Texto del fallo
Sintesis del caso
La accionante denuncia procesamiento indebido, con la consecuente vulneración de sus derechos al debido proceso, a la defensa y a la impugnación, alegando que dentro del proceso penal seguido en su contra, el Tribunal de Sentencia Penal Octavo del departamento de La Paz, rechazó indebidamente la devolución de obrados al Juez de la causa, pese a existir excepciones e incidentes deducidos de su parte en la etapa preparatoria, pendientes de resolución; siendo aplicable según su entender, lo expuesto en la , que resolvió una problemática con hechos fácticos similares.
Sintesis de la ratio decidendi
Deniega la tutela, sin ingresar al fondo de la problemática, considera que si bien el juez de instrucción penal remitió la causa al tribunal de sentencia penal, la misma presidenta –dejando sin efecto la radicatoria- dispuso su devolución a la autoridad judicial cautelar para que resuelva los incidentes deducidos, y que si bien la remisión fue rechazada por el juez de instrucción remitiéndolo el expediente nuevamente ante el tribunal, y que dictando nuevo auto de radicatoria, resulta que el accionante no ejerció impugnación alguna, por lo que no se le limito su derecho a la defensa y además dichos actos no constituyen vinculación directa con el derecho a la libertad.
Extracto de la ratio decidendi
F.J.III.1: Precedente explicito (…) “No obstante, esta línea fue reconducida a través de la , con los siguientes argumentos: “Conforme a dicho razonamiento, la exigencia de vinculación entre el derecho a la libertad y el debido proceso, como presupuesto exigible para su tutela a través de la acción de libertad, desaparecía; sin embargo, el Tribunal Constitucional Plurinacional considera que, partiendo de la propia naturaleza jurídica de la acción de libertad, desarrollada en el Fundamento Jurídico anterior y cuyo principal objetivo es precisamente tutelar de manera específica el derecho a la libertad, no puede modificarse su esencia y ampliar su espectro de acción a aquellos asuntos netamente procedimentales que, aun cuando devengan del área penal, no se hallen en vinculación con el derecho a la libertad; en consecuencia, mediante la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se hace necesario reconducir el anterior entendimiento y restablecer la jurisprudencia constitucional previa, respecto a la exigencia de vinculación entre el derecho a la libertad y el debido proceso. Este entendimiento, emerge precisamente de la interpretación literal y teleológica del art. 125 CPE, que establece la procedencia de la acción de libertad, cuando se produzca una restricción o amenaza de restricción ilegal o indebida a los derechos fundamentales a la vida y a la libertad física a raíz de una persecución ilegal o un indebido procesamiento; en consecuencia, tratándose de la procedencia de la acción de libertad en relación al debido proceso, debe entenderse que la inobservancia a éste -debido proceso-, ha sido la causal principal para la afectación del bien jurídico libertad; pues, de lo contrario, si los actos emergentes del procesamiento no ponen en riesgo la libertad y no ocasionan su restricción, no podrán ser evaluados y considerados a través de la acción de libertad, correspondiendo su tratamiento, una vez agotados todos los medios intra procesales, a la acción de amparo constitucional, como medio de defensa idóneo en el jurisdicción constitucional para reparar y subsanar los defectos procesales en que pudieran haber incurrido tanto servidores públicos como personas particulares. En este contexto, corresponde reconducir al entendimiento asumido anteriormente por las y ” (negrillas y subrayado añadidos).”
Palabras clave
Procesamiento indebido)
Observaciones revisor
Deniega la tutela, sin ingresar al fondo de la problemática, considera que si bien el juez de instrucción penal remitió la causa al tribunal de sentencia penal, la misma presidenta –dejando sin efecto la radicatoria- dispuso su devolución a la autoridad judicial cautelar para que resuelva los incidentes deducidos, y que si bien la remisión fue rechazada por el juez de instrucción remitiéndolo el expediente nuevamente ante el tribunal, y que dictando nuevo auto de radicatoria, resulta que el accionante no ejerció impugnación alguna, por lo que no se le limito su derecho a la defensa y además dichos actos no constituyen vinculación directa con el derecho a la libertad. )
Texto de la resolucion
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0012/2020-S2 Sucre, 5 de marzo de 2020
SALA SEGUNDA Magistrado Relator: MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano Acción de libertad
Expediente: 29908-2019-60-AL Departamento: La Paz
En revisión la Resolución 137/2019 de 8 de julio, cursante de fs. 88 a 91, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Frida Marcy Cadena Fernández contra Michael Marcial Salazar Urquiza, Armando Herrera Huarachi y Miguel Ángel Flores Orihuela, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Octavo del departamento de La Paz.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 5 de julio de 2019, cursante de fs. 45 a 51, la accionante manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Patricia Virginia Encinas Linares en su contra, por la presunta comisión de los delitos de estafa y estelionato; en la etapa preparatoria la autoridad fiscal amplió la imputación formal mediante Resolución 9/2016 de 1 de febrero, endilgándole también los supuestos delitos de falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, no habiendo considerado al efecto que no prestó declaración informativa sobre dichos ilícitos; razón por la que, opuso incidente de actividad procesal defectuosa el 15 de junio de 2016, siendo claro que se incurrieron en defectos procesales absolutos no susceptibles de convalidación, incidente que fue extendido el 3 de enero de 2017, advirtiendo que el dictamen pericial documentológico tampoco cumplió los parámetros legales necesarios para su realización.
Destacó que, no obstante que los incidentes antes nombrados fueron planteados ante el Juez de Instrucción Penal Primero del departamento de La Paz, quien
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debió tramitarlos en el marco de lo previsto en el art. 314 y ss. del Código de Procedimiento Penal (CPP), no fueron oficiados y quedaron pendientes de resolución; remitiéndose los actuados al Tribunal de Sentencia Penal Octavo del mencionado departamento, debido a la presentación de la acusación formal por parte del Ministerio Público, inobservando con ello el deber jurídico inherente al Juez de la causa conforme al art. 54 del Código anotado. En ese marco, por memorial de 11 de julio de 2017, solicitó al mencionado despacho, la devolución de obrados a fin que el Juez de la causa resuelva los incidentes pendientes; empero, dicho Tribunal emitió el proveído de 13 de igual mes y año, denegando sin mayor fundamentación su petición determinando la prosecución del juicio; formulando reposición resuelta por Auto de 18 de agosto del año aludido, disponiendo no ha lugar a la misma al existir radicatoria; por lo que, cualquier requerimiento de incidentes y excepciones sería tramitado según el art. 345 del Adjetivo Penal.
Finalmente, interpuso recurso de apelación contra el Auto de 18 de agosto de 2017, que fue declarado inadmisible a través del Auto de Vista 200/2018 de 10 de octubre, dictado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, con el fundamento de no ser viable la alzada respecto a la decisión que resuelve una reposición en la vía ordinaria. Debiendo considerarse según afirmó, que es aplicable en su asunto lo señalado en la , en la que se resolvieron hechos fácticos similares determinando la procedencia de la acción de libertad por procesamiento indebido al haberse desarrollado un juicio oral existiendo incidentes presentados al Juez de control jurisdiccional pendientes de resolución.
I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados
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