Texto del fallo
Texto de la resolucion
AUTO CONSTITUCIONAL 0012/2020-CA Sucre, 13 de enero de 2020
Expediente: 32490-2020-65-AIC Acción de inconstitucionalidad concreta Departamento: La Paz
En consulta la Resolución 176/2019 de 22 de octubre, cursante de fs. 650 a 656, pronunciada por el Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana, que rechazó las solicitudes de promover las acciones de inconstitucionalidad concreta interpuestas por Ovidio Mendoza Choque, Andrés Roberto Cusi y Jhonathan Abraham Rivas Tapia, demandando la inconstitucionalidad del art. 12.13 de la Ley del Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana (LRDPB) -Ley 101 de 4 de abril de 2011-, por ser presuntamente contrario a los arts. 14.III y 115 de la Constitución Política del Estado (CPE); 7 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); 14.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); y, 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN
I.1. Síntesis de la solicitud de parte
Mediante idénticos memoriales presentados el 7 y 9 de octubre de 2019, cursantes de fs. 626 a 631 vta., 634 a 641 vta.; y, 642 a 647 vta., los accionantes refieren que se les instauró un proceso disciplinario por la presunta falta grave prevista en el art. 12.13 de la LRDPB, cometida cuando se encontraban destinados en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) La Paz, ante el extravío de armas de fuego en el Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI), las que fueron repuestas; sin embargo, este aspecto no fue considerado por el Fiscal Policial, quien demostró su falta de objetividad y estuvo ausente al momento de tomar las declaraciones de los testigos; tampoco por los miembros del Tribunal Disciplinario Departamental de La Paz de la Policía Boliviana, que mediante la Resolución 059/2018 de 9 de agosto, los sancionaron dos veces por un mismo hecho, suspendiéndolos de sus funciones por tres meses, con pérdida de antigüedad y sin goce de haberes, extremo que comunicaron en la audiencia y posteriormente, lo alegaron al formular los recursos de apelación planteados, los que hasta la fecha, no fueron resueltos.
Añaden que, como consecuencia de la infundada investigación realizada y posterior acusación fiscal, se vulneraron sus derechos: a la presunción de inocencia, al contar desde un inicio con una sentencia, que con seguridad será ratificada por el Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Boliviana; al debido proceso; a la defensa y a la justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones, al estigmatizarlos como "policías viciosos" desde un inicio, originando se les imponga una sanción drástica; al trabajo y el salario justo, al afectar su desvinculación a quienes dependen de lo que perciben; a la salud, al quedar sus familias y ellos sin seguro médico; y, al principio nom bis in ídem, transcribiendo las disposiciones contenidas en los Tratados y Convenios Internacionales que fueron ratificados por el país, respecto de los derechos supuestamente infringidos y jurisprudencia constitucional sobre los mismos.
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