0010/2023-S1

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0010/2023-S1 Sucre, 24 de enero de 2023

SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional

Expediente: 32877-2020-66-AAC Departamento: Santa Cruz

En revisión la Resolución 97 de 3 de noviembre de 2020, cursante de fs. 110 vta., a 112, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Willy Werner Leaños contra Julio Nelson Alba Flores y Walter Pérez Lora, Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 3 y 10 de enero de 2020, cursante de fs. 2 a 19 y 73 a 74, el accionante expresó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de estafa agravada, los Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz - ahora demandados -, por Auto de Vista 34/2019 de 16 de mayo, declararon admisible e improcedente el recurso de apelación restringida, interpuesto contra la Sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento señalado, así como la apelación incidental planteada contra la Resolución que rechazó las excepciones de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso y prescripción, dicha Resolución en el primer considerando señala que el Tribunal de alzada debe cuidar que el proceso se tramite sin vulnerar derechos fundamentales tanto del acusador como del acusado, abriéndose para ello todas las normas, legales, constitucionales, principios del debido proceso, tratados internacionales y todo lo que implica la correcta aplicación del derecho en general; en ese sentido, es necesario sintetizar y buscar de manera objetiva los agravios que implican violación de derechos fundamentales y que implican la dictación de la sentencia; en este primer considerando, la exposición de los ahora demandados se centra en supuestos agravios de los acusadores y en lo que concierne a los principios y garantías fundamentales del acusado que lo benefician en razón de verdad material, retardación de justicia e igualdad de las partes ante el juez en un debido proceso; empero, los obviaron por completo, pues no valoraron con objetividad e imparcialidad la prueba de cargo (inexistente) y descargo ofrecida en el otrosí sexto del recurso de apelación, y tampoco existe una debida fundamentación y motivación, denotando ausencia total del resguardo a principios otorgados por el Estado boliviano.

En el segundo considerando del supracitado Auto de Vista que se denuncia como vulnerador de derechos, realiza una escasa fundamentación, limitándose a referirse a la tipificación del presunto delito, sin realizar una correcta valoración de las pruebas presentadas, con las que demostró plenamente que, durante todo el proceso hasta la presentación de las excepciones de extinción penal por prescripción y duración máxima del proceso, no fue declarado rebelde. Asimismo, los Vocales ahora demandados, consideraron que se centró en plantear apelación contra el referido Auto que rechazó las excepciones precitadas, manifestando que la denuncia fue interpuesta el 10 de enero de 2010, y que hasta el momento de presentar las excepciones antedichas, transcurrieron más de siete años; el escaso fundamento citado, denota que el Tribunal de alzada, no cumplió con su deber jurídico de revisar la sentencia, pues debió precautelar que no se lesionaran derechos y garantías, subsanar defectos en el Auto de Vista objeto de esta acción tutelar, declarando nula la Sentencia 55/2017 de 17 de noviembre, y ordenar un nuevo proceso donde se respeten dichos derechos y garantías. En el considerando quinto del mencionado Auto de Vista, se indicó que las excepciones e incidentes se tramitan por la vía incidental, teniendo la carga de la prueba quien las interpone; sin embargo, cabe aclarar que ofreció pruebas en el otrosí seis de su memorial de apelación incidental.

La parte final del considerando dos del Auto de Vista 34/2019 de 16 de mayo, señala que si bien es cierto que el imputado ahora impetrante de tutela hizo una auditoría jurídica de los actos procesales dilatorios, haciendo el descuento de las vacaciones judiciales, los días feriados e inhábiles señalando a quien sería atribuible la mora procesal; sin embargo, se debe tener en cuenta también que durante toda la investigación preliminar y preparatoria el proceso estuvo sin movimiento por varios años hasta que el prenombrado interpuso los incidentes señalados supra; es decir que, el mismo admite que solo interpuso dichos incidentes y tramitó su libertad bajo medidas sustitutivas a la detención preventiva, pero no planteó otros incidentes para asumir su defensa de fondo y tampoco reclamó la retardación de justicia, adoptando una actitud pasiva dentro del proceso penal, provocando su propia indefensión, al respecto, el Tribunal de alzada admite la existencia de una auditoría jurídica y no cuestiona su contenido convalidando el mismo, pero no valora el hecho de que fue sentenciado sin prueba de cargo que sustente, admite que el proceso estuvo sin movimiento por varios años por ausencia de autoridad jurisdiccional aspecto que no es de su competencia, asimismo, confirma incumplimiento de plazos por el Órgano Judicial, Ministerio Público y la parte acusadora como la existencia de indefensión absoluta al no valorar objetivamente la falta de prueba del acusador. El Auto de Vista indicado líneas arriba, en sus partes considerativas señala que habría que verificar cuál es la parte responsable de la demora procesal, y no limitarse a hacer una cronología de actuados procesales. Al respecto, es necesario entender que una auditoría jurídica es la revisión independiente del uso del material, de la información y de sus manipulaciones desde la perspectiva de la norma legal, con la finalidad de emitir un dictamen sobre la adecuación a la legalidad vigente, siendo este aspecto cumplido, ya que, con la revisión cronológica de los actuados, se demostró que la demora procesal fue atribuible al Ministerio Público y al Órgano Judicial, por lo que el referido Auto de Vista , resulta ser caprichoso y sin un razonamiento coherente, indicaron también que no adjuntó prueba que demuestre no haber sido declarado rebelde; sin embargo, la verdad material es que el proceso inició el 11 de enero de 2010, y concluyó con la Sentencia 55/2017 de 17 de noviembre, transcurriendo siete años, diez meses y seis días, y considerando que de acuerdo a la normativa procesal penal y la jurisprudencia constitucional, el cómputo de la prescripción empieza a correr desde la media noche del día en que se cometió el delito o en que cesó su consumación, y puede interrumpirse por la declaratoria de rebeldía del imputado.

La Resolución que se impugna, debió efectuar un análisis apegado a la Ley y no limitarse a señalar que no se dio fechas, cuando a todas luces es evidente en base a los datos del expediente el cumplimiento del plazo, pudiendo verificar en el expediente las fechas que alegó desconocer, pues la finalidad de la figura de extinción penal por prescripción continua siendo la misma, pues el orden procesal no establece diferencia en el cómputo para la prescripción cuando son delitos de acción penal pública o privada, sino que se basa en el quantum de la pena, por ende, el agraviado de un delito o el que tiene el monopolio de la investigación, tenga una actitud desidiosa y no activa, respecto a la comisión de ilícito, no puede dejar de responder a la previsión penal de la extinción de la acción, con mayor razón si no se trata de delitos de lesa humanidad, de corrupción o de carácter complejo, la prosecución de la causa está reatada a su actitud responsable en causa propia, en esta situación, el Tribunal de alzada dio una respuesta no fundamentada con evasivas, cuando es su deber revisar el proceso.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

El accionante señaló como lesionados sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación; a la defensa, a una justicia pronta oportuna y sin dilaciones, a la verdad material, a la igualdad, citando al efecto los arts. 115, 116, 117 y 119 de la Constitución Política del Estado (CPE), y 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela solicitada, pidiendo se "...ordene por las consideraciones precedentes, el Tribunal Supremo de justicia al declarar infundadas las excepciones, en uso de terminología equivocada y no haber efectuado una adecuada compulsa de los antecedentes, pido que este tribunal que hace de tribunal de garantías El Tribunal Constitucional; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, resuelva REVOCAR en todo la Resolución con Auto 34/2019 de 16 de mayo de 2019, y en consecuencia dejar sin efecto el Auto Supremo de 16 de mayo de 2019, debiendo los Supremos demandados, una vez remitido el expediente proceder a emitir nueva Resolución..." (sic).

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 3 de noviembre de 2020, según consta en acta cursante de fs. 110 y vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El impetrante de tutela ratificó el tenor íntegro de la acción de amparo constitucional interpuesta, y ampliando refirió: que el instituto de la extinción de la acción penal por prescripción y por duración máxima del proceso, operan de forma diferente, uno está vinculado al transcurso del tiempo dentro de lo que se comporta el proceso en sí, y el otro tiene que ver con la pérdida del ejercicio punitivo del Estado y las partes, solicitando se tome en cuenta la jurisprudencia detallada en la acción de amparo constitucional interpuesta.

I.2.2. Informe de las autoridades demandas

Julio Nelson Alba Flores y Walter Pérez Lora, Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, no se hicieron presentes en audiencia ni elevaron informe, pese a su citación cursante de fs. 108 a 109.

II.2.3. Intervención de los terceros interesados

Arturo Mirabal Aguilar, Víctor y Demetrio ambos Alarcón Ordoñez, no se apersonaron a la audiencia ni presentaron memorial alguno, a pesar de haber sido notificados conforme consta a fs. 106.

I.2.4. Resolución

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional Por Decreto Constitucional de 11 de mayo de 2021, cursante a fs. 116, se dispuso la suspensión del plazo procesal a objeto de recabar documentación complementaria; reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el Decreto Constitucional de 12 de enero de 2023 (fs. 185); por lo que, la presente Sentencia es emitida dentro del plazo establecido en el Código Procesal Constitucional.

II. CONCLUSIONES

Del análisis de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.1. Mediante Sentencia 55/2017 de 17 de noviembre, el Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Santa Cruz, declaró autor y culpable del delito de estafa a Willy Werner Leaños - ahora impetrante de tutela -, condenándole a la pena privativa de libertad de tres años a cumplirse en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz (fs. 52 a 59 vta.).

II.4. Cursa memorial presentado el 10 de julio de 2019, por el cual el impetrante de tutela interpuso recurso de casación contra el Auto de Vista 34/2019 de 16 de mayo, que resolvió sus recursos de apelación restringida contra la sentencia condenatoria y apelación incidental contra el rechazo de sus excepciones de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso y por prescripción, declarándolos en ambos casos admisibles e improcedentes (fs. 60 a 70).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

III.1. La subsidiariedad de la acción de amparo constitucional

Sobre este tema, se hace necesario partir desde lo contemplado por la Constitución Política del Estado - art. 128 -, en relación a la acción de amparo constitucional, de cuyo precepto se tiene que esta acción de defensa es un proceso constitucional de naturaleza tutelar, de tramitación especial y sumarísima, que tiene por objeto la restitución o restablecimiento inmediato de los derechos fundamentales y garantías constitucionales contemplados dentro su ámbito de protección, en aquellos casos en que dichos derechos y/o garantías se vean amenazados, suprimidos o restringidos por actos u omisiones ilegales o indebidos de autoridades públicas o particulares; alcance por el cual, la misma Norma Fundamental, delimitó las condiciones y requisitos para su admisibilidad, estableciendo en el art. 129.I de la CPE, que dicha acción tutelar podrá ser interpuesta por toda persona que se crea afectada, o por otra que actué en su nombre con poder suficiente, o por la autoridad correspondiente, ante cualquier juez o tribunal de garantías; empero, siempre y cuando no exista otro medio o recurso legal ordinario que le brinde protección inmediata a sus derechos vulnerados, restringidos, suprimidos o amenazados; por lo que esta última condición, emerge de los principios de subsidiariedad e inmediatez que rigen esta acción tutelar, regulado por el art. 54 del CPCo.

Bajo esas consideraciones generales sobre la acción de amparo constitucional, corresponde invocar a la SCP 0056/2019-S2 de 1 de abril, la cual efectuando una sistematización de la línea jurisprudencial sobre la naturaleza jurídica de la acción de amparo constitucional y el principio de subsidiariedad citó a la SC 0046/2012 de 26 de marzo, la que a su vez señalo que:

"Se constituye entonces en una de las acciones de defensa más amplia en cuanto al alcance de su ámbito de tutela y protección de derechos, rigiendo para su interposición, los principios de inmediatez y subsidiariedad, conforme lo establece el art. 129 de la Ley Fundamental; denotándose de la naturaleza de esta acción su objeto de protección y resguardo de derechos en el marco de los valores y principios ético-morales establecidos en la Constitución Política del Estado, contribuyendo desde la justicia constitucional a efectivizar y materializar esos valores y principios para una vida armoniosa, con equidad, igualdad de oportunidades y dignidad, entre otros valores, en los que se sustenta el Estado Plurinacional y que son parte de la sociedad plural."

En esa línea, la citada Sentencia refiriéndose al principio de subsidiariedad, a través de las 0SSCC 0374/2002-R de 2 de abril y 00492/2003-R de 15 de abril, señalo que la subsidiariedad siempre fue entendida como el agotamiento previo de todos los medios o recursos ordinarios ya sea en vía judicial o administrativa, puesto que las vulneraciones de derechos fundamentales deben ser reparadas en el mismo proceso, o instancia donde fueron conculcados, y solo cuando a pesar de haber agotado tales medios, queda abierta la protección que brinda la acción de amparo constitucional; puesto que esta acción de defensa por mandato constitucional está regido por el principio de subsidiariedad; asimismo, preciso que la SC 1337/2003-R de 15 de septiembre, en base a los referidos razonamientos desarrolló reglas y subreglas para su aplicación general, mismas que se traducen en las siguientes:

Así, la indicada SCP 0056/2019-S2, continuando con la sistematización de la línea jurisprudencial sobre el principio de subsidiariedad en la acción de amparo constitucional, dio a conocer que este Tribunal se mantuvo uniforme al considerar que dicho principio por mandato constitucional se constituye en un requisito de procedencia de la acción de amparo constitucional, misma que no procede si existen otros mecanismos procesales idóneos para atacar la lesión o amenaza; entendimiento que se fue reiterando en las SSCC 0484/2010-R, 1311/2012, 0058/2015-S2, entre otras; para luego concluir que:

"De las normas y sentencias constitucionales citadas precedentemente, se concluye que la acción de amparo constitucional, se activa siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados; es decir, toda persona que considere lesionados sus derechos y garantías constitucionales, debe utilizar cuanto medio idóneo e inmediato esté previsto en la vía administrativa o judicial o ante la autoridad que de acuerdo a la naturaleza de los actos u omisiones ilegales e indebidos pueda proporcionar protección inmediata, con carácter previo a acudir a la jurisdicción constitucional, toda vez que, no es sustitutiva de otros medios o recursos legales."

III.2. El derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos del debido proceso

En el entendido que la Norma Suprema reconoce al debido proceso en su triple dimensión (principio, derecho y garantía) como un derecho fundamental de los justiciables1, el mismo está compuesto por un conjunto de elementos destinados a resguardar justamente los derechos de las partes dentro un proceso judicial o administrativo; así, en cuanto a los elementos fundamentación y motivación, que se encuentran vinculados directamente con las resoluciones pronunciadas por todos los operadores dentro la justicia plural prevista por la Norma Suprema, la SCP 1414/2013 de 16 de agosto, en su Fundamento Jurídico III.4, efectuó una precisión y distinción a ser comprendidos como elementos interdependientes del debido proceso, reflexionando que, la fundamentación es la obligación de la autoridad competente a citar los preceptos legales sustantivos y adjetivos, en los cuales se apoya la determinación adoptada, mientras que, la motivación, se refiere a la expresión de los razonamientos lógico-jurídicos sobre el porqué el caso se ajusta a la premisa normativa.

En ese marco, la referida jurisprudencia constitucional, para sustentar su razonamiento, citó a la SC 1291/2011.R de 26 de septiembre, el cual expresó que:

"el fallo debe dictarse necesariamente con arreglo a derecho, esto es con la debida fundamentación que consiste en la sustentación de la resolución en una disposición soberana emanada de la voluntad general. Este requisito exige que e[l juez, a través del fallo haga públicas las razones que justifican o autorizan su decisión, así como las que la motivan, refiriéndonos al proceso intelectual fraguado por el juez en torno a las razones por las cuales, a su juicio, resultan aplicables las normas determinadas por él, como conocedor del derecho para la solución del caso a través de la cual el juzgador convence sobre la solidez de su resolución y a la sociedad en general le permite evaluar la labor de los administradores de justicia" (sic. [el resaltado nos corresponde]).

Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos humanos, en el Caso Apitz Barbera y otros ("Corte Primera de lo Contencioso Administrativo") vs. Venezuela2, refirió que:

"77. La Corte ha señalado que la motivación 'es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión'. El deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática.

78. El Tribunal ha resaltado que las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar derechos humanos deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias. En este sentido, la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que éstas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores. Por todo ello, el deber de motivación es una de las 'debidas garantías' incluidas en el artículo 8.1 para salvaguardar el derecho a un debido proceso" (sic.[las negrillas son adicionadas]).

Bajo esa comprensión, corresponde complementar el presente acápite con los argumentos desarrollados por la SC 2221/2012 de 8 de noviembre, que, al referirse a la fundamentación y motivación, precisó que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada, está dado por sus finalidades implícitas, que son las siguientes:

"(1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad..." (sic).

En ese contexto, las citadas reflexiones constitucionales, y reiteradas por la jurisprudencia, resultan aplicables a todos los operadores de justicia que emiten sus fallos mediante los cuales resuelven el fondo de los casos sometidos a su conocimiento; en ese antecedente, corresponde precisar que, conforme a la doctrina argumentativa, la argumentación como instrumento esencial de la autoridad que imparte justicia, tiene una transcendental finalidad, que es la justificación de la decisión, misma que está compuesta por dos elementos, que si bien tienen sus propias características que los distinguen y separan, empero son interdependientes al mismo tiempo dentro de toda decisión; así, dichos elementos de justificación son: la premisa normativa y la premisa fáctica, que obligatoriamente deben ser desarrollados en toda resolución; es decir, los fallos deben contener una justificación de la premisa normativa o fundamentación, y una justificación de la premisa fáctica o motivación.

Bajo esa comprensión, es posible concluir en que, la fundamentación se refiere a labor argumentativa desarrollada por la autoridad competente en el conocimiento y resolución de un caso concreto, en el cual está impelido de citar todas las disposiciones legales sobre las cuales justifica su decisión; pero además, y, en casos específicos, en los cuales resulte necesario una interpretación normativa, tiene la obligación efectuar dicha labor, aplicando las pautas y métodos de la hermenéutica constitucional, en cuya labor, los principios y valores constitucionales aplicados, se constituyan en una justificación razonable de la premisa normativa; por su parte, la motivación, está relacionada a la justificación de la decisión a través de la argumentación lógico-jurídica, en la cual se desarrollan los motivos y razones que precisan y determinan los hechos facticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes, mismos que deben mantener una coherencia e interdependencia con la premisa normativa descrita por la misma autoridad a momento de efectuar la fundamentación; asimismo, en cuanto a la justificación, conviene precisar que esta se define como un procedimiento argumentativo a través del cual se brindan las razones de la conclusión arribada por el juzgador.

En ese entender, el debido proceso en el ejercicio de la labor sancionatoria del Estado, se encuentra reconocido por la Norma Suprema, como un derecho fundamental, una garantía constitucional, y un derecho humano, a través de los arts.115.II y 117.I de la CPE, art. 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), y art. 14 del Pacto Internacional de Derechos humanos Civiles y Políticos (PIDCP), lo cual conlleva a que, respecto la fundamentación y motivación, como elementos del referido debido proceso, las autoridades competentes deben ajustar su labor argumentativa a los principios y valores constitucionales y al bloque de constitucionalidad, cuyo resultado entre otros sea la obtención de decisiones justas y razonables, logrando al mismo tiempo el convencimiento en los justiciables; pero además, dejar de lado la arbitrariedad en las resoluciones.

III.3. Sobre el cómputo para la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso

En relación al cómputo del plazo para la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, esta Magistrada Relatora en la SCP 0347/2020-S1 de 18 agosto, efectuó una modulación vía reconducción al precedente inicial inserto en la 0SC 0101/2004-R de 14 de septiembre, respecto al derecho que tiene toda persona a ser juzgado dentro de un plazo razonable, para en ese entendido aplicar criterios con el objetivo de considerar aspectos para la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso; a tal fin, y cumpliendo la obligación que tiene este Tribunal Constitucional Plurinacional, como máximo guardián de la Constitución Política del Estado, de velar por la supremacía de la Constitución, ejercer el control de constitucionalidad, y precautelar el respeto y la vigencia de los derechos y las garantías constitucionales, mandato conferido en el art. 196 de la CPE, determinó aplicar los entendimientos contenidos en la SC 0846/2012 de 20 de agosto, la cual realizó una diferenciación entre el precedente constitucional y la ratio decidenci, señalando que:

En efecto, si nos preguntamos ¿qué parte de las resoluciones constitucionales es vinculante?, no podríamos concluir simple y llanamente que es la ratio decidendi, debido a que todas las resoluciones tienen una o varias razones jurídicas de la decisión, empero, no todas crean Derecho, Derecho de origen jurisprudencial, a través de la interpretación, integración e interrelación de las normas. Por ello, que existe diferencia entre ratio decidendi y precedente constitucional.

Entonces, se puede llamar precedente constitucional vinculante cuando éste es el fruto, el resultado de la interpretación y argumentación jurídica realizada por el Tribunal Constitucional Plurinacional. Como ocurrió en las siguientes resoluciones: La interpretación de una norma jurídica 0Declaración Constitucional 003/2005-R de 8 de junio, (interpretación del art. 118.5 CPE); SC 0101/2004-R, interpretación del art. 133 y de la Disposición Transitoria Tercera del Código de Procedimiento Penal. La integración SC 1351/2003-R de 16 de septiembre, e interrelación, SC 0421/2007-R de 22 de mayo, de las normas jurídicas.

Por lo que, el precedente constitucional es una parte de toda la Sentencia emitida por el Tribunal o Corte Constitucional, donde se concreta el alcance de una disposición constitucional, es decir, en donde se explicita qué es aquello que la Constitución Política del Estado prohíbe, permite, ordena o habilita para un tipo concreto de supuesto de hecho, a partir de una de sus indeterminadas y generales cláusulas.

Entonces, es posible afirmar que es vinculante el precedente constitucional contenido en la ratio decidendi. Es decir, en la ratio decidendi se encuentra el precedente constitucional. El precedente constitucional vinculante siempre que exista un supuesto fáctico análogo (AC 0004/2005-ECA y SC 0186/2005-R).

Entonces ¿Qué es el precedente constitucional vinculante? Para responder a esta cuestionante, es preciso redundar en que: No es el texto íntegro de la sentencia, no es sólo la parte resolutiva de la sentencia (decisum), no es el obiter dictum, no es toda la ratio decidendi.

Los precedentes constitucionales están sólo en las sentencias relevantes. Se identifican a las sentencias relevantes porque son sentencias fundadoras, moduladoras, que reconducen o cambian una línea jurisprudencial expresamente o tácitamente. En el precedente constitucional se consignan: "las subreglas de Derecho", "normas adscritas" o "concreta norma de la sentencia", resultantes de la interpretación, interrelación o integración de las normas de la Constitución Política del Estado o de las disposiciones legales. Estas tienen más jerarquía y fuerza jurídica que las propias leyes, porque el Tribunal Constitucional es el último aplicador del Derecho. El profesor Cifuentes, señaló que la sub-regla, "Es el corazón de la decisión, de la cosa decidida" (el resaltado y sub rayado fueron agregados).

Bajo esa comprensión y los razonamientos contenidos en la referida SC 0846/2012, esta Magistrada Relatora en el contenido de la SCP 0347/2020-S1 de 18 agosto, indicó en su Fundamento Jurídico III.1.1 la identificación del precedente constitucional sobre el derecho al plazo de duración máxima del proceso; así, señaló que la sentencia fundadora en la que se interpretó y analizó por vez primera lo relativo al plazo de duración máxima del proceso, fue la 0SC 0101/2004-R de 14 de septiembre, señalando que:

"Ahora bien, partir de aquí corresponde poner mayor énfasis al test de constitucionalidad realizado en la SCP 0101/2004², a efectos de explicar por qué se constituye en un precedente constitucional obligatorio; a tal efecto se tiene que el referido fallo constitucional, al haber advertido la incompatibilidad de lo establecido en la parte final tanto del art. 133 como de la Disposición Transitoria Tercera del Código de Procedimiento Penal, con los principios, derechos y garantías constitucionales que consagra la Constitución Política del Estado, ya que, estas establecían simple y llanamente la extinción de la acción penal por el solo transcurso del tiempo; generó -como se dijo- sub reglas jurídicas para la aplicación de la última parte del art. 133 del CPP -norma vigente-, cuando haya vencido el plazo máximo establecido para la duración del proceso, y las condiciones para la consideración de la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso; sub reglas que se traducen en las siguientes:

....consecuentemente, el precedente constitucional vinculante contenido en la SCP 0101/2004² que emergió del resultado de la interpretación del art. 133 y la Disposición Transitoria Tercera del Código de Procedimiento Penal, a la luz de la Constitución Política del Estado y de los tratados y normas internacionales sobre derechos humanos, continúa vigente y en coherencia con el nuevo modelo constitucional y el orden jurídico, pues el espíritu de dicha interpretación fue y es la protección efectiva de los derechos fundamentales, en este caso, el derecho a la conclusión de los procesos en un plazo razonable.

En conclusión, las sentencias constitucionales que en la parte de su ratio decidendi, contienen sub reglas o doctrina constitucional que orienten la interpretación y aplicación de normas, se constituyen en precedentes obligatorios al estar dotados de fuerza vinculante, misma que tiene su fundamento en el resguardo del derecho fundamental a la igualdad de la persona en la aplicación de la ley, y al principio de seguridad jurídica; razón por la cual, si el propio Tribunal Constitucional o cualquier otro juez o tribunal no observa ni aplica el precedente obligatorio creado por la jurisprudencia constitucional, en casos posteriores que tenga que resolver situaciones jurídicas idénticas o análogas, lesiona la seguridad jurídica relacionada con el trato igualitario que merece el justiciable."

Luego de ese desarrollo, la SCP 0347/2020-S1 de 18 agosto, realizó un análisis sobre si los razonamientos jurisprudenciales fueron seguidas por fallos posteriores emitidos por el Tribunal Constitucional de manera uniforme y reiterada o se dio algún apartamiento debidamente fundamentado o motivado, o en su caso discrecional del mismo, a ese efecto, se pudo observar la emisión de la SC 1042/2005-R de 5 de septiembre, la que introdujo como un elemento de apreciación para el plazo razonable "la complejidad del asunto" en aplicación de criterios implantados por la CIDH, que se constituyó en un simple basamento, que no fueron decisivas para la resolución de los casos, constituyéndose en un retroceso en la jurisprudencia constitucional, puesto que se dejó de lado esa interpretación más progresiva respecto a las condiciones existentes para la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso.