal Constitucional (CPCo), las resoluciones emanadas de esta jurisdicción son de ejecución y cumplimiento inmediato y corre a cargo de la autoridad que las emitió velar por su acatamiento;
4. iv)Si bien el 6 de septiembre de 2021, la hoy solicitante de tutela presentó una nota ante la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, haciendo conocer la determinación asumida por la Jueza de garantías así como los Autos de 8 de junio y 9 de julio de 2021, no menos evidentes es que, conforme advierte la entidad ahora demandada, la pretensión de la usuaria (accionante) no puede ser atendida, y si bien se tiene conocimiento de las decisiones asumidas por la autoridad constitucional, debe existir una orden expresa emanada de aquella a efectos de que se pueda acceder al inmueble y efectuar la inspección, no resultando viable realizar la verificación sin una orden directa debido a que ello podría constituirse en algún ilícito; es decir, tanto la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, como la Policía, precisan de una orden que emane directamente de la autoridad que dispone la inspección;
5. v)Si bien la autoridad de garantías constitucionales dispuso la verificación del domicilio donde habitarán las menores, debió hacer conocer dicha decisión a la entidad a la cual ordenó cumplir las disposiciones establecidas en el fallo constitucional; y,
6. vi)Si bien la Jueza que conoció la anterior demanda tutelar ya no desempeña aquellas funciones, ello no constituye óbice para el cumplimiento de formalismos exigibles destinados al ingreso al edificio Señor de Mayo; consecuentemente, la impetrante de tutela deberá acudir ante el Juzgado que dictó la Resolución 188/2021, en resolución de la anterior acción de libertad y solicitar el cumplimiento de lo dispuesto en dicha determinación.