0009/2021-S1

1. a)En audiencia de consideración a la detención preventiva, el Tribunal de Sentencia Penal Decimosegundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, mediante Auto Interlocutorio 8/2020, dispuso mantener su detención preventiva por la concurrencia de un solo riesgo procesal, el contenido en el art. 235.2 del CPP, por dos aspectos:
2. a.1)Que el peligro de obstaculización versa sobre la víctima; y,
3. a.2)Que existen otros actos de obstaculización, los cuales no fueron debidamente fundamentados; sin embargo, los Vocales demandados, en la audiencia de apelación, afirmaron lo contrario, alegando que la víctima, en su momento, era menor de edad, por lo que goza de protección especial por parte de los órganos del Estado Boliviano, ante lo cual solicitó enmienda y complementación, toda vez que el cuidado y protección de la víctima "ya fue direccionado" única y exclusivamente para el fundamento de lo establecido en el art. 234.10 -ahora art. 234.7, conforme lo establece en la "SCP 398/2018⁴", por lo que esta situación debe ser considerada a momento de aplicación del riesgo procesal de fuga, establecida en el art. 234.10 (ahora 7), sobre el que ya se pronunciaron en el Auto de 5 de agosto de 2019, cuando refirió que el imputado al estar detenido no tiene facultad, ni capacidad, para realizar actos de obstaculización, resolución que resulta incongruente;
4. b)El tribunal de alzada fundó su resolución en la situación de vulnerabilidad de la víctima y que la misma podría ser influenciada e incluso "sobornada" para no asistir a juicio, es decir, no se basaron elementos objetivos, sino en conjeturas, suposiciones, que se encuentran prohibidas en la norma, por lo que la resolución carece de fundamentación; y,
5. c)No existió pronunciamiento claro, respecto al vencimiento del plazo de noventa días a partir de la conminatoria contenida en la disposición transitoria decimosegunda de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, ya que se limitaron a confirmar el fallo del inferior señalando que faltaba la notificación a la víctima; empero no se pronunciaron respecto al plazo vencido y la responsabilidad del juzgado sobre el impulso de oficio, ni sobre cómo debe computarse el plazo de noventa días.

Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia;

1. 1)Se deje sin efecto el Auto de Vista 93 de 26 de junio de 2020;
2. 2)Se disponga que la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emita nuevo Auto de Vista de manera motivada y fundamentada, pronunciándose sobre todos los agravios expuestos; y,
3. 3)Se aplique el principio de proporcionalidad.

Gladys Alba Franco Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, presentó informe escrito cursante a fs.16 y vta., indicando que:

1. i)El solicitante de tutela alegó que el Auto de Vista 93 de 26 de junio de 2020 carecía de fundamentación, pues la situación de vulnerabilidad de la víctima solo puede ser tomada en cuenta para el art. 234.7 del CPP, no para el riesgo procesal de obstaculización, respecto a este punto señaló que si bien es cierto que la "SCP 398/2018⁴" citada y trascrita por el impetrante de tutela, establece que "En los casos de violencia contra las mujeres, para evaluar el peligro de fuga contenido en el art. 234.10 del CPP deberá considerarse la situación de vulnerabilidad o de desventaja en la que se encuentren la víctima o denunciante respecto al imputado" (sic), sin embargo no señaló que el peticionante de tutela constituía un peligro hacia la víctima, sino que esta, por su condición de mujer menor de edad, fácilmente será influenciada por el solicitante de tutela para que en juicio oral se comporte de manera diferente, reticente o informe falsamente, alegando con ello que la conducta de este se sujeta al art. 235.2 de la norma adjetiva penal;
2. ii)Al ser la víctima la principal testigo del hecho y su declaración generaría en el tribunal la convicción sobre la inocencia o culpabilidad del acusado en el hecho que se investigaba, es que era importante que la declaración de la misma no se vea viciada ni alterada, toda vez "que por disposición del art. 193 inc. c) de la Ley 548, la declaración de una menor se constituye en una presunción de verdad, entretanto no se demuestre lo contrario" (sic). Por lo que se encontraba frente a dos principios, el de presunción de inocencia del impetrante de tutela y el de presunción de verdad de la víctima, y en la ponderación que realizó predominaron los derechos de la víctima, que si bien la detención preventiva es una medida cautelar provisional, es modificable en cualquier momento; la verdad material y la experiencia, demuestran que el peticionante de tutela va a realizar actos tendientes a obstaculizar el juicio, influenciando negativamente a la víctima;
3. iii)Respecto a lo señalado por el solicitante de tutela, que la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz mediante Auto de 5 de agosto de 2019, había referido que el imputado estando detenido no tiene la facultad y capacidad para realizar actos de obstaculización y que emitió distintas resoluciones a un mismo hecho, vulnera el derecho a la igualdad y el principio de seguridad jurídica y la predictibilidad de las resoluciones, en primer lugar dejó establecido que el referido Auto de Vista no fue emitido por su persona, sino por otros Vocales que en esa oportunidad formaban parte de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por lo que su persona no hizo cambio de línea respecto a la resolución anterior, en segundo lugar el Auto de Vista referido, por ley no constituye jurisprudencia ni es una resolución emitida por el superior jerárquico para que su cumplimiento sea obligatorio; y, tercero, para analizar el peligro de obstaculización era necesario analizar cada caso concreto, pues la realidad procesal de una causa es muy distinta a otra;
4. iv)El segundo agravio de la acción de libertad no es claro y no se entendió el reclamo específico, que a su parecer está ligado al primer agravio denunciado por el impetrante de tutela;
5. v)Otro aspecto que reclamó el peticionante de tutela es que su persona no se pronunció respecto al tiempo de la detención preventiva conforme al art. 239.2 del CPP, sin embargo revisado el Auto de Vista 93 de 26 de junio de 2020, se podrá verificar que se refirió respecto a la falta de notificación de la víctima, conforme se ordena en la disposición transitoria decima segunda de la Ley 1173, para que esta parte se pronuncie sobre la continuidad o cese de la detención preventiva, requisito indispensable para considerar la detención preventiva en base al art. 239.2 de la norma adjetiva penal, porqué como se podría garantizar la favorabilidad si no se respeta el derecho a la igualdad de la víctima; y,
6. vi)El solicitante de tutela se refirió a la Resolución 1/20 de 9 de abril de 2020, sobre la cual señaló que la misma indicaba que las personas privadas de libertad constituirían un grupo con mayor vulnerabilidad; sin embargo la mencionada resolución señaló que el Estado debe tomar medidas adecuadas para las personas en situación de vulnerabilidad ante la Pandemia del coronavirus (Covid-19), es decir garantizar su derecho de acceso a la salud, esta es una disposición del estado central para dotar de personal médico, insumos, ambientes, medicamentos para que las personas en esta situación puedan estar menos vulnerables frente a la enfermedad del Covid-19, empero no ordena que deje en libertad a todos los privados de libertad.

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela, analizando los siguientes temas:

1. a)La fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos de la garantía del debido proceso;
2. b)La protección de víctimas niñas y adolescentes mujeres en los procesos penales:
3. b.1)El enfoque interseccional; y,
4. b.2)El enfoque interseccional para el análisis de la violencia hacia niñas y adolescentes mujeres;
5. c)Los requisitos para la aplicación de la detención preventiva desde una perspectiva de género en delitos de violencia en razón de género;
6. c.1)Sobre el peligro de obstaculización de la averiguación de la verdad en delitos relacionados a violencia contra la mujer -art. 235 del Código de Procedimiento Penal-;
7. d)La cesación de la detención preventiva por el supuesto contemplado en el art. 239.1 del Código de Procedimiento Penal y la jurisprudencia constitucional; y,
8. e)Análisis del caso concreto.

...a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales,

1. b)Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes,
2. c)Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto,
3. d)Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales,
4. e)Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada,
5. f)Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado.

En cuanto a los requisitos que debe contener una resolución administrativa en segunda instancia, la SCP 0275/2012 de 4 de junio3 precisa que dicho fallo debe exponer los hechos y citar las normas que sustentan la decisión, además de pronunciarse sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso. Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre4 se refiere a los supuestos de motivación arbitraria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre5 la que desarrolla el contenido esencial del derecho a una resolución fundada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son:

1. 1)El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad;
2. 2)Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia;
3. 3)Garantizar la posibilidad del control de la resolución a través de los medios de impugnación;
4. 4)Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad; y,
5. 5)La observancia del principio dispositivo que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero²6-.

Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013², señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión:

1. i)Sin motivación, cuando la resolución no da razones que la sustenten;
2. ii)Con motivación arbitraria, cuando se basa en fundamentos y consideraciones meramente retóricas o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso;
3. iii)Con motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; y,
4. iv)Por la falta de coherencia del fallo, se da: iv.1) En su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; y, iv.2) En su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio7, así como en la SC 0358/2010-R de 22 de junio8, estableciendo que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo; es decir, su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre9, entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo10 señaló que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada.