0012/2023-S4

Solicitó se conceda la tutela impetrada y en consecuencia:

1. a)Se revoque la medida gravosa de la detención domiciliaria sin salida laboral ordenada mediante el Auto de Vista 012/2021, y en su lugar se disponga medidas cautelares que aseguren su presencia en la etapa preparatoria de la investigación, las cuales fueron adoptadas por la Jueza a quo en la Resolución 506/2020; y,
2. b)Se disponga la reparación de daños y perjuicios, en la medida pertinente.

El impetrante de tutela, a través de su abogado, ratificó el contenido de la acción de libertad, refiriendo que:

1. 1)Mediante la Resolución 506/2020, la Jueza a quo, dispuso como medidas personales una fianza económica y terapias psicológicas en el Centro de Promoción y Salud Integral (CEPROSI); no obstante, el Vocal ahora demandado revocó dicho fallo, dando por acreditada la concurrencia del peligro contenido en el art. 234.7 del CPP modificado por la Ley 1173, señalando que es un peligro para la víctima, extremos que van en contra de la propia ley, debido a que, en las medidas cautelares y en atención a un requerimiento de medidas de protección, se ordenó que su persona otorgue garantías de carácter unilateral con la finalidad de no revictimizar a la supuesta víctima; de igual manera, las terapias ordenadas en CEPROSI, no fueron valoradas por el Vocal demandado, pues tampoco fundamentó de qué manera podría influenciar negativamente en el proceso o en la presunta víctima, cuando el caso data del 24 de "octubre" de 2019, encontrándonos al 24 de enero de 2021; es decir, ya pasó año y medio, sin que a la fecha curse informe que establezca o acredite que su persona estuviera realizando actos de intimidación o en contra de la supuesta víctima, habiendo la Jueza de origen, valorado objetivamente los documentos presentados en audiencia de medidas cautelares, donde consideró las medidas de protección, actas de garantías dando valor legal al informe del CEPROSI, que acredita la realización de las terapias psicológicas, por lo que corresponde aplicar el principio de favorabilidad, in dubio pro reo y el de oportunidad;
2. 2)Se demostró fehacientemente que cuenta con una actividad lícita de agricultor, ya que donde vive es una zona alejada urbana, con servicios básicos escasos, teniendo luz comunitaria y una pileta de uso común, situación soslayada por la autoridad demandada, quien con su actuar vulneró el principio de razonabilidad y objetividad, pues no compulsó las pruebas valoradas en primera instancia, menos consideró que pertenece a un grupo vulnerable en razón a ser un adulto mayor de sesenta y ocho años de edad, que merece una tutela reforzada de conformidad con la SCP 0010/2018-S2, cuyo derecho a la vejez digna también se encuentra protegido por la Constitución Política del Estado y Tratados Internacionales; y,
3. 3)Con la determinación asumida por el Vocal demandado, no solo se restringe su libertad, sino su salud y por ende su vida corre peligro, por cuanto merece que sus derechos fundamentales sean ponderados, pues al agravar las medidas cautelares de carácter personal que le fueron impuestas, se genera una discriminación, ya que aparte de su condición de persona de la tercera edad y su ocupación lícita, demostró además que padece de una enfermedad de base acreditada con documentación, no siendo justo que el Vocal demandado haya simplemente dispuesto la autorización de salir a la pileta de agua, sin valorar ni fundamentar el aspecto salud y económico.

El Juez de Instrucción Penal Quinto de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante la Resolución 33/2021 de 24 de enero, cursante de fs. 18 a 20, concedió en parte la tutela impetrada, en cuyo efecto revocó en parte el Auto de Vista 012/2021, y dispuso mantener la detención preventiva del imputado con autorización de salidas a trabajar los días lunes a viernes de 7:00 a 20:00, debiendo mantener el resto del tiempo la detención domiciliaria ordenada por la autoridad demandada; y denegó, con relación a "los demás puntos reclamados" -no precisa cuáles?; con base en los siguientes fundamentos:

1. i)De la Resolución emitida en primera instancia, se verifica que dentro sus fundamentos se estableció que el hoy accionante cuenta con una actividad lícita "ya que recibiría una renta dignidad" (sic), además de contar con credenciales de la Federación Sindical de Comunidades Agrarias Radio Urbano y Sub Urbano provincia Murillo, Los Andes Ingavi, habiendo desempeñado sus actividades en la Comunidad San Roque, además de haber adjuntado las boletas de cobro de su renta dignidad, extremos que fueron valorados en primera instancia en torno al cual se acreditó su actividad lícita, y si bien el Vocal demandado acreditó la concurrencia del art. 234.7 del adjetivo penal, no se pronunció con relación al art. 234.1 del mismo cuerpo legal, por cuanto para disponer su detención domiciliaria debió revocar también dicho artículo en la vertiente de actividad lícita, lo que justificaba que no salga a trabajar, aspecto observables del Auto de Vista confutado, existiendo presunción de verdad ante la falta de presentación de informe por la autoridad demandada; y,
2. ii)Se vulneró su derecho a la vida en su vertiente "poder ejercer el derecho al trabajo", con el cual obtenga los medios para sustentarse, por cuanto no debió solo limitarse a autorizar el permiso para que recoja agua de la pileta pública, quedando en la nada las otras actividades que tiene que realizar el accionante, como su actividad lícita debidamente demostrada, la cual debió ser valorada para establecer dicho aspecto; asimismo, no se consideró la situación "interseccional del ahora imputado" (sic), que es un adulto mayor que se encuentra delicado de salud; máxime, si nos encontramos en una situación de pandemia por el COVID-19, evidenciándose que estaría siendo obligado a mantenerse en su domicilio sin autorización de salida a trabajar, ni siquiera para poder obtener los medios para su propia subsistencia.

II.1. Dentro del proceso penal seguido contra Martin Casas Ali ?ahora accionante? y otros por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, cursa la Resolución 506/2020 de 10 de diciembre, emitida por la Jueza de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Segunda de de El Alto del departamento de La Paz, por la que dispuso en favor del hoy impetrante de tutela, la aplicación de medidas cautelares conforme el art. 231 bis. del CPP, consistentes en:

1. a)Obligación de presentarse ante el Ministerio Público a registrar su huella digital en el sistema biométrico todos los días viernes;
2. b)Arraigo;
3. c)Prohibición de acercarse a la víctima implicando el domicilio, actividad lícita y lugar de estudios, en el caso que esté tomando cursos de capacitación;
4. d)Continuación de las terapias psicológicas en el CEPROSI;
5. e)Obligación de acudir al llamado de la autoridad jurisdiccional o fiscal; y,
6. f)Fianza Económica de Bs5 000.- (cinco mil bolivianos); asimismo, dispuso la homologación de las medidas de protección en favor de la víctima (fs. 6 a 7 vta.).