Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0015/2026-S1 Sucre, 15 de enero de 2026
SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional
Expediente: 58782-2013-118-AAC Departamento: Tarija
En revisión la Resolución 77/2023 de 28 de septiembre, cursante de fs. 432 a 444, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Francisco García Siles contra Elizabeth Sandra Gutiérrez Salazar, Fiscal Departamental de Tarija.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
El accionante por memoriales presentados el 18 y 25 de septiembre de 2023, cursantes de fs. 261 a 275, y 281 a 289 vta., manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
El 14 de abril de 2023, formuló denuncia penal contra Mery Laura Vargas García -hoy tercera interesada-, por la presunta comisión de los delitos de estafa y engaño a personas incapaces, previstos y sancionados por los arts. 335 del Código Penal (CP) y 342 del citado Código, modificado por disposición del art. 26 de la Ley de Protección Legal de Niñas, Niños y Adolescentes -Ley 054 de 8 de noviembre de 2010-, por hechos ocurridos en las gestiones 2005, 2008, 2016, 2017, 2018 y 2021, antes del fallecimiento de su padre Serafín García Siles -víctima-. El contenido íntegro de la denuncia se encuentra desarrollado en el "Punto IV" -relación fáctica, precisa y circunstanciada de los hechos denunciados-, donde se expuso de manera ordenada, clara y detallada la sucesión de hechos atribuidos a la ahora tercera interesada, especificando tiempo, modo y lugar en que presuntamente se cometieron los delitos. En la relación fáctica se describieron minuciosamente los hechos denunciados y se explicó el comportamiento doloso de la hoy tercera interesada, evidenciando que su finalidad fue obtener un beneficio económico a través de engaños. Asimismo, los hechos narrados fueron respaldados con prueba documental adjunta que acredita la existencia de un ardid previamente planificado por la ahora tercera interesada, así como el aprovechamiento de la avanzada edad de su padre -víctima-; circunstancia utilizada para inducirlo a suscribir diversos documentos en perjuicio de su patrimonio. Dentro de la prueba adjunta, se incorporaron indicios suficientes que demuestran los actos de engaño perpetrados por la hoy tercera interesada, materializados mediante transferencias de dinero y de bienes inmuebles, préstamos de dinero y préstamos ficticios; evidenciándose que la nombrada se aprovechó de su vínculo familiar cercano y de su juventud para disponer, en su propio beneficio, de los bienes y del patrimonio, de quien por su condición de persona adulta mayor con salud deteriorada no se encontraba en condiciones de comprender adecuadamente sus actos, ni siquiera expresiones simples; situación que fue explotada para inducir a la víctima a transferir el único bien inmueble de su propiedad, ubicado en la calle Martín Barroso, entre 27 de Mayo e Independencia del municipio de Yacuiba del departamento de Tarija, inscrito en Derechos Reales (DD.RR.), bajo la matrícula computarizada 6041010004479. Posteriormente, el 17 de abril de 2023, a las 8:14 horas, fue notificado con la Resolución Fiscal de desestimación de denuncia de 14 de igual mes y año, emitida por la Fiscal de Materia, quien en contravención al art. 179 del Código de Procedimiento Penal (CPP), asumió atribuciones propias de un juez. En la Resolución Fiscal de desestimación de denuncia de 14 de abril de 2023, se concluyó que no es posible establecer la existencia del engaño, el error, ni el uso de artificios como medios para provocar una disposición patrimonial perjudicial, ni que la víctima hubiese sido inducido en error para realizar voluntariamente prestaciones en beneficio de la ahora tercera interesada o de terceros. En consecuencia, la Fiscal de Materia sostuvo que no concurrían hechos de relevancia penal, afirmando que el ardid, como elemento esencial del delito de estafa, estaría ausente; razón por la cual, calificó los hechos como atípicos y ajenos al ámbito penal. Ante la "grosera" Resolución Fiscal de desestimación de denuncia de 14 de abril de 2023, oportunamente formuló objeción de desestimación de denuncia, que fue resuelta por la Fiscal Departamental hoy accionada, quien mediante Resolución Jerárquica RJ/ESGS 262/2023 de 10 de mayo -ahora impugnada-, ratificó dicha Resolución Fiscal de desestimación, sin la debida fundamentación y vulnerando sus derechos, conforme a lo siguiente:
- a)No consideró la jurisprudencia constitucional establecida, entre otras, en la , que exige que toda resolución que exponga de manera clara los hechos y el fundamento legal de la decisión, a pesar de que en la denuncia se describieron detalladamente los hechos ilícitos atribuidos a la hoy tercera interesada, así como el aprovechamiento de la avanzada edad y el estado de salud deteriorado de la víctima -una persona adulta mayor-, y que se adjuntó prueba documental suficiente; empero, se afirmó de manera genérica e infundada que "?no se adjuntó la prueba pertinente..."' (sic); además, no se realizó una descripción individualizada, ni una valoración concreta y expresa de los medios probatorios, incumpliendo los requisitos establecidos en la , tales como: determinar con claridad los hechos denunciados, valorar de manera individual y motivada cada medio probatorio; y, establecer el nexo de causalidad entre los hechos, la prueba y la norma aplicable. Asimismo, la Fiscal Departamental hoy accionada omitió analizar documentación relevante, como certificados médicos, documentos de identidad y contratos, que acreditan la edad avanzada, el estado de salud de la víctima y la disposición de su único bien inmueble, ubicado en el municipio de Yacuiba del departamento de Tarija, con matrícula computarizada 6041010004479; omisión que impide la promoción y dirección de una investigación penal en delitos de acción pública;
- b)No se pronunció sobre los agravios planteados en la objeción de desestimación de denuncia, en contravención de lo establecido por las y , en particular, omitió pronunciarse expresamente sobre el agravio referido a: la falta de valoración de la prueba documental presentada, la incorrecta equiparación entre desestimación -art. 55 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP)- y rechazo de denuncia -art. 304 del CPP-, y la imposibilidad legal de declarar la atipicidad del hecho sin investigación previa, conforme a la ; limitándose a afirmar que los agravios "no son evidentes", sin identificar, ni justificar a cuáles agravios se refiere, eliminando así la posibilidad de control y defensa, configurando una decisión arbitraria, contraria a los principios de razonabilidad, congruencia y justicia; y,
- c)Realizó un juicio de tipicidad o de adecuación propio de una etapa investigativa, sin que exista investigación alguna, debiéndose considerar que conforme a la , la desestimación no puede fundarse en la inexistencia de elementos de convicción; ya que, esos solo pueden obtenerse en la etapa investigativa y no puede determinar la inexistencia de los elementos del tipo penal, salvo en casos extremadamente evidentes, lo que no ocurre en el presente caso. A pesar de ello, la Resolución Jerárquica RJ/ESGS 262/2023, analizó de fondo los delitos de estafa y engaño a personas incapaces, descartándolos sin valorar la prueba aportada y sin investigación previa, lo que constituye una decisión discrecional y arbitraria; esa actuación impide la investigación penal contra la hoy tercera interesada, vulnera el derecho de acceso a la justicia y afecta gravemente a una persona adulta mayor, perteneciente a un grupo vulnerable, incumpliendo el deber del Ministerio Público de proteger los intereses de la sociedad y promover la acción penal pública. I.1.2. Derechos, garantía y principios supuestamente vulnerados
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la defensa, a la igualdad, a la "Protección del Adulto Mayor" y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y valoración de la prueba, citando al efecto los arts. 60, 68.II, 109.II, 115.I, 117.I y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
I.1.3. Petitorio
Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia; se disponga:
- 1)Dejar sin efecto la Resolución Jerárquica RJ/ESGS 262/2023 de 10 de mayo; y,
- 2)Emitir una nueva resolución jerárquica, dentro de las cuarenta y ocho horas por parte de la Fiscal Departamental hoy accionada, revocando la Resolución de desestimación de denuncia de 14 de abril de 2023, y disponiendo el inicio de investigaciones.
I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional
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