Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0014/2026-S3 Sucre, 6 de febrero de 2026
SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad
Expediente: 48432-2022-97-AL Departamento: Santa Cruz
En revisión la Resolución 12/2022 de 14 de junio, cursante de fs. 108 a 110 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Jerjes Enrique Justiniano Atalá en representación sin mandato de Angélica Sosa Arreaza de Perovic contra Julio Nelson Alba Flores, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, y Juan José Quiroz Crespo, Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Cuarto, de la Capital del departamento de Santa Cruz.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 13 de junio de 2022, cursante de fs. 102 a 104 vta., la accionante a través de su representante, expresó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público por la presunta comisión de los delitos de Conducta Antieconómica, Contratos Lesivos al Estado, Incumplimiento de Deberes y Uso Indebido de Influencias, previstos y sancionados en los arts. 221, 224, 154 y 146 del Código Penal (CP), modificado por la Ley de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas Marcelo Quiroga Santa Cruz -Ley 004 de 31 de marzo de 2010-, en la audiencia de medidas cautelares personales celebrada el 23 de diciembre de 2021, el Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto, de la capital del departamento de Santa Cruz, mediante Auto Interlocutorio 338/2021, dispuso su detención preventiva al considerar que concurrían los requisitos de probabilidad de autoría y los riesgos procesales previstos en el art. 234 numerales 1, 2 y 7 del Código de Procedimiento Penal (CPP) modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, así como los riesgos de obstaculización establecidos en el art. 235.1 y 2 del mismo Código.
Contra dicha decisión, interpuso recurso de apelación incidental que fue resuelto por el Vocal demandado, quien igualmente consideró que concurrían la probabilidad de autoría y los riesgos procesales, empero amplió el plazo a ciento ochenta días de los ciento veinte que había dispuesto el Juez aquo.
Tanto en la audiencia cautelar como en la de consideración de la apelación se fundamentó que no existían elementos de convicción sobre la probabilidad de autoría, ya que inclusive existía una confusión de términos, puesto que no era lo mismo tener una relación a través de un ítem que a través de un contrato; y que no existía precisión de cuál era la acción u omisión que se le atribuía, pues no se sabía si estaba siendo "juzgada" (sic) -se entiende- por su calidad de Concejal o de ex Alcaldesa interina, aspecto que ninguna de las autoridades demandadas fundamentó adecuadamente, vulnerando de esa manera su derecho al debido proceso y en su vertiente de derecho a la defensa. Sucedió lo mismo respecto de la fundamentación sobre los riesgos procesales, dado que se consideró la existencia de peligro para la denunciante Valeria Rodríguez, siendo que dicha persona no forma parte en este proceso ni como víctima ni como denunciante. La fundamentación sobre los riesgos de obstaculización previstos en el art. 235.1 y 2 del CPP es totalmente subjetivos e ilegales, ya que no se expone ni un solo elemento objetivo que determine su existencia de los mismos; con lo cual se vulnera el debido proceso en su vertiente de principio de legalidad, puesto que está prohibido basar la existencia del riesgo en meras suposiciones subjetivas y personales; asimismo, se vulnera el derecho a la defensa, puesto que, al ser la base de la detención preventiva la suposición del Juez y del Vocal, resulta imposible desvirtuar los riesgos procesales, ya que habría que ingresar a la mentalidad subjetiva del Juez; y, finalmente, se vulnera el debido proceso en sus vertientes de fundamentación y motivación, dado que la fundamentación expuesta no considera que los arts. 234 y 235 -se entiende del CPP- establecen la prohibición de realizar apreciaciones subjetivas; y, al no haberse procedido conforme a lo dispuesto en las citadas normas legales, dicha fundamentación se torna incongruente. I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados
Denunció la lesión de su derecho al debido proceso, en sus elementos de principio de legalidad, derecho a la defensa y fundamentación, sin citar norma constitucional alguna.
I.1.3. Petitorio
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