0009/2022-S4

Solicitó se conceda la tutela impetrada, ordenando:

1. a)La detención preventiva para Lucía Tavera Montecinos de Patiño y su asesor Franz Gareca Aramayo;
2. b)Se restituya el debido proceso y una auditoría al caso con NUREJ 6070221, por no haber sido notificado con la única explicación de notificación defectuosa, por la declinatoria de competencia formulada por el Juez Agroambiental de Tarija ante el Juzgado Público Civil y Comercial Cuarto de ese departamento;
3. c)Restitución del debido proceso en los casos: 601102012103881, 610101102100793, 610101102100851; y,
4. d)El cese de persecución injusta por parte de los demandados, así como la restricción a la locomoción de su hijo menor de edad y de su familia por la perturbación y agresión al ingreso de su domicilio.

Lucía Tavera Montecinos de Patiño, a través de informe escrito presentado el 25 de noviembre de 2021, cursante de fs. 201 a 202 vta., manifestó que:

1. 1)Su persona viene siendo demandada en reiteradas oportunidades por parte del accionante, quien una vez más activó esta nueva acción de libertad contra ella, varias autoridades jurisdiccionales y hasta su abogado defensor, identificando como actos lesivos una falta de notificación, un litigio de un bien inmueble que data de hace tiempo atrás y un hecho de amenazas supuestamente provocado por mi persona, sin que se evidencie tal situación, considerando que en la jurisdicción constitucional la carga de la prueba corresponde al accionante;
2. 2)De los argumentos vertidos en esta demanda, la misma es contraria a la naturaleza de la acción de libertad, pues ésta busca resguardar la vida y la libertad, citando al efecto SCP 0217/2014³ que establece, que serán tutelados a través de la referida acción de defensa los actos u omisiones denunciados, cuando sean la causa directa o indirecta de vulneración del derecho a la libertad física o de locomoción, siempre y cuando se hayan agotado los mecanismos intraprocesales de defensa en el proceso penal, salvo absoluto estado de indefensión;
3. 3)En este caso el impetrante de tutela denuncia una supuesta persecución injusta; sin embargo, en ningún momento agotó el principio de subsidiariedad;
4. 4)Asimismo, mencionó la SCP 1609/2014, que reconduce la regla jurisprudencial asumida en la SC 0619/2005-R, respecto al debido proceso, en caso de no estar vinculado directamente con el derecho a la vida o libertad, éstos tendrían que ser tutelados por una acción de amparo constitucional; y,
5. 5)Finalizó pidiendo, se deniegue la tutela solicitada considerando que la parte impetrante de tutela no demostró los hechos denunciados y sea con costas procesales a su favor, por ser una persona de escasos recursos, teniendo la necesidad de contratar los servicios de un abogado defensor para asumir defensa ante esta acción de defensa.

Franz Gareca Aramayo, en esta audiencia refirió que:

1. i)Max Aldo Lema León, de manera equívoca pretende hacer valer litigios pendientes en razón a que tiene conflictos judiciales con Lucía Tavera Montecinos de Patiño, respecto a un terreno, situación por la que no puede tratarse en la jurisdicción constitucional, cuyas peticiones no tiene fondo ni trasfondo como el pretender que se detenga preventivamente a todos los demandados, siendo una pretensión inviable e irracional, como ya se le explicó en las cuatro acciones de libertad planteadas anteriormente;
2. ii)Del análisis de todo el memorial presentado de esta acción tutelar, van a poder establecer que a su persona no se lo relaciona con ningún derecho vulnerado, con excepción de la acusación de que tendría conocimiento de una transferencia que se hubiera suscitado en 2018, respecto a un terreno ubicado en la propiedad "La Bendita" llevado adelante por el Juzgado Agroambiental, se pregunta será motivo de una acción de libertad?, a lo cual alegó estar ejerciendo su derecho al trabajo como abogado, defendiendo a una persona de la tercera edad que está siendo procesada y reclamando un derecho en la instancia correspondiente;
3. iii)Solicitó se haga entender al accionante que si bien la acción de libertad carece de informalismo pues debe fundamentar y probar si su vida o integridad física está en riesgo o si se está vulnerando el "principio" de locomoción; y,
4. iv)Concluyó pidiendo se deniegue la tutela y sea con costos y costas procesales.

Luis Sergio Centeno León, Fiscal de Materia, en audiencia, señaló que:

1. a)El art. 125 de la CPE, refiere a la acción de libertad; el art. 46 y 47 del Código Procesal Constitucional (CPCo), indica su objeto y procedencia, cuando el accionante considera que su vida está en peligro, está siendo ilegalmente perseguido, indebidamente procesado e indebidamente privado de su libertad, pues de los relatos fácticos de esta acción de libertad planteada por Max Aldo Lema León, denunciando procesamiento indebido; sin embargo, éstos no tienen vinculación directa con el derecho a la libertad;
2. b)En cuanto a la denuncia de que se habrían cometido irregularidades en el proceso, en el Juzgado Agroambiental y el Juzgado Público Civil y Comercial Cuarto ambos del departamento de Tarija, supuestamente cometidas por Lucía Tavera Montecinos de Patiño y sus abogados, pues de la lectura del memorial de esta acción de defensa no se halla vinculación alguna con esos procesamientos que el impetrante de tutela considera indebido, incorrectos o irregulares;
3. c)Respecto a las supuestas amenazas de muerte de su hijo menor de edad y de su madre, ocurrido cuando éstos acuden al inmueble en conflicto, el cual está siendo disputado por el solicitante de tutela y Lucía Tavera Montecinos de Patiño, acudiendo ésta última a "Mayra y su esposo" quienes habrían atentado contra sus vidas e integridad física, pues el Ministerio Público considera que esta acción de libertad debió ser dirigida contra esta pareja de esposos, siendo los causantes directos tal vulneraciones;
4. d)Por otro lado, si el accionante considera que es víctima de amenazas o de alguna agresión física tendrá que plantear su denuncia;
5. e)Señaló que gran parte del relato refiere a irregularidades procesales que quizá el impetrante de tutela quisiera que se subsanen en la vía constitucional; sin embargo, la acción de libertad no sería la vía idónea, tal vez el mecanismo adecuado fuese la acción de amparo constitucional, citando al respecto la SCP 0782/2020-S4, con relación a la reconducción de la acción, estableciendo que en caso de que la misma sea viable, ésta debe respetarse la esencia de los hechos y del petitorio; es decir, que debe de cumplirse algunos requisitos como ser la subsidiariedad y el tema de la inmediatez; y,
6. f)Finalmente, no se cumple con los requisitos para conceder la acción de libertad en el presente caso.

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, por Resolución 82/2021 de 25 de noviembre, cursante de fs. 206 a 210 vta., denegó la tutela solicitada, conforme a los siguientes fundamentos:

1. 1)El presente caso no se enmarca en la naturaleza jurídica de la acción de libertad;
2. 2)El accionante alega que no habría sido notificado dentro de un proceso seguido ante el Juzgado Agroambiental de Tarija, circunstancia que no puede ser revisada dentro de una acción de libertad, pues cualquier error que se hubiese suscitado en esa notificación, puede determinar su anulabilidad o inclusive la nulidad, pero esta no es la vía para verificar tal situación;
3. 3)En cuanto a la intervención de Franz Gareca Aramayo, como abogado patrocinante de Lucía Tavera Montecinos de Patiño, tampoco tiene legitimación pasiva para participar de esta acción tutelar; puesto que, a lo largo de la demanda no se expone con claridad que es lo que hubiera hecho, para ocasionar los agravios que supuestamente aduce el impetrante de tutela;
4. 4)Respecto a Jorge Efraín Cárdenas Chávez, no es factible vincular la actividad o la omisión que se hubiera dado dentro del despliegue de su labor jurisdiccional agroambiental, al contrario optó por lo que emana la ley al inhibirse de conocer una causa esencialmente civil; así como, tampoco cuenta con legitimación pasiva para ser sujeto en esta acción de defensa;
5. 5)Con relación a Lucía Tavera Montecinos de Patiño, si bien por la documentación que presentó el accionante, como él mismo relata, existen problemas desde el 2010, cuando hubiera hecho una trasferencia de un terreno que cobró solo $us1 000.- y que se llegó a una conciliación para que adquiera otro terreno en otro lugar, pero luego no quiso, procediendo a prestarle una habitación en calidad de préstamo, que ahora no quiere devolver, esa situación tampoco puede ser analizada a través de una acción de libertad para que se pueda establecer si es o no evidente tales hechos denunciados, puede que existan conflictos entre Lucía Tavera Montecinos de Patiño y el solicitante de tutela y probablemente el cuarto, habitación o predio que ocupa la misma pertenezca al menor NN, tampoco esa circunstancia atañe verificarlas en una acción de libertad;
6. 6)Si bien la acción de libertad instituida ahora en la nueva Norma Suprema, no requiere formalismos, prescinde de todo rigorismo ritualista; sin embargo, no significa que su factibilidad abarque cualquier problemática propia de la jurisdicción ordinaria teniendo presente lo establecido en el art. 179.I de la CPE, pues, el accionante confundió totalmente la justicia constitucional pretendiendo que a través de esta jurisdicción se revise lo que resuelven o tramiten otras jurisdicciones como la civil o agroambiental que tienen sus propios jueces y sus propios canales de impugnación, de apelación donde las decisiones de los jueces de instancias pueden ser revisadas; y,
7. 7)Por último, al ser esta situación reiterativa por parte de Max Aldo Lema León, que ha acudido una vez más a esta acción tutelar, este Tribunal de garantía se ve en la necesidad de advertirle que no se puede tolerar esta situación que conlleva un perjuicio, pues el citado Tribunal está presto a atender los mismos siempre y cuando existan los alegatos de quien considera afectados sus derechos fundamentales a la libertad y vida, cuando realmente son amenazados, en este caso sin dar por cierto ni tampoco poner en duda si el accionante se siente amenazado; de ser así, como refirió el Ministerio Público, éste tiene los canales ordinarios adecuados para presentar la denuncia respectiva ante quien corresponda; empero, por la relación de los hechos que el mismo realizó, las personas hoy demandadas, los jueces, el personal de apoyo jurisdiccional el abogado patrocinante, no están incluidos, conforme se observa, ese supuesto, según el relato provendría de la hija y del yerno de Lucía Tavera Montecinos de Patino, que no han sido incluidos en la demanda, pues como ya señaló el Ministerio Público, cuando hay amenazas, hay que acudir a la instancia llamada por ley conforme el art. 225.I de la Norma Suprema.

II.2. Mediante memorial presentado el 13 de diciembre de 2021, Max Aldo Lema León, por sí mismo y por su hijo NN menor de edad -ahora accionantes-, solicitaron ante este Tribunal:

1. i)La reconducción y/o adecuación a la acción de amparo constitucional, conforme lo "jurídico de lo progresivo", en virtud a la restricción del acceso a la justicia en esta acción de libertad, en la que se minimizó y desvirtúo el hecho de que su vida y la de su hijo se encuentran en peligro, además de encontrarse perseguido injustamente; y,
2. ii)Se proceda a la acumulación al NUREJ 6086542, siendo otra acción de libertad pendiente de ser revisada por el Tribunal Constitucional Plurinacional; atendiendo dicho Tribunal, a través de decreto de 14 de citado mes y año; en el cual, se tiene por apersonado al ahora accionante y respecto a sus argumentos expuestos, los mismos serán considerados de ser pertinentes una vez sorteada la causa al Magistrado (a) Relator (a) (fs. 225 a 228 vta.; y, 230).

El accionante por sí mismo y en representación sin mandato de su hijo NN menor de edad, denunció como vulnerados sus derechos al debido proceso, persecución indebida, a la vida y a la libre locomoción; toda vez que, emergente de un proceso ordinario en litigio, por la posesión de un terreno, alegó que:

1. a)El abogado de su contraparte y las autoridades hoy demandadas, estuvieran actuando dentro de un consorcio en su contra, iniciándole procesos en la vía civil y penal; y,
2. b)Debido a la declinatoria de competencias del Juez agroambiental ante el Juez Público Civil y Comercial Cuarto del departamento de Tarija, se ocasionó que la contraparte creyera ser dueña del inmueble que habita, suscitándose agresiones y poniéndose en riesgo la vida de su familia; por lo que, solicitó una auditoría de todos los procesos que se ejecutan en su contra.