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TCP

0016/2019-O

Tribunal Constitucional Plurinacional
8 de abril de 2019SALA SEGUNDA
Resumen del caso

Auto Const. P. 0016/2019-O

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

AUTO CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0016/2019-O Sucre, 8 de abril de 2019

SALA SEGUNDA Magistrado Relator: MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano Acción Amparo Constitucional

Expediente: 22997-2018-46-AAC Departamento: Cochabamba

En la queja por incumplimiento de la , pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional, interpuesta por Margarita Cruz Coraite contra Ackbar Wilson Jalil Rojas, Gerente General y Bladimir Valdivia Andina, Autoridad Sumariante ambos de la Empresa Municipal de Servicios de Aseo (EMSA).

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la queja por incumplimiento

Mediante memorial presentado el 18 de febrero de 2019, cursante de fs. 821 a 827, la accionante interpone queja por incumplimiento en la ejecución de sentencias emanadas de acciones tutelares, indicando que el 16 de febrero de 2018, interpuso acción de amparo constitucional, resuelta por Resolución de 6 de marzo del mismo año, concediéndole en parte la tutela solicitada, dejando sin efecto la Resolución Técnica Administrativa 022/2017 de 17 de agosto, ordenando a EMSA a emitir una nueva resolución jerárquica, y también dejó sin efecto el Memorándum RR.HH. MEMO 115/2017 de 18 de agosto.

Posteriormente solicitó su reincorporación y el pago de salarios devengados a través de notas de 8 de marzo y 9 de abril de 2018; empero el 20 de abril de igual año, a través de nota EMSA GER.GRAL 165/2018 le denegaron su solicitud.

Seguidamente el Gerente General de EMSA emitió la Resolución Técnica Administrativa 008/2018 de 9 de "mayo" de 2018, con la que fue notificada el 9 de marzo del mismo año, confirmando la Resolución recurrida (Auto de 1 de junio de 2017), así como la Resolución Final 09/2017 de 15 de mayo, sancionándole nuevamente con la destitución de su cargo.

El Tribunal Constitucional Plurinacional, mediante , confirmó la Resolución de 6 de marzo de igual año emitida por el Juez de garantías.

Aduce que la nueva Resolución emitida, además de la fecha errónea consignada, es contradictoria y no ha considerado los siguientes puntos:

  1. a)La mora mencionada en el Informe de Auditoria Interna INF.UAI 02/2017 de 24 de febrero, que ya se reportó en el Informe INF. UAI. 02/2016 de 28 de marzo, porque ambos consideran gestiones anteriores; por lo que, ya habría sido juzgada y sancionada. En los dos procesos sumarios se encuentran inmersas la gestión 2014 y anteriores a ésta, procesándola dos veces por el mismo motivo, a lo que EMSA hizo caso omiso incumpliendo la Resolución de la acción amparo constitucional;
  2. b)La Resolución Técnica Administrativa 008/2018, en el considerado III, segundo párrafo, refiere que vieron la necesidad de absolver dudas pidiendo informe a diferentes unidades, los mismos que nunca fueron puestos en su conocimiento para poder refutarlos;
  3. c)Ponen en duda la obtención del Informe EMSA REC. Moras 02/2016, por no llevar la firma de recepción del "Ing. Guzmán", sólo el sello de secretaría y por no presentar perforaciones que denoten archivo, aspecto que demuestra parcialización y falta de prolijidad de la autoridad jerárquica;
  4. d)En la Resolución Administrativa de Apertura de Procedimiento Sumario Interno 10/2017 de 13 de junio, y las otras resoluciones no se efectúa una correcta tipificación, pues en ninguna parte se establece que los trabajadores de EMSA se encuentren regidos por la Ley 2027 de 27 de octubre de 1999, por el contrario indica que estamos sujetos a la Ley General del Trabajo, aspecto que fue observado en las diferentes etapas del proceso y no fue analizado en la Resolución Jerárquica;
  5. e)No consideraron que es inadmisible efectuar cobros de moras, cuando no se cuenta con las listas de los clientes morosos, la que no le fue proporcionada;
  6. f)Su relación laboral se rigió por contratos a plazo fijo, no fue funcionaria de carrera administrativa y no ostentó la calidad de funcionaria pública;
  7. g)El proceso administrativo, no tiene como base evaluaciones consecutivas no satisfactorias, y la resolución de inicio del proceso, no precisa de qué forma contraviene el ordenamiento legal alguno; por lo que, la autoridad jerárquica debió anular obrados hasta la indicada Resolución;
  8. h)La parte dispositiva de la nueva Resolución Jerárquica, es incongruente, pues hace referencia a resoluciones ajenas al proceso, como el Auto 01 de junio de 2017 y la Resolución Final 09/2017.

Añade que los puntos reclamados en el recurso jerárquico son:

  1. 1)No se habría realizado un análisis correcto de las "otra cuentas a cobrar a largo plazo con incertidumbre de cobro" (sic);
  2. 2)No existe prueba de que el supervisor de venta y cobranzas le remitiera la lista de cobranza de clientes en mora, como correspondía;
  3. 3)La mora mencionada en el informe de auditoría INF. UAI 02/2017, habría sido reportada en el informe INF. UAI 02/2016, por lo que ya fue procesada y sancionada;
  4. 4)Hubo una inadecuada valoración de la prueba de descargo consistente en el Informe EMSA REC. MORAS 29 y 30 de 6 de marzo de 2017;
  5. 5)No efectúan un análisis correcto del Informe EMSA REC. MORAS 01/2017 de 2 de enero, en el que se recuperó un 73,7% de la deuda que ascendía a Bs341 270.- (trecientos cuarenta y un mil doscientos setenta bolivianos) ello en el ejercicio de sus funciones que demuestran su eficiencia;
  6. 6)La sanción de destitución en virtud a lo establecido en los arts. 16 de la Ley General del Trabajo (LGT), y 9 inc. e) de su Decreto Reglamentario no precisa su aplicación y la cláusula del contrato de trabajo infringido para tal destitución;
  7. 7)La empresa no cuenta con Reglamento interno de trabajo aprobado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social; por lo que, la norma citada precedentemente era inaplicable;
  8. 8)No existe prueba en el expediente que acredite la remisión de documentación alguna para la recuperación de mora;
  9. 9)Se cita el art. 39 del Estatuto del Funcionario Público (EFP) en la Resolución de Recurso de Revocatoria, lo que no corresponde por ser aplicable a los funcionarios de carrera que no sería su caso;
  10. 10)Los informes de auditoría no constituyen documentos de evaluación a que se refiere la norma citada precedentemente;
  11. 11)La Resolución de revocatoria no es clara al expresar en algunas partes, que no está regida por la Ley General del Trabajo y en otras sí; y,
  12. 12)No se consideró la prueba presentada referida a que no le remitieron el detalle de los clientes en mora del 2016.

I.2. Petitorio

La accionante solicita se declare probada la denuncia de incumplimiento de la , se deje sin efecto la Resolución Técnica Administrativa 008/2018, ordenando al actual Gerente General de EMSA Víctor Abel Rodríguez, emita una nueva resolución jerárquica, con los mandatos dispuesto en la Resolución de 6 de marzo de 2018 y la citada Sentencia Constitucional Plurinacional, tomando en cuenta el vicio más antiguo que resulta ser el Acto Administrativo de Apertura de Procedimiento sumario interno 10/2017 de 13 de junio, disponiendo:

  1. i)su restitución al mismo puesto de trabajo que ocupaba antes de su destitución;
  2. ii)La cancelación de sus salarios devengados desde el momento de su despido, hasta su reincorporación; y,
  3. iii)La restitución de sus derechos y beneficios laborales que por ley le corresponden.

I.3. Informe de la autoridad demandada

Víctor Abel Rodríguez Median, Gerente General de EMSA, por informe escrito cursante a fs. 839 y vta., expresó que la empresa en su oportunidad dio cumplimiento a la Resolución de 6 de marzo de 2018, a través del pronunciamiento de la nueva Resolución Técnica Administrativa 008/2018, aspecto que fue dado a conocer por memorial presentado el 12 de marzo de igual año. De la misma forma adjuntó la Resolución Ministerial (RM) 1338/18 de 6 de diciembre de 2018, emitida por el Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social, dejando sin efecto la Conminatoria MTEPS/JDTCBBA/ 067/2018 de 17 de agosto, emitida por sede administrativa laboral, declinando competencia ante la judicatura laboral.

I.4. Resolución de la queja por parte del Juez de garantías

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