0016/2022-S2

Pablo Antezana Vargas, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, por informe escrito presentado el 17 de octubre de 2020, cursante de fs. 35 a 37 vta., refirió que:

1. a)La acción de libertad interpuesta carecería de carga argumentativa; pues, no señaló de forma clara y coherente las reglas de interpretación de la legalidad ordinaria; si bien identificó derechos y principios constitucionales vulnerados, no estableció el nexo de causalidad del criterio interpretativo con los mismos; realizando simplemente una relación de hechos y transcripción de diferentes sentencias constitucionales y normas que a su entender debían aplicarse en su caso;
2. b)De la exposición efectuada en el memorial de acción de libertad, el impetrante de tutela pretendió que el Juez de garantías realice una revisión de las resoluciones pronunciadas en la jurisdicción ordinaria, revalorizando la prueba y los antecedentes del caso, sin considerar que esta acción tutelar no sería una instancia casacional;
3. c)En la emisión del Auto de Vista de 24 de septiembre de 2020, se efectuó la valoración pertinente a fin de establecer la procedencia o no del recurso planteado, sin dejar de lado el debido proceso y los principios rectores de la materia;
4. d)Respecto al reclamo de la suspensión de plazos procesales, recordó que, como consecuencia de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19, el Gobierno Central y Departamental dispusieron medidas de contingencia a fin de evitar la propagación y contagio del referido virus, entre ellas, la cuarentena rígida y dinámica, ocasionando que las actividades judiciales y del Ministerio Público no se realicen con normalidad; por lo que, el Tribunal Departamental de Justicia del citado departamento, dispuso la suspensión de los plazos procesales; sin embargo, no se tomó en cuenta el término de la detención preventiva como pretendió hacer ver el peticionante de tutela; por dicha razón, se explicó que el plazo no está únicamente sujeto al transcurso del tiempo, sino que se encontraba vinculado a las actuaciones que realizó el Fiscal de Materia a cargo, debiendo considerarse que la cesación de la detención preventiva procede ante la ausencia de solicitud de mantener la misma por el mencionado representante fiscal y la víctima conforme prevé el art. 239.2 del CPP, situación que en el caso no ocurrió;
5. e)Con relación a las opiniones consultivas y resoluciones emanadas por la Corte IDH precisó que a través de ellas, se estableció que los Estados miembros debían adoptar medidas para afrontar el hacinamiento en los recintos penitenciarios, dando prioridad a la población con mayor riesgo; por ello, el Estado boliviano y el Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, identificó dichos sectores vulnerables -personas adultas mayores, mujeres embarazadas o con hijos lactantes y aquellas con enfermedades terminales-; empero, el impetrante de tutela no estaría dentro de estos grupos vulnerables; y,
6. f)Al momento de la presentación de la acción tutelar en estudio, se investigaba el delito de feminicidio, por lo que también correspondía tomar en cuenta los derechos de las víctimas.

Eliana Juana Colque Rubín de Celis, Fiscal de Materia, señaló que:

1. 1)El peticionante de tutela no expuso de qué manera se desconoció sus derechos;
2. 2)De acuerdo a la carga de la prueba establecida por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019- se demostró la construcción de los riesgos procesales que determinó la medida de última ratio;
3. 3)El Gobierno Central con el fin de evitar la propagación del COVID-19, dispuso la cuarentena rígida del 23 de marzo al 15 de junio de 2020, teniéndose una actividad irregular en el Órgano Judicial y el Ministerio Público durante dos semanas; nuevamente, de 29 de junio al 10 de julio de igual año, se determinó la restricción señalada, con prohibición de circulación y otras medidas, quedando acreditado que por causas de fuerza mayor no se realizó la audiencia; no obstante, una vez regularizado, el Juez de la causa señaló el verificativo de cesación de la detención preventiva para el 3 de septiembre de similar año;
4. 4)El impetrante de tutela interpuso varias solicitudes de cesación de la medida impuesta, siendo declaradas improcedentes;
5. 5)Si el nombrado sigue detenido seria porque no pudo desvirtuar los motivos que la fundaron;
6. 6)El representante fiscal efectuó la solicitud fundamentada con el objeto de que se mantenga y se amplié el término de la medida cautelar extrema; sin embargo, en el periodo de la cuarentena rígida, no fue posible realizar los actos investigativos anunciados en la acusación formal por riesgo a la salud de las partes;
7. 7)El solicitante de tutela alegó que se hizo actos investigativos lo cual no sería evidente; siendo que, una vez levantada la cuarentena rígida, recién se efectuaron los mismos, tales como la reconstrucción de los hechos que, necesariamente debieron llevarse a cabo de forma física;
8. 8)La SCP 0001/2019-S2 de 15 de enero, precisió que desde una perspectiva de género en los casos de violencia contra niñas o adolescentes mujeres, corresponderá que la autoridad fiscal y judicial, analice la aplicación de las medidas cautelares, considerando la situación de vulnerabilidad o de desventaja en la que se encuentra la víctima respecto al imputado;
9. 9)Tanto la autoridad jurisdiccional como el Vocal demandado, realizaron una fundamentación extensa y clara e hicieron una valoración integral de los riesgos procesales para rechazar la solicitud de cesación de la detención preventiva; y,
10. 10)El Auto de Vista de 24 de septiembre de 2020, efectuó una ponderación de los derechos de la víctima y determinó mantener la medida extrema.

El Juez de Ejecución Penal Primero del departamento de Cochabamba, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 6 de 17 de octubre de 2020, cursante de fs. 41 a 53, denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos:

1. i)El Auto de Vista de 24 de septiembre de igual año, se pronunció en función a una apelación incidental, sujetándose la decisión al art. 398 del CPP, tomando la determinación pertinente de acuerdo a los antecedentes del legajo procesal, encontrándose suficientemente motivado con fundamentos claros y de acuerdo a la exigencia prevista en el art. 124 de la citada norma; no afectó la condición del accionante garantizando la presunción de inocencia que goza;
2. ii)Se realizó un análisis de ponderación de los motivos que dispuso la imposición de la detención preventiva y su incidencia en el retraso de los elementos investigativos;
3. iii)Se cumplió con la obligación de motivar y exponer las razones de su convencimiento, revisando íntegramente lo expuesto en el Auto Interlocutorio de 8 de igual mes y año, analizó las disposiciones legales referentes a la aplicación de las medidas cautelares desde el ámbito constitucional y la finalidad que persiguen conforme el art. 221 del CPP respecto a los plazos, así como el art. 233 del citado Código y la consecuente cesación a la detención preventiva; y tomó en cuenta la solicitud de ampliación del tiempo por parte del Ministerio Público en razón de la afectación de las actividades investigativas debido a la cuarentena rígida por el COVID-19, fundamentando que el indicado término no está simplemente circunscrito al lapso referido, sino que también se encontraría vinculado a las actuaciones realizadas por la autoridad fiscal, que en el caso no se vio afectado por la medida de contingencia señalada;
4. iv)Se efectuó el análisis y ponderación de la Resolución 1/2020 de 10 de abril sobre la Pandemia y Derechos Humanos en las Américas emitida por la Corte IDH y sus recomendaciones "46 y 47", asumiendo el principio de proporcionalidad con base en los antecedentes del proceso al tratar un posible feminicidio en el marco establecido de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013- que implícitamente conlleva lo dispuesto en la Convención de Belem do Pará;
5. v)El Ministerio Público respecto a los plazos procesales, señaló que los instructivos que suspendieron tienen fuerza legal conforme lo dispuesto en el art. 124 de la Ley del Órgano judicial (LOJ) y la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) exhortando a los Estados miembros a tomar las medidas para proteger a la sociedad frente a la pandemia del COVID-19; por lo que, en el país rigió una serie de cuarentenas rígidas;
6. vi)Respecto a los instructivos emitidos por la "...Fiscalía General y Fiscalía Departamental que no se suspendieron las actividades investigativas ello estaba dirigido a los casos con relevancia social y delitos de corrupción, extremos ajenos al caso que nos ocupa..." (sic);
7. vii)El solicitante de tutela manifestó que no fue evidente que se hayan realizado actos investigativos, señalando como ejemplo la inspección y reconstrucción de los hechos para el 10 de julio de 2020, verificativo al que no asistió el prenombrado; toda vez que, no se podía poner en riesgo la salud y la vida del mismo y de las víctimas, y en muchos casos, ni movilizar a las partes; razón por la cual, la ampliación de plazos no fue ilegal; y,
8. viii)Las medidas cautelares por el principio de celeridad, no causan estado; es decir, que son modificables aún de oficio como lo establece el art. 250 del CPP.