Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0010/2020-S3 Sucre, 18 de febrero de 2020
SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de libertad
Expediente: 30588-2019-62-AL Departamento: La Paz
En revisión la Resolución 414/2019 de 22 de agosto, cursante a fs. 17 y vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Andrés Alfredo Loza Manuel en representación sin mandato de Jaime Valencia Callizaya contra Gaby Elizabeth Carvajal Ortíz, Jueza del Tribunal de Sentencia Penal Primero y Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Achacachi del departamento de La Paz.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
El accionante a través de su representante sin mandato por memorial presentado el 21 de agosto de 2019, cursante a fs. 2 y vta., manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión de los delitos de asesinato y otros, se encuentra detenido preventivamente; en esa situación, el 22 de julio de 2019, aproximadamente a las 18:00 horas, la Jueza hoy demandada, en audiencia de cesación de la detención preventiva resolvió rechazar dicha solicitud. En el referido acto procesal, de forma inmediata a la emisión de la resolución, su abogado interpuso recurso de apelación incidental contra la decisión asumida; sin embargo, desde la formulación de ese medio de impugnación hasta la interposición de la presente acción tutelar, transcurrieron más de veintidós días sin que dicho recurso sea remitido al respectivo Tribunal Departamental de Justicia, transgrediendo lo previsto por el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP). Desde el día siguiente de la presentación del recurso de apelación, acudió a la localidad de Achacachi solicitando el cumplimiento de la remisión del mismo, pero vanos fueron sus esfuerzos, ya que los funcionarios le indicaron que debía realizarse notificaciones pendientes.
El art. 125 de la Constitución Política del Estado (CPE) y la jurisprudencia constitucional establecieron que la acción de libertad de pronto despacho es un mecanismo idóneo para exigir la pronta atención de cualquier planteamiento del privado de libertad.
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