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TCP

0013/2026-S3

Tribunal Constitucional Plurinacional
5 de febrero de 2026SALA TERCERA
Resumen del caso

Sentencia 0013/2026-S3

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0013/2026-S3 Sucre, 5 de febrero de 2026

SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad

Expediente: 50159-2022-101-AL Departamento: Oruro

En revisión la Resolución 02/2022 de 2 de septiembre, cursante de fs. 29 a 31 vta.; pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Erle Vargas Carreño contra Eve Carmen Mamani Roldan, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y, Fanny Huanaco Flores, Jueza de Sentencia Penal Cuarta del citado departamento.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 1 de septiembre de 2022, cursante de 15 a 20, el accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de estelionato con agravante de víctimas múltiples, signado con Número de Registro Judicial (NUREJ) 401502012102584, en audiencia de medidas cautelares le fue impuesta la detención domiciliaria.

Ante dicha determinación, la víctima, solicitó a la Jueza de Sentencia Penal Cuarta de la Capital del departamento de Oruro -ahora demandada-, la revocatoria de su detención domiciliaria, argumentando la existencia del inicio de una nueva causa en su contra -junto a Dennis Vargas Carreño- por los delitos de estafa y estelionato con agravante de víctimas múltiples; además que incumplió la detención domiciliaria impuesta; petición, que fue resuelta a través del Auto Interlocutorio 630/2022 de 4 de agosto; por el que, se concedió en parte la revocatoria de medidas cautelares, disponiendo su "detención domiciliaria permanente" (sic) y la imposición de dos garantes; decisión asumida bajo el fundamento que la comisión de un "nuevo delito doloso" agravaba los riesgos procesales de fuga conforme a lo previsto por el art. 234.6 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y la concurrencia de los núms. 1 y 2 del art. 233 del citado Código.

En desacuerdo con dicha Resolución, formuló recurso de apelación incidental en la misma audiencia, que fundamentado en alzada, fue resuelto por la Vocal de Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro -ahora demandada-, a través del Auto de Vista 200/2022-SP1 de 17 de agosto; por el que, dicha autoridad declaró la improcedencia de su recurso, confirmando el fallo impugnado, con base en los siguientes razonamientos:

  1. a)El inicio de un "nuevo proceso penal doloso" contra el apelante acreditó la existencia de actividad delictiva reiterada, circunstancia que también validó la aplicación de los riesgos procesales vinculados a la fuga, de acuerdo los arts. 233.1 y 233.2 del CPP, que refieren la probabilidad de que el imputado no se someta al proceso o afronte una posible pena; asimismo que, si el hecho era o no reciente, no fue objeto de discusión en audiencia, sino solo la consideración de la concurrencia del peligro de fuga; y,
  2. b)Lo aludido respecto al derecho al trabajo, no fue un tema de discusión planteado por la parte acusada en la audiencia de revocatoria de medidas cautelares en primera instancia; por lo cual, no lo consideró materia de pronunciamiento.

El Auto de Vista cuestionado, incurrió en los siguientes defectos:

  1. 1)Las autoridades demandadas -en ambas resoluciones impugnadas- no respondieron sus postulaciones ni fundamentaron la decisión de detención domiciliaria permanente, especialmente en lo referido a la exigencia de prueba idónea sobre la comisión de un nuevo delito posterior a la resolución inicial;
  2. 2)Las resoluciones fueron arbitrarias al asumir la existencia de un riesgo procesal de fuga con un nuevo proceso penal basado en hechos de 2017, de manera que, no fueron fundamentados sus argumentos de defensa consistentes en que los hechos se produjeron con anterioridad -de conformidad al art. 234.6 del CPP- y que la modificación de medidas cautelares dependía únicamente de hechos sobrevinientes; asimismo que, no hay posibilidad de detención domiciliaria permanente;
  3. 3)Consideró que la detención domiciliaria "permanente" es una restricción ilegal e indebida de su libertad, no prevista por ley; y,
  4. 4)Demostró su actividad económica empresarial, situación que no fue desvirtuada, motivo por el que, no podía agravarse su situación mediante la detención domiciliaria permanente, que difícilmente podría discutirse.
I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos a la libertad, a la tutela judicial efectiva, al debido proceso en sus vertientes fundamentación motivación y congruencia, a la defensa; y, al trabajo, citando al efecto los arts. 23.I, 46, 115.I y II; y, 117.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

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Tribunal Constitucional Plurinacional5 de febrero de 20260013/2026-S3Fuente oficial