0012/2023-S3

El Tribunal Agroambiental permitió que el entonces Juez ahora coaccionado no haya motivado en forma suficiente para justificar:

1. a)Porqué decidió aplicar supletoriamente el Código Procesal Civil, cuando no procedía, por cuanto la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria regula las excepciones en materia agraria;
2. b)La errónea decisión que deriva en otros errores, ya que se añadió al art. 81 de la LSNRA, de la prescripción, vulnerando las atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional y el Tribunal Constitucional Plurinacional y los principios de seguridad jurídica y legalidad; y,
3. c)La incorporación de la excepción de prescripción a la normativa agraria desconociendo la reserva de ley, lo cual hace nulos y arbitrarios dichos actos. De haberse observado la aplicación correcta del ordenamiento jurídico agrario, sin la aplicación supletoria, el proceso agrario de resolución de contrato se hubiera desarrollado con normalidad en todas sus etapas procesales y no interrumpirlo abruptamente como sucedió, vulnerando el debido proceso.

Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga:

1. 1)Declararse nulo y sin valor legal el Auto Agroambiental Plurinacional S1a 14/2022, ordenándose al Juez ahora coaccionado que emita un nuevo auto interlocutorio, que se enmarque dentro de los parámetros entendimientos y fundamentos del fallo constitucional a dictarse; y,
2. 2)La calificación de daños y perjuicios.

El accionante a través de sus abogados ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional, y ampliándolo, manifestó que:

1. i)En el proceso agrario existe documentación que data de hace cincuenta años atrás, pudiéndose evidenciar que existe una compraventa de 5 de diciembre de 1992 y otra transferencia de "2005", entonces si se asume la aplicación de la prescripción en el ámbito agrario, simplemente esos actos estarían prescritos; por lo que, se afectaría la seguridad jurídica de todos los procesos de saneamiento que se vienen tramitando en el Estado plurinacional;
2. ii)El Tribunal Agroambiental al introducir la prescripción justificada por la incorporación de las acciones personales y mixtas en su competencia, la aplicación de los principios de favorabilidad y pro actione, más bien estaría vulnerando el derecho a la defensa;
3. iii)La misma Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria en su art. 40, establece que los procesos agrarios en trámite sustanciados ante el Consejo Nacional de Reforma Agraria que data de 1994 y el Instituto de Colonización que es de 1967, serán reconocidos como válidos para el proceso de saneamiento, cuando cuenten con antecedentes en los registros oficiales del Servicio de Reforma Agraria; por lo que, la prescripción no forma parte del derecho positivo en materia agraria;
4. iv)El sistema normativo en dicha materia, a pesar de que tuvo modificaciones dejó subsistente el régimen de la excepciones sin incluir la prescripción; por consiguiente, no es evidente que la Asamblea Legislativa Plurinacional haya omitido ese extremo; y,
5. v)Se hizo llegar un informe respecto a la compraventa objeto de la acción de amparo constitucional, que establece como nula la compraventa por vulnerarse los arts. 400 de la CPE, 48 de la LSNRA; y, 31 de la "ley 6424"; puesto que, el Tribunal Agroambiental no analizó el fondo de la vulneración de la normativa mencionada.

Elva Terceros Cuellar y María Tereza Garrón Yucra, Magistradas de la Sala Primera del Tribunal Agroambiental, a través de su representante legal y abogados, en audiencia presentaron su informe oral, manifestando que:

1. a)Revisado el Auto Agroambiental Plurinacional S1a 14/2022, se puede evidenciar con claridad que el accionante en ninguna parte de sus agravios cuestionó la aplicación errónea de la norma respecto a la prescripción; por lo que, no se tuvo la oportunidad de pronunciarse y corregir el error, debido a que dicha pretensión no formó parte de su impugnación;
2. b)En el recurso de casación, el nombrado cuestiona aspectos relacionados al inicio del cómputo de la prescripción, a cómo debe comportarse el término, a verificarse si prescribía o no la acción, aceptando la aplicación de la prescripción en el proceso agrario, por cuanto se inobservó con el principio de subsidiariedad;
3. c)En ese entendido, lo que pretende el accionante es que la jurisdicción agroambiental actúe como una instancia más de impugnación, lo que es inconcebible; puesto que, no puede ser mal utilizada la acción tutelar, cuando dicho extremo no fue discutido en el mencionado recurso, correspondiendo su denegatoria;
4. d)Al no reclamarse en el señalado recurso la aplicación errónea de la norma, el accionante incurrió en actos consentidos, convalidándose así los actos presuntamente vulneratorios; y,
5. e)El Tribunal Agroambiental solo podía conocer las excepciones previstas por el art. 81.I de la LSNRA, en las que no se encuentra contemplada la prescripción; asimismo, esa Ley de 1996, determinaba como competencia para el ámbito agrario, de acuerdo al art. 39.I.8 de dicha Ley, solamente se podían conocer otras acciones reales sobre la propiedad agraria, norma que fue modificada por la Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria, estableciendo en su art. 23, lo siguiente "...conocer otras acciones reales mixtas derivadas de la propiedad o posesion o de las actividades agrarias..." (sic), aumentándose las competencias de la jurisdicción agroambiental -en temas de agua, medio ambiente, biodiversidad-, en ese marco se planteó la resolución de contrato, aplicándose la prescripción supletoriamente, en el marco del respeto al derecho a la defensa del que no se puede privar a las personas. Por lo expuesto, pidieron se deniegue la tutela solicitada.

Evelin Ortega Vallejos, Jueza Agroambiental de San Ignacio de Velasco del departamento de Santa Cruz, en audiencia manifestó que:

1. 1)Se ratifica conforme a lo expresado por el entonces Juez ahora coaccionado mediante el informe que el mismo presentó;
2. 2)En el recurso de casación, el accionante alude a cuestiones relacionadas con el cómputo del término de la prescripción; empero, en la acción de amparo constitucional, cuestionó la aplicación supletoria de la excepción de prescripción, la cual no fue parte de ese recurso;
3. 3)Las excepciones fijadas en la norma procesal agroambiental son nominativas; por lo que, los jueces agroambientales no pueden estar sujetos a las excepciones fijadas en dicha norma, por cuanto tienen la facultad de aplicar supletoriamente la indicada excepción en la norma procesal civil, para dar respuesta a los justiciables; por consiguiente, el derecho a la acción no puede estar condicionado al libre albedrio de las partes, y los derechos patrimoniales se extinguen por prescripción, para respuesta a los justiciables; y,
4. 4)Se adhiere a los términos del informe de los Magistrados hoy accionados.

Renata Cristina Mazetto Scolaro a través de su abogado en audiencia manifestó que:

1. i)Es ex esposa del accionante y mediante el Poder Notarial 312/201 otorgó al nombrado facultades solo para la transferencia del predio en cuestión; por lo que, el accionante no tiene facultades para las acciones legales que planteó en la jurisdicción agroambiental, menos para la acción de amparo constitucional; por ello, carece de legitimación activa para la interposición de la acción de defensa; y,
2. ii)No tenía conocimiento que el proceso se encontraba desarrollando a su nombre por su ex esposo -hoy accionante-; puesto que, no concedió esas facultades y "...todas las cosas que tenía que hablar ha sido hablado por mi abogado..." (sic).

Patricio Enrique Deane, a través de su abogado en audiencia manifestó que:

1. a)El accionante, en el recurso de casación se limitó en realizar la observación de aspectos relacionados con el cómputo del término de la prescripción, sobre cuya base se pronunció el Tribunal Agroambiental -mediante Auto Agroambiental Plurinacional S1a 14/2022- declarando infundado ese recurso; empero no realizó cuestionamientos sobre la errónea aplicación del ordenamiento jurídico agrario en cuanto a la aplicación supletoria de la excepción de prescripción establecida en materia civil al proceso agroambiental, decayendo en un acto consentido por consiguiente en una causal de improcedencia;
2. b)En la abundante jurisprudencia producida por el Tribunal Agroambiental fue reconocida la aplicación de la excepción como medio de defensa en los procesos agrarios;
3. c)Al tratarse de la revisión de la interpretación de la legalidad ordinaria, la jurisdicción constitucional ha establecido la teoría de las autorestricciones, salvo casos excepcionales, por lo que en esta acción tutelar no se puede ingresar a esta revisión sin el cumplimiento de estos requisitos de los casos excepcionales; y,
4. d)Me adhiero a los fundamentos expuestos de mis antecesores.

El Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de San Ignacio de Velasco del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 05/2022 de 20 de septiembre, cursante de fs. 249 vta. a 254, concedió la tutela solicitada, en cuyo mérito dispuso declarar nulo el Auto Agroambiental Plurinacional 14/2022, emitido por la Sala Primera del Tribunal Agroambiental, debiendo emitir un nuevo auto agroambiental respetando los derechos de las partes; asimismo, se exhorta a esa Sala lo expuesto por el Director a.i. del INRA -hoy tercero interesado- con referencia a la propiedad agraria objeto de la acción de amparo constitucional, que determina que bajo ningún título podrá dividirse en superficies menores a las establecidas para la pequeña propiedad; todo ello, bajo los siguientes fundamentos:

1. 1)El INRA también es parte de un proceso donde hay conflictos de tierras, tiene competencia y puede sugerir; por lo que, no se lo debe dejar a un lado, por eso es que se lo notificó;
2. 2)Para llenar los vacíos normativos están la Asamblea Legislativa Plurinacional, el Tribunal Constitucional Plurinacional, y al encontrarnos en un Estado de derecho, el límite es el respecto a la Norma Suprema;
3. 3)El citado Auto Agroambiental Plurinacional, impugnado en la acción tutelar, vulneró el derecho al debido proceso en su elemento incorrecta aplicación del ordenamiento jurídico; y,
4. 4)El Tribunal Agroambiental conoce el sistema normativo que le rige y tiene el deber de examinar los antecedentes incluso el proceso de saneamiento, es de su exclusiva responsabilidad; por consiguiente, no puede inducir a actuar de determinada manera.

II.2. Por Auto Agroambiental Plurinacional S1a 14/2022 de 23 de febrero, Elva Terceros Cuellar y María Tereza Garrón Yucra, Magistradas de la Sala Primera del Tribunal Agroambiental -ahora accionadas-, se declaró infundado el recurso de casación contra el Auto Interlocutorio Definitivo 34/2021, presentado por el accionante, cuyos argumentos se desarrollaron, en razón a los siguientes temas: Casación en el fondo:

1. i)Del momento en que se puede hacer valer los derechos, "...el momento para hacer valer sus derechos se habría iniciado desde el momento en que su persona acudió al INRA a solicitar información si el comprador Patricio Enrique Deane habría realizado el registro de transferencias de la superficie de 1862.5305 ha; cursando a fs. 18 de obrados, el informe del INRA de 08 de febrero de 2017, que da cuenta que el dueño de la totalidad del predio (1970.6792 ha), es el ahora demandado Patricio Enrique Deane y que su persona ya no tendría derechos sobre el predio; extremo confirmado también al recabar información del Registro de Derechos Reales (fs. 16); por lo que el término de la prescripción, infiere que legalmente debió correr desde el 08 de febrero de 2017" (sic); y,
2. ii)De la buena fe en el actuar y plena certeza de la fecha para hacer valer su derecho, "...en el caso de autos su persona habría probado:
3. 1)La fecha en que tuvo conocimiento del incumplimiento del contrato (08 de febrero de 2017);
4. 2)la mala fe con la actuó el comprador" (sic); y en los fundamentos que sustentan esa decisión y respondiendo al agravio previamente precisado, se expresó que: "...verificándose que desde el momento de la emisión del Título Ejecutorial que fue el 10 de junio de 2009 hasta el informe emitido por el INRA (08 de febrero de 2017), transcurrieron más de siete años, y hasta el momento de la presentación de la demanda de Resolución de Contrato que fue el 01 de agosto de 2019, transcurrieron casi diez años; aspectos que acreditan que no existe ninguna errónea interpretación del art. 1493 del Código Civil, en lo que respecta al cómputo del momento en que debe correr la prescripción establecido en el citado artículo" (sic [fs. 135 a 141]).