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TCP

0012/2026-CA

Tribunal Constitucional Plurinacional
21 de enero de 2026
Resumen del caso

Auto 0012/2026-CA

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

AUTO CONSTITUCIONAL 0012/2026-CA Sucre, 21 de enero de 2026

Expediente: 80430-2026-161-AIC Acción de inconstitucionalidad concreta Departamento: Tarija

En consulta la Resolución Administrativa Municipal 175/2025 de 23 de diciembre, cursante de fs. 5 a 23, pronunciada por el Alcalde Interino del Gobierno Autónomo Municipal de Yacuiba del departamento de Tarija, por la que resolvió rechazar la acción de inconstitucionalidad concreta interpuesta por Luis Rolando Daza Rojas demandando la inconstitucionalidad de los arts. 29 de la Ley de Administración y Control Gubernamentales (LACG) -Ley 1178 de 20 de julio de 1990- y 14 del Decreto Supremo (DS) 26237 de 29 de junio de 2001 de "Modificación del Reglamento de Responsabilidad por la Función Pública", por ser presuntamente contrarios a los arts. 109.II, 116.II, 256 y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE) y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN

I.1. Síntesis de la solicitud de parte

Por memorial de 2 de diciembre de 2025, cursante de fs. 38 a 48 vta., el accionante manifestó que a través de la Resolución Sumarial 004/2025 de 8 de octubre, se determinó el inicio de proceso administrativo interno en su contra por la supuesta contravención del ordenamiento jurídico administrativo y a la norma que regula la conducta funcionaria, ante la supuesta infracción de los inc. 1), 3), 6) y 7) de la página 38 del Manual de Funciones de la Empresa Municipal Autónoma de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de Yacuiba (EMAPYC) aprobado mediante Ordenanza Municipal 158/2009, y a través de la Resolución Final de Sumario Administrativo 003/2025 de 6 de noviembre, se le impuso una sanción de destitución en aplicación del art. 29 de la LACG, aclarando que el manual de funciones no establece la descripción de faltas y sanciones, lo que permitió que de forma discrecional y desproporcional la autoridad sumariante aplique dicha sanción, sin la existencia de una correcta subsunción de los hechos a la norma administrativa, por no existir reglamento específico o ley municipal de régimen disciplinario que contenga las faltas disciplinarias, aplicándose la analogía que se encuentra prohibido por el principio de máxima taxatividad como elemento fundamental del principio de reserva legal que limita el poder sancionatorio del estado en procesos administrativos disciplinarios.

Refiere que el art. 29 de la LACG: "La responsabilidad es administrativa cuando la acción u omisión contraviene el ordenamiento jurídico-administrativo y las normas que regulan la conducta funcionaria del servidor público", lo que quebranta el principio de reserva legal, de legalidad y seguridad jurídica enunciado por los arts. 109.II, 116.II, 256 y 410; y, el art. 9 de la CADH, debido a que se trata de una ley penal en blanco, en la que parte de la estructura de la norma sancionatoria -ya sea el supuesto de hecho o consecuencia jurídica- se encuentra ausente. Añade que, de acuerdo con el art. 29 de la LACG y conforme al art. 45 de la misma Ley, a modo de reglamentación se remitió al art. 14 del DS 26237; sin embargo, este tampoco delimita cuáles serían las normas específicas que se consideran como supuestas faltas administrativas dejando a la ley penal en blanco incompleta, permaneciendo como una norma general, sin dejar de lado que esta remisión vulnera el principio de legalidad, cuando la norma penal remite a una disposición legal de inferior jerarquía, conforme determina el art. 410.II de la ley Fundamental. De esa manera concluye que el art. 29 de la LACG y 14 del DS 26237, no determinan ni delimitan con precisión la existencia de faltas disciplinarias en las que puedan incurrir los funcionarios públicos; por lo tanto, nos encontramos ante una ley general que está siendo utilizada como fundamento por numerosas autoridades sumariantes de manera discrecional, aplicando sanciones desproporcionadas y vulnerando el principio de taxatividad.

Por otra parte, concluye que:

  1. a)Las normas impugnadas vulneran el principio de legalidad, que se constituye en una garantía constitucional de los derechos fundamentales;
  2. b)Vulneró el principio de legalidad en materia sancionadora, ya que el art. 14 del DS 26237 -que supuestamente pretende reglamentar la comisión de faltas no previamente tipificadas en una ley-, desconoce exigencias esenciales de dicho principio: la existencia de una ley escrita (lex scripta), la anterioridad de la norma respecto del hecho sancionado (lex praevia) y la determinación estricta y precisa del supuesto de hecho sancionable (lex certa);
  3. c)Las normas impugnadas omiten una doble garantía que implica la legalidad: la primera de orden material y alcance absoluto, tanto referida al ámbito estrictamente penal como al de las sanciones administrativa, que refleja la especial trascendencia del principio de seguridad jurídica en dichos campos limitativos y supone imperiosa necesidad de predeterminación normativa de las conductas infractoras y de las sanciones correspondientes; la segunda de carácter formal, relativa a la exigencia y existencia de una norma de adecuado rango;
  4. d)Los arts. 29 de la LACG y 14 del DS 26237 vulneran el subprincipio de tipicidad o taxatividad que constituye una manifestación o concreción del principio de legalidad en relación con los límites impuestos al legislador penal y administrativo, en cuanto exige que las prohibiciones que establecen sanciones; ya sean penales o administrativas, estén redactadas con un grado de precisión suficiente que permita a cualquier ciudadano comprender, sin dificultad, qué conductas se proscriben bajo la amenaza de una sanción conforme a una determinada disposición legal; y,
  5. e)Las normas impugnadas que regulan la responsabilidad administrativa son inconstitucionales porque el instrumento normativo que debió producirse es una Ley de Régimen Disciplinario de los Servidores Públicos que establezca con claridad los presupuestos de la infracción y de la sanción. En ese sentido, solicita se admita la acción de inconstitucionalidad concreta de los art. 29 de la LACG y 14 del DS 26237, por ser contrario a los arts. 109.II, 116.II, 256 y 410 de la CPE y 9 de la CADH.

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