Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0016/2019-S1 Sucre, 20 de marzo de 2019
SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional
Expediente: 22549-2018-46-AAC Departamento: La Paz
En revisión la Resolución 19/2018 de 11 de enero, cursante de fs. 434 a 437 vta. pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Cristina Roxana Paz Chauca contra Claudio Tórrez Fernández, Leonardo Guillermo Gutiérrez Mendieta y Carlos Alejandro Espinoza Ramírez, Jueces Técnicos del Tribunal de Sentencia Penal Séptimo del departamento de La Paz.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la acción
Mediante memorial presentado el 21 de diciembre de 2017, cursante de fs. 76 a 87 vta. y el de subsanación de 4 de enero de 2018 (fs. 384 a 387), la accionante expresa los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Refiere ser propietaria de un lote de terreno ubicado en la Urbanización de Villa Tejada Triangular, Lote 1 del manzano 462 de 300 m², registrado en Derechos Reales (DDRR) bajo la Partida Computarizada 01278425 y con matrícula 2.01.4.01.0006581 desde el 2006, adquirida de su anterior propietaria sin ningún problema legal ni gravamen que pese sobre el mismo y con el pago de impuestos, en los que se consigna la numeración 120 desde 1997.
El 2016, cuando realizaba un trámite aclaratorio de su inmueble, advirtió que pesaba una anotación preventiva sobre el mismo, ordenado por el Tribunal de Sentencia Penal Séptimo, cuyos integrantes ahora son demandados y solicitado por Felipe Mamani Camacho, funcionario de la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (DIRCABI), quien falseando información refirió que existía la Sentencia 111/99 de 21 de octubre de 1999, así como el Auto de Vista 757/2000 de 29 de diciembre, que disponían la confiscación a favor del Estado del inmueble ubicado en el "CALLEJÓN 2 No. 42 de la Zona Villa Tejada Triangular de la ciudad de El Alto" (sic); sin embargo, el referido funcionario identificó su inmueble que resulta diferente al confiscado, con datos que no consignan los fallos aludidos; asimismo, éste fue solicitado de manera unilateral sin hacerle conocer actuado alguno, pese a que los demandados ordenaron su traslado a las partes.
En vista de ello, el 2016 se apersonó al Tribunal adjuntando documentación idónea que acreditaba el verdadero lote confiscado lo cual no fue valorado por los demandados; entre la documental aludida, se adjuntó un acta de incautación de DIRCABI de 1997, que identifica al procesado y propietario del inmueble confiscado, que no guarda relación con su inmueble, ni con su persona, pues no fue parte del proceso, imputada y menos sentenciada, como tampoco los ex propietarios del referido bien que no fueron sujetos de investigación alguna; además, en el "acta de entrega del bien inmueble" (sic) de 20 de noviembre de 1997, que adjuntó DIRCABI, se identifica a Ponciano Mamani Laura como propietario del inmueble ubicado en el "CALLEJÓN 2 NO. 42 DE LA ZONA VILLA TEJADA TRAINGULAR" (sic), y la "anotación" se respalda en una simple nota emitida por la actual junta de vecinos que contiene datos falsos.
Indica que debido a sus reclamos, las autoridades demandadas emitieron tres Resoluciones:
- a)173/16 de 10 de noviembre de 2016, que rechazó su solicitud de levantamiento de anotación preventiva;
- b)161/17 de 23 de agosto de 2017, que dispuso la cancelación de la matrícula de su inmueble y la inscripción del fallo ejecutoriado; por el que, se ordenó su confiscación a favor del Estado; y,
- c)225/17 de 15 de noviembre del referido año, que dispuso el desapoderamiento y "Orden de DESAPODERAMIENTO DE MI INMUEBLE" (sic); mismas que fueron apeladas y aceptadas en efecto devolutivo, las que hasta la fecha no se remitieron ante la instancia respectiva pese a sus reclamos, y a sabiendas de que no se encuentran ejecutoriadas es así que, los Jueces demandados emitieron mandamiento de desapoderamiento con auxilio de la fuerza pública, indicando que pasaron a ser cosa juzgada, lo cual es falso.
Bajo ese antecedente, el 1 de diciembre de 2017 a horas 17:30 aproximadamente, funcionarios de DIRCABI y de la Policía Boliviana, pegaron en su inmueble la orden de desapoderamiento y allanaron el mismo, rompiendo chapas de la puerta de calle y desalojándola a la fuerza; además de, propinarle una golpiza que le causó cinco días de impedimento, sin considerar su estado de embarazo; además, los funcionarios de DIRCABI ordenaron a la Policía Boliviana que la aprehendan; por lo que, haciéndose pasar por funcionarios judiciales, fue sacada de su inmueble y llevada a jalones y golpes a una camioneta para luego ser trasladada a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de El Alto.
Agrega que la última Resolución 225/17 hace referencia a que las resoluciones estarían pasadas en cosa juzgada, adjudicando su inmueble a Consejo Nacional de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Drogas (CONALTID), autorizando a funcionarios de DIRCABI ejecuten el desapoderamiento que aún no se halla ejecutoriado, situación que motiva el planteamiento de la presente acción de defensa.
Añade que los funcionarios "judiciales" -policiales- y los de DIRCABI, pese a conocer que todavía no existe un pronunciamiento de "un juez jerárquico", -respecto a las apelaciones planteadas- tomaron acciones de hecho, siendo despojada y privada de su derecho a la propiedad privada por los funcionarios de la referida Dirección, quienes sin competencia, ejecutaron una orden de desapoderamiento emitido por los Jueces -ahora demandados-, los que emitieron resoluciones contradictorias lesionando sus derechos.
Finalmente indica que la Secretaria -del Tribunal- hasta la fecha -se entiende del planteamiento de esta acción tutelar- no remite las tres apelaciones planteadas contra las tres resoluciones identificadas de forma precedente.
I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la propiedad privada, a la vivienda, a la vida, a la defensa, a la integridad física y psicológica, a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita y sin dilaciones, al trabajo y al debido proceso, citando al efecto los arts. 15.I y II, 19.I, 46, 56.I y II, 115 y 119.II de la Constitución Política del Estado (CPE).
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