0010/2022-S4

Solicitaron que se conceda la tutela impetrada y, se disponga que:

1. a)De manera inmediata se programe y ejecute la evaluación periódica de los accionantes y, en consecuencia, se deje sin efecto la Convocatoria Pública 11/2020;
2. b)En cuanto a Jaqueline Rosario Álvarez Daza, por su alta situación de vulnerabilidad, la evaluación periódica sea realizada considerando su situación de salud y en el marco de la máxima protección a sus derechos a la vida y a la salud, desde un enfoque interseccional; y,
3. c)En ejecución de fallos, se ordene la reparación integral de daños, en el marco de los estándares jurisprudenciales comprendidos en la SCP 0019/2018-S2 de 28 de febrero.

Los solicitantes de tutela, a través de sus representantes, ratificaron los argumentos esgrimidos en su memorial de acción de amparo constitucional, y ampliándolos solicitaron que los informes presentados por separado -uno por el Consejero Omar Michel Durán, que establece que dicha entidad incurrió en resolución contraria a la Constitución, al emitir la convocatoria a conciliadoras y conciliadores, y otro, por la Cooperación Suiza, que evidencia daño económico al Estado-, sean incorporados como prueba de la parte accionante; posteriormente, refirió que:

1. 1)Todos los impetrantes de tutela se encuentran situados en un grupo de atención prioritaria, por pertenecer a grupos vulnerables, de manera que corresponde flexibilizar cualquier ritualismo o formalismo procesal, ingresando a analizar el fondo de la problemática;
2. 2)Como estándar jurisprudencial más alto en cuanto a la independencia judicial, corresponde aplicar en el caso concreto, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0832/2015-S3 y 0049/2019⁵;
3. 3)La obligación establecida para el Consejo de la Magistratura, de realizar la evaluación periódica dispuesta en el art. 88 de la LOJ, se trata de una potestad reglada y no discrecional, situación que se observa del art. 2 del Reglamento de Evaluación y Permanencia de Conciliadoras y Conciliadores a Nivel Nacional y de cuyo resultado dependerá que el funcionario evaluado tenga el derecho a un periodo igual, normativa que debe ser aplicada de manera armónica con los estándares internacionales de independencia judicial;
4. 4)Debe aplicarse la presunción de veracidad en cuanto a la omisión de las autoridades hoy demandadas de certificar sobre la realización o no de la evaluación periódica, ello con fundamento en las SSCCPP 0038/2011-R, 1102/2012 y 0591/2013², de modo que, al no realizarse dicha evaluación se afectaron las reglas del debido proceso sustantivo;
5. 5)Si bien las autoridades hoy demandadas informaron que el señalado Reglamento no estaba en vigencia, empero, el mismo aún se encuentra publicado en la página web del Consejo de la Magistratura, y aun fuera evidente lo afirmado, dicha actuación lesionaría la garantía de prohibición de nulidad de oficio del acto administrativo y tampoco correspondería su aplicación retroactiva a los accionantes, quienes además fueron evaluados bajo el Acuerdo 60/2018, el cual establecía las reglas para la cesación de sus funciones, las que deben ser aplicadas en su caso, bajo la garantía prevista en el art. 123 de la CPE;
6. 6)El acto lesivo denunciado no cumplió con los principios de legitimidad y de legalidad, dado que no respetó lo dispuesto en el art. 88 de la LOJ y el procedimiento establecido en el Acuerdo 60/2018 (Reglamento para la Evaluación de Conciliadoras y Conciliadores), siendo que la potestad era reglada; así tampoco cumplió con la finalidad de contar con personal idóneo, pues en todo caso, la evaluación permanente realizada a los impetrantes de tutela fue positiva; y,
7. 7)No corresponde aplicar la doctrina de la cosa juzgada constitucional, dado que, es la primera vez que este caso de conciliadores se encuentra sometido a control constitucional, pues no existe sentencia alguna que tenga identidad de sujeto, objeto y causa.

Dolka Vanessa Gómez Espada y Gonzalo Alcón Aliaga, Consejeros; y, Juan Luis Miranda Velásquez, Director Nacional de Recursos Humanos, todos del Consejo de la Magistratura, por memorial presentado el 9 de marzo de 2020, cursante de fs. 358 a 372, informaron lo siguiente:

1. i)Los solicitantes de tutela continúan ejerciendo sus funciones a pesar de haber cumplido el periodo de cuatro años, no fueron cesados en sus cargos; por lo que, no existe lesión a los derechos a la inamovilidad laboral y al trabajo;
2. ii)El Consejo de la Magistratura se encuentra sometido a lo dispuesto en la Norma Suprema y las leyes del Estado; en cuya razón, mediante Acuerdo 019/2020 de 29 de enero, aprobó la Convocatoria 11/2020 a conciliadoras o conciliadores para juzgados públicos de capital y provincias, la misma que es legal y no afectó el derecho de los accionantes, quienes, por una parte, continúan ejerciendo sus funciones, desconociendo la entidad convocante sobre la existencia de personas en situación de vulnerabilidad, dado que, ello no fue de su conocimiento, y por otro lado, tampoco se interpuso recurso alguno en contra del indicado acto administrativo;
3. iii)La Ley 025 de 24 de junio de 2010 reconoce al Consejo de la Magistratura la potestad de reelegir a las conciliadoras o conciliadores por un periodo similar al desempeñado, de manera que su actuar es legal y legítimo, al haber sido realizado en función del bien común y no así de un grupo en particular, por muy vulnerable que este sea, pues la indicada Ley no impone a dicha entidad la reelección de los conciliadores previa la evaluación de desempeño, siendo más bien una facultad discrecional y no así reglada;
4. iv)El Reglamento de Evaluación y Permanencia a Conciliadores a Nivel Nacional, aprobado por Acuerdo de Sala Plena 60/2018, ya no se encuentra vigente, al haber sido abrogado mediante la Disposición Segunda del Acuerdo 019/2020, razón por la que no es posible realizar ninguna evaluación, pues la entidad a la que representan viene trabajando en un nuevo reglamento de evaluación a conciliadores; y,
5. v)Citando las SSCCPP 0049/2019 de 12 de septiembre, 0342/2016-S1 de 16 de marzo y 2216/2013 de 16 de diciembre, y la SC 1074/2010-R de 23 de agosto, solicitaron se aplique dicha jurisprudencia al caso concreto, en cuanto se refiere al principio de legalidad en la administración pública y el acto administrativo, al ser de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio.

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, mediante Resolución 21/2020 de 9 de marzo, cursante de fs. 422 a 427 vta., concedió parcialmente la tutela solicitada, por lesión a los derechos al debido proceso sustantivo, a la defensa y a la estabilidad laboral de todos los accionantes, dejando sin efecto la Convocatoria Pública Nacional 11/2020 de 10 de febrero, prohibiendo la emisión de otra con el mismo objeto y fin, mientras no se cumpla con la evaluación periódica a los accionantes y cuyo resultado posibilitará, en su caso, la ampliación del periodo de sus funciones por otros cuatro años. En cuanto a la impetrante de tutela Jaqueline Rosario Álvarez Daza, además de la afectación a los indicados derechos, se tutelan también su inamovilidad laboral, su vida, su salud, su vida digna y la integridad física y psicológica, disponiendo su inamovilidad en el trabajo mientras subsista su estado de salud, y que, al cumplimiento del periodo de sus funciones, sea reasignada a un cargo similar en el mismo distrito judicial; y, en relación a: Felisa Callapa Yucra, Marisol Banegas Tarrazona y Rossy Toledo Gutiérrez, que presentan discapacidad o tienen hijos con discapacidad, insta al Consejo de la Magistratura a tomar acciones y crear políticas para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos, de acuerdo al tipo de discapacidad que concurren, además de buscar mecanismos legales tendientes a facilitar su permanencia en la institución una vez concluyan sus periodos de funciones, así sea con otros cargos similares. Decisión asumida bajo los siguientes fundamentos:

1. a)Las autoridades demandadas incurrieron en uso arbitrario del poder al emitir la Convocatoria Pública Nacional 11/2020, sin que previamente se cumplan las condiciones establecidas en el art. 88 de la LOJ y el Reglamento de Evaluación y Permanencia a Conciliadores a Nivel Nacional, aprobado por Acuerdo de Sala Plena 60/2018, referido a la evaluación periódica de las conciliadoras o conciliadores;
2. b)Debido a que las conciliadoras y conciliadores tienen fijado un periodo de funciones (cuatro años), pudiendo ser reelegidos por otro periodo similar, no es posible tutelar el derecho a la inamovilidad laboral más allá de los plazos predeterminados, conforme fue requerido por algunos de los solicitantes de tutela en razón a su estado de embarazo, discapacidad o madre o padre de un menor de edad o persona con discapacidad, excepto para Jacqueline Rosario Álvarez Daza, que por su delicado estado de salud (cáncer), corresponde su tutela, debiendo a la conclusión del periodo de sus funciones, asignársele otro cargo similar en la institución mientras no exista una mejora en su salud o no se supere el riesgo que corre su vida, y que a tal efecto deben emitirse periódicamente los informes médicos por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF);
3. c)En cuanto a los impetrantes de tutela con problemas de discapacidad o por ser padres de menores con discapacidad, como es el caso de Felisa Callapa Yucra, Marisol Banegas Tarrazona y Rossy Toledo Gutiérrez, el Consejo de la Magistratura debe adoptar acciones y políticas para crear un ambiente que garantice el ejercicio pleno de sus derechos, tomando en cuenta el tipo de discapacidad que presentan, además de buscar mecanismos legales que faciliten su permanencia en la institución, así sea en otros cargos similares, una vez concluyan su periodo de funciones; y,
4. d)Debido a que Juan Luis Miranda Velásquez, Director Nacional de Recursos Humanos del Consejo de la Magistratura, solo tenía facultades de ejecución de las Resoluciones de Sala Plena, no corresponde atribuirle la lesión acusada.

Solicitaron se conceda la tutela impetrada, disponiendo que:

1. 1)De manera inmediata se programe y ejecute la evaluación periódica para quienes obtuvieron resultado positivo en la evaluación permanente, de conformidad a lo previsto por el Acuerdo 60/201, al que se sujetaron los accionantes;
2. 2)Se desarrollen cursos de capacitación y la correspondiente segunda evaluación permanente; así como, la evaluación periódica para quienes obtuvieron una calificación negativa, sea en base a las reglas contenidas en el Acuerdo 60/2018;
3. 3)Dejar sin efecto la Conminatoria Pública 11/2020, por ser lesiva a sus derechos; y,
4. 4)En ejecución de fallos se ordene la reparación integral de daños, en el marco de los estándares contenidos en la 0SCP 0019/2019-S2 de 28 de febrero.

Las abogadas y representantes legales de la parte impetrantes de tutela, ratificaron el contenido de la demanda de acción de amparo constitucional y dando respuesta al informe presentado por los demandados manifestaron lo siguiente:

1. i)En el presente caso, contrariamente a lo alegado por la parte demandada, no resulta aplicable la causal de improcedencia reglada referida a la cesación del acto lesivo; toda vez que, en primer lugar, esta solo procede cuando el hecho vulnerador ha cesado en sus efectos previa notificación con la acción tutelar a los demandados y no cuando, habiéndose vencido la fase de admisibilidad con la emisión del Auto de admisión, se procede a su notificación; y, en segunda instancia, debido a que los representantes legales de los demandados, no exhibieron el acto administrativo que hubiera dejado sin efecto la Convocatoria Pública 11/2020, objeto de esta acción constitucional; por lo que, no corresponde, una vez superada la etapa admisoria, declarar la improcedencia de la acción bajo dicho fundamento;
2. ii)Si bien se formuló una anterior acción de amparo constitucional, no puede alegarse identidad de objeto ni sujetos pues existe identidad parcial de sujetos que implicaría la acumulación de causas, pero no la denegatoria de tutela, y en el caso anterior se denunció la lesión de los derechos al trabajo, a la inamovilidad funcionaria, a la vida, a la salud y a la dignidad humana;
3. iii)El Consejo de la Magistratura de manera reiterada ha emitido convocatorias públicas en detrimento de los derechos de los funcionarios judiciales, que han ocasionado la incesante interposición de acciones de amparo constitucional, denotándose en consecuencia que ese accionar lesivo es recurrente, correspondiendo a la justicia constitucional poner un alto a dichos actos, y ordenar, en el marco de la SCP 0019/2018-S3, la reparación integral de los daños, sentando de esta manera, un precedente respecto al respeto a las normas internas del país y las comprendidas en el bloque de constitucionalidad, destinadas a garantizar la independencia judicial;
4. iv)una vez concedida la tutela se establezca que la evaluación de los Conciliadores sea bajo estrictas reglas de imparcialidad, mediante la contratación de un empresa y la supervisión de veedurías ciudadanas a partir de organismos encargados de la promoción de derechos humanos, en observancia del art. 63 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH);
5. v)Todos los funcionarios judiciales y servidores de apoyo, deben gozar de las máximas garantías de estabilidad laboral y permanencia en el cargo que no permitan la interrupción arbitraria de sus funciones, debiendo respetarse aquellas que hagan previsible una situación establecida en la ley a la que los ahora accionantes se encuentran sujetos, pues no se pretende su eternización en el cargo; sino que, se apliquen las garantía previstas por la norma, a la conclusión del periodo de sus funciones que es de cuatro años, al culminar los cuales, de acuerdo a la normativa especial del Consejo de la Magistratura; es decir, el Reglamento de Proceso de Selección, permanencia Estabilidad para Conciliadores, ellos gozan de la garantía a ser sometidos a un proceso de evaluación permanente en cual, de alcanzar calificación positiva tienen la posibilidad de reelección inmediata por un periodo similar; y,
6. vi)La Convocatoria 11/2020, afecta los derechos de noventa familias que sufren una decisión arbitraria asumida en desconocimiento de la garantía de independencia judicial; por lo que, debe ser dejada sin efecto.

Dolka Vanessa Gómez Espada, entonces Presidenta y Juan Luis Miranda Velazquez, director Nacional de Recursos Humanos, ambos del Consejo de la Magistratura, mediante informe escrito de 12 de marzo de 2020, cursante de fs. 540 a 545, y a través de sus representantes legales Ronald Terrazas Montaño, Mateo Augusto Alandia Navajas y Jimmy Alex Arusca Flores, Asesor Legal Nacional, Encargado Distrital y Asesor Legal, respectivamente de la referida institución, señalaron lo siguiente:

1. a)Mediante memorial de 28 de febrero de 2020, Nancy Martha Alarcón Flores, Alejandra Carmen Sajama Chino y otros, patrocinados y legalmente representados por las mismas abogadas que interponen la presente acción tutelar, formularon acción de amparo constitucional contra las autoridades ahora también demandadas, habiéndose emitido por esta misma Sala Constitucional, el Auto 049/2020 de 3 de marzo del referido año, por el que se admitió la demanda, notificándose a la contraparte el 9 de igual mes y año y, posteriormente, pronunciado la Resolución Constitucional -con la que aún no fueron notificados- que concedió la tutela impetrada, disponiendo se deje sin efecto la Convocatoria Pública 11/2020 y se proceda a la evaluación de las y los Conciliadores a nivel nacional que cumplieron su periodo de funciones de cuatro años;
2. b)Bajo tales antecedentes, la presente acción de amparo constitucional, incurre en la causal de improcedencia descrita en el art. 53.2 del CPCo, al haber cesado los efectos del acto reclamado, que las ahora representantes de los nuevos accionantes reclaman de forma reiterativa y con los mismos argumentos expuestos en el caso anterior, pretendiendo la emisión de una nueva resolución sobre un caso ya resuelto; por lo que, debió declararse la improcedencia de la presente demanda mediante auto motivado, en el marco de la basta jurisprudencia constitucional al respecto;
3. c)La acción tutelar que se revisa, contiene similares sujetos, causa y objeto con la anterior demanda que ya fue resuelta, y si bien los solicitantes de tutela de la primera no exactamente los mismos, sí cuentan con la misma calidad de servidores de apoyo jurisdiccional (Conciliadores); por lo tanto, se aplica de forma correcta la calidad de los mismos sujetos; asimismo, la demanda actual es generada por el mismo motivo y objeto, traducido en la publicación de la Convocatoria 11/2020, que vulneraría el derecho al trabajo; extremo que se reitera, ya fue considerado y resuelto, correspondiendo en consecuencia que, en aplicación de los entendimientos asumidos por la SC 0849/2013-L de 14 de agosto, al existir identidad absoluta entre ambas acciones tutelares, sin ingresar al fondo de lo demandado, se deniegue la tutela impetrada.

Tahí Lidia Ábrego Marín, Directora General de la Organización No gubernamental (ONG) CONSTRUIR, sin fines de lucro, en su calidad de amicus curiae, ofrecido por la parte accionante, por escrito cursante de fs. 486 a 501, manifestó lo siguiente:

1. 1)A través de importantes instrumentos internacionales específicos destinados a la protección reforzada de grupos vulnerables, se ha incorporado el enfoque diferencial de los derechos humanos para identificar situaciones y circunstancias inherentes a dichas poblaciones;
2. 2)Las autoridades administrativas y judiciales tienen el deber de ejercer el control de constitucionalidad y convencionalidad, interpretando a dicho efecto el ordenamiento jurídico a través de un enfoque diferencial de los derechos humanos y a la luz de los principios de progresividad, favorabilidad y prohibición de discriminación;
3. 3)El Estado Plurinacional, se halla compelido a asegurar medidas orientadas a afirmar los derechos de niños, niñas y adolescentes y procurar los mínimos vitales de subsistencia a estos grupos vulnerables;
4. 4)El derecho al trabajo y a la estabilidad laboral, se constituye en un derecho primario para sustento de los mínimos vitales de niñas, niños y adolescentes, ameritando una protección reforzada a la estabilidad laboral de madres y padres progenitores hasta el año de nacido, lo que constituye una acción afirmativa en favor de quienes se hallan en situación de vulnerabilidad y una respuesta a la discriminación histórica por cuestión de género, afrontada por las mujeres despedidas de su fuente laboral por situación de embarazo; protección que se ha extendido en favor de los padres progenitores a efectos de precautelar los derechos , supervivencia y desarrollo de niñas, niños y adolescentes; y,
5. 5)La omisión de los estándares internacionales y jurisprudencia constitucional, afecta el principio de progresividad consagrado en el art. 13 de la CPE y vulnera la garantía de prohibición de regresividad que las autoridades judiciales se encuentran en el deber de proteger a través de sus decisiones, con especial razón cuando se trate de este grupo vulnerable.

Carmen Susana Saavedra Badani, representante legal de la Fundación CONSTRUIR, sin fines de lucro, mediante escrito cursante de fs. 503 a 512, manifestó que:

1. i)La Fundación CONSTRUIR, desarrolla actividades investigativas, educativas, comunicacionales, deliberativas, de monitoreo e incidencia social, con el objeto de promover el desarrollo de la sociedad civil y fortalecer el acceso a la justicia y tutela judicial efectiva de los derechos fundamentales de grupos vulnerables en el Estado Plurinacional de Bolivia;
2. ii)En un Estado Constitucional de Derecho, uno de los presupuestos esenciales es la vigencia de la garantía de la independencia judicial que su vez se vincula con la independencia institucional, misma que conlleva que el Órgano Judicial no puede estar sujeto, influenciado ni sometido a ningún tipo de presión de otros órganos de poder o particulares; sin embargo, esta independencia solo será posible en la medida en lo que los servidores judiciales se halles sujetos a una carrera judicial, en base a una selección meritocrática, a la garantía de la estabilidad laboral y la remoción de funciones en el marco de un debido proceso; solamente así, se encontrará asegurada la imparcialidad y objetividad de las decisiones que se emitan en coherencia con la Ley Fundamental y el bloque de constitucionalidad;
3. iii)La Corte IDH, estableció que las autoridades judiciales precisan de garantías reforzadas, pues tienen la misión de resguardar la democracia y asegurar el respeto a los derechos; entendimiento que también resulta aplicable a los Conciliadores que, desde su función contribuyen a la creación de una cultura de paz;
4. iv)El informe sobre el Estado de la Justicia de 2018, da cuenta sobre la existencia de casos de hostigamiento, presiones, procesamientos penales arbitrarios y contrarios a estándares internacionales vinculados a la garantía de la independencia judicial, situación que preocupa a la Fundación CONSTRUIR al implicar el incumplimiento de compromisos internacionales del Estado sobre independencia judicial;
5. v)La desvinculación de Conciliadores sin cumplir el Acuerdo 60/2018, preocupa a las instancias de protección y promoción de derechos en el Estado, máxime si se trata de personas pertenecientes a grupos de atención prioritaria;
6. vi)Bajo los estándares internacionales sobre independencia judicial, la desvinculación de servidores judiciales, no puede justificarse bajo el justificativo de la transitoriedad o cumplimiento de periodo, cuando se halle condicionada a evaluaciones previas de desempeño; no obstante, en Bolivia hasta 2018 cerca del "80%" de jueces, ostentó la calidad de transitorio o provisionales; datos que evidencian el flagrante incumplimiento de obligaciones internacionales del Estado respecto a la garantía de independencia judicial; práctica que no debe ser replicada en el caso de otros servidores judiciales, entre ellos los Conciliadores, cuya estabilidad debe asegurarse en el marco del Acuerdo 60/2018, emitido por el propio Consejo de la Magistratura;
7. vii)El Tribunal Constitucional Plurinacional, consolidó una línea jurisprudencial respecto a la garantía de la independencia judicial, aplicable a todo tipo de servidores judiciales; por lo que, en el marco de la activación de los mecanismos de participación ciudadana como los amicus curiae, es imperativo que los Tribunales de garantías cumplan con dicho precedente a efectos de evitar la regresividad en derechos y provocar responsabilidades internacionales;
8. viii)Mediante SC 0049/2019 de 12 de septiembre, se declaró la inconstitucionalidad del art. 20 del Reglamento Transitorio de Movilidad Funcionaria de Jueces y Servidores de Apoyo Judicial, utilizando al test de razonabilidad frente a cualquier decisión que pudiera afectar la garantía de independencia judicial y la situación laboral de servidores judiciales; test que no fue aplicado por el Consejo de la Magistratura respecto a la desvinculación de los Conciliadores, sin cumplir el Acuerdo 60/2018;
9. ix)La SC 0049/2019⁵ armonizó con el contenido de la SCP 0823/2015-S3 de 17 de agosto que concedió la tutela en una acción de amparo constitucional formulada por jueces de la niñez y adolescencia que impugnaron una convocatoria emitida por el Consejo de la Magistratura, consagrando precedentes interamericanos sobre independencia judicial, habiéndose establecido un precedente en vigor en coherencia con el estándar jurisprudencial más alto, que no puede ser desconocido por jueces y tribunales de garantías, que tienen el deber de garantizar la independencia judicial y velar por la observancia fiel del procedimiento para desvinculación de los Conciliadores; y,
10. x)Los amicus curiae, tienen la finalidad de identificar actos, omisiones o decisiones que pudieran ser contrarios a las obligaciones internacionales de respeto a derechos, asumidas por el Estado; siendo que, en el presente caso, la Fundación CONSTRUIR, en su calidad de amicus curiae, identificó la inobservancia por parte del Consejo de la Magistratura al Reglamento de Evaluación y Permanencia a Conciliadores a Nivel nacional aprobado por Acuerdo 60/2018; por lo que, la Convocatoria 11/2020, emitida sin haberlos sometido a evaluación previa, contraría estándares internacionales de independencia judicial que, de no ser restituidos en la vía interna, podría acarrear responsabilidad internacional para el Estado Boliviano.

Mediante nota CITE:PIU/ACCESO A JUSTICIA/013/2020 de 9 de marzo (sin firma), Miriam Campos Bacarreza, Coordinadora PIU-AJ del Proyecto Acceso a la Justicia de la Cooperación Suiza en Bolivia, dando cumplimiento a la solicitud efectuada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, respecto a que dicha entidad informe respecto a las circunstancias del proceso de selección de conciliadores y la suma de dinero invertida en el proceso meritocrático de selección y desempeño de funciones, informó lo siguiente:

1. a)En junio de 2013, se suscribió un convenio para una primera fase comprendida de 2013 a diciembre de 2017, renovándose el mismo para una segunda fase de mayo de 2018 a diciembre de 2021; convenio de cooperación técnica y financiera no reembolsable para implementar la conciliación en sede judicial bajo la aplicación de las Leyes 025 del Órgano Judicial y 439, del Código Procesal Civil que estableció la conciliación previa a cargo de funcionarios de apoyo jurisdiccional denominados Conciliadores judiciales;
2. b)Para la implementación de este proceso, el Órgano Judicial aportó ciento cincuenta y siete items de conciliadores, que son cubiertos con fondos del Tesoro General del Estado; y,
3. c)La Cooperación Suiza, realizó una serie de acciones con fondos propios no reembolsables:
4. 1)Apoyo al proceso de selección de conciliadores a través de una empresa especializada en reclutamiento de talento humano, con un costo de Bs120 000.- (ciento veinte mil bolivianos);
5. 2)Curso intensivo de un mes a los Conciliadores seleccionados que se alojaron en la ciudad de Sucre, con un monto de Bs311 412.- (trescientos once mil cuatrocientos doce bolivianos) por concepto de pago a de consultores y, Bs59 250.- (cincuenta y nueve mil doscientos cincuenta bolivianos), por refrigerios;
6. 3)Capacitación continua a Conciliadores, por Bs117 699.- (bolivianos ciento diecisiete mil seiscientos noventa y nueve);
7. 4)Encuentro par intercambio de experiencias y evaluación en 2016, por Bs240 047.- (doscientos cuarenta mil cuarenta y siete bolivianos);
8. 5)veinte becas para Conciliadores judiciales de 9 departamentos y la ciudad de El Alto, a la República Argentina por una semana, con un costo de Bs532 634.- (quinientos treinta y dos mil seiscientos treinta y cuatro bolivianos);
9. 6)Capacitación continua en técnicas de conciliación en 2017, por Bs120 250.- (ciento veinte mil doscientos cincuenta bolivianos);
10. 7)Capacitación en técnicas de conciliación con enfoque en resolución de conflictos familiares, por la suma de Bs109 000.- (ciento nueve mil bolivianos);
11. 8)Encuentro de ciento cincuenta y siete Conciliadores para intercambio de experiencias y evaluación 2017, con la suma de Bs304 354.- (trescientos cuatro mil trescientos cincuenta y cuatro bolivianos);
12. 9)Seminario internacional sobre desafíos y perspectivas de la aplicación de la conciliación en sede judicial, por Bs220 225.- (doscientos veinte mil doscientos veinticinco bolivianos); y,
13. 10)Encuentro de ciento cincuenta y siete Conciliadores para intercambio de experiencias y evaluación 2019, con la suma de Bs288 126.- (doscientos ochenta y ocho mil ciento veintiséis bolivianos); haciendo un total de Bs3 484 252,88.- (tres millones cuatrocientos ochenta y cuatro mil doscientos cincuenta y dos 88/100 bolivianos); apoyo técnico y financiero no reembolsable que permite manifestar que desde 2016 a 2019, la justicia boliviana ha resuelto cuarenta y ocho mil seiscientos sesenta y nueve acuerdos de conciliación satisfactorios que constituyen el "38%" de casos resueltos por este medio directo de acceso a la justicia, logrando la reducción de la mora procesal de "51%" a "49%" entre 2017 a 2018.

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, mediante Resolución 22/2020 de 12 de marzo, cursante de fs. 577 a 583, concedió la tutela solicitada, dejando sin efecto la Convocatoria Pública 11/2020 para Conciliadoras y Conciliadores de Juzgados Públicos en Capitales y Provincias, emitida por los Consejeros demandados, no pudiendo emitirse otra convocatoria con el mismo objetivo y fin, mientras no se cumpla con la evaluación periódica de los accionantes; decisión asumida en base a los siguientes fundamentos:

1. i)Mediante proceso meritocrático convocado por el Consejo de la Magistratura, en el marco del art. 88.I de la LOJ y del Acuerdo 142/2015, fueron designados los Conciliadores en sus respectivos cargos por un periodo de cuatro años, pudiendo ser reelegidos por otro periodo similar, conforme dispone el art. 88.II de la LOJ, previa evaluación de desempeño;
2. ii)Para operativizar dichas evaluaciones, mediante Acuerdo 60/2018 de 28 de junio, se aprobó el Reglamento de Evaluación y Permanencia de Conciliadores a nivel nacional, estableciendo dos modalidades de evaluación: la permanente, que debe realizarse anualmente durante el ejercicio del cargo; y, la periódica, que de conformidad a los arts. 7.1 y 16 del señalado Reglamento, debe aplicarse a la finalización del periodo de cuatro años y tiene por objeto determinar la continuidad o cesación en el cargo, siendo que, el art. 17 del mismo cuerpo normativo, en relación al art. 88.II de la LOJ, prevé que el resultado positivo de la evaluación, tendrá como efecto la ratificación automática del Conciliador; consecuentemente, la referida evaluación, constituye una atribución reglada y a su vez, un derecho de continuidad en las funciones por un periodo similar, bajo la condición de rendir de forma positiva la evaluación;
3. iii)La posibilidad de reelección prevista en el mencionado art. 88.II de la LOJ, tiene la finalidad de que los Conciliadores que hubieran sido evaluados positivamente, puedan continuar en el ejercicio de sus funciones por un periodo similar adicional, lo que redunda en beneficio de la sociedad, ya que dicha evaluación permite al Consejo de la Magistratura, medir las aptitudes y actitudes de aquellos servidores en función a las exigencias del cargo;
4. iv)Siendo que fue el propio Consejo de la Magistratura que aprobó el citado Reglamento, se encontraba reatado a su cumplimiento en beneficio de la población que busca justicia y de los derechos de los Conciliadores de poder ampliar sus funciones por cuatro años más, como resultado de una evaluación positiva; por ello, no les estaba permitido suprimir unilateralmente aquel mecanismo destinado a determinar su cesación o permanencia en el cargo;
5. v)La emisión de la Convocatoria Pública 11/2020, sin cumplir previamente la evaluación periódica prevista en la normativa descrita, ni justificar razonablemente la urgencia de apartarse de la misma, resulta evidentemente lesiva al debido proceso sustantivo, pues conlleva una cesación automática del cargo para todos los Conciliadores que no fueron sometidos a la evaluación, cuando, por el contrario, los actos del Consejo de la Magistratura, debieran ser justos, razonables y respetuosos de los valores supremos y derechos fundamentales;
6. vi)El Reglamento de Evaluación y Permanencia de Conciliadores a Nivel Nacional, contiene reglas específicas y concretas respecto a la aplicación objetiva del art. 88.II de la LOJ en relación a cómo debe operar la reelección de Conciliadores, otorgando la certeza de que aquellos que rindan una evaluación positiva, serán ratificados por un periodo similar en el cargo, y quienes obtuviese una calificación negativa, cesarán en sus funciones; en tal sentido, los ahora demandados, al emitir la Convocatoria 11/2020, vulneraron el principio de seguridad jurídica vinculado al derecho al trabajo y estabilidad laboral, ya que su emisión no era previsible según las reglas determinadas;
7. vii)En cuanto al derecho al trabajo y estabilidad laboral, si bien es evidente que los Conciliadores, de acuerdo a lo estatuido por el art. 88.II de la LOJ, son servidores públicos designados por un periodo de funciones de cuatro años, no es menos evidente que la misma disposición legal, les reconoce la posibilidad de ser reelectos por otros cuatro años, habiendo sido el propio Consejo de la Magistratura que reguló las formas y condiciones para acceder automáticamente a ese periodo adicional y cuando debe operar la cesación del cargo; en tal sentido, la publicación de la Convocatoria 11/2020, sin evaluación previa, suprimió a los accionantes la posibilidad de ratificación en el cargo, lesionando su derecho de continuar en el desempeño de funciones y no ser cesados discrecionalmente, de acuerdo a lo establecido en estándares internacionales de protección de derechos humanos; y,
8. viii)Siendo que Juan Luis Miranda Velásquez, entonces Director Nacional de Recursos Humanos del Consejo de la Magistratura, solo tiene facultades para ejecutar la evaluación, previa aprobación de la Sala Plena, no puede atribuírsele lesión sobre los derechos reclamados por no haber llevado a cabo la evaluación periódica.