0014/2023-S2

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo:

1. a)Que las demandadas restituyan de forma inmediata a su hija menor AA al seno materno;
2. b)Dejar sin efecto la apertura del proceso en su contra signado con "...CUD 201502022207585, EN VIRTUD A LOS FUNDAMENTOS ESTABLECIDOS EN EL AV. N° 708/2022, Y SE LA PROCEDA A BORRAR DEL SISTEMA JL LOS ANTECEDENTES REGISTRADOS AL EFECTO" (sic);
3. c)Se conmine a la Fiscal de Materia y abogada de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto del departamento de La Paz, demandadas a realizar su trabajo conforme a sus facultades constitucionales y legales; y,
4. d)Se determine responsabilidad funcionaria de los demandados.

La accionante, ratificó in extenso los argumentos contenidos en la demanda tutelar; y ampliándola en audiencia sostuvo:

1. 1)El "...día viernes 14 era mi audiencia..." (sic) que se suspendió por ausencia de la representante de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia; y, la Fiscal de Materia. De forma posterior, recibió una llamada comunicándole que se le entregaría a su hija menor AA; pero sin ningún requerimiento "...me entregan escrito a mano, no hicimos ningún papel..." (sic) ni evaluación alguna sobre el estado de la infante. Al llegar a su casa y cambiarle la ropa se percató que "...esta verde su cuerpo, sus piecitos y mi hija no quería cambiarse la ropa interior y estaba todo rojito..." (sic);
2. 2)El 17 de octubre de 2022, fue citada para las 12:00 con el propósito de firmar la documentación de entrega de la menor en la señalada Defensoría y se enteró que en el proceso penal seguido en su contra, se practicaron evaluaciones a sus dos hijas; por lo que, considera que las están revictimizando pues anteriormente su hija BB ya declaró; y,
3. 3)"ahora" (no precisa cuándo) solicitó a la abogada de la precitada Defensoría que la derive a un médico para su revisión y saber en qué estado le estaban entregando a su hija menor; respondiendo a esto que era la Jueza encargada del proceso quien podía dar curso a su petición pues como Defensoría no tenía esa competencia. Agregó que su hija estaba con tos y tenía miedo le haya pasado algo mientras estuvo en custodia de su padre, extremos que requirió sean considerados.

Remedios Yujra Gabincha, Jueza de Sentencia Penal Quinta de El Alto del departamento de La Paz, remitió informe el 17 de octubre de 2022, cursante de fs. 62 a 63 vta., mediante el cual ratificó in extenso todos los actuados dispuestos por su despacho en el caso de análisis, en mérito a los siguientes argumentos:

1. i)Hizo notar que la accionante y su abogada, la atacan y amedrentan a través de diversas denuncias, incidentes de recusación rechazados y acciones constitucionales múltiples como ésta acción de libertad. Además publican su nombre en diferentes pancartas y recurren a medios de comunicación social y digital, en afán de presionarla;
2. ii)En la causa penal abierta, en consideración a la edad de la víctima BB, se dispuso reiteradamente la reserva en la tramitación del proceso, conforme al art. 76.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP). Sin embargo, la madre erróneamente se arroga el rol de víctima en el proceso sin que le corresponda; pues, únicamente se constituyó como acusadora particular;
3. iii)Hizo "notar" las siguientes piezas procesales: Auto Interlocutorio SA- 136/2022, que dispuso las medidas de protección; Auto de Vista 58/2022 de 5 de septiembre, que rechazó la recusación interpuesta por la impetrante de tutela en su contra; Auto de Vista 708/2022 que revocó las mencionadas medidas; providencia de 11 de octubre de 2022, disponiendo el cumplimiento del último Auto referido; y, su notificación a las partes practicada el 12 del mismo mes y año;
4. iv)La acción tutelar carecía de nexo causal entre la denuncia "...y la vulneración a alguno de los presupuestos que establece en el art. 125 de la Constitución Política del Estado..." (sic), no existía riesgo inminente de perder la vida ni privación de libertad o indebido procesamiento; y,
5. v)La primera acción de libertad planteada por la accionante también en su contra, fue inicialmente resuelta por la Resolución 734/2022 de 24 de agosto y se tramitó en el "...juzgado 3ro. Anticorrupción y de Violencia Contra la Mujer..." (sic).

Gabriela Cecilia Quispe Condori, Fiscal de Materia, solicitó en audiencia se deniegue la tutela, arguyendo que:

1. a)Rosario Huanca Chura no actuaba bajo el principio de lealtad procesal; y, si bien las medidas de protección asumidas por disposición de la Jueza hoy demandada fueron revocadas, no fue debido a que dichas medidas son erróneas. Más bien el Auto de Vista 708/2022 estableció la diferencia de roles de la autoridad jurisdiccional y los del Ministerio Público;
2. b)La precitada madre de las menores, no podía pretender que se considere que la menor BB mintió en su declaración. En este caso, debía tomarse en cuenta que dicha niña se encontraba en situación de doble vulnerabilidad por su edad y género. En tal mérito, correspondía velar por sus intereses y no de los demás sujetos procesales;
3. c)La testificación de BB gozaba de presunción de verdad y con claridad absoluta, la infante afirmó que su madre la abandonaba a sus seis años; que escapó y le echaron con un balde de agua fría; su progenitora y pareja la castigaban; temía por su hermana menor quien la última vez que se vieron le pidió que no la deje. Era posible que exista cierta influencia del padre para la atestación; no obstante, ello no equivalía a considerar falso lo señalado en la declaración. Correspondía que el Ministerio Público resguarde los derechos y garantías de BB;
4. d)Existe una denuncia contra la progenitora, debido a que BB de seis años se hacía cargo de AA de dos años; y, no se llegó a explicar la razón por la que BB seguía viviendo con su padre. Con tales antecedentes, era su deber remitir los antecedentes del caso para la apertura de una nueva investigación;
5. e)En la primera causa, como directora funcional de la investigación en un primer momento emitió un requerimiento para una pericia psicológica, solicitó en audiencia a la madre señalar su domicilio real pero no lo hizo. Asimismo, cuando la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto del departamento de La Paz llamó a la progenitora para realizar el estudio social y verificar las condiciones de AA, tampoco se presentó. Incluso antes de ejecutar las medidas de protección dispuestas, se requirió que AA se presente para brindar testimonio; sin embargo, nuevamente la madre hizo caso omiso. Esas circunstancias generaron suceptibilidad respecto a qué estaba ocurriendo con dicha menor y sobre las razones de Rosario Huanca Chura para no someterse a la valoración social;
6. f)Por tales causas, tenía la obligación de velar por el interés de las menores remitiendo los antecedentes con la testificación de BB, la pericia psicológica practicada a ambas menores con su respectivo desdoblamiento que no reveló incongruencia ni contradicción; quedando por tanto, una duda razonable;
7. g)En el proceso penal que se le aperturó por violencia familiar y doméstica, a cargo del Fiscal Omar Condori Mamani hoy demandado, la accionante contaba con los mecanismos adecuados para proponer diligencias y demostrar que no tenía responsabilidad conforme a la "ley 306" (sic). Sin embargo, en lugar de activar tales mecanismos se dedicaba a amedrentar tanto al Ministerio Público como a la autoridad judicial; y,
8. h)No se cumplió el principio de subsidiariedad pues la demandante de tutela inició en su contra un proceso disciplinario.

Omar Condori Mamani, Fiscal de Materia, en audiencia, solicitó se deniegue la tutela señalando que:

1. 1)Rosario Huanca Chura tuvo conocimiento del proceso a cargo de su dirección, desde el primer momento e incluso tomó contacto personal con la acusada;
2. 2)El proceso inició efectivamente de oficio con base en la nota de la Fiscal demandada por la cual el 30 de agosto de 2022, remitió documentación y una copia del disco compacto (CD) que contenía la declaración de la menor BB. Aperturado el proceso contra la prenombrada y su pareja Iván Huacoto Quecaña por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, se comunicó oportunamente al Juez de turno sobre el inicio de las investigaciones;
3. 3)No es evidente que hubiera iniciado el proceso penal contra la accionante en afán de perjudicarla y si bien uno de los requerimientos emitidos fue para que la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del distrito pertinente, realice la valoración de las menores; empero, ello se realizó junto a otros actos investigativos y requerimientos con la finalidad de alcanzar la verdad de los hechos;
4. 4)Según la Ley 348, se libraron diferentes requerimientos fiscales, tendientes a alcanzar la verdad de los hechos. Asimismo, se asignó un investigador al caso, se dispusieron medidas de protección y se citó a Rosario Huanca Chura para prestar su declaración informativa; sin embargo, no se presentó. Posteriormente, apersonada la hoy demandante de tutela, requirió fijar nueva audiencia al mismo efecto y se dio curso a su petición. Extremo que permitía comprobar que no provocó ningún agravio; y,
5. 5)El Auto de Vista 708/2022 dejó sin efecto las medidas de protección dispuestas por la Jueza ahora demandada; no obstante, tal Resolución no se pronunció respecto al referido CD y el nuevo proceso de investigación.

La Jueza de Sentencia Penal Novena de El Alto del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 26/2022 de 17 de octubre, cursante de fs. 69 a 76, denegó la tutela; bajo los siguientes fundamentos:

1. i)Entre la documentación adjuntada en el expediente, cursa el Acta de Cuidado y Protección de 1 de septiembre de 2022, cuyo punto tercero señala: "'Es por eso que se hacen presente los progenitores Zenón Mendoza Mayta a quien se le concede la guarda según Resolución N° SA-136/2022 de fecha 19 de agosto...'" (sic); además, en el mismo constaba que la progenitora de forma voluntaria firmó el documento. También se advirtió que el aludido fallo -entre otras disposiciones- suspendió la tutela de la madre y visitas de forma temporal y que el Auto de Vista 708/2022 revocó las medidas de forma previa a la presentación de la acción tutelar;
2. ii)También se tuvo que la Fiscal y abogada hoy demandadas, entregaron a la niña AA a su madre; por lo que, no se evidenció lesión al derecho a la vida causada por las autoridades demandadas;
3. iii)Igualmente se advirtió que la Jueza ahora demandada, dispuso la remisión de la grabación de la atestación de la menor BB ante el Ministerio Público para su investigación. El punto 8 del Auto Interlocutorio SA- 136/2022, determinó que la Fiscalía informe sobre el resultado del referido envío; disposición que, únicamente hacía una alusión habiéndose previamente enviado los antecedentes que fueron base de la apertura del caso;
4. iv)Consecuentemente, no se advirtió la existencia de un procesamiento indebido pues la investigación signada como CUD 201502022207585 -a cargo del Fiscal Omar Condori Mamani- inició cuando la Fiscal de Materia ahora demandada, remitió los antecedentes del proceso en cumplimiento a lo dispuesto en audiencia de juicio oral de 5 de agosto de 2022 y no en observancia del Auto Interlocutorio SA- 136/2022 como pretendía hacer creer la impetrante de tutela con el propósito de dejar sin efecto la investigación seguida en su contra;
5. v)Toda autoridad o persona natural que conocía sobre un hecho de violencia con víctimas menores de edad, como en el presente caso; tenía la obligación de denunciar. Así también tenía el deber de investigar hasta llegar a la verdad histórica de los hechos al tratarse de niñas; por lo que, tanto la autoridad judicial como la Fiscal de Materia, actuaron correctamente al remitir los antecedentes al Ministerio Público; y,
6. vi)Respecto a otros hechos alegados como que la parte demandada no cumplía con prestarle el cuaderno de investigaciones o que no se actuaba con la debida diligencia, tales hechos debían ser reclamados y denunciados en la vía disciplinaria como ya ocurrió respecto a la Fiscal hoy demandada. En su defecto, era posible activar los recursos intraprocesales previstos por la norma adjetiva penal. Consecuentemente, al no advertirse lesión alguna y menos aún peligro para la vida de la menor AA quien se encontraba con su madre, correspondía la denegatoria de la tutela.