Texto del fallo
Texto de la resolucion
FUNDAMENTACIÓN DE VOTO DISIDENTE y ACLARATORIO Sucre, 23 de septiembre 2020
SALA PLENA Magistrado: MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano Control previo de constitucionalidad de estatutos autonómicos y cartas orgánicas de entidades territoriales autónomas
Expediente: 21637-2017-44-CEA Departamento: Tarija
Consultante: Calixto Alarcón López, Presidente del Concejo del Gobierno Autónomo Municipal de Entre Ríos, provincia O´Connor del departamento de Tarija.
I. ANTECEDENTES
Habiéndose emitido la Declaración Constitucional Plurinacional (DCP) 0014/2020 de 23 de septiembre, sobre el control previo de constitucionalidad del proyecto de Carta Orgánica Municipal (COM) de Entre Ríos, provincia O´Connor del departamento de Tarija.
El suscrito Magistrado, en mérito a la metodología que asume este Tribunal en el marco de su autonomía procesal, tiene a bien expresar su desacuerdo respecto al análisis efectuado y la decisión asumida en la , con relación al control previo de constitucionalidad de los arts. 10, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 148.1 y 2, 151; y, 152. Asimismo manifiesta Aclaración de Voto emitido respecto a los arts. 38.35, 94 y la denominación "Entre Ríos provincia O´Connor", contenidos en el proyecto de COM referido; por lo que, en observancia del art. 10.III del Código Procesal Constitucional (CPCo), expone el presente Voto Disidente y Aclaración de Voto, en base a los siguientes argumentos jurídico-constitucionales: II. FUNDAMENTOS JURIDÍCOS II.1. Naturaleza jurídica procesal constitucional de la disidencia y aclaración de voto
El Código Procesal Constitucional boliviano ha previsto la posibilidad de que los Magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional puedan emitir voto disidente o aclaración de voto debidamente fundamentado, cuando en su condición de intérprete máximo de la Norma Suprema su criterio jurídico no sea coincidente con el de sus colegas, conforme se tiene establecido en el art. 10.III del CPCo. De igual manera, se debe considerar que las decisiones que asuma este Tribunal deben contar con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus miembros presentes; sin embargo, conforme se tiene en el parágrafo II de la disposición procedimental citada; de acuerdo a los arts. 28 y 29 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP) el voto disidente permite a una o un Magistrado manifestar su criterio diferente respecto a la argumentación o decisión adoptada, expresando los motivos y razones que sustentan el criterio divergente asumido, respecto a la decisión mayoritaria tomada por parte o todos los demás Magistrados.
II.2. Sobre la posibilidad para que el magistrado relator pueda emitir voto disidente o aclaración de voto, respecto a su proyecto
Conforme al art. 10.II del CPCo: "La Sala Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional resolverá los procesos sujetos a su conocimiento por mayoría absoluta de votos de sus miembros presentes" (las negrillas fueron añadidas). Con base en tal normativa, el parágrafo III del mismo Código, determina la posibilidad de que: "Las Magistradas y los Magistrados podrán formular voto disidente o en su caso aclaración de voto, debidamente fundamentado cuando sus criterios jurídicos no sean coincidentes con los de la mayoría" (énfasis adicionado).
Es posible concluir con base en las normas precitadas que, si bien es imprescindible que los procesos sujetos a conocimiento de la Sala Plena sean resueltos por mayoría absoluta de sus miembros presentes; sin embargo, no necesariamente el criterio de cada Magistrada o Magistrado debe ser coincidente con el de la mayoría; y, es en tal mérito que el legislador ha previsto la posibilidad de emitir votos aclaratorios o disidentes. En la práctica, las disposiciones normativas precitadas, conllevan a que en el caso de los proyectos normativos de las Entidades Territoriales Autónomas (ETA), los fundamentos jurídicos, análisis normativo y razones de la decisión en uno o varios artículos, no sean compartidos por todas las autoridades que conforman el Pleno; consecuentemente, el pronunciamiento no obtiene la mayoría requerida y a efectos de subsanar el defecto se procedía a efectuar nuevos sorteos -los que fueran requeridos- hasta obtener una resolución constitucional que exprese el criterio de la mayoría, y a pesar de ello se presentaban los votos particulares, a varias disposiciones examinadas.
Sin embargo, a efectos de asumir el procedimiento precedentemente detallado, de una manera más efectiva o eficaz, es menester considerar el mandato constitucional. Así, el art. 178.I de la Constitución Política del Estado (CPE), dispone: "La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos" (las negrillas son nuestras). Previendo el art. 180.I del mismo cuerpo legal, que: "La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez". Expresando finalmente el art. 115.II de la Norma Suprema, la obligación del Estado de garantizar: "...el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones" (énfasis añadido). Así, el principio de celeridad consagrado en la Constitución Política del Estado, constriñe no sólo a la jurisdicción ordinaria, sino también a la jurisdicción constitucional -en mérito del contenido del art. 3.4 y 6 del CPCo-, a evitar retardaciones o dilaciones indebidas, ilegales e innecesarias, resultando lógico que quienes efectúan la consulta de constitucionalidad de los proyectos normativos de las ETA, esperen la pronta definición de su situación jurídica.
En tal mérito, efectuar el nuevo sorteo para realizar el control previo de constitucionalidad de proyectos de estatutos y cartas orgánicas de las ETA, únicamente en razón a que el Magistrado relator o Magistrada relatora no comparten el criterio de la mayoría de los miembros de Sala Plena respecto a algunos artículos; no obstante a que los demás artículos sí cuentan con el apoyo de la mayoría, constituye una posición que se aleja de los deberes inherentes de administrar justicia constitucional con celeridad, eficacia, eficiencia, sin dilaciones, de forma pronta y oportuna evitando dilaciones. Aunque con una distinta fundamentación, similar entendimiento ya fue asumido por la , que con base en "...la autonomía procesal..." determinó que no correspondía adoptar la misma metodología operada en las acciones de inconstitucionalidad o en el resto de los recursos de control normativo constitucional, sometiendo el caso a un segundo sorteo cuando la Magistrada relatora o el Magistrado relator, no obtenían la mayoría de votos respecto al test de constitucionalidad de algunos artículos del proyecto; entendimiento que, fue reiterado por su similar 0079/2019 de 20 de septiembre.
En ese sentido cabe la posibilidad que en una Declaración Constitucional Plurinacional a emitirse al ser de conocimiento y consenso del Pleno del Tribunal Constitucional Plurinacional, se obtenga el apoyo requerido en la mayoría de las disposiciones en examen; sin embargo, en algunas otras regulaciones el Magistrado relator, puede tener un criterio divergente, que será plasmado en un voto disidente o aclaración de voto, abstrayéndose de su calidad de relator.
Consecuentemente, con la base normativa y jurisprudencial precedentemente descrita, es deber del Magistrado que suscribe el presente Voto particular, imprimir la celeridad pertinente a la consulta precitada, no debiendo constituir la diferencia de criterio frente al de la mayoría de miembros de Sala Plena, un óbice para resolver la consulta previa de constitucionalidad planteada por la ETA; y, al contar con el apoyo mayoritario, respecto a los demás artículos corresponde la emisión del presente voto para sustentar los motivos de desacuerdo o aclaraciones (que además son coincidentes con el criterio ya expresado precedentemente); empero, sin someter el caso a un nuevo sorteo en observancia a los deberes emergentes de los principios descritos en el párrafo precedente. III. FUNDAMENTACIÓN DE LOS VOTOS DISIDENTES III.1. Sobre la declaratoria de compatibilidad del art. 10
"Artículo 10. VALORES DEL MUNICIPIO.
El Municipio de Entre Ríos Provincia O´Connor, reconoce los siguientes valores: Libertad, igualdad, respeto, democracia, tolerancia, unidad, transparencia, responsabilidad, lealtad, humildad, solidaridad, honradez, justicia, fortaleza, armonía, defensa de la vida, cultura de paz, respeto al medio ambiente y biodiversidad, complementariedad, reciprocidad, cooperación".
Análisis y fundamentación
La disposición presentada por la ETA consultante, bajo la denominación de valores, establece un reconocimiento expreso de valores, derechos y principios reconocidos por la Norma Suprema, aspecto que debió ser considerado por la relevancia constitucional que ello implica.
Ahora bien, valores tales como la igualdad, respeto, complementariedad, transparencia, responsabilidad (art. 8 de la CPE); así como el derecho a la libertad, la vida, al medio ambiente (art. 15, 23 y 33 de la Ley Fundamental) se encuentran consagrados en la Norma Suprema.
En ese sentido, en relación al término "reconoce" o el reconocimiento expreso de los derechos, valores, principios o fines, mediante un estatuto o COM, el suscrito Magistrado, ha mantenido un criterio uniforme y reiterado, al emitir su Voto Disidente a las y , entre otras; con relación al reconocimiento de derechos por parte de los proyectos de normas institucionales básicas, al considerar que afecta la supremacía constitucional determinada en el art. 410 de la CPE; efectivamente señaló que no corresponde que las ETA efectúen un reconocimiento supraconstitucional en razón a que su reconocimiento se encuentra ya establecido por el contenido normativo de la propia Constitución Política del Estado; en tal mérito los derechos fundamentales estarían reservados para la Norma Suprema, razón por la cual, no le compete a la COM el reconocimiento de los derechos fundamentales, principios o valores; toda vez que, los mismos se encuentran establecidos en la Constitución Política del Estado y gozan de la supremacía constitucional, consecuentemente no corresponde que una norma infraconstitucional, en este caso la COM, proceda a la ratificación o reconocimiento de preceptos constitucionales, puesto que tal acción implica una potestad facultativa de la cual no gozan las ETA ante disposiciones imperativas de la Norma Suprema.
En consecuencia, en merito a los argumentos expuestos, el suscrito Magistrado considera que debió haberse declarado la incompatibilidad del art. 10 del proyecto de COM de Entre Ríos, por cuanto un reconocimiento de derechos, valores y principios a partir de una norma infraconstitucional vulnera el principio de supremacía constitucional establecido en el art. 410 de la CPE, así también afecta la jerarquía normativa determinada en el citado precepto.
III.2. Sobre la declaratoria de incompatibilidad de los arts. 136, 137, 138 y 139 del proyecto de COM de Entre Ríos
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