0013/2023-S1

Adán Willy Arias Aguilar y Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Presidente y Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante informe escrito de 4 de junio de 2019, cursante de fs. 428 a 436, señalaron que:

1. a)La Resolución 082/2018, emitida por Enrique Morales Díaz, Juez de Instrucción Penal Tercero de la Capital de referido departamento, fue sorteada a la Sala Penal Primera del mencionado departamento, compuesta por los Vocales Ana María Villa Gómez Oña y Víctor Luis Guaqui Condori, este último se excusó de conocer la causa debido a que mantiene un proceso penal con las ahora impetrantes de tutela, ante lo cual fue convocado William Eduard Alave Laura como Tribunal de Apelación, por cuanto, se constituye en Tribunal natural para resolver la apelación interpuesta, es así que ambos Vocales entraron en disidencia, por ello, se convocó a Adán Willy Arias Aguilar a objeto de dirimir la disidencia aludida, quien se inclinó apoyando el voto fundamentado de William Eduard Alave Laura, razón por la que, se emitió el Auto de Vista 179/2018 que confirma la Resolución 082/2013;
2. b)La acción de amparo constitucional debería estar dirigida en principio a los Vocales de la Sala Penal Primera que actualmente está conformada por los Vocales César Wenceslao Portocarrero Cuevas y Silvia Maritza Portugal Espinoza y considerando que el primero reemplaza a Ana María Villa Gómez Oña y la segunda a Víctor Luis Guaqui Condori y considerando que este se excusó, la Vocal Silvia Maritza Portugal Espinoza actual titular de la Sala Penal Primera, no fue demandada y notificada con la presente acción de defensa; por cuanto, al haberse suscitado cambio de autoridades se debió notificar al último Vocal Titular de la Sala Penal Primera;
3. c)Al no haberse demandado a Silvia Maritza Portugal Espinoza, Vocal de la Sala Penal Primera, la acción de amparo constitucional deviene en la causal de improcedencia; empero, al haber sido admitida la misma no se pude retrotraer el procedimiento, conforme estableció la línea constitucional citada en las SCP 0383/2012 de 22 de junio y SC 0264/2004-R de 27 de febrero, entre otras y en consecuencia se debe denegar la acción tutelar por falta de legitimación pasiva, sin ingresar en el fondo;
4. d)En cuanto a lo referido por las peticionantes de tutela en relación a que el Vocal Adán Willy Arias Aguilar no se habría allanado a la recusación planteada, no es un fundamento para la interposición de la acción tutelar; ya que, en la naturaleza de esta, se debe demostrar la vulneración de un derecho fundamental y cualquier situación que atañe a la competencia de un Vocal debe ser interpuesta antes de la emisión de una resolución, vale decir, que debía ser efectuada antes del conocimiento del Vocal Adán Willy Arias Aguilar; "...la Resolución No. 179/2018, ha sido pronunciado en fecha 26 de septiembre de 2018, y la recusación ha sido planteado en fecha 28 de septiembre de 2018. Señores Vocales, existe plazos que se deben cumplir, es así que con la convocatoria del tercer vocal, las partes han sido notificados precisamente para que puedan plantear las observaciones y/o plantear la recusación, contra el vocal dirimidor, SIN EMBARGO NO EFECTUAN OPORTUNAMENTE, OPERANDOSE EL PRINCIPIO DE PRECLUSION Y EN FORMA EXTEMPORANEA PRESENTA POSTERIOR A LA EMISION DELA RESOLUCION FINA.L" (sic);
5. e)Señalan como argumento que el Enrique Morales Díaz, Juez de Instrucción Penal Tercero de la Capital de precitado departamento perdió competencia al existir una acusación fiscal y el Tribunal de Sentencia Penal Quinto de la Capital de mismo departamento habría devuelto al Juez "Instructor" a efecto de que resuelva incidentes y excepciones; al respecto, las ahora accionantes refieren un trámite exclusivamente de carácter ordinario, pretendiendo hacer incurrir en error; empero, este aspecto fue superado sobre un conflicto de competencia entre un Tribunal de Sentencia y un Juez "Cautelar o de instrucción" en la resolución de un incidente, es decir si fue planteado ante un Juez de Instrucción este tiene la obligación de resolverla aun exista acusación por el principio de Juez natural;
6. f)En relación a lo alegado sobre la mora procesal atribuible al Ministerio Público y que habría una incongruencia omisiva; por cuanto, el Juez a quo no identificó al responsable de la dilación, este aspecto debe ser reclamado ante el referido Juez a quo, a través, de una complementación y enmienda, en aplicación del art. 125 del CPP, aspecto que es utilizado como fundamento para la interposición de la acción de amparo constitucional, aspectos que atañen al Juez ordinario, pretenden sean revertidas mediante la presente acción tutelar cual si fuera una instancia casacional y/o de revisión;
7. g)Refieren como otro fundamento, la complejidad del caso y que se habría señalado que existen tres delitos y tres acusados y que el caso no es complejo y existiría una ampliación de querella de 14 de noviembre de 2014 y sería ilegal su desconocimiento, fundamento que cae por su propio peso; por cuanto, el Ministerio Público dio por finalizada la investigación y emitir la acusación formal y lo que pretenden es que los Vocales carguen la responsabilidad de una gestión que debió ser realizada por la querellante ante el Ministerio Público, la ampliación de la querella data de la mencionada fecha y la acusación formal fue emitida el 14 de febrero de 2017 y se preguntan ¿Por qué no hizo prosperar la ampliación de la querella durante aproximadamente tres años?;
8. h)Las impetrantes de tutela refieren también que el uso de los diferentes medios de defensa y recursos del sistema legal le dispensa al imputado, por un exceso de previsión, provoca la dilación del proceso, al respecto el procedimiento es claro sobre la duración del proceso y las causales que interrumpen el computo de los plazos, estos se dilucidan ante el Juez a quo vale decir ante el Juez de Instrucción Penal Tercero Capital de citado departamento y cuando se apela el art. 398 del CPP se abre el ámbito de competencia del Tribunal de alzada que debe pronunciarse sobre los puntos apelados, situación que aconteció así, y la resolución no siempre puede estar conforme a los intereses del apelante, la decisión fue formulada acorde a un debido proceso, con la debida fundamentación fáctica y jurídica, con la razonabilidad y motivación respectiva;
9. i)La parte peticionante de tutela, pretende utilizar la presente acción de defensa como una instancia más para revertir una resolución dictada en un proceso ordinario, el cual no puede conocer un Tribunal de garantías por cuanto, el razonamiento expresado por los Jueces ordinarios debe su independencia por el principio de legalidad;
10. j)El Tribunal de garantías no pude realizar una nueva valoración; ya que, quebrantaría el principio de interpretación de la legalidad ordinaria, que está reservada a la jurisdicción ordinaria; y,
11. k)No se puede soslayar los derechos y garantías que tiene todo sujeto procesal al acceso a una justicia pronta y sin dilaciones, la resolución pronunciada mediante Auto de Vista 179/2018, cuenta con la debida fundamentación fáctica y jurídica utilizando las reglas de la sana critica a momento de efectuar la valoración de las pruebas y las ahora accionantes piden se anule y/o se deje sin efecto la resolución referida, a efectos de que prosiga con los actos procesales de investigación, siendo la verdadera intención de las mismas utilizar la acción de amparo constitucional como una instancia más para anular actuaciones procesales de Jueces ordinarios; por lo que, solicitan se dicte resolución denegando la acción tutelar interpuesta.

Lorena Maureen Camacho Ramírez, Jueza Instrucción Penal Tercera de la Capital del departamento de La Paz mediante informe escrito de 4 de junio de 2019, cursante a fs. 437, señaló que:

1. 1)El proceso caratulado "MP" a instancias de Marianella Cerball de Rowbottom y otros contra Gianfranco Piero Darío y otros por el delito de falsedad material y otros sea de radicado en el juzgado a su cargo como Jueza de control jurisdiccional;
2. 2)De la revisión del cuaderno de control jurisdiccional se establece que el cuerpo quince cursa la Resolución 082/2017, la cual no fue emitida por su persona, así como también consta en el cuerpo veintitrés el Auto de Vista 179/2018, emitida por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de mismo departamento en la que se confirmó la Resolución 082/2017; y,
3. 3)Es evidente que desde agosto de 2017 su persona es titular del Juzgado Instrucción Penal Tercero de la Capital; sin embargo, no emitió la Resolución 082/2017; por lo que, no vulnero ningún derecho o garantía constitucional, a efectos de cumplir con la legitimación pasiva la Jueza es codemandada; empero, reiteró que no vulnero derechos constitucionales reclamados por las ahora impetrantes de tutela.

Leonardo Raúl Mariaca Cardozo Gerente General y Administrador de BCP S.A. por intermedio de su abogado en audiencia de acción de defensa, refirió que:

1. i)Leonardo Raúl Mariaca Cardozo fue la persona que interpuso la excepción de incidente de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, dictándose resolución a su favor, misma que fue apelada y en consecuencia se dictó el Auto de Vista que ahora es impugnado -se entiende 179/2018 de 26 de septiembre- por la acción de amparo constitucional; sin embargo, la jurisdicción constitucional solo puede aperturar ante la evidencia de violación a algún derecho constitucional que pueda generar la revisión por un Tribunal de garantías, para evidenciar si la resolución dictada, atacada por la acción tutelar, se hubieren violado derechos y principios constitucionales establecidos en la Constitución Política del Estado; empero, lo que se está tratando de hacer es que este Tribunal de garantías se convierta en un Tribunal de casación;
2. ii)Existe más de una debida fundamentación tanto en el Auto emitido por el Vocal William Eduard Alave Laura como en el Auto del Vocal "Dirimidor"; por lo que, la falta o indebida fundamentación es un punto de vista de la parte perdidosa, porque no es atendible a sus intereses procesales, también en ese entendido no existe una indebida valoración de la prueba, al respecto cabe decir que no existe ofrecimiento de prueba alguna por parte de las accionantes, es más el Vocal que efectuó su voto disidente estableció de manera precisa, cuando determinó que violentando principios de lealtad procesal se mencionó que se habría presentado elementos probatorios y esos elementos no existen, en consecuencia no hay posibilidad alguna que pudiera entenderse como una indebida valoración a la prueba a la que hacen referencia las impetrantes de tutela;
3. iii)Cuando se habla de seguridad jurídica, implica de que esta circunstancia hace que los estantes y habitantes del Estado Plurinacional de Bolivia debamos someternos a lo que dice la Constitución Política del Estado y las leyes y precisamente eso fue lo que se estableció en el fundamento del Auto de Vista que ahora se pretende dejar sin efecto a través de la acción de amparo constitucional y no puede ser resuelta por la jurisdicción constitucional; y,
4. iv)Finalmente alega que el proceso penal se inició el 14 de octubre de 2011 es decir hace siete años siete meses y dieciocho días, en referencia a los ciudadanos peruanos y otros desde la precitada fecha no existe resolución de imputación alguna que pueda acreditar la existencia de más involucrados en el proceso, circunstancia también referida en el Auto de Vista, al no haberse establecido ningún acto provocado por los imputados que pudiera determinarse como un retraso en la tramitación del proceso, no existiendo violación alguna a derechos constitucionales y solicitó se deniegue la tutela impetrada.

La Sala Constitucional Primera del departamento de La Paz, mediante Resolución 063/2019 de 4 de junio, cursante de fs. 439 a 442 vta., denegó la tutela impetrada, en base a los siguientes fundamentos:

1. a)La Sala Constitucional solo tiene competencia para recaer sobre esos presupuestos, criterio que fue ratificado por el art. 51 del Código Procesal Constitucional (CPCo) que tiene que ver con la acción de amparo constitucional;
2. b)La jurisdicción de la Sala Constitucional por mandato constitucional se encuentra condicionada a verificar condiciones procesales, si la acción de amparo constitucional está dirigida en contra de un servidor público y que a través de actos y omisiones restrinja, suprima o amenace derechos y garantías constitucionales penales;
3. c)Refiere que la Sala Constitucional de la que forman parte tiene una controversia, la cual es verificar la legitimación pasiva que es otra cualidad pero que tiene una carga procesal más, porque es un deber de quien pretende;
4. d)Las accionantes deben verificar con absoluta precisión el cargo de quien debe enmendar una situación procesal que considera lesivas a sus derechos, por cuanto, de omitirse la verificación de quien debe enmendar el acto procesal, la decisión puede ser fallida y una decisión de concesión no podría quedar oblicua al no crear efecto;
5. e)Se valoraron los siguientes hechos: primero que las autoridades demandadas que emitieron el Auto de Vista 179/2018 de 26 de septiembre, son los Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, la cual a momento de emitir la referida resolución estaba constituida por Ana María Villa Gómez Oña y Víctor Luis Guaqui Condori, este último fue apartado del proceso natural, como una forma de garantizar la imparcialidad del mismo, al efecto la hermenéutica procesal señala que ante el apartamiento de uno de los Vocales que constituye Sala, se convocará al siguiente en número, hecho que no fue controvertido;
6. f)En ese entendido el Vocal de la Sala Penal Segunda al ejercer como Vocal de la Sala Penal Primera deja sin fuero y constituye Sala Penal Primera, en consecuencia William Eduard Alave Laura no actúa como Vocal de la Sala Penal Segunda sino como Vocal de la Sala Penal Primera a convocatoria de la presidencia, que en el tracto procesal, en fase de decisión se advirtió que hubo fallo disidente, por cuanto, William Eduard Alave Laura y Ana María Villa Gómez Oña, tienen tesis distintas para la decisión de la situación jurídica, para el efecto se convocó al Vocal de la Sala Penal Segunda que es Adán Willy Arias Aguilar, quien emitió voto fundamentado a favor del Vocal William Eduard Alave Laura, independientemente de los sujetos que intervinieron en la decisión del acto procesal central, en consecuencia el acto procesal fue emitido por la Sala Penal Primera, de ello se tiene que la pretensión de las peticionantes de tutela radica en que se deje sin efecto el Auto de Vista 179/2018 emitida por la Sala Penal Primera;
7. g)Les llamo la atención que los demandados sean los Vocales de Sala Penal Segunda; por cuanto, de concederse la tutela y ordenar a los Vocales demandados, no pueden ordenar a los Vocales César Wenceslao Portocarrero Cuevas y Silvia Maritza Portugal Espinoza emitir una decisión, cuando no vinieron a presentar informe los que debían. La legitimación pasiva recae en el cargo, en especial cuando los demandados son Tribunales colegiados, en la presente causa ocurrió así, porque los que emitieron la primera resolución no fueron demandados; por lo tanto, el acto procesal recae en la Sala Penal Primera; y,
8. h)Situación por la cual, la Sala Constitucional se ve impedida de ingresar a consideraciones de fondo; por cuanto, mal podría anular una resolución y ordenar a alguien que no fue convocado a la presente audiencia a que emita una resolución, aspecto que afectaría otros derechos y los enfrentaría a posibles sanciones al haber dictado una sanción a ser inejecutable por ausencia de identificación del sujeto.

II.2. Consta memorial de 7 de abril de 2017, las ahora impetrantes de tutela interpusieron recurso de apelación incidental contra la Resolución 082/2017, expresando entre otros, los siguientes agravios:

1. 1)En cuanto a la Complejidad del asunto. La resolución sostiene que, revisados el cuaderno de control jurisdiccional y el de investigaciones, se tiene evidenciado que el caso no es un asunto complejo, porque existen solo dos imputados y un tercero con su situación jurídica resuelta; extremo totalmente falso, pues de la revisión de los cuadernos mencionados, se evidencia que son quince las personas sindicadas, de las cuales ocho son ciudadanos peruanos, que aún no han podido ser habidos para notificarles con la ampliación de la querella de 14 de noviembre de 2014, tramitándose a la fecha la tarjeta azul de INTERPOL para dar con su paradero; de los siete restantes, Coty Sonia Krsul Andrade, "Edwin Ronald Franco García" y Leonardo Raúl Mariaca Cardozo, quienes junto a los ciudadanos peruanos también están siendo investigados por la comisión del presunto delito de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado; finalmente, se tiene a "Ramiro Cabezas Masses", ex Superintendente de Bancos y Entidades Financieras; "Lenny Tatiana Valdivia Bautista", Directora Ejecutiva de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI); y, dos funcionarias de Fundación para el Desarrollo Empresarial (FUNDEMPRESA), por la supuesta comisión de otros delitos de corrupción, lo que también torno de complejo el caso a partir de la participación activa de servidores públicos. También se falsea la verdad, cuando señala que existe actos puntuales y concretos considerados como ilícitos, refiriendo solamente a los delitos de falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, estafa con agravación de víctimas múltiples, teniéndose además que, de las querellas y sus ampliaciones también se investigan por los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, incumplimiento de deberes, encubrimiento, receptación, omisión de denuncia, falsificación de documento privado, es decir, son diez delitos investigados; por lo que, el fundamento de que no existe complejidad en cuanto al número de imputados para extinguir la acción penal les causa agravios; puesto que, la autoridad tergiverso de forma maliciosa la información con el fin de favorecer a los falsos excepcionistas;
2. 2)En cuanto a la conducta de los imputados. Bajo un simple detalle de algunos actuados del proceso, refiere que los "ahora acusados" no tuvieron una conducta obstruccionista y dilatoria, sin siquiera valorar la prueba que adjuntaron a su memorial respondiendo de forma negativa la excepción;
3. 3)En relación a la conducta de las autoridades. La resolución sostiene que el inicio de investigaciones fue comunicado al Juez, el 18 de octubre de 2011, después de cuatro años, dos meses y veinte días, recién presentaron imputación formal el 7 de enero de 2016; apreciación falsa, pues se omitió valorar que: 3.i) La comisión de fiscales, emitieron Resolución de imputación formal el 20 de junio de 2013, ante la cual Coty Sonia Krsul Andrade, Leonardo Raúl Mariaca Cardozo y "Edwin Ronald Franco García", presentaron incidente de actividad procesal defectuosa el 19 de julio de mismo año, que luego de haberse suspendido la audiencia por falta de notificación a una de las sindicadas, fue resuelto el 17 de septiembre de igual año, por la Jueza "Lía Cardozo", anulando las actas de declaración informativa y al no tener facultades para anular la imputación formal, la dejo sin efecto hasta tanto declaren nuevamente los imputados; 3.ii) El 20 de referido mes y año, los acusados interpusieron recurso de apelación incidental, pidiendo se disponga la nulidad de la imputación formal y la citada fecha "Edwin Ronald Franco García", recuso a la Jueza "Lía Cardozo", quien por Auto de 26 de similar mes y año, decidió no allanarse, fijada la audiencia para resolver dicho incidente, el 10 de octubre de mencionado año, no asistieron ni el recusante ni la Jueza recusada; por lo que, por Resolución de 11 de idéntico mes y año, la Sala Penal Tercera rechazo la recusación, y el 14 de mismo mes y año, recién devuelven obrados al juzgado; 3.iii) El 20 de septiembre igual año, también interpusieron recusación contra los fiscales que emitieron la Resolución de Imputación Formal "043/2013 ECO-FIN", que fue resuelta por José Ángel Ponce Rivas, Fiscal Departamental declarando legal la recusación, lo cual género que le iniciaran un proceso disciplinario que culminó con su destitución. En diciembre de 2013 a febrero de 2014, se suspendieron algunas declaraciones de los imputados y otros se efectuaron quedando vigente la imputación, y el 12 de referido mes y año, los Fiscales informaron la ampliación del plazo de la investigación por noventa días ante la complejidad del caso y la falta de varios actos investigativos; 3.iv) La nueva comisión de fiscales emitieron dos resoluciones de rechazo, la primera la Resolución 063/2014 de 11 de abril, que no las incluía, por lo que, presentaron incidente de actividad procesal defectuosa el 21 de precitado mes y año; el 30 similar mes y año, notificaron a María Amanda Vivianne Vargas Salas con la Resolución de rechazo 064/2014,que no estaba en el cuaderno procesal cuando presentaron el incidente, es así que ese mismo día, presentaron otro incidente cuestionando la notificación ilegal a la nombrada, oportunidad en que fueron detenidas ilegalmente, por orden del "Vocal Clanam, los Jueces, Iván Córdova y Lía Cardozo y el Fiscal, José Ángel Ponce Rivas" a fin de que desistan de sus querellas; 3.v) Los beneficiados con las Resoluciones 063/2014 y 064/2014, después de tres meses de emitidas las mismas recién se notifican y nada menos desde Lima-Perú; y, el 12 de septiembre de 2014 la Fiscalía Departamental en suplencia legal, revoco el rechazo; es decir que, desde la imputación el 20 de junio de 2013, hasta la revocatoria, transcurrieron quince meses, de responsabilidad exclusiva de los acusados, quienes nunca desvirtuaron sus pruebas; 3.vi) Al no ser habido "Dionisio Fernando Romero Seminario", principal sindicado, fue notificado con la ampliación de la querella por edictos el 28 de mayo de 2015, y posteriormente fue declarado rebelde; es así que, el 1 de junio de igual año, les notificaron con un incidente de actividad procesal defectuosa, interpuesto por el representante del prenombrado, pidiendo se deje sin efecto la notificación por edicto, con claras intenciones dilatorias; ya que, estando fijada la audiencia para su resolución el 16 de mismo mes y año, se suspendió por su propia inasistencia, posteriormente activaron la vía constitucional planteado acción de libertad, donde el Juez de garantías le otorgó la tutela que en revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional fue revocada por SCP 1287/2015-S2 de 13 de noviembre, denegando la tutela; sin embargo, el Juez del Tribunal de Sentencia Penal Quinto de la Capital del departamento de La Paz mantuvo oculta por diez meses; por lo que, se omitió considerar que, desde la presentación de la ampliación de la querella, el 14 de noviembre de 2014, hasta el 10 de junio de 2015, en que se resolvió la ilegal acción de libertad, transcurrieron ocho meses más, haciendo un total de veintitrés meses de absoluta responsabilidad del falso incidentista y los otros imputados; 3.vii) Omitió referirse a la prueba presentada junto a su memorial de apelación a la resolución de la excepción, de donde se prueba que el 22 de julio de referido año, el Ministerio Publico emitió requerimientos a INTERPOL, y al BCP S.A., a fin de dar con el paradero de "Dionisio Fernando Romero Seminario", comunicando el incumplimiento de este último por memorial de 10 de agosto de mencionado año, y solicitando la conminatoria el 7 de septiembre de igual año; empero, nunca lo hicieron y aun no se tiene noticias de su paradero; sin embargo, el 16 de noviembre de idéntico año, presentaron excepción de la acción penal por duración máxima del proceso, atribuyéndole la dilación al Ministerio Publico, es decir, desde el 22 de julio al 16 de noviembre de mismo año, transcurrieron otros cuatro meses, haciendo veintisiete meses de dilación por parte de los ahora acusados; 3.viii) El 18 de diciembre de referido año, se llevó a cabo la inspección técnica ocular de FUNDEMPRESA, y el 7 de enero de 2016, la comisión de fiscales presentó al Juzgado de Instrucción Penal Tercero, Resolución de Imputación Formal "EASV-CHRM 01/2016" contra Coty Sonia Krsul Andrade, "Edwin Ronald Franco García" y Leonardo Raúl Mariaca Cardozo por la comisión de cuatro delitos. En ese sentido, todo ese accionar dilatorio de los imputados no fue analizado; puesto que, no puede haber extinción del proceso, cuando a consecuencia del uso de distintos medios de defensa y recursos, el imputado por un exceso de previsión provoca la dilación del proceso, lo cual está probado con la documental ofrecida en calidad de prueba; tampoco se tomó en cuenta, la actitud dolosa de los acusados de esperar de forma pasiva y premeditada el vencimiento de plazos y términos, contribuyendo a la retardación de justicia para ahora invocar la extinción de la acción penal; y, 3.ix) No se tomó en cuenta la mora estructural establecida en la SCP 0255/2014 de 12 de febrero, ante la falta de nombramiento de autoridades, crisis institucionales, cambio de sistema normativo; desconociendo también de manera arbitraria, los derechos y garantías del propio Estado, el "AS No. 222 de 7 de marzo de 2007" (sic) que expresamente establece que tratándose de hechos contra bienes del Estado, estos no prescriben, por lo tanto se debe denegar la extinción;
4. 4)Respecto a el Auto de Vista 56/2017. Hace una relación de la excepción de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso atribuible al Ministerio Publico, refiriendo algunas actuaciones por la que pretende atribuirnos la mora de dieciocho meses de los Vocales Virginia Janeth Crespo Ibáñez, Ernesto Macuchapi Laguna y Adán Willy Arias Aguilar; asimismo, en cuanto al Auto de Vista 56/2017, señala que constituye línea de aplicación en forma obligatoria, sin embargo, omite referir que a la fecha existe una acción de amparo constitucional contra dicha resolución, en revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, debiendo esperar el resultado; y,
5. 5)Son evidentes los agravios al haber extinguido la acción penal sin tomar en cuenta que también debía resguardar las garantías jurisdiccionales que les asisten como víctimas y como agraviadas por los delitos denunciados, atentando abiertamente contra el valor y principio de igualdad, imponiéndoles una carga ajena a su responsabilidad y sancionándoles por el supuesto incumplimiento del Ministerio Público, lesionando los arts. 180.I y 113.I de la CPE, a su derecho a la reparación del daño por parte de los acusados una vez dictada la sentencia (fs. 152 a 159).

II.6. Mediante Auto de Vista 179/2018 de 26 de septiembre, La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, con convocatoria del Vocal Adán Willy Arias Aguilar, determina la ADMISIBILIDAD de los recursos interpuestos por el Ministerio Público y por Marianella Cerball de Rowbottom, por haber sido deducido en el plazo previsto por ley; sin embargo de ello, se declare la IMPROCEDENCIA de los fundamentos expuestos en el recurso y en consecuencia CONFIRMÓ la Resolución 082/2017 que declaró probada la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, en favor de los sindicados Leonardo Raúl Mariaca Cardozo y Coty Sonia Krsul Andrade, con el voto fundamentado de William Eduard Alave Laura, Vocal de la Sala Penal Segunda, voto dirimidor de Adán Willy Arias Aguilar, Presidente de la Sala Penal Segunda y voto disidente de Ana María Villa Gómez Oña, Presidenta de la Sala Penal Primera; bajo los siguientes fundamentos:

1. a)En cuanto a la perdida de competencia del Juez a quo; es necesario señalar que, es evidente que existe una acusación formal que fue remitida ante el Tribunal de Sentencia Penal Quinto de la Capital del departamento de La Paz, y este con la facultad de saneamiento observó que no puede asumir competencia para conocer el proceso, hasta que se remitan antecedentes al Tribunal de alzada de un recurso de apelación interpuesto contra la Resolución 427/2016, señalando además que, existen incidentes y excepciones pendientes de resolución planteados en etapa preparatoria que deben ser resueltos por el Juez cautelar; este extremo no denota ilegalidad y más aun de eficacia esta actividad de saneamiento de cuestiones pendientes de resolución deben ser resueltos en etapa preparatoria a efectos de que el Tribunal de Sentencia conozca un caso sin vicios de nulidad, consecuentemente, el Juez de Instrucción Penal al momento de emitir la Resolución "082/2018" tenía competencia exclusiva y limitada para subsanar aspectos no considerados en su oportunidad, por lo que, la competencia limitada se refiere precisamente a los actuados pendientes de resolver a efectos de emitir debidamente saneado el proceso ante el Tribunal de Sentencia;
2. b)En relación a quien era atribuible la mora procesal, se constató que el Juez a quo, a momento de emitir la Resolución 082/2017, estableció que la mora procesal era atribuible al Ministerio Publico y a la parte querellante, lo cual se ve reflejado bajo un análisis integral de los antecedentes procesales, consiguientemente, si existe una análisis por parte del Juez de primera instancia en relación a la mora procesal conforme la SC "101/2004 de 1 de septiembre", con relación al Auto Constitucional (AC) "079/2004-EK de 29 de septiembre";
3. c)Sobre la complejidad del tema, al afirmar que existirían quince personas sindicadas, de las cuales ocho no fueron habidas, así como de la querella, y que existirían otros funcionarios investigados, es importante señalar que ya existe un proceso con acusación con tres delitos y tres acusados, por lo que, la complejidad del asunto no es tal, porque no existe un sin número de delitos en relación a diversos aspectos propios de un hecho, así como diversidad de acusados, extremos que no se dan en este caso, además que la autoridad jurisdiccional en ningún momento estableció que el caso era complejo. Asimismo, conforme a la SCP "26/2015-S3" y el Auto Supremo (AS) "534/2017", establecen que para resolver la extinción de la acción penal, se debe contar con parámetros que hagan viable la extinción, y que quien pretende desmerecer la misma, debe fundamentar debidamente su recurso como mencionan los y los 396.3 y 404 del CPP;
4. d)Respecto al reclamo de que no se hubiere valorado la prueba, se debe establecer que en relación a la conducta de los imputados, se desprende que el juzgado ha realizado un análisis a "fs. 520 vta. y 521" de toda la actividad de los imputados, incluyendo al imputado "Edwin Ronald Franco García", señalando el mencionado Auto apelado que:-hace una descripción textual de esa parte del Auto mencionado-, concluyendo que, de lo anotado se desprende que si existe un argumento valorativo de los medios de prueba correspondiente;
5. e)En relación a que el Juez a quo no hubiera analizado sobre la dilación generada por el imputado que haría improcedente a la extinción de la acción penal; se debe señalar que, tanto el Ministerio Público como la parte querellante tienen que demostrar dentro los plazos previstos por ley y los elementos constitutivos de los hechos denunciados como delitos, generando ello un plazo razonable conforme lo establece la Constitución Política del Estado, como el Pacto de San José de Costa Rica, evitando una persecución penal indefinida y eterna en muchos casos; es decir, la actitud del imputado a través de los medios de defensa que pudiese plantear, son garantías procesales en función a la presunción de inocencia, por lo que, no puede ser considerado como un elemento contrario a su derecho a la defensa y mientras este no sea declarado malicioso no puede considerarse como parte de la dilación del proceso, salvo declaratoria de rebeldía;
6. f)Con relación a la Resolución 56/2018 que hubiera sido cuestionada a través de un amparo constitucional, la apelante no indica cual sería el agravio conectado a la presente resolución, no existe nexo causal, por lo que, no corresponde considerarlo;
7. g)Los plazos establecidos en la norma adjetiva penal, son para que se apliquen, por cuanto la correcta administración de justicia, así como la celeridad y oportuna conclusión de los procesos, forman parte del debido proceso reconocido en el art. 115.II de la CPE; y en cuanto a las razones por las que se extingue la acción penal, están vinculadas a ciertos hechos en el tiempo, como cuando el Estado actúa de forma negligente impidiendo con ello, la culminación del proceso en un plazo razonable, precisamente por la pasividad de los actores como el Fiscal y la parte querellante, tomando en cuenta que la persecución requiere de una justificación, más aun cuando el Ministerio Publico tiene como brazos operadores al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) y a la Policía Boliviana, con el fin de llevar una investigación eficiente y eficaz dentro los plazos señalados por ley, máxime si se trata de delitos públicos donde la fiscalía tiene la obligación de proseguir la investigación independientemente de la actitud pasiva del querellante;
8. h)Sobre el aspecto que la Resolución 082/2017 pone como fundamento falsas apreciaciones en cuanto a tiempos; en el segundo considerando de la misma se hace una precisa relación de actuados, fechas de la presentación y/o realización de actuados procesales, mismos que coinciden con los datos que se tienen en el cuaderno procesal, señalando también sobre la dilación ocasionada por el Ministerio Publico, tomando en cuenta que de acuerdo a los arts. 300 y 302 del CPP, establece que la investigación preliminar no puede durar más de veinte días, prorrogables a noventa días, y el presente caso tiene una duración de más de cinco años, cinco meses y más, aun descontando las vacaciones judiciales, tiene una duración de más de cuatro años, demostrando de esa manera que el fiscal se excedió en cuanto al tiempo de la investigación, de ahí que se debe tomar en cuenta el art. 55.I de la Ley del Ministerio Público (LMP), el cual fue incumplido por la instancia fiscal; y,
9. i)Es menester enfatizar que la parte apelante ha invocado una serie de derechos y garantías supuestamente vulnerados con la resolución de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, no obstante, la parte recurrente debe reconocer la vigencia plena del art.133 del CPP; ya que, dicha norma fue instituida por el legislador para evitar se incurra en retardación de justicia y la lesión al principio de celeridad consagrado por los arts. 178.I y 180.I de la CPE, así como el derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas y en un plazo razonable, art. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 115.II de la CPE, y la SC 1684/2010-R de 25 de octubre; por lo que, considerando esta normativa, el contraste con todas las actuaciones mencionadas y tomando en cuenta que el inicio de investigaciones data del 14 de octubre de 2011, conforme al art. 5 párrafo segundo del CPP, se tiene que a la fecha en que se emitió la resolución, evidentemente transcurrieron cinco años y varios meses (fs. 2 a 8).

Las accionantes denuncian la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos juez imparcial, fundamentación, motivación y valoración de la prueba, a los principios de seguridad jurídica, legalidad, imparcialidad, a la igualdad, a la prohibición de ejercicio arbitrario de poder y a la verdad material; toda vez que, habiendo planteado recurso de apelación contra la Resolución 082/2017 que declaró probada la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, los Vocales demandados emitieron el Auto de Vista 179/2018 de 26 de septiembre, incurriendo en los siguientes actos ilegales:

1. 1)El Vocal Adán Willy Arias Aguilar, pese a que se solicitó su recusación conforme los arts. 316.1 y 318 del CPP, que le obligaba incluso de oficio a excusarse del conocimiento del proceso, no solo no se allanó, sino que más bien dictó el Auto de Vista 179/2018 con los mismos argumentos del Auto de Vista 56/2017 de 6 de febrero -donde también intervino como dirimidor- y dentro la misma causa, declarando la improcedencia de los fundamentos expuestos en los recursos y confirmando la Resolución 082/2017; tornando, el Auto de Vista 179/2018 en una resolución nula e ilegal, que lesiona la garantía del juez imparcial como parte del debido proceso;
2. 2)Emitieron el Auto de Vista 179/2018, sin fundamentación ni motivación y sin valorar su prueba, respecto a: 2.i) Su primer agravio señalaron que no es evidente la ilegalidad sobre que el Juez a quo perdió competencia, sin considerar que al existir acusación fiscal este remitió el proceso al Tribunal de Sentencia Penal Quinto de la Capital del departamento de La Paz y no podía reasumirla por la emisión de un decreto al haberse dado cumplimiento a lo previsto por los arts. 325.I y 340.I del CPP; 2.ii) Respecto a quien es atribuible la mora procesal, se limitaron a señalar que, bajo un análisis integral de los antecedentes el Juez estableció que la mora procesal era atribuible al Ministerio Público y la parte querellante, sin advertir la incongruencia omisiva de la Resolución 082/2017 por cuanto los excepcionistas solicitaron la extinción de la acción penal por duración máxima atribuible al Ministerio Publico, y en la parte considerativa el Juez funda dicha mora atribuible no solo a tal instancia, sino también a la parte querellante y en la parte resolutiva simplemente declara la extinción sin identificar al responsable de la dilación; 2.iii) Sobre la complejidad, omitieron maliciosamente que la extinción fue planteada el 30 de mayo de 2016 y la acusación fiscal fue pronunciada el 14 de febrero de 2017, no existiendo relación como sostienen los demandados; también omitieron que existe ampliación de querella de 14 de noviembre de 2014 contra quince personas y por delitos de corrupción, admitida por el Ministerio Público y comunicada a la autoridad jurisdiccional, con lo que se probó la complejidad del asunto, pero dicha ampliación de la querella fue ignorada deliberadamente; 2.iv) Tergiversaron el agravio sobre la falta de valoración de la prueba, pretendiendo que la misma se refería a la prueba de los imputados y no a la presentada con su memorial de respuesta a la excepción y detallada en su recurso de apelación; y, 2.v) En cuanto a la dilación generada por el imputado, no analizaron que tampoco puede haber extinción de la acción penal, cuando por el uso de los distintos medios de defensa y recursos el imputado por un exceso de previsión provoca la dilación del proceso, lo cual no puede ser considerado como un elementó contrario a su derecho como maliciosamente sostienen los Vocales, más aun cuando dichos excesos fueron probados en la documentación adjuntada en su respuesta a la excepción y citados en su recurso de apelación.

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas:

1. a)La garantía general del debido proceso en sus elementos de derecho al juez natural e imparcial, y la excusa y recusación como medios para garantizar la materialización de la misma; y,
2. b)Análisis del caso concreto.