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TCP

0015/2019

Tribunal Constitucional Plurinacional
13 de marzo de 2019SALA PLENA
Resumen del caso

Voto Disidente 0015/2019

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

FUNDAMENTACIÓN DE VOTO DISIDENTE Sucre, 13 de marzo de 2019

SALA PLENA Magistrada disidente: MSc. Georgina Amusquivar Moller

Conflicto de Competencias Jurisdiccionales

Expediente: 23151-2018-47-CCJ Partes: Conflicto de competencias jurisdiccionales suscitado entre Jackeline Ruiz Suárez, Juez Agroambiental y Mery Luz Deniz Suárez Jueza Pública Civil y Comercial Primera, ambos de San Borja del departamento de Beni.

Departamento: Beni

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA

La suscrita Magistrada, en conformidad a lo dispuesto por el art. 10.III del Código Procesal Constitucional (CPCo), en el plazo legal establecido, expresa voto disidente con relación a la , emitida dentro del conflicto de competencias jurisdiccionales suscitado entre la Jueza Agroambiental y la Jueza Pública Civil y Comercial Primera, ambas de San Borja del departamento de Beni.

En el caso de autos, Carmen Mercedes Rea Arias inició demanda de acción pauliana, en contra de Yasmin Haiek Asbún y Juan Carlos Ruiz Arias, con la finalidad que los demandados asuman el "cumplimiento de obligación" dispuesto en sentencia ejecutoriada por el Auto Nacional Agroambiental S2a 60-A/2017 de 9 de agosto que declaró infundado el recurso de casación en el fondo interpuesto por los demandados, disponiendo que los demandados entreguen a la demandante, en un plazo de diez días, las ciento cuarenta y seis cabezas de ganado vacuno de buena calidad (vacas mayores), previo peritaje de la edad de los semovientes; obligación que fue incumplida y que, los demandados, al heredar un bien inmueble en el centro de la ciudad de San Borja, procedieron a vender a su propia hermana; por lo cual, interpuso demanda de acción pauliana ante el Juez Agroambiental de San Borja, autoridad al que los demandados interpusieron excepción de incompetencia con el argumento que el bien inmueble, objeto de la demanda, se encuentra en el área urbana; por lo que, en razón al uso del suelo no tiene jurisdicción ni competencia, por lo que ésta autoridad, con la finalidad de evitar posteriores dilaciones y perjuicios a las partes, declinó competencia ante el Juzgado Público Civil y Comercial Primero de San Borja del departamento de Beni.

Por su parte, la Jueza Pública Civil y Comercial Primera de San Borja del citado departamento, se declaró sin competencia en razón de materia, considerando que:

  1. a)Se tiene sentencia ejecutoriada en un proceso de cumplimiento de obligación al haberse declarado infundado el recurso de casación mediante el Auto Nacional Agroambiental S2a 60-A/2017 de 9 de agosto; por lo que, se encuentra reconocida la competencia de la Jueza Agroambiental;
  2. b)La excepción de incompetencia planteado por la parte demandada por tratarse el objeto de la demanda un bien inmueble ubicado en el área urbano, no toma en cuenta que "se originó de la obligación del contrato de ganado vacuno, del cual se busca su cumplimiento"; y
  3. c)La Jueza Agroambiental al admitir la demanda de acción pauliana reconoció su competencia que tiene origen en actividades agrarias cuyo cumplimiento es una obligación y no el pago de suma de dinero.

Por todo ello, al haberse suscitado conflicto de competencias jurisdiccionales negativo, la Jueza Pública Civil y Comercial Primera de San Borja, remitió obrados ante el Tribunal Constitucional Plurinacional para su respectivo pronunciamiento.

Ante el conflicto de competencias jurisdiccionales así planteada, la Sala Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional, por , resuelve: "1° Declarar COMPETENTE a la Jueza Agroambiental de San Borja del departamento de Beni, para que continúe conociendo la demanda de acción pauliana interpuesta por Carmen Mercedes Rea Arias. 2° Disponer que, el Tribunal Supremo de Justicia, a través de los medios idóneos, exhorte a las y los jueces de la jurisdicción ordinaria, conforme al Fundamento Jurídico III.3. a generar relaciones de coordinación con las juezas y jueces de la jurisdicción agroambiental, para que, antes de formular el conflicto de competencias, generen los mecanismos para definir de manera objetiva, sobre la base de los precedentes constitucionales resumidos en el Fundamento Jurídico III.2., quién es la autoridad competente para el conocimiento de un caso, y sólo cuando esto no resulte posible, suscitar, de manera inmediata, los conflictos de competencias jurisdiccionales, de tal manera que se garantice a las partes el debido proceso en su elemento del derecho al juez natural, así como el derecho de acceso a la justicia plural, pronta oportuna y sin dilaciones, conforme establece el art. 115 de la Constitución Política del Estado. 3° Disponer que, el Tribunal Agroambiental, a través de los medios idóneos, exhorte a las y los jueces de la jurisdicción agroambiental, conforme al Fundamento Jurídico III.3. a generar relaciones de coordinación con las juezas y jueces de la jurisdicción ordinaria, para que, antes de formular el conflicto de competencias, generen los mecanismos para definir de manera objetiva, sobre la base de los precedentes constitucionales resumidos en el Fundamento Jurídico III.2., quién es la autoridad competente para el conocimiento de un caso, y sólo cuando esto no resulte posible, suscitar, de manera inmediata, conflictos de competencias jurisdiccionales, de tal manera que se garantice a las partes el debido proceso en su elemento del derecho al juez natural, así como el derecho de acceso a la justicia plural, pronta oportuna y sin dilaciones, de acuerdo a lo previsto en el art. 115 de la Norma Suprema.4 Disponer que por Secretaría General se notifique al Presidente y la Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia y Tribunal Agroambiental, respectivamente, con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, para el cumplimiento de los puntos 2° y 3° precedentes".

Posición que no comparto; por lo que, tengo a bien emitir VOTO DISIDENTE bajo los siguientes fundamentos de orden legal y fáctico.

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA DISIDENCIA

II.1. Del control plural de constitucionalidad y el control competencial de constitucionalidad

El art. 1 de la Constitución Política del Estado (CPE), establece: "Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país".

Asimismo, el art. 179.I de la CPE determina que en Bolivia, la función judicial es única; sin embargo, distingue una pluralidad de jurisdicciones, todas ellas en igualdad jerárquica: ordinaria, agroambiental, especiales, e indígena originaria campesina (IOC), siendo esta última jurisdicción ejercida por sus propias autoridades, elegidas por sus usos y costumbres y su propio sistema institucional de funcionamiento de las treinta y seis pueblos y naciones indígena originario campesinas reconocidas por el art. 5 de la Norma Suprema.

Ahora bien, en el ámbito del control reparador y competencial de constitucionalidad, la Constitución Política del Estado, en el art. 202, refiere que: "Son atribuciones del Tribunal Constitucional Plurinacional, además de las establecidas en la Constitución y la ley, conocer y resolver: (...) 11. Los conflictos de competencia entre la jurisdicción indígena originaria campesina y la jurisdicción ordinaria y agroambiental" (las negrillas nos corresponden).

En consideración a ello, debemos indicar que el conflicto de competencias jurisdiccionales, tiene su fundamento en el principio del ejercicio de igualdad jerárquica de las jurisdicciones, conforme prevé el art. 179 de la CPE, igualdad jerárquica que tiene como función el de precautelar el derecho al juez natural, la competencia y el derecho al debido proceso, a una justicia plural cuya máxima expresión se materializa en el derecho a la tutela judicial efectiva al que tienen derecho todos los estantes y habitantes de Bolivia así como también el derecho colectivo de las naciones y pueblos indígena originario campesinas a ejercer sus sistemas jurídicos propios.

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