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TCP

0010/2026-S1

Tribunal Constitucional Plurinacional
16 de enero de 2026SALA PRIMERA ESPECIALIZADA
Resumen del caso

Sentencia 0010/2026-S1

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0010/2026-S1 Sucre, 16 de enero de 2026

SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional

Expediente: 58750-2023-118-AAC Departamento: La Paz

En revisión la Resolución 207/2023 de 27 de septiembre, cursante de 154 a 161, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Helen Lourdes Gutiérrez Miranda y Daniel Alejandro Aguilar Lara en representación legal de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) contra Celia Brígida Quisbert Díaz e Iván Ramiro Campero Villalba, Vocales de la Sala Social, Administrativa, Contencioso y Contenciosa Administrativa Primera y Tercera respectivamente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

La entidad accionante a través de sus representantes legales por memoriales presentados el 4 y 17 de agosto de 2023, cursantes de fs. 42 a 47 y 50 a 52, manifestaron lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El Ministerio de Hidrocarburos y Energías -hoy tercero interesado- mediante Resolución Ministerial (RM) 082-11 de 21 de febrero de 2011, impuso a YPFB la sanción de multa de $us11 000.- (once mil dólares estadounidenses) por incumplimiento de los arts. 15 y19 del Reglamento para la Liquidación de Regalías y la Participación de Tesoro General de la Nació (TGN) por la Producción de Hidrocarburos. Ante ello, a través de la Nota "PRS-DLG-422/2011", formuló recurso de revocatoria que fue resuelto mediante RM 152-2011 de 11 de abril, rechazando el mencionado recurso, y debido a una secuencia de feriados no pudieron plantear el recurso jerárquico, adquiriendo asi ejecutoria la citada Resolución Ministerial; por lo que, la sanción impuesta podía ser efectivizada a través del procedimiento judicial.

En ese contexto, el 4 de julio de 2019, YPFB fue notificada con la demanda de ejecución de cobro coactivo del Ministerio de Hidrocarburos y Energías ahora tercero interesado, admitida mediante la Resolución 27/2019 de 15 de marzo, por el Juez Coactivo Fiscal Tributario y Administrativo Tercero de la Capital del departamento de La Paz, después de transcurrir ocho años desde la ejecutoria de la RM 082-11; razón por la cual, interpusieron el recurso de reposición bajo alternativa de apelación; además, de oponer la excepción de incompetencia. Posteriormente, el 28 de junio de 2021, interpusieron la excepción de prescripción de la sanción impuesta bajo la premisa de que desde el 14 de abril de 2011 hasta el 13 de marzo de 2019, el ejecutante se mantuvo en una inactividad absoluta; por lo que, el plazo de un año previsto por el art. 79 de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA) -Ley 2341 de 23 de abril-, se encontraba vencido desde el 3 de mayo de 2012; por lo tanto, prescrita la potestad de la entidad ejecutora para activar el cobro de la sanción pecuniaria; a pesar de ello, el Juez de la causa mediante la Resolución A.I. 40/2021 de 12 de agosto, rechazó la referida excepción con el argumento de que el art. 324 de la Constitución Política del Estado (CPE), determina la imprescriptibilidad de las deudas por daño económico al Estado y que la , derogó el art. 40 de la Ley de Administración y Control Gubernamentales (SAFCO) -Ley 1178 de 20 de julio de 1990-. Ante esa determinación, interpusieron el recurso de apelación, argumentando que:

  1. a)Las acreencias entre entidades públicas por cobro de multas no constituyen deudas por daño económico del Estado, no siendo aplicable el art. 324 de la CPE;
  2. b)Entre el 14 de abril de 2011 hasta el 13 de marzo de 2019, transcurrieron más de ocho años, en los que el Ministerio de Hidrocarburos y Energías ahora tercero interesado incurrió en una absoluta inacción; y,
  3. c)La prescripción constituye un mecanismo de defensa sobreviniente que puede ser planteado en cualquier momento del proceso de acuerdo a los arts. 128.III del Código Procesal Civil (CPC) -Ley 439 de 19 de noviembre de 2013-; y, 1497 de Código Civil (CC). Dicho recurso fue resuelto por los Vocales ahora accionados mediante la Resolución 180/2022 de 7 de octubre, determinando de forma arbitraria que YPFB no ejerció su derecho a la prescripción extintiva o liberatoria ante la autoridad competente conforme lo dispuesto por el art. 1499 del CC; que tanto la prescripción así como la caducidad quedaron interrumpidas con la demanda de ejecución de cobro coactivo de 13 de marzo de 2019, sin que exista abandono por la parte ejecutante y considerando que el proceso se encuentra en etapa de ejecución el instituto de la prescripción fue adecuadamente fundamentada conforme la .

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