0016/2022-S1

Dolly Karina Salazar Pérez, Directora Ejecutiva a.i. de la ARIT Santa Cruz, a través de su representante legal, por informe escrito cursante de fs. 82 a 85, y en audiencia, manifestó lo siguiente:

1. a)La parte accionante, no efectúa una relación de causalidad entre los hechos y los derechos o garantías supuestamente vulnerados, puesto que en la relación de hechos no detalla, no explica en qué medida la ARIT Santa Cruz habría vulnerado o transgredido sus derechos, siendo que la misma doctrina y jurisprudencia constitucional ha establecido que el accionante debe detallar y explicar de forma clara los motivos que fundan su acción tutelar, por lo que ese Tribunal de garantías no puede suplir, lo que trae como consecuencia inevitable que la acción planteada sea declarada improcedente. En ese entendido, se evidencia que la parte accionante, de manera genérica indicó que la autoridad demandada habría vulnerado sus derechos y garantías, aspecto que será fácilmente corroborado, siendo que la acción tutelar no individualiza cuál sería el hecho y el derecho en el que habría incurrido la ARIT Santa Cruz y menos establece la relación de causalidad con el derecho o garantías lesionados;
2. b)Respecto a lo expresado por el accionante, de que subsanó y anexó la documentación extrañada, cabe mencionar que no existe prueba alguna que demuestre dicha afirmación, aclarando que todos los documentos presentados por ventanilla, son registrados de acuerdo a los datos consignados en los memoriales con respectivos adjuntos;
3. c)Esta autoridad recursiva, no vulneró los derechos constitucionales de la Administración Aduanera, toda vez que, de la revisión del memorial de interposición del recurso jerárquico de 1 de octubre de 2019, se emitió el Auto de Observación, el cual no fue subsanado como correspondía, siendo negligencia de la parte ahora accionante no haber subsanado conforme a la observación;
4. d)Bajo este contexto, se procedió a la revisión del recurso interpuesto en estricta sujeción a lo que dispone el procedimiento recursivo establecido en el Título V del CTB, evidenciándose que en el desarrollo del procedimiento empleado, no se vulneró el derecho al debido proceso, ni limitó el derecho a la defensa de la Administración Aduanera, aplicándose cada uno de los plazos y procedimientos previstos en la normativa, por lo que, no es cierto que la ARIT-Santa Cruz hubiera emitido actos administrativos sin motivación que vulneren sus derechos y garantías constitucionales, siendo deshonesto pretender que una negligencia de su parte se convierta en causa para invocar la vulneración de derechos y garantías constitucionales; por lo que, se ratifica en todos y cada uno de los fundamentos del Auto de Rechazo de Recurso Jerárquico de 16 de octubre de 2019, emitido por esta instancia recursiva; y,
5. e)En mérito a lo expuesto solicita, se dicte resolución declarando la improcedencia de la presente acción por falta de los requisitos sine qua non, que deben existir en la misma o caso contrario, se deniegue la tutela impetrada.

Tomohide Tsukayama Sakiyama, mediante memorial cursante de fs. 219 a 222, manifestó lo siguiente:

1. 1)No se puede alegar vulneración de derechos y garantías constitucionales, cuando ha sido el ahora accionante quien de manera negligente provocó que no le sea admitido su recurso, por no cumplir todos los requisitos establecidos en el art. 198 de la Ley 2492, y peor aún no cumplir de manera correcta el requisito observado y ahora pretende que por el principio de informalismo que rige el derecho administrativo, se violente el derecho que le asiste a una justicia imparcial por parte de las autoridades administrativas;
2. 2)La cita que hace la autoridad ahora accionante de la SCP 1071/2014, se refiere a un error al colocar el nombre de la autoridad ante quien se va a recurrir y no así por adjuntar mal la documentación que forma parte como requisito en la presentación del recurso, por tal motivo, la misma no podría tomarse como vinculante;
3. 3)El accionante pretende engañar al Tribunal de garantías, indicando una supuesta violación al debido proceso por parte de la funcionaria que recepciona los memoriales, indicando que no realizó el trabajo de manera correcta y por ese motivo se habrían intercambiado las resoluciones adjuntadas a los memoriales de subsanación de los recursos jerárquicos; empero, bajo el principio de verdad material, se tiene que, si fuera el caso, el cargo de recepción y adjuntado de fojas al memorial, tendría las fojas correctas en cada uno de ellos, pero desde el cargo se demuestra la verdad material en el presente caso, establecida en el art. 180 de la CPE, porque los números de fojas no demuestran lo que afirma la Aduana Nacional, más por el contrario, solo evidencia y ratifica el error cometido y por tanto el incumplimiento a lo establecido en el art. 198 inciso c) del CTB, por tanto no existe violación del art. 115.I de la CPE; y,
4. 4)Desde ninguna óptica jurídica se le ha prohibido o vulnerado a recurrir, sino que para poder activar ese derecho, el mismo debe cumplir los requisitos establecidos en el art. 198 del CTB, los cuales no cumplió de forma correcta, y ahora pretende que la autoridad demandada subsane su descuido o negligencia al presentar un memorial con adjuntos erróneos; por lo expuesto, solicita se deniegue la tutela.

La Sala Constitucional Tercera del departamento de Santa Cruz, mediante Resolución 55 de 12 de agosto de 2020, cursante de fs. 213 vta. a 216, concedió la tutela solicitada; en consecuencia, ordenó la nulidad del Auto de Rechazo de 16 de octubre de 2019, dictado por la Directora Ejecutiva de la ARIT Santa Cruz, disponiendo que en el plazo máximo de tres (3) días, emita una nueva resolución conforme a los fundamentos del fallo. Decisión asumida con base en los siguientes fundamentos:

1. i)El art. 198 de la Ley 2492 (CTB) establece textualmente: "Los recursos de alzada y jerárquico deberán interponerse por escrito mediante memorial o carta simple, debiendo contener: ...c) indicación de la autoridad que dictó el acto contra el que se recurre y el ejemplar original, copia o fotocopia del documento que contiene dicho acto"; entonces, esta norma establece como requisito que se deberá acompañar el ejemplar la copia o fotocopia del documento que contiene dicho acto; en consecuencia, si vamos a un control de legalidad, la Autoridad de Impugnación Tributaria ha hecho lo correcto, porque ese es el control de la legalidad, lo que dice la norma, pero nosotros no estamos sujetos a un control de legalidad, sino a un control de constitucionalidad y así lo establece el art. 196 de la CPE que establece "...El Tribunal Constitucional Plurinacional vela por la supremacía de la Constitución, ejerce el control de constitucionalidad y precautela el respeto y la vigencia de los derechos y garantías constitucionales..." ; en consecuencia, corresponde verificar si esa legalidad que ha utilizado la Autoridad de Impugnación Tributaria no vulnera o afecta algún derecho o garantía constitucional;
2. ii)En el presente caso, se verifica que existe una impugnación que realizó la Administración Aduanera bajo la síntesis de recurso jerárquico, recibido el 1 de octubre de 2019, mismo que fue observado el 4 del mismo mes y año, señalando que no se adjuntó el ejemplar del documento que contiene la resolución de alzada, observación que se notificó a la Administración Aduanera, quien presenta un memorial, el cual tiene la suma o síntesis de subsana la observación, estableciendo como antecedente que se le observó no haber adjuntado el documento o ejemplar de la resolución recurrida, y aduce que a objeto de dar cumplimiento a la observación, tiene a bien adjuntar la fotocopia simple de la Resolución del Recurso de Alzada 325/2019 de 11 de septiembre y en el petitorio pide que se revoque totalmente la Resolución 325/2019; si bien es cierto que podía haber arrimado otra resolución como es la 326/2019 que trata de otro caso que también es parte la Administración Aduanera, pero la finalidad en este caso es que se revoque la referida Resolución 325/2019;
3. iii)Existen diversas formas de interpretar la norma, existe la interpretación gramatical que se basa en el texto de la norma, la interpretación teleológica, es decir en la intención que tuvo el legislador, la interpretación sistemática que significa ver todo el ordenamiento legal, pero en este caso estamos frente a un choque entre el control de legalidad y el control de constitucionalidad, por lo que se tiene que acudir a los principios que nos da la forma de cómo se debe impartir justicia y cómo se debe administrar esta clase de procedimiento, y el art. 200 del CTB establece el principio de oficialidad o de impulso de oficio, la finalidad de los recursos administrativos es el establecimiento de la verdad material sobre los hechos, forma de tutelar el legítimo derecho del sujeto activo a percibir la deuda, así como del sujeto pasivo que se presuma lo correcto y el oportuno cumplimento de sus obligaciones tributarias; en consecuencia un principio es verificar la verdad material, lo cual significa despojarse de todo formalismo para poder ingresar en el fondo de una problemática, en el presente caso si es que la Administración Aduanera hubiera indicado solamente en su memorial que adjunta la resolución impugnada y pide se la revoque, eso está dejando en un limbo o en una situación que no se conoce cuál es la resolución que pretende revocar; pero en el presente caso, es específico, toda vez que pide se revoque la Resolución 325/2019. Así también, el art. 198.I inciso c) del CTB establece indicación de la autoridad e indicación del ejemplar original, copia o fotocopia del documento que contiene dicho acto; de igual forma, la SCP 1071/2014 ha vertido fundamentos sobre los requisitos para la interposición de los recursos de revocatoria y jerárquico, estableciendo textualmente "...del contenido del memorial de subsanación se puede advertir que el ahora accionante mencionó que la autoridad ante cual se interpone recurso jerárquico es la Directora Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria Regional Santa Cruz..." eso era incorrecto porque lo estaba interponiendo ante la Autoridad Regional no ante la Autoridad General, y sostiene el Tribunal Constitucional: "En base a los parámetros mencionados, y acudiendo al Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, despojándonos de resabios colonialistas en aplicación del principio de favorabilidad, compulsados los actuados cursantes en obrados, se puede establecer que la problemática ahora planteada, se encuentra dentro de las aplicaciones prácticas del principio de informalismo señalada por la jurisprudencia, en el que la equivocación del destinatario no afecta la procedencia de la petición o del recurso, en ese entendido correspondía a la AIT Regional Santa Cruz, si consideraba que existía un error en la consignación de la autoridad recurrida a través del recurso jerárquico, acudir a la lógica, entendiendo ampliamente y favorablemente, lo que el recurrente pretendía señalar en su memorial, y de esta manera otorgarle el impulso procesal al trámite del recurso jerárquico...";
4. iv)En el presente caso, la lógica hace ver que la autoridad aduanera estaba pidiendo la revocatoria de la Resolución 325/2019 que es la que menciona; por ello, en base a un control de constitucionalidad, se concluye que se ha vulnerado la garantía del derecho al debido proceso y derecho a la defensa.

Dolly Karina Salazar Pérez, Directora Ejecutiva a.i. de la ARIT Santa Cruz, a través de su representante legal, por informe escrito cursante de fs. 84 a 87, y en audiencia, manifestó lo siguiente:

1. a)La parte accionante, no efectúa una relación de causalidad entre los hechos y los derechos o garantías supuestamente vulnerados, puesto que en la relación de hechos no detalla, no explica en qué medida la ARIT Santa Cruz habría vulnerado o transgredido sus derechos, siendo que la misma doctrina y jurisprudencia constitucional han establecido que el accionante debe detallar y explicar de forma clara los motivos que fundan su acción tutelar, por lo que ese Tribunal de garantías no puede suplir, lo que trae como consecuencia inevitable que la acción planteada sea declarada improcedente. En ese entendido, se evidencia que la parte accionante, de manera genérica indicó que la autoridad demandada habría vulnerado sus derechos y garantías, aspecto que será fácilmente corroborado, siendo que la acción tutelar no individualiza cuál sería el hecho y el derecho en el que habría incurrido la ARIT Santa Cruz y menos establece la relación de causalidad con el derecho o garantías lesionados;
2. b)Respecto a lo expresado por el accionante, de que subsanó y anexó la documentación extrañada, cabe mencionar que no existe prueba alguna que demuestre dicha afirmación, aclarando que todos los documentos presentados por ventanilla, son registrados de acuerdo a los datos consignados en los memoriales con sus respectivos adjuntos;
3. c)Esta autoridad recursiva, no vulneró los derechos constitucionales de la Administración Aduanera, toda vez que, de la revisión del memorial de interposición del recurso jerárquico de 1 de octubre de 2019, se emitió el Auto de Observación, el cual no fue subsanado como correspondía, siendo negligencia de la parte ahora accionante no haber subsanado conforme a la observación;
4. d)Bajo este contexto, se procedió a la revisión del recurso interpuesto en estricta sujeción a lo que dispone el procedimiento recursivo establecido en el Título V del CTB, evidenciándose que en el desarrollo del procedimiento empleado, no se vulneró el derecho al debido proceso, ni limitó el derecho a la defensa de la Administración Aduanera, aplicándose cada uno de los plazos y procedimientos previstos en la normativa, por lo que, no es cierto que la ARIT Santa Cruz hubiera emitido actos administrativos sin motivación que vulneren sus derechos y garantías constitucionales, siendo deshonesto pretender que una negligencia de su parte se convierta en causa para invocar la vulneración de derechos y garantías constitucionales; por lo que, se ratifica en todos y cada uno de los fundamentos del Auto de Rechazo de Recurso Jerárquico de 16 de octubre de 2019, emitido por esta instancia recursiva; y,
5. e)En mérito a lo expuesto solicita, se dicte resolución declarando la improcedencia de la presente acción por falta de los requisitos sine qua non, que deben existir en la misma o caso contrario, se deniegue la tutela impetrada.

Toru Higa Uehara, por medio de su abogado, en audiencia expresó lo siguiente:

1. 1)La Administración Aduanera presentó recurso jerárquico contra la resolución emitida por la ARIT Santa Cruz, pero omitió adjuntar la resolución que está impugnando, dado que cuando presentó la subsanación de los dos recursos jerárquicos que había interpuesto en esa misma fecha, cruzó las resoluciones, es decir, se equivocaron al adjuntar las resoluciones al respectivo memorial; y,
2. 2)Al no haber subsanado la omisión observada, la Autoridad de Impugnación Tributaria rechazó el recurso jerárquico, puesto que el recurrente no cumplió con los requisitos establecidos en el art. 198 del CTB; por lo expuesto, solicita se deniegue la tutela.

La Sala Constitucional Tercera del departamento de Santa Cruz, mediante Resolución 53 de 5 de agosto de 2020, cursante de fs. 219 vta. a 222, concedió la tutela solicitada; en consecuencia, ordenó la nulidad del Auto de Rechazo de 16 de octubre de 2019, dictado por la Directora Ejecutiva a.i. de la ARIT Santa Cruz, disponiendo que en el plazo máximo de tres (3) días emita una nueva resolución conforme a los fundamentos del fallo. Decisión asumida con base en los siguientes fundamentos:

1. i)El art. 198.I de la Ley 2492 (CTB) establece: "Los recursos de alzada y jerárquico deberán interponerse por escrito mediante memorial o carta simple, debiendo contener: ...c) la indicación de la autoridad que dictó el acto contra el que se recurre y el ejemplar original, copia o fotocopia del documento que contiene dicho acto"; en el presente caso, se evidencia que la Autoridad de Impugnación Tributaria mediante Auto de Observación de 4 de octubre de 2019, observó que no se adjuntó el documento que contiene la resolución de alzada recurrida en original, copia o fotocopia simple o legalizada; con ello, está cumpliendo con el principio de legalidad, porque está sometiendo sus actos a lo que establece la indicada norma. Una vez notificada la Aduana, presentó memorial con la suma o síntesis de subsana la observación, literalmente dice lo siguiente: "...a objeto de dar cumplimiento con el Auto de Observación arriba detallado, tengo a bien adjuntar a la presente fotocopia simple la resolución del recurso de alzada ARIT-SCZ/RA-0326/2019 de 11 de septiembre de 2019...", es decir que dentro de su finalidad de lo que presenta la Aduana Nacional, es subsanar la observación adjuntando la Resolución de Recurso de Alzada 326/2019; sin embargo, se verifica que no se acompaña la Resolución 326/2019 sino la 325/2019; aquí nos encontramos en un choque de la legalidad con el derecho fundamental que tiene el accionante a ser oído en una doble instancia. Si bien la ley establece el requisito antes señalado, pero como Tribunal de garantías se debe verificar los principios, la finalidad, en este caso los principios que rigen los recursos administrativos. El art. 200.I del CTB establece: "Principio de oficialidad o de impulso de oficio. La finalidad de los recursos administrativos es el establecimiento de la verdad material sobre los hechos de forma de tutelar el legítimo derecho del Sujeto Activo a percibir la duda, así como del Sujeto Pasivo a que se presuma el correcto y el oportuno cumplimento de sus obligaciones tributarias hasta que, en debido proceso, se pruebe lo contrario; dichos procesos no solo están librados sólo al impulso procesal que le impriman las partes, sino que el respectivo Superintendente Tributario, atendiendo a la finalidad pública del mismo..."; es decir que ceñido a los procedimientos, existe un principio, que se debe impulsar el proceso para lograr una verdad material. En el memorial que se alega subsanar la observación, no se está indicando que están acompañando la Resolución 325/2019 sino la Resolución 326/2019, la cual es motivo de este caso, por lo que esa es la verdad material que se quiere alcanzar;
2. ii)La SCP 1071/2014 de 10 de junio, en un caso análogo, señaló lo siguiente"...se puede establecer que la problemática ahora planteada, se encuentra dentro de las aplicaciones prácticas del principio de informalismo señalado por la jurisprudencia, en el que la equivocación del destinatario no afecta la procedencia de la petición o del recurso, en ese entendido correspondía a la AIT Regional Santa Cruz, si consideraba que existía un error en la consignación de la autoridad recurrida a través del recurso jerárquico, acudir a la lógica, entendiendo ampliamente y favorablemente, lo que el recurrente pretendía señalar en su memorial, y de esta manera otorgarle el impulso procesal al trámite del recurso jerárquico, acudir a la lógica, entendiendo ampliamente y favorablemente, lo que el recurrente pretendía señalar en su memorial, y de esta manera otorgarle el impulso procesal al trámite del recurso jerárquico, sin embargo el demandado optó por rechazar el referido Recurso y con ello esta autoridad evidentemente causó indefensión a la empresa accionante, la cual debe ser reparada a través de esta jurisdicción constitucional". En consecuencia, esta jurisprudencia señala que más allá de una formalidad, se debe establecer cuál la verdad material y la intención, y en el presente caso la intención de la autoridad aduanera era subsanar lo que le había observado la ARIT y hace referencia a la Resolución de Recurso de Alzada 326/2019, el cual ya se encuentra arrimado dentro del cuaderno procesal, es por eso que se ha cumplido la finalidad más allá de una formalidad intrínseca y ante todo se tiene que verificar una interpretación teleológica de la norma, por ello se concluye que se ha vulnerado el derecho a la defensa de la parte accionante, al impedirle acudir a una segunda revisión de la resolución a través de un recurso jerárquico.