0016/2023-S2

Solicitaron se conceda la tutela, disponiendo:

1. a)Que la Directora demandada inicie proceso disciplinario contra "...los tres (menores circunstancialmente agresores)..." (sic); y,
2. b)La remisión de antecedentes ante el Ministerio Público, -se entiende para que se inicie proceso penal contra la aludida Directora- por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado y a la ley.

Las accionantes a través de sus representantes, ratificaron el tenor íntegro de la acción de libertad y ampliándolo manifestaron que:

1. 1)Sus padres no solicitaron que por medio de este mecanismo tutelar se les informe sobre procesos de orden jurisdiccional como erradamente sostuvo la Directora demandada;
2. 2)La Resolución Ministerial (RM) 0864/2019 de 9 de agosto, era aplicable para hechos en los que los agresores fueron mayores de dieciocho años de edad; en el caso, se infringió violencia entre pares, en razón de género;
3. 3)La Defensoría de la Niñez y Adolescencia, no pudo aseverar que sería imposible la expulsión de DD -como afirmó la autoridad demandada-, al no tener dicha instancia, competencia para tomar tal decisión;
4. 4)Se debió considerar que la citada entidad, señaló que la prenombrada tuvo que cumplir las resoluciones ministeriales correspondientes, aplicando las acciones administrativas para el caso concreto;
5. 5)Sus padres no ejercieron violencia psicológica contra la Directora demandada, así como tampoco revelaron la identidad de los menores de edad involucrados;
6. 6)Se indicó que un juez estaría a cargo del control jurisdiccional del caso, cuando los prenombrados arrimaron la Resolución Fiscal de Rechazo de 21 de octubre de 2022, respecto a los hechos suscitados el 19 de igual mes y año;
7. 7)La aludida Defensoría, no refirió nada respecto a la cámara Gesell; a partir de lo cual, se podía asumir convicción que los hechos ocurrieron y quiénes participaron;
8. 8)Para que el menor circunstancialmente agresor, no asistiera a la Unidad Educativa "Jorge Araoz Campero" de Fe y Alegría, tuvieron que transcurrir aproximadamente siete meses; además, tal medida fue tomada de hecho y no respondió a un proceso disciplinario en el que se hubiera observado el debido proceso en relación a las víctimas; y,
9. 9)Una vez producidos los hechos, la autoridad demandada en lugar de proporcionar ayuda, las inculpó y se preocupó más por la reputación del citado establecimiento.

Elsa Isabel Segovia Arce, Directora de la Unidad Educativa "Jorge Araoz Campero" de Fe y Alegría, por informe escrito presentado el 22 de noviembre de 2022, cursante de fs. 149 a 157, y en audiencia de garantías indicó que:

1. i)Por principio de jerarquía normativa, la Constitución Política del Estado y las resoluciones del Tribunal Constitucional Plurinacional, son de aplicación preferente; por lo que, la institución que preside no puede regirse solamente en el marco de la RM 001/2022 de enero; respecto a la determinación de expulsión -se entiende de DD-;
2. ii)En la respuesta que otorgó a la parte peticionante de tutela -padres de las menores presuntas víctimas-, explicó que no podía brindar informe verbal o escrito a ninguna persona sobre la identidad de los menores involucrados, las medidas ni sanciones que tomó, salvo que fuera pedida por un juez o instancia administrativa pertinente;
3. iii)Su actuación se ajustó a la RM 0864/2019, "...'PROTOCOLO DE PREVENCIÓN, ACTUACIÓN Y DENUNCIA EN CASOS DE VIOLENCIA FÍSICA, PSICOLÓGICA Y SEXUAL EN UNIDADES EDUCATIVAS Y CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL'..." (sic); en consecuencia, previa solicitud de informes derivó el caso a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia; asimismo, pidió a la psicóloga de la referida Unidad Educativa realice un informe, no pudiendo exigírsele tomar una acción de hecho contra los supuestos agresores;
4. iv)Al haber efectuado las actuaciones que por ley corresponden, no podía ser ordenada la apertura de otro proceso disciplinario contra los tres menores; por cuanto, la SCP 0469/2019-S2 de 9 de julio, exhortó a la elaboración de un protocolo "...que en nuestro criterio, sin ajustarse al caso, en concreto, al final ha reglamentado, en lo previsible la ruta de acción marcada por la R.M. 0864/2019, norma en la cual se ha ajustado todo el proceder de la dirección en todos los casos de los menores..." (sic); asimismo, dicho fallo indicó que la expulsión debe ser impuesta como la última opción; por lo que, a partir del hecho suscitado el 19 de octubre de 2022, se suspendió a DD, aunque esa medida no puede ser de carácter indefinido; respecto a los otros dos menores implicados, no constó ningún elemento que evidenció su participación; en dicho orden, se estará a la recomendación que efectué la Defensoría de la Niñez y Adolescencia;
5. v)Resultó lamentable que los hechos se hicieran públicos, cuando todos tenían la obligación de resguardar la identidad de los menores involucrados;
6. vi)Fue sometida a violencia psicológica;
7. vii)Al existir un juez que conoce el caso, será quien aplicará las medidas pertinentes; y,
8. viii)No habiendo infringido ninguna norma, ni lesionado derechos constitucionales, impetró que la tutela sea denegada.

María Eugenia Gareca Llorente, Jefe de Unidad de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, dependiente de la Secretaría Municipal de la Mujer, Familia y Poblaciones Vulnerables, del Gobierno Autónomo Municipal de Tarija, por informe escrito presentado el 22 de noviembre de 2022, cursante a fs. 223 y vta., y en audiencia de garantías, indicó que:

1. a)Presentó la documentación de todas las acciones que realizó la citada entidad -se entiende en cuanto al menor DD-; así, se dispuso un examen psicológico, trabajo social y visita a su domicilio donde se entrevistó a la madre del nombrado, a quien se le brindó terapia y orientación a cargo de la psicóloga de la "...'EPI LOS CHAPACOS'..." (sic), para después ser derivado a las oficinas de "INTRAID", para una valoración neurológica, recibiendo actualmente seis terapias, realizando un seguimiento de aquello el equipo multidisciplinario de la referida Defensoría;
2. b)El aludido menor ya no asistiría a clases de forma presencial, sino virtual desde el 22 de octubre de igual año; por lo que, la presunta violencia de la que fueron objeto las supuestas víctimas habría cesado;
3. c)AA y BB, también recibieron las terapias y orientación necesaria, siendo finalizadas por esta última; de igual modo, se conversó con las profesoras de la Unidad Educativa "Jorge Araoz Campero" de Fe y Alegría, para prevenir a futuro similares acontecimientos;
4. d)Cursó nota de atención a la indicada Secretaría, para que dicha instancia pueda realizar talleres preventivos dentro del referido centro de enseñanza;
5. e)Al tomar conocimiento de los hechos generados contra CC, conjuntamente a la abogada de turno, se apersonaron al Ministerio Público para que sea valorada por el médico forense, a fin de que se determine si hubo abuso sexual, pero su pedido fue negado en la plataforma de esa institución ante la inexistencia de una denuncia; por lo que, a tal efecto presentaron la misma y sujeta a una evaluación pertinente, se descartó la consumación de una violación; y,
6. f)Se inició otro proceso en la vía civil contra los padres de DD, tomando en cuenta que ellos son los responsables del mismo.