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TCP

0009/2026-DCP

Tribunal Constitucional Plurinacional
29 de mayo de 2026SALA PRIMERA ESPECIALIZADA
Resumen del caso

Declaración 0009/2026-DCP

Proceso
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Texto de la resolucion

DECLARACIÓN CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0009/2026 Sucre, 29 de mayo de 2026

SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Consulta de autoridades indígena originaria campesinas sobre la aplicación de sus normas jurídicas a un caso concreto

Expediente: 82771-2026-166-CAI Departamento: La Paz

En la consulta de autoridades indígena originaria campesinas sobre la aplicación de sus normas jurídicas a un caso concreto interpuesta por Oscar Octavio Colque Huanquiri, Secretario General; Nancy Huanquiri Quispe, Secretaria de Justicia; Nelson Huanquiri Quispe, Secretario de Actas; Norha Colque Huanquiri, Secretaria Vocal del Sindicato Agrario comunidad Soncachi Grande; Julián Coarite Choquehuanca, Sullka Mallku; Edgar Quispe Gutiérrez, Porta Estandarte comunidad Soncachi Grande; Franklin Marín Quispe Gutiérrez, Secretario de Relaciones; Julio Gutiérrez Cahuaya, Parliri Mallku; Adolfo Constancio Quispe Quispe, Sub Central; Pedro Quispe Coaritti, Jiliri Mallku; todos Autoridades Originarias de la comunidad indígena originaria campesina Soncachi Grande del cantón Soncachi, municipio Chua Cocani, provincia Omasuyos del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la consulta

Por memorial presentado el 25 de marzo de 2026, cursante de fs. 418 a 448 vta., las autoridades consultantes remitieron a este Tribunal Constitucional Plurinacional, la Resolución Determinativa (RD) 001/2024 de 20 de junio y la Resolución Comunitaria de la Justicia Indígena Originaria Campesina (JIOC) 06/2025 de 25 de octubre, de la comunidad indígena originaria campesina Soncachi Grande del cantón Soncachi, municipio Chua Cocani, provincia Omasuyos del departamento de La Paz, al amparo del art. 202.8 de la Constitución Política del Estado (CPE), formularon consulta constitucional a efectos de que este alto Tribunal, verifique y declare la constitucionalidad del ejercicio de la JIOC; asimismo, en calidad de consulta, el pronunciamiento respecto al alcance del derecho colectivo al territorio indígena originario campesino y la validez de las decisiones emitidas por la JIOC, en el reconocimiento de la competencia jurisdiccional y la eficacia de la mencionada Resolución Comunitaria de la JIOC, emitida en el marco de un conflicto sobre tierras comunales y restitución de la posesión colectiva, conforme al derecho propio, normas y procedimientos en ejercicio de la JIOC; así también, solicitaron se establezca con claridad el alcance, interpretación y protección constitucional del derecho colectivo al territorio indígena originario campesino, en relación con los terrenos que pertenecen ancestralmente a la comunidad Soncachi Grande, que fueron destinados al uso y aprovechamiento comunal, con áreas de pastoreo según usos y costumbres. Solicitaron sobre: "...el alcance e interpretación constitucional del derecho colectivo al territorio indígena originario campesino, particularmente respecto a la protección de los territorios ancestrales, espacios de uso Comunitario y áreas tradicionales de pastoreo, garantizando su preservación, integridad territorial y continuidad histórica conforme a los arts. 2 y 30 de la Constitución Política del Estado.

3. Reconozca la validez constitucional y eficacia jurídica de las decisiones adoptadas por las Autoridades de la Jurisdicción Indígena Originaria Campesina, emitidas conforme a sus normas, valores, principios y procedimientos propios, dentro de su ámbito territorial y respecto a sus miembros, en el marco del pluralismo jurídico reconocido por los Artículos 179, 190, 191 y 192 de la Constitución Política del Estado.

4. Precisar los criterios constitucionales que deben aplicarse para garantizar el respeto, reconocimiento y cumplimiento de las decisiones adoptadas por las autoridades indígenas, particularmente cuando dichas decisiones se orientan a la protección del territorio ancestral, la restitución de la posesión colectiva y la resolución de conflictos territoriales dentro de la comunidad.

5. Disponga y garantice el respeto pleno a la decisión adoptada por la autoridad y la Asamblea de la Comunidad Indígena Originaria Campesina de Soncachi Grande, prohibiendo toda forma de interferencia, desconocimiento o revisión indebida por parte de autoridades de la Jurisdicción Ordinaria, administrativa o Policial, cuando se trate de asuntos resueltos dentro del ámbito de competencia de la Jurisdicción Indígena Originaria Campesina, asegurando de esta manera la seguridad jurídica la autonomía jurisdiccional y la vigencia efectiva del pluralismo jurídico reconocidos por los artículos 1, 2, 179, 191 y 192 de la Constitución Política del Estado.

6. Establezca y precise los alcances del principio constitucional de coordinación y cooperación entre la Jurisdicción Indígena Originaria Campesina y la Jurisdicción Ordinaria, a fin de garantizar el respeto mutuo entre jurisdicciones, la igualdad jerárquica, la no subordinación y la convivencia armónica dentro del sistema de pluralismo jurídico, conforme a lo dispuesto por la Constitución Política del Estado y desarrollado por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional.

7. Reconozca la plena validez, eficacia jurídica y carácter vinculante de la resolución y decisiones comunitarias adoptadas conforme a nuestros Usos, Costumbres y derecho propio.

8. Que, el Tribunal Constitucional Plurinacional, en ejercicio de su función de garante de la supremacía constitucional y de protección de los derechos colectivos de los pueblos indígena originario campesinos, disponga y establezca como criterio vinculante que el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) proceda a la inmediata prosecución, continuidad y conclusión del proceso de saneamiento bajo la modalidad de Saneamiento de Tierras Comunitarias de Origen (SAN-TCO) respecto del territorio objeto de la presente consulta constitucional, evitando dilaciones indebidas y garantizando la seguridad jurídica sobre el territorio ancestral, en estricta observancia de los arts. 2, 30, 393 y 403 de la Constitución Política del Estado, así como de la Ley Nº 1715 del Servicio Nacional de Reforma Agraria y su modificatoria Ley Nº 3545, asegurando el reconocimiento, protección y titulación colectiva del territorio de la comunidad indígena originaria campesina y el Decreto 29215.

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