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TCP

0011/2026-RCA

Tribunal Constitucional Plurinacional
26 de enero de 2026
Resumen del caso

Auto 0011/2026-RCA

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

AUTO CONSTITUCIONAL 0011/2026-RCA Sucre, 26 de enero de 2026

Expediente: 80651-2026-162-AAC Acción de amparo constitucional Departamento: Tarija

En revisión la Resolución 05/2026 de 6 de enero, cursante de fs. 131 a 133, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Margarita Flores Vega Vda. de Herrera contra Johnny Marcel Torres Terzo, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Tarija.

I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN

I.1. Síntesis de los hechos que la motivan

Por memoriales presentado el 22 de diciembre y 31 de diciembre de 2025, cursante de fs. 111 a 124 y 128 a 130, la accionante manifiesta que, es legítima propietaria de un bien inmueble con una superficie de 14.200 m², debidamente registrado en Derechos Reales (D,D.R.R) bajo la matrícula computarizada 6.01.1.260002240, con asientos A1 de 12 de febrero de 1998, A3 de 27 de noviembre de 2013 y A4 de 17 de abril de 2015, el cual fue adquirido mediante declaratoria de herederos, de su padre Dionicio Flores García. El referido bien inmueble anteriormente pertenecía al ex fundo Pampa Galana, el cual fue dividido en veintisiete hijuelas, cada una con una superficie de 14.200 m², por un acuerdo convencional de división.

No obstante, de lo anterior la impetrante refiere el Gobierno Autónomo Municipal de Tarija mediante tramite aprobó un plano en sobre posición con su terreno bajo argumento de que en 2001 el predio era rural fuera de la mancha urbana y segundo porque no había conformidad de límites y colindancias, pese la misma aparece como colindante.

En el referido tramite, además cursa un informe de 11 de enero de 2000 emitido por Óscar Figueroa Espinoza, Asesor Legal de la entonces ex Dirección de Desarrollo Urbano de la entidad edil, quien señaló que únicamente un colindante habría otorgado su conformidad, cuando del propio plano del trámite, se advierte la existencia de cuatro colindantes. Lo que evidencia que no se consideró a todos, a pesar de que el Reglamento de Urbanización vigente en ese momento así lo exigía, generando un perjuicio y afectación grave a la propiedad de la impetrante.

Por lo anterior, refiere la impetrante que no puede tramitar su propio plano, no por la existencia de un conflicto de mejor derecho propietario o una sobre posición atribuible a su inmueble, sino porque el municipio no realizó adecuadamente el procedimiento de verificación de límites y colindancias, lo que resulta especialmente grave, pues afecta su derecho a la propiedad y a la seguridad jurídica, más aun considerando su condición de persona adulta mayor.

En ese entendido, solicitó fotocopias de la carpeta administrativa 2246/98, siendo notificada con la misma el 3 de enero de 2025 y de cuya revisión tomó conocimiento de diversas irregularidades en la aprobación del plano, entre las más graves, la aprobación de una superficie de 30.000 m², cuando todas las hijuelas del ex fundo solo tenían 14.200 m²; lo que le motivo, dentro del plazo legal, a plantear un incidente de nulidad ante la Alcaldía de Tarija, en fecha el 20 de enero de 2025 exponiendo estos extremos y adjuntando documentación que demostraba la vulneración a su derecho a la propiedad, al haberse extendido un plano en sobreposición con su terreno.

Pese a ello, mediante Resolución Administrativa (RA) 0073/2025 de 30 de enero, la entidad de Ordenamiento Territorial del Gobierno Autónomo Municipal de Tarija rechazó la solicitud de nulidad del plano, basando su decisión exclusivamente en la presunción de legalidad del acto administrativo, señalando que desde la aprobación de plano realizada por Dulfredo Pérez y otros, transcurrieron más de 23 años, lo que hace la aprobación del plano sea un Acto Administrativo supuestamente "firme".

Los mismos argumentos fueron expuestos en la Resolución de Recurso de Revocatoria, por lo que la impetrante interpuso Recurso Jerárquico alegando, entre otros aspectos, falta de pertinencia, congruencia y motivación de la resolución; la errónea interpretación del régimen de nulidades; el carácter no absoluto de la presunción de legalidad; y la falta de notificación a los colindantes y ausencia de requisitos esenciales para su aprobación. Sin embargo, nuevamente por RA 76/2025 de 4 de junio notificada el 9 de junio de 2025, el Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Tarija, ratificó la resolución impugnada. Posteriormente, pidió aclaración y complementación, emitiéndose resolución respectiva en 25 de junio de 2025, notificada el 26 de junio del mismo año.

De ese modo, quedó agotada la vía administrativa sin que se restituya ni se proteja efectivamente los derechos fundamentales de la accionante, constituyéndose el último acto administrativo como lesivo de sus derechos fundamentales, conforme se desarrolla a continuación.

I.2. Derechos supuestamente vulnerados

Considera lesionados sus derechos al debido proceso en sus elementos a la motivación, fundamentación, valoración de la prueba, igualdad procesal y tutela judicial efectiva citando al efecto los arts. 115.II y 117.II de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

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