Texto del fallo
Texto de la resolucion
AUTO CONSTITUCIONAL 0015/2026-RCA Sucre, 27 de enero de 2026
Expediente: 80724-2026-162-AAC Acción de amparo constitucional Departamento: La Paz
En revisión la Resolución 04/2025 de 3 de diciembre, cursante de fs. 100 a 102 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Nancy Flores Delgado contra Gualberto Aranibar Castellón, Ana María y Sandra ambas de apellidos Choque Aroja; y, Angélica Aroja Tejada.
I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN
I.1. Síntesis de los hechos que la motivan
Por memorial presentado el 28 de noviembre de 2025, cursante de fs. 88 a 91 vta., la accionante manifestó que el 2019 adquirió a través de compraventa un lote de terreno urbano ubicado en la carretera Palos Blancos-Sapecho del Barrio Nueva Florida del municipio de Palos Blancos de la provincia Sud Yungas del departamento de La Paz, encontrándose desde entonces en posesión pacífica sin oposición alguna y cumpliendo una función social, en la que construyó junto a su esposo, dos habitaciones de madera con techo de calamina; al deteriorarse su salud, en marzo de 2025 fue internada en el Hospital General de la ciudad de La Paz, dejando su vivienda con algunos enseres de cocina, catre y colchón, que se encontraban asegurados con candado; sin embargo, los hoy demandados, aprovechando su ausencia por encontrarse delicada de salud y que es de escasos recursos ingresaron a su vivienda con el uso de la fuerza y violencia, echando tierra y asegurando con alambres de púa en la puerta de ingreso de su vivienda; así como, el contorno de su lote de terreno aduciendo adjudicarse la propiedad.
Alega que, el 8 de octubre de 2025, a las 15:30 horas aproximadamente, cuando estaba realizando sus labores cotidianas dentro de su vivienda, apareció Sandra Choque Aroja, junto a su madre Angélica Aroja Tejada, Gualberto Aranibar Castellón y su esposa Ana María Choque Aroja -ahora demandados-, quienes de forma prepotente y agresiva, comenzaron a realizar medidas de hecho o justicia a mano propia, expulsándola de su vivienda junto a su esposo e hijos, con lo que se consumaron los delitos de despojo, avasallamiento y allanamiento de domicilio, amenazas y otros; pues, sin tener ningún título de propiedad, mucho menos pertenecer al barrio Nueva Florida destrozaron las dos habitaciones de manera que apenas pudo construir, además de echar tierra y cercar con alambre de púas, impidiendo que pueda ingresar a su vivienda, además Gualberto Aranibar Castellón, codemandado, con bastante prepotencia manifestó: '"...que mi suegra me regalo este terreno y nada ni nadie va a sacarme de aquí' 'aquí va correr bala'..."' (sic), vulnerando de esa manera sus derechos fundamentales y garantías constitucionales; el 29 de octubre del citado año, cuando de manera pacífica fue a descargar material de construcción, de la misma manera con insultos la expulsaron de su vivienda vulnerando sus derechos a una vivienda digna, a la seguridad jurídica, a la propiedad privada y a la posesión; en la cual, los ahora demandados, aprovechando de la deteriorada salud que atraviesa quieren votarla de su vivienda que logró conseguir con sacrificio.
I.2. Derechos y principio supuestamente vulnerados
La accionante alega la vulneración de sus derechos a la vivienda, a la inviolabilidad de domicilio, a la posesión, a la propiedad, a no sufrir violencia y al principio de seguridad jurídica; citando al efecto los arts. 15, 19, 25, y 178 de la Constitución Política del Estado (CPE); 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y 14 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).
I.3. Petitorio
Solicita se admita la acción de defensa y en consecuencia:
- a)Se ordene el cese inmediato de las vías de hecho y se restituya el derecho a la vivienda y la posesión de manera inmediata y sea con el uso de la fuerza pública para su ejecución; y,
- b)La provisión de medidas necesarias a fin de evitar una nueva perturbación al derecho a la vivienda, a la propiedad y a la posesión, bajo alternativa de Ley, en caso de desobediencia se remitan antecedentes ante el Ministerio Público para la investigación correspondiente.
I.4. Resolución del Juez de garantías
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