0009/2023-S1

Solicitó se conceda la tutela solicitada y en consecuencia se disponga:

1. a)Se anulen las determinaciones administrativas emitidas mediante notas Dir. Gral. Jur. Div. P.J. 029/19 de 8 de febrero, Dir. Gral. Jur. Div. P.J. 121/19 de 20 de marzo, y Dir. Gral. Jur. Div. SIM. 228/19 de 9 de julio, todos de 2019; y,
2. b)Se ordene que el demandado emita respuesta a su reclamación, mediante resolución fundamentada, a través del Tribunal del Personal de la Armada Boliviana, con señalamiento en caso de negativa, de plazo y recurso al cual pueda recurrir.

La parte accionante, a través de sus abogados, en el desarrollo de la audiencia, reiteró los argumentos y fundamentos expresados en su demanda y añadió lo que sigue:

1. 1)Como no se tiene reglamentación interna en la Armada Boliviana, entonces se ha planteado un recurso de revocatoria, al amparo del art. 3 inc. f) de la Ley 2341, porque se sabe que el procedimiento administrativo tiene exclusiones en temas administrativos de las fuerzas armadas, pero esas exclusiones tienen un límite;
2. 2)Los procedimientos internos militares y de policía que se exceptúan por ley expresa son los que estarían excluidos de la Ley 2341, procesos que tengan su propia normativa, su propia ley expresa, y en ese marco, la referida determinación unilateral y arbitraria no tiene un procedimiento interno, dentro de la Armada Boliviana, para reclamar contra la misma, es decir, no existe una ley que determine qué tipo de recurso se puede plantear contra una nota unilateral, emitida por el Comandante de las Fuerzas Armadas Bolivianas, entonces, en este tipo de casos es plenamente aplicable la Ley 2341, debido a dicha salvedad, pues como ya se demostró el accionante ha sido dejado en total indefensión por parte de la autoridad demandada con esa nota; y,
3. 3)El recurso jerárquico, que se planteó de su parte, debía haber sido resuelto por una autoridad jerárquica superior, es decir, por la máxima autoridad ejecutiva, que en este caso tendría que ser el Comandante de la Armada o el Comandante Superior de las Fuerzas Armadas; sin embargo, ante dicho recurso se emitió nota Dir. Gral. Jur. Div. SIM. 228/19 de 9 de julio, que fue emitida exactamente igual que las anteriores, y además la dictó el mismo Comandante, es decir, la misma autoridad en contra de la cual se planteó un recurso jerárquico, quien respondió negando tramitar el mismo, acto que es arbitrario e ilegal.

La autoridad demandada, a través de sus abogados apoderados, presentó un informe escrito, cursante de fs. 82 a 88 vta., en la que solicitó se deniegue la tutela impetrada, y además expuso los siguientes argumentos:

1. i)De acuerdo a antecedentes que cursan en la Dirección General Jurídica de la Armada Boliviana, cursa Auto Final de Sumario lnformativo Militar 4/2017 de 20 de marzo, que fue dictado contra el accionante, para investigar y esclarecer la presunta comisión de los delitos tipificados y sancionados por el art. 178 núms. 1, 3, 6 y 11 del Código Penal Militar, al haberse detectado irregularidades en los mensajes navales transmitidos 5/17, 7/17 y 8/17, con la finalidad de realizar alteraciones a los destinos consignados en la "O.G.D. No.02/17" (sic), suscrito por Yamil Borda Sosa y fue ejecutado mediante memorando Dpto.I-Pers. Div "F" SDA 41/17, firmado por la misma autoridad, documento recibido por el ahora accionante el 10 de mayo de 2017, evidenciándose que la sanción data de hace dos años y cuatro meses;
2. ii)Con referencia al destino del ahora accionante a la reserva activa, corresponde expresar que el mismo fue determinado, por Orden General de Destinos en la gestión 2018; asimismo, la citada orden es refrendada por el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia; sin embargo, cabe señalar que el destino a la reserva activa no constituye una sanción, como lo quiere hacer ver el accionante, es una situación militar determinada en la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas;
3. iii)Por lo demostrado entre las determinaciones del citado Auto Final, como el destino a la Reserva Activa, han transcurrido disposiciones que supuestamente estarían lesionando sus derechos, por lo que el derecho a cualquier reclamo ha precluido y sobrepasado el tiempo establecido en el art. 55 del Código Procesal Constitucional, pues desde los actos que se consideran lesivos transcurrieron más de seis meses; sin embargo, en la presente gestión, ignorando todos estos aspectos de orden legal y antecedentes, presenta solicitudes referidas al caso; por lo que, estas últimas notas a las que hace alusión el accionante, no tiene nexo de causalidad con las supuestas vulneraciones a derechos constitucionales que alegó; asimismo, se tiene que similares peticiones fueron realizadas en anteriores gestiones, las cuales fueron atendidas en su oportunidad y fueron de conocimiento del ahora accionante, y al ser reiterativas en estas últimas ya no corresponde mayor pronunciamiento al caso;
4. iv)El Tribunal de Personal es el más alto Organismo de Administración de Personal, de conformidad al art. 110 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas (LOFA) -Ley 1405 de 30 de diciembre de 1992-, encargado de hacer cumplir leyes y Reglamentos Militares; de acuerdo al art. 2 de dicha norma, tiene competencia para conocer asuntos del personal, por ello, no tiene atribuciones para determinar sobre autos finales, emitidos por autoridad instituida con jurisdicción, como lo determina el art. 104 del Código de Procedimiento Penal Militar;
5. v)Es importante hacer notar que el hecho que califica el accionante como ilegal es el Auto Final 4/2017 de 20 de marzo, y el destino a la reserva activa de 2018, habiendo transcurrido más de seis meses, contra el cual, además no fueron utilizados los recursos pertinentes oportunamente, ingresando en la causal de improcedencia establecida en los arts. 54.3 y 54.I del CPCo;
6. vi)Cursa oficio Dir. Gral. Jur. SG 121/19 de respuesta a su memorial en el que solicitó nulidad de Sumario informativo, y las tres notas con las que pretende ahora reabrir el caso son peticiones reiterativas, y el impetrante conocía ya las anteriores respuestas, por lo que las tres notas aludidas no merecen mayor explicación, habiéndose desestimado por tal motivo sus solicitudes;
7. vii)El presente no es un proceso para emitir resolución fundamentada, mucho menos deviene de un procedimiento administrativo, es una petición reiterativa de anteriores gestiones, cuya respuesta se emitió en su momento;
8. viii)Ninguno de los memoriales donde realizó sus peticiones, está dirigido al Tribunal de Personal de la Armada; sin embargo, como un nuevo elemento que nunca ha mencionado e invocado ante la institución armada, pidió al Tribunal de amparo que se anulen obrados y en consecuencia el demandado emita respuesta a su reclamación mediante resolución fundamentada a través del Tribunal de Personal, aspecto totalmente incongruente, además de conformidad al Reglamento CJ-RGA-240, el Tribunal de Personal no solo está compuesto por el Comandante General de las Fuerzas Armadas, sino que es un ente colegiado, por lo que mal se puede pedir que el Comandante de la Armada se pronuncie a través del Tribunal del Personal, además dicho Tribunal no tiene competencia para determinar sobre Autos Finales y/o levantar o modificar sanciones de autos finales;
9. ix)Ante las determinaciones asumidas, como el Auto Final emitido dentro del sumario informativo militar, se encuentra el uso de medios de impugnación previstos en la Ley 1970, los mismos que deben ser planteados y tramitados en su momento, tales como los incidentes y excepciones a decir de la SCP 664/2004-R;
10. x)El accionante no ascendió, en la gestión 2017, al grado inmediato superior, en cumplimiento del art. 96.I la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, habiéndose determinado su destino a la reserva activa, mediante Orden General de Destinos en la gestión 2018, desde enero de 2018 a 31 de diciembre del 2021, habiendo transcurrido un año y ocho meses, de no haber planteado el reclamo respectivo; de acuerdo al art. 36 del Reglamento del Tribunal del Personal de las Fuerzas CJ-RGA 205, debió haber expresado que no estaba de acuerdo con ese cambio de destino, a través del respectivo reclamo ante la autoridad pertinente, es decir, Tribunal de Personal en el plazo de quince días, pero no hizo uso oportuno de los medios idóneos en el presente caso, aspecto que no es atribuible a la parte demandada;
11. xi)No es aplicable la Ley 2341, pues están expresamente excluidos de su ámbito de aplicación, los procedimientos internos militares y de policías.

En el desarrollo de la audiencia, se añadieron los siguientes argumentos:

1. a)El accionante pudo presentar complementación y enmienda respecto a la resolución impugnada y no lo hizo;
2. b)El proceso contra el accionante ha sido remitido al Tribunal permanente de justicia militar, en el cual se halla ventilándose "en virtud de que en la determinación del auto final es el único accionado, hay también personas involucradas y en este instante se encuentra en esa instancia, ya no en la instancia del Comando General de la Armada que el mismo tiene una radicatoria del 28 de agosto del 2017" (sic), por lo cual la autoridad ahora demandada no tendría tuición para poder pronunciarse sobre el tema;
3. c)Ahora se trata de simples notas, que hacen a la petición, y si bien tienen que ser contestadas, así fue, además se trata de las mismas peticiones de la gestión 2017-2018, que piden la anulación del sumario, la anulación de la sanción correspondiente y actualmente las mismas solicitudes han sido negadas, en virtud a que anteriormente ya tuvieron respuesta, no siendo necesario fundamentar las respuestas que le dieron;
4. d)Su sanción no puede ser tratada por el Tribunal del Personal porque no está dentro de sus competencias, ahora lo relativo a la reserva activa, podría ser, pero no es al Comandante, sino es ante el correspondiente ente colegiado; y,
5. e)Las peticiones realizadas no son dentro de un proceso, hacen alusión a un derecho de petición, más que derecho al debido proceso y fundamentación, pero ni siquiera el derecho de petición se ha vulnerado, pues está justificado que se haya respondido, en el sentido de que su pedido era impertinente, ello en razón a que ya lo había hecho antes y además que no es una petición atendible por el Comandante, pues dicho Auto fue emitido por un Tribunal Colegiado, entonces la respuesta a sus pedidos no podía ser fundamentada, y mucho menos emitir una resolución, cuando el pedido es simple.

La Sala Constitucional Segunda del departamento de La Paz, emitió la Resolución 188/2019 de 16 de septiembre, cursante de fs. 171 a 173 vta., denegó la tutela solicitada; dicha determinación se dio bajo los siguientes fundamentos:

1. 1)La nota del accionante, de 21 de enero de 2019, no está vinculada a la existencia de un proceso administrativo o penal militar propiamente dicho, sino que se trata de una petición de carácter autónomo e independiente, respecto a lo ya resuelto a través del Auto Final 04/2017, que ahora se encuentra radicado en el Tribunal Permanente de Justicia Militar, a partir de 28 de agosto de 2017;
2. 2)Respecto al Auto Final 4/2017, con el que fue notificado el accionante en su oportunidad, se concluye que este contaba con los mecanismos idóneos en sede penal militar, a efectos de cuestionar y reclamar el porqué de la sanción disciplinaria de setenta y dos horas de arresto determinada en su contra, y al no haberlo hecho así, la referida Sala constitucional afirmó que no puede pronunciarse ni analizar el fondo, porque el accionante inobservó el principio de subsidiariedad;
3. 3)El accionante pretende impugnar la sanción disciplinaria determinada en el Auto 04/2017, independientemente de la fecha en que este tomó conocimiento de esta resolución; en ese entendido, el hecho de reclamar de manera posterior esa "injusta sanción disciplinaria de tres días" (sic), vincula ciertamente a la petición contenida en el memorial presentado por su parte el 21 de enero de 2019, a la decisión del Comandante de la Armada Boliviana; en el ejercicio de sus atribuciones conferidas a mérito del citado Auto Final, por lo que se concluye que no se puede efectuar un análisis respecto al hecho de haberse omitido pronunciar una resolución motivada, fundamentada y congruente, menos se puede concluir en lesión alguna al derecho al debido proceso en su componente de fundamentación, motivación, defensa y acceso a la impugnación;
4. 4)Una vez que el accionante conoció la Orden General de Destinos, este tenía el plazo de quince días para representar la presunta arbitrariedad, irregularidad, y la no factibilidad que por razones de fuerza mayor o caso fortuito, a efectos de cuestionar su pase a la reserva activa, como se tiene previsto por el art. 36 del Reglamento del Tribunal de Personal de las Fuerzas Armadas, a efectos de postular posteriormente el recurso de reconsideración ante el Tribunal de Personal, en el plazo de quince días, con documentación debidamente acreditada, lo que amerita que en consideración del principio de subsidiariedad no se pueda efectuar un análisis de fondo al respecto;
5. 5)En atención a la petición efectuada por el accionante, la misma se encuentra vinculada a cuestiones que han tenido su cauce de manera precedente, concretamente al proceso penal militar instaurado en contra del mismo, en tal sentido no se advierte mérito, a efectos de que la autoridad demandada deba pronunciarse a través de una resolución fundamentada y motivada, tal cual lo ha pedido el ahora accionante, en ese caso la administración de las Fuerzas Armadas como de la Policía Nacional estarían sobrecargadas de labores al tener que pronunciar resoluciones para cada tipo de peticiones; y,
6. 6)En otras acciones tutelares, ampliando el panorama de los derechos que han sido lesionados, la Sala Constitucional ha tenido a bien considerar la petición de tutela respecto de otros derechos que no han sido reclamados, empero han emergido del debate de acción de amparo constitucional; sin embargo, la petición efectuada por el accionante decanta en ausencia de relevancia constitucional, pues incluso se podría conceder la tutela por el derecho de petición, empero los cuestionamientos alegados en el referido memorial han tenido su oportunidad o su cauce correspondiente a efectos de ser reclamados, no obstante ello, tampoco se advierte relevancia constitucional en cuanto a la petición efectuada por el accionante.

II.4. Por memorial del accionante presentado ante el Comandante General de la Armada Boliviana, el 21 de enero de 2019, solicitó que se anule el Auto Final 4/2017 de 20 de marzo, que le impuso una sanción y "QUE SE LO REINCORPORE A LA SITUACIÓN DE SERVICIO ACTIVO" (sic), bajo los siguientes argumentos:

1. i)Agotó todos los medios para que se haga justicia, desde que tomó conocimiento de la emisión de la Orden General de Destino y de Ascenso de la Armada Boliviana, con la injusta determinación de no ascenderlo al Grado de Suboficial Maestre;
2. ii)No fue considerada su injusta sanción disciplinaria, pese a ser el más antiguo de su promoción, habiendo solucionado el problema pasándolo a la reserva activa, en forma ilegal;
3. iii)El Comandante General de la Armada Boliviana fue el Juez Sumariante en un hecho injusto contra el accionante, que habría ocurrido el 4 de enero de 2017, por la presumible elaboración y transmisión de doce mensajes navales para realizar cambios de destino del personal de suboficiales y sargentos, supuestamente a través de la División "B" del departamento I del "EMGAB", de la cual el accionante era el Sub Jefe en la gestión 2016, hecho que nunca fue de su conocimiento, pues ya estaba cambiado de destino y se hallaba esperando su relevo, dichos mensajes no siguieron los procedimientos establecidos para cambios de destino;
4. iv)Ha existido falsedad material, ideológica y uso de instrumento falsificado en los doce mensajes transmitidos;
5. v)El Auto Final del Sumario 4/2017 de 20 de marzo, determinó la libertad de otros involucrados en los hechos, excepto del accionante, incurriendo así en discriminación en su contra;
6. vi)No se cumplieron los plazos procesales, previstos por el Código Procesal Penal Militar, y por todas las irregularidades cometidas por la autoridad sumariante, lo actuado era nulo de puro derecho;
7. vii)El Almirante Mita conocía muy bien lo sucedido con esos mensajes, pues él era Jefe de Departamento;
8. viii)El 10 de mayo de 2017, recibió la notificación con el Auto Final 04/2017 de 20 de marzo, entregándole el memorando 41/17 de 3 de mayo, con la sanción de setenta y dos horas de arresto domiciliario de acuerdo a lo impuesto por el referido Auto Final, cuando su persona no tuvo ninguna participación de control y supervisión en dichos mensajes;
9. ix)El 12 de mayo de 2017, presentó por conducto regular, mediante oficio 104/17 una solicitud al entonces Comandante General de la Armada Boliviana para que disponga la reconsideración y anulación de la sanción impuesta al accionante de forma injusta e ilegal, empero no recibió ningún tipo de respuesta; luego, el 26 de mayo del mismo año, presentó nuevamente una segunda solicitud por conducto regular, a través de oficio 112/17 ante la misma autoridad para que disponga por la repartición correspondiente, la reconsideración y anulación de la sanción impuesta a su persona, la cual tampoco recibió respuesta alguna; por tercera vez, el 26 de junio de 2017, presentó otro memorial a la misma autoridad; asimismo, el 4 de octubre de ese año solicitó al entonces Jefe del Departamento Personal del EMGAB, que no se considere el memorando aludido supra, mientras no reciba las respuestas a sus solicitudes aludidas, pues ello afectaría sobre todo en su ascenso al grado de Suboficial Maestre, siendo su persona la más antigua de su promoción; en respuesta a su memorial presentado el "28 de junio de 2017" (sic) el Comandante General de la Armada, el 19 de octubre de ese año, le respondió indicándole que no habría realizado petición alguna para la anulación de todos lo obrados del sumario informativo militar 1805, instruyéndole que haga conocer los presuntos defectos procedimentales que hayan provocado un daño de tal magnitud que lo deje en indefensión material y que el mismo sea determinante en resguardo del principio de trascendencia; el 6 de noviembre de ese año, igualmente presentó una solicitud con la sustentación legal a través de oficio 196/17 ante la misma autoridad para solicitar la suspensión del memorando aludido; el 22 de diciembre de 2017, se le hizo conocer que la Dirección General Jurídica de la Armada Boliviana remitió un oficio a la Junta de Evaluación de Ascenso al Grado de Suboficial Maestre, indicando que se encontraba en análisis la representación realizada en relación al memorando 41/17 con sanción de setenta y dos horas de arresto domiciliario con Auto de Sanción Disciplinaria, motivo por el cual debía quedar en suspenso hasta que concluya el proceso;
10. x)El Auto Final del Sumario 4/2017 no ha nacido ni del cumplimiento de las leyes ni de los Reglamentos militares, sino que por el contrario se han violado dichas normas, así como la Constitución, porque la autoridad sumariante que lo emitió no hizo una evaluación o interpretación legal e imparcial del sumario informativo militar, simplemente con premeditación y alevosía se lo responsabilizó de no haber supervisado en su División, cuando jamás se le hizo partícipe de nada, lo que le impidió supervisar algo, aun siendo el más antiguo de la División "B", resultando absueltos y ascendidos los verdaderos responsables, como premio a la corrupción; por lo tanto, al haber existido hechos ilícitos y habiendo usurpado funciones, todo lo actuado es nulo de pleno derecho; y,
11. xi)El referido Auto ha violado todos los principios y derechos constitucionales (arts. 110, 113, 115, 116 y 119 de la CPE); consiguientemente, al amparo del art. 24 de la Ley Fundamental, solicita que se anule el Auto Final 4/2017 de 20 de marzo que le impuso la sanción disciplinaria de setenta y dos horas de arresto, y que se lo reincorpore al servicio activo, al cual fue remitido de forma injusta e ilegal (fs. 4 a 13 vta.).

II.6. Por memorial presentado por el accionante el 19 de febrero de 2019 ante el Comandante General de la Armada Boliviana, el accionante formuló recurso de revocatoria, indicando que fue notificado con la nota 029/19 el 13 de febrero de 2019, y solicitando que se revoque su determinación y se emita el correspondiente pronunciamiento fundamentado, respecto a su incidente de nulidad planteado y en caso de negativa se establezcan cuáles son los recursos y las normas jurídicas militares a las que su persona pueda acudir, bajo los siguientes argumentos:

1. a)Mediante el oficio 29/19 de 8 de febrero de 2019, se rechazó sin fundamentos legales, el considerar su petición de nulidad de obrados por defectos absolutos y su reincorporación al servicio activo y su ascenso; dicha respuesta no se halla enmarcada dentro de los actos recurribles, a través del Reglamento del Tribunal del Personal de las Fuerzas, CJ-RGA-205 de 1996 en actual vigencia, y la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, los cuales no contemplan recurso de ninguna índole sobre determinaciones evacuadas por personal militar administrativo de las diversas fuerzas, por lo que se utilizó por subsidiariedad la Ley 2341, en sus arts. 56, 64, y su Reglamento;
2. b)Se hizo alusión al informe jurídico 12/2019 que no fue de su conocimiento, lo que atenta contra su derecho al debido proceso en su vertiente debida fundamentación, dejándolo en estado de indefensión, pues tampoco se le indicaron los plazos y medios de impugnación;
3. c)Mediante dicho incidente de nulidad el afectado ha realizado una representación contra la sanción que se le impuso; y,
4. d)Como no existe normativa alguna que establezca procedimiento de impugnación para las notas administrativas determinativas de orden militar, acude a la Ley de Procedimiento Administrativo y su Reglamento (fs. 15 a 16).

II.8. Por memorial de recurso jerárquico del accionante, presentado ante el Comandante General de la Armada Boliviana, el 3 de abril de 2019, señaló:

1. 1)Su respuesta nuevamente no está enmarcada dentro de los actos recurribles por el Reglamento del Tribunal del Personal de las Fuerzas, CJ-RGA-205 de 1996 y la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, que "no contemplan recursos de ninguna índole sobre determinaciones evacuadas por personal militar administrativo" (sic), por lo que en virtud de la Ley 2341 plantea recurso jerárquico contra dicho oficio;
2. 2)Su respuesta no está debidamente fundada, la cual hace alusión a un informe jurídico que no fue puesto a su conocimiento, atentando nuevamente contra su derecho al debido proceso en su vertiente a la debida fundamentación, dejándolo en estado de indefensión, pues no se le indicaron los medios de impugnación y sus plazos; y,
3. 3)Al no tener la respuesta recibida normativa que establezca su impugnación, se basa en el art. 3 inc. f) de la Ley 2341, para plantear el presente recurso jerárquico (fs. 18 a 19).

El accionante, denunció que el Comandante General de la Armada Boliviana Palmiro Gonzalo Jarjury Rada, lesionó sus derechos fundamentales a la defensa, acceso a la justicia, impugnación y al debido proceso en su elemento fundamentación, por cuanto:

1. i)Habiendo formulado el 21 de enero de 2019, reclamación por su pase ilegal a la reserva activa y por una injusta sanción disciplinaria de tres días de arresto, que dio lugar a dicha determinación, solicitó la nulidad de las determinaciones sancionatorias emitidas en su contra, sin embargo la autoridad demandada respondió, mediante nota Dir. Gral. Jur. Div.PJ 29/19 de 8 de febrero de 2019, desestimando de esa manera su solicitud, sin explicar las razones de ello, limitándose a mencionar al efecto un informe jurídico que nunca fue de conocimiento del impetrante de tutela, omitiendo indicarle cuáles eran los medios y plazos procesales para poder impugnar tal decisión, aduciendo además que debió haberle respondido a dicha solicitud el Tribunal de Personal de la Armada Boliviana y no la autoridad miliar ahora demandada;
2. ii)Habiendo interpuesto recurso de revocatoria, éste le fue respondido, mediante nota 121/19 de 20 de marzo de 2019, con los mismos defectos que la respuesta impugnada, es decir, desestimando su solicitud, haciendo alusión a un informe jurídico, en esa ocasión el informe 33/99, que tampoco fue de su conocimiento, vulnerando así su derecho al debido proceso en su elemento fundamentación y a su derecho a la defensa, así como a la impugnación, no habiendo además intervenido el Tribunal de Personal de la Armada; y,
3. iii)Planteado recurso jerárquico, en lugar de atenderse el mismo por la autoridad jerárquica superior, es decir, el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, fue respondido por la misma autoridad ahora demandada, a través de la nota 228/19 de 9 de julio de 2019, incurriendo en las mismas vulneraciones denunciadas, desestimando su solicitud, haciendo referencia al Informe Jurídico 40/2019, que no fue puesto a su conocimiento, omitiendo indicarle cuáles eran los medios y plazos procesales para impugnar su decisión, no habiendo intervenido en todos estos actos arbitrarios el Tribunal de Personal de la Armada, que en realidad era la instancia que debió de resolver sus solicitudes. Por lo previamente referido, solicitó que se le conceda la tutela impetrada, se determine la nulidad de las determinaciones administrativas emitidas por la autoridad demandada, y se ordene al mismo que emita una respuesta fundamentada, a través del Tribunal del Personal de la Armada Boliviana, con señalamiento en caso de negativa, de plazo y recurso al cual pueda recurrir.

En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para el efecto se analizarán los siguientes aspectos:

1. a)El debido proceso en sus vertientes de motivación, fundamentación y congruencia; Relevancia constitucional;
2. b)Derecho a la defensa e impugnación como componentes del debido proceso;
3. c)De la tutela judicial efectiva; y,
4. d)Análisis del caso concreto.

1. a)Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales,
2. b)Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes,
3. c)Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto,
4. d)Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales,
5. e)Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada,
6. f)Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado.